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Qué pasa con Pedro Saura y los carros motorizados de Correos
En varias unidades de reparto de Correos —Valencia, Murcia, Cartagena, Barcelona y otros puntos del país— han aparecido carros de reparto motorizados en los últimos días.

Correos lanza carros de reparto motorizados y crece la tensión: marco legal, seguridad exigida y rutas permitidas que marcarán el despliegue.
En varias unidades de reparto de Correos —Valencia, Murcia, Cartagena, Barcelona y otros puntos del país— han aparecido carros de reparto motorizados en los últimos días. La iniciativa, que el equipo de Pedro Saura impulsa como un nuevo paso en la última milla, ha levantado contestación inmediata en las carterías y entre las secciones sindicales: UGT, CSIF y delegados de otras centrales han denunciado que el despliegue se está realizando sin una información previa suficiente, sin cerrar la evaluación de riesgos y con dudas sobre su encaje en la normativa de tráfico. El marco legal, sin embargo, es claro: sí pueden utilizarse si cumplen las reglas de los vehículos de movilidad personal (VMP) y las obligaciones de Prevención de Riesgos Laborales. Si los equipos están certificados cuando procede, circulan fuera de las aceras y se usan por personal formado, no hay impedimento jurídico para su uso. Lo contrario expone a la compañía a sanciones, inmovilizaciones e incidentes que nadie desea.
El meollo no es una autorización “especial” de la DGT para cada carrito, porque no existe tal permiso individual; la clave es cumplir las especificaciones técnicas del Manual de características de VMP y las ordenanzas municipales. Para los modelos comercializados desde el 22 de enero de 2024 es obligatoria la certificación (con su placa identificativa); los equipos anteriores pueden seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027 si respetan el resto de normas. En vía pública, estos VMP de mercancías o servicios no pueden circular por la acera, deben ceñirse a calzada, carriles bici u otras vías permitidas y no superar los 25 km/h. La empresa, por su parte, debe documentar la evaluación de riesgos y la formación según la Ley 31/1995 y el Real Decreto 1215/1997. Eso —y no otra cosa— es lo que separa un proyecto útil de una fuente de conflicto.
Qué ha pasado y por qué hay tensión en las carterías
La aparición de carros motorizados en distintas unidades de reparto ha sido repentina para parte de la plantilla. En algunas oficinas se presentaron equipos con un esquema simple: un carro asistido por una plataforma eléctrica o un patinete que arrastra el carro tradicional mediante un sistema de anclaje. El objetivo declarado es aliviar la carga física del reparto a pie y ganar agilidad en zonas extensas o de baja densidad. Pero el cómo importa tanto como el qué. UGT y CSIF han señalado falta de consulta previa con los comités de seguridad y salud, ausencia de una guía homogénea de rutas y lagunas formativas. La expresión que ha ganado titulares —“sin consultar a Tráfico”— traduce, en realidad, una inquietud por la homologación de los modelos y por el respeto a las reglas de circulación en cada municipio.
El ruido no nace en el vacío. Correos arrastra un año de reordenaciones y un clima laboral sensible, con cierres de centros, traslados y una plantilla que reclama planificación y ergonomía en el día a día. En ese contexto, introducir en la calle un equipo nuevo sin encaje preventivo visible y sin instrucción detallada se percibe como precipitación. Y cuando el reparto pisa espacios peatonales muy concurridos —centros históricos, entornos escolares, ejes comerciales— la tolerancia ciudadana con cualquier VMP baja al cero: acera y motor no caben en la misma frase sin fricción.
El marco de Tráfico que aplica: VMP, certificación y por dónde circular
La Dirección General de Tráfico encuadra estos equipos dentro de los VMP. La definición abarca, además de patinetes de uso personal, vehículos de movilidad personal para servicios y mercancías, una subcategoría donde caben los carros motorizados de reparto. Tres reglas prácticas marcan la diferencia. Primera, la certificación obligatoria para los modelos puestos a la venta desde el 22 de enero de 2024 (con placa del fabricante y número de certificado); los equipos anteriores siguen un periodo transitorio hasta el 22 de enero de 2027. Segunda, la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales: estos VMP van por calzada o por infraestructuras habilitadas (carriles bici, ciclocalles) cuando así lo permitan las ordenanzas. Tercera, la limitación de velocidad: entre 6 y 25 km/h, con iluminación, catadióptricos y otros requisitos técnicos de seguridad.
A ese marco estatal se suman las ordenanzas municipales. Algunas ciudades han ampliado exigencias: zonas vetadas, horarios, e incluso seguro de responsabilidad civil en determinadas condiciones y fechas. Es un punto clave para un operador nacional como Correos: cada ayuntamiento puede modular el uso, de manera que lo legal varía por término municipal. Por eso se impone una cartografía fina de rutas: calle a calle, tramo a tramo, qué vías se usan, dónde se prohíbe la circulación con estos equipos y en qué franjas horarias. Sin ese mapa, los conflictos con Policía Local y con peatones se multiplican.
