Operación Midas y la salida de Yermak: qué se sabe

La operación Midas destapó una presunta trama de sobornos vinculada a contratos de Energoatom, la empresa estatal ucraniana de energía nuclear, y provocó una crisis en el entorno de Volodímir Zelenski. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, investigó pagos ilegales que, según las informaciones publicadas, superarían los 100 millones de dólares. La salida de Andrí Yermak, jefe de la oficina presidencial y uno de los colaboradores más influyentes del mandatario, elevó el coste político del escándalo; pero su dimisión no equivale a una condena ni confirma por sí sola su participación en la trama.

El núcleo del caso son las comisiones que supuestamente se exigían a empresas privadas para acceder a contratos de la compañía energética. Las pesquisas y los registros alcanzaron a personas próximas a la dirección política y a antiguos socios empresariales de Zelenski. Aun así, la información disponible no demuestra que el presidente estuviera implicado ni aclara qué papel concreto habría desempeñado Yermak. Esa diferencia entre el alcance político del caso y lo que está probado judicialmente es esencial para comprender por qué Midas sacude al Gobierno sin que todas las sospechas puedan darse por hechos.

Una investigación que llegó al centro del poder

La operación se desarrolló alrededor de Energoatom, una compañía pública estratégica cuya actividad está ligada a la generación de energía nuclear. La NABU identificó una presunta organización criminal de alto nivel que habría intervenido en la contratación de la empresa y exigido a proveedores comisiones de entre el 10% y el 15%. La cuantía total atribuida a la trama supera los 100 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos sobre la investigación. La acusación central, por tanto, no se limita a pagos aislados: apunta a un posible sistema de cobro asociado a la adjudicación de contratos.

La entidad anticorrupción afirmó que la investigación había requerido 15 meses de trabajo y alrededor de 1.000 horas de grabaciones. El material de audio, según las informaciones disponibles, forma parte de la reconstrucción de las relaciones entre los sospechosos y de las decisiones que rodeaban a los contratos. Las grabaciones pueden orientar una pesquisa y aportar indicios, pero su existencia no determina automáticamente la responsabilidad penal de cada persona mencionada: su contenido, contexto y valor probatorio corresponden a los investigadores y, en último término, a los tribunales.

Entre los nombres relacionados con el escándalo aparece Timur Mindich, antiguo socio empresarial de Zelenski y coproductor de Kvartal 95, la compañía audiovisual que ambos compartieron antes de que el presidente entrara en política. Según la información publicada, Mindich abandonó Ucrania poco antes de los registros. Ese dato aumentó el interés público por sus vínculos con funcionarios y por su posible influencia en el sector energético, aunque marcharse del país antes de una operación policial no demuestra por sí mismo culpabilidad. La investigación debe establecer qué hizo cada persona, no convertir la cercanía personal en una prueba.

Qué se investiga en los contratos de Energoatom

El mecanismo descrito por los investigadores consistiría en presionar a contratistas privados para que pagaran comisiones a cambio de obtener acceso a acuerdos con la compañía estatal. La cifra de entre el 10% y el 15% se refiere a la proporción que presuntamente se habría exigido en determinados contratos; no significa que todos los proveedores pagaran ni que cada operación de Energoatom estuviera afectada. Esa precisión importa porque el escándalo ha generado titulares sobre una red extensa, mientras que el alcance real debe fijarse contrato por contrato y persona por persona.

Entre los señalados en las informaciones sobre el caso figuran un antiguo asesor del ministro de Energía, el responsable de seguridad de Energoatom y varios funcionarios administrativos. También se mencionó a Herman Galushchenko, que había ocupado la cartera de Energía y después encabezaba el Ministerio de Justicia, aunque su implicación directa no estaba confirmada en los datos disponibles. La mención de un nombre dentro de una investigación no equivale a una imputación, y una imputación tampoco es una declaración de culpabilidad. La distinción puede parecer obvia, pero suele perderse cuando las pesquisas alcanzan a figuras de alto perfil.

El carácter público de Energoatom añade otra capa al caso: las sospechas afectan a una empresa estatal y a la gestión de recursos y contratos en un país en guerra. Eso no permite afirmar que los pagos investigados redujeran por sí mismos la producción eléctrica o causaran daños concretos a la red, algo que la información de referencia no establece. Sí explica por qué el asunto tiene una resonancia que supera el ámbito de una disputa administrativa: la confianza en la contratación pública depende de que las reglas se apliquen también cuando los intereses en juego son estratégicos.

La salida de Yermak y los límites de lo conocido

La dimisión de Andrí Yermak se anunció después de que la NABU registrara su vivienda. La secuencia hizo que su salida se interpretara como una consecuencia política del escándalo, aunque la agencia no aclaró públicamente en ese momento a qué investigación concreta correspondían los registros ni anunció que fuera a imputarlo. Medios ucranianos relacionaron la operación con Midas y con la posible aparición de Yermak en conversaciones interceptadas. Hasta que las autoridades precisen el sentido de esas menciones, no puede afirmarse que prueben su participación en los sobornos.

En esas conversaciones se habría utilizado el alias Alí Babá, formado a partir de las iniciales de su nombre y patronímico. Que una persona aparezca mencionada en una grabación no basta para conocer si intervenía en las decisiones investigadas, si hablaba de ellas o si era objeto de una conversación ajena. La información pública disponible no establece en qué calidad se le habría nombrado. Por eso, el apodo difundido en los medios no debe sustituir la pregunta relevante: qué muestran las pruebas y qué conclusiones extraen de ellas los investigadores.

Yermak ocupaba una posición excepcional en la administración presidencial. Durante la guerra fue considerado el colaborador con más poder después de Zelenski, con un papel destacado en la representación de Ucrania ante otros gobiernos y en las negociaciones políticas. La marcha de una figura tan central puede alterar el funcionamiento del equipo presidencial incluso antes de que se resuelva la investigación. El mandatario describió la trayectoria de su colaborador como patriótica y sostuvo que su salida no debía alimentar rumores; también se presentó como una decisión destinada a evitar que la controversia perjudicara la posición ucraniana en conversaciones de paz. Esos argumentos explican el mensaje político de la dimisión, pero no resuelven las preguntas judiciales.

El coste político para Zelenski

La crisis afecta al presidente porque la investigación se aproxima a personas de su círculo y a un antiguo socio de negocios. Sin embargo, no hay en la información disponible una acusación directa contra Zelenski por la trama de Energoatom. La responsabilidad política de un Gobierno y la responsabilidad penal individual son planos distintos: el primero incluye la supervisión de las instituciones y la respuesta ante un escándalo; el segundo exige pruebas de una conducta atribuible a una persona concreta. Confundirlos puede distorsionar tanto la rendición de cuentas como el análisis de los hechos.

El episodio también reabrió el debate sobre la independencia de los organismos anticorrupción. Unos meses antes, el intento de colocar a la NABU y a la Fiscalía Anticorrupción (SAP) bajo mayor control de la Fiscalía General había provocado protestas y críticas. Esa controversia forma parte del contexto porque la credibilidad de Midas depende no solo de que haya registros y grabaciones, sino de que los investigadores puedan seguir las pruebas sin interferencias. La fortaleza institucional se mide especialmente cuando una pesquisa puede afectar a aliados del poder.

Zelenski prometió una respuesta legal y afirmó que la limpieza de Energoatom era prioritaria. Para que esa respuesta resulte convincente, no bastan las declaraciones públicas: importan la autonomía de los investigadores, la claridad de los procedimientos y la posibilidad de que las decisiones se revisen dentro del sistema judicial. Tampoco sería correcto anticipar que el Gobierno protegerá a los implicados o, en sentido contrario, dar por hecho que la investigación llegará a una conclusión imparcial. El criterio será la conducta institucional observable, no la promesa ni la sospecha.

Una prueba en plena guerra y ante Europa

El momento agrava el impacto. Ucrania afronta la guerra con Rusia y los ataques contra infraestructuras energéticas, mientras la disponibilidad de electricidad adquiere un valor inmediato para la población y la actividad económica. El caso no demuestra que el presunto sistema de comisiones causara apagones o debilitara de forma directa la red, pero sí coloca bajo escrutinio una empresa vinculada a un sector esencial. En circunstancias así, cada contrato público es también una cuestión de confianza: los ciudadanos necesitan saber que el dinero y los recursos no quedan sometidos a intereses privados ilegales.

La investigación tiene además una dimensión internacional. Ucrania aspira a entrar en la Unión Europea, y el avance de esa adhesión está condicionado al cumplimiento de estándares de lucha contra la corrupción. Los socios europeos observan si las instituciones pueden investigar y sancionar sin selectividad, no solo si el Gobierno anuncia reformas. La gestión del caso puede influir en la percepción de la capacidad institucional ucraniana, aunque las referencias disponibles no permiten asegurar que Midas vaya a detener por sí mismo el proceso de adhesión ni a modificar una decisión concreta de Bruselas.

La salida de Yermak también coincidió con conversaciones sensibles con Estados Unidos sobre un plan de paz. Según la explicación ofrecida desde Kiev, apartarlo del equipo buscaba que la controversia no comprometiera la posición negociadora del país. El equipo podía seguir integrado por representantes de inteligencia, Exteriores, el Ejército y el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con el anuncio de Zelenski. Esa continuidad pretendía mostrar que la representación estatal no dependía de una sola persona, aunque la dimisión del principal negociador político inevitablemente alimentó preguntas sobre la estabilidad interna del Gobierno.

Lo que el caso permite afirmar y lo que sigue abierto

Con la información publicada, puede decirse que la NABU investiga una presunta red de comisiones en contratos de Energoatom; que la suma atribuida a la trama supera los 100 millones de dólares; que se difundió una tasa de entre el 10% y el 15% para los pagos ilegales supuestamente exigidos; y que la pesquisa alcanzó el entorno político próximo al presidente. También consta que Yermak dimitió después de un registro en su vivienda y que Mindich, antiguo socio de Zelenski, salió del país antes de los registros. Son hechos que explican la gravedad política del episodio, pero no constituyen un veredicto judicial.

Siguen sin estar aclarados el papel exacto de cada sospechoso, el significado de las conversaciones interceptadas, el alcance final de los contratos afectados y la eventual responsabilidad penal de las personas mencionadas. Tampoco hay base en los datos disponibles para vincular la investigación con otros relatos sobre Jeffrey Epstein, supuestas redes de explotación o acusaciones de prácticas rituales. Esas afirmaciones no forman parte de la evidencia presentada sobre Midas y no deben mezclarse con una pesquisa anticorrupción que trata de pagos a contratistas de una empresa energética.

En una crisis de esta magnitud, la prudencia no consiste en minimizar las sospechas, sino en distinguirlas de las conclusiones probadas. La operación puede representar un examen decisivo para la independencia de la NABU y la SAP, para la credibilidad del Gobierno y para las aspiraciones europeas de Ucrania. Pero el desenlace dependerá de que las pruebas se hagan públicas en el marco legal correspondiente y de que los tribunales determinen responsabilidades. La transparencia, más que el ruido alrededor de los nombres, será la medida de lo que Midas llegue a cambiar.