Un detalle operativo que conviene atar corto: el estacionamiento y la carga/descarga durante el reparto. El carro motorizado no puede invadir aceras ni bloquear portales; debe detenerse en la calzada o en espacios permitidos, con señalización visible, luces en buen estado y, cuando sea razonable, balizamiento portátil. Son cuestiones que a menudo se dejan a la improvisación y, sin embargo, marcan la frontera entre una convivencia pacífica y el enésimo vídeo viral de un VMP en una acera.
Prevención de Riesgos Laborales: obligaciones que no admiten atajos
Más allá de la vía pública, pesa la normativa laboral. La Ley 31/1995 y el RD 1215/1997 obligan a que los equipos de trabajo puestos a disposición del personal sean adecuados, seguros y utilizados por personas formadas cuando el uso requiere conocimientos específicos. Traducido: antes de que una cartera o un cartero suba a una plataforma eléctrica con 30 o 40 kilos a remolque, debe existir una evaluación de riesgos por puesto y entorno, una planificación preventiva con medidas concretas y un programa de formación con constancia documental (fechas, contenidos, horas, aptitud). El mantenimiento periódico, por su parte, no es un deseo: es una obligación que se acredita con registros de revisión y actas de incidencias.
La formación no se agota en un vídeo o una charla rápida. En equipos de movilidad, lo sensato es incluir maniobras de emergencia, frenada en mojado, control en pendientes con carga, giros de 90 grados en aceras altas, interacción con peatones y ciclistas, lectura de señalización específica en carriles bici, gestión de baterías (carga, almacenamiento, prevención de incendios) y protocolo ante siniestros. Además, hay un componente de aptitud física y ergonomía que no conviene soslayar: no todo el mundo tiene la misma capacidad para sostener el equilibrio sobre plataforma durante horas o para maniobrar en calles estrechas con coches aparcados a ambos lados. Asignar estos equipos exige criterio y, en su caso, alternativas para quien no pueda utilizarlos con seguridad.
En términos de equipos de protección, aunque la DGT no impone casco de forma general para VMP, muchas ordenanzas lo exigen en ciertos supuestos. Correos puede —y debería— fijarlo como obligatorio en su protocolo interno para cualquier uso en calzada. Añádase chaleco de alta visibilidad, guantes y, en horario nocturno o con meteorología adversa, prendas reflectantes adicionales. Nada de esto resulta extraordinario: encaja en los principios de acción preventiva y en la jurisprudencia que pide al empresario prever los riesgos y adoptar medidas razonables y proporcionadas.
Qué equipo es y de dónde viene: del piloto a la implantación
Esta no es la primera vez que se ve un carro motorizado con el logo de Correos. En 2021 la empresa lanzó un piloto con 48 unidades en siete localidades, combinando dos soluciones: plataformas de Mooevo, una suerte de “pusherboard” que empuja el carro tradicional, y patinetes de Scoobic con sistema de arrastre. El aprendizaje de aquella prueba apuntaba a lo obvio: en barrios residenciales extensos, parques logísticos y zonas de baja densidad de puntos de entrega, el ahorro de esfuerzo es real y el tiempo de reparto puede mejorar. La ergonomía —menos tracción manual, menos tirones de hombro— fue uno de los argumentos fuertes entonces.
Lo que cambia ahora es el salto desde ensayos controlados a implantaciones en unidades con tráfico real, peatones imprevisibles y ordenanzas distintas. Un piloto es una fotografía; un despliegue, una película. Y cuando se acelera sin protocolo, sin plan de rutas y sin formación medible, la curva de aprendizaje se convierte en una curva de incidentes. La tecnología de base no es el problema: lo es el cómo se aterriza en una ciudad compleja, con turistas, bicicletas, vehículos de reparto de otras empresas y vecindarios que ya miran con recelo a los VMP.
Productividad y convivencia: lo que puede mejorar y lo que se debe evitar
En términos operativos, un binomio patinete/plataforma + carro tiene sentido en recorridos largos y dispersos, donde el reparto a pie tradicional penaliza en tiempo y fatiga. El motor compensa el empuje en llano y en pendientes suaves; la plataforma permite mantener un ritmo constante con menor desgaste. Allí puede ganar minutos por tramo y reducir el estrés físico acumulado. Pero la productividad no es una abstracción: depende de rutas bien diseñadas, de puntos de estacionamiento seguros, de la visibilidad del trabajador y de que el equipo esté mantenido. Si los frenos chirrían, si una batería cae de rendimiento a mitad de jornada, si un neumático queda liso, el supuesto ahorro se disuelve.
La convivencia con el entorno urbano pone el listón. En aceras y zonas peatonales el no es rotundo. Basta un par de vídeos de un carro motorizado esquivando peatones para que el proyecto quede estigmatizado. Por eso el diseño de itinerarios es central: priorizar carriles bici donde existan y sean suficientemente anchos, usar calzada en calles de tráfico calmado, definir horarios que eviten los picos peatonales y pactar puntos de parada que no invadan portales ni pasos de cebra. La señalización del propio carro —luces, catadióptricos, identificaciones visibles— y del trabajador —chaleco reflectante— tienen que ser innegociables.
También hay una dimensión de imagen de marca. El cartero es, quizá, el trabajador público más visible en la calle. Si la ciudadanía asocia el nuevo equipo con conductas prudentes, ordenadas y legales, la aceptación llega sola. Si lo asocia con invasiones de acera y maniobras bruscas, el rechazo se propaga. Aquí Correos y los representantes de la plantilla sí pueden remar en la misma dirección con normas internas claras, formación práctica y seguimiento durante las primeras semanas en cada oficina.
Lo que piden los sindicatos y las respuestas que faltan
UGT ha reclamado paralizar la implantación allí donde no exista evaluación de riesgos ni plan formativo, y exige negociar la asignación de equipos y los criterios para su uso. CSIF ha puesto el acento en la falta de información previa y en la necesidad de protocolos compartidos con las jefaturas de unidad: por dónde circular, quién puede utilizar los equipos, cómo se acredita la formación y qué responsabilidades asume cada mando. Otras centrales han aludido al clima laboral y a sanciones previas de la Inspección de Trabajo en materia de seguridad que recomiendan cautela.
Las preguntas que aún planean sobre el despliegue son concretas y resolubles. ¿Qué modelos exactos se están utilizando y cuántas unidades se han distribuido por provincia? ¿Están certificados los que entran ahora, de acuerdo con la fecha de comercialización? ¿Cuál es el plan de rutas en cada distrito, con su mapa y horarios? ¿Qué formación recibe la plantilla (horas, contenidos, evaluación) y cómo se acredita? ¿Qué mantenimiento y revisiones se han programado y quién firma cada acta? ¿Existe cobertura de seguro allí donde la ordenanza lo exige o lo exigirá? No son formalismos: dan seguridad jurídica y reducen incidencias.
Un punto sensible que asoma es el de la retribución. En algunas empresas, la conducción o el uso de equipos motorizados conlleva pluses o complementos vinculados a la responsabilidad y a la exposición al riesgo. La aparición de carros motorizados en unidades antes cien por cien peatonales abre un melón que conviene cerrar por escrito para evitar desigualdades y conflictos internos. A la vez, establecer voluntariedad o criterios de aptitud documentados puede evitar situaciones injustas para quien no esté en condiciones de usar el equipo con seguridad.
Cinco decisiones que pueden apagar el incendio
Correos tiene margen para ordenar el proyecto y ganar legitimidad en poco tiempo, sin desmontarlo. Primero, publicar un catálogo técnico de los modelos en uso —marca, modelo, certificación, velocidad, autonomía— y su fecha de alta, de manera que no haya dudas sobre el cumplimiento del Manual VMP. Segundo, entregar a cada unidad un plan de rutas detallado con tramos permitidos y prohibidos, y un protocolo de estacionamiento y carga/descarga. Tercero, implantar una formación con prácticas reales y acreditación (artículo 19 de la Ley de Prevención), con reciclajes periódicos. Cuarto, programar mantenimiento preventivo y correctivo con calendario, checklists de frenos, neumáticos, iluminación y baterías, y un canal de incidencias que inmovilice equipos en mal estado. Quinto, abrir una mesa de negociación para fijar criterios de asignación, pluses y seguros donde los pidan las ordenanzas. A partir de ahí, medir resultados y comunicar.
Una vez dado ese paso, la coordinación con ayuntamientos y policías locales completa el círculo. Informar de rutas y horarios, consensuar zonas sensibles (entornos escolares, avenidas comerciales, cascos históricos), planificar refuerzos en campañas de Navidad o rebajas y, si procede, solicitar autorizaciones puntuales para zonas de carga en calles de tráfico calmado son decisiones que evitan roces. A nadie le gusta enterarse por sorpresa, menos aún a la autoridad competente en la calle.
Qué pueden y qué no pueden hacer hoy estos carros
Para que no haya dudas: sí pueden circular si son VMP que se ajustan al Manual de características y a la ordenanza local. Eso significa no pisar aceras, no exceder 25 km/h, llevar luces y reflectantes, respetar señales y cedencias y, en su caso, contratar seguro cuando la ciudad lo imponga. Los modelos nuevos deben estar certificados con su placa; los anteriores pueden circular en el periodo transitorio hasta enero de 2027 si cumplen el resto de requisitos. La plantilla que los maneje debe estar formada y acreditada por escrito; la empresa tiene que conservar planes y registros de mantenimiento. En resumen: cumplimiento técnico, rutas claras y formación. Sin esos pilares, el proyecto se tambalea.
Hay un matiz práctico relevante: el reparto a pie muchas veces discurre por aceras. Con un VMP, ese itinerario deja de ser válido y obliga a rediseñar la ruta. Si la organización pretende usar el mismo camino de siempre con un equipo motorizado, chocará con la ley y con el sentido común. De hecho, la elección de barrios y distritos donde esta solución es más útil no debería medirse solo por distancia, sino por la existencia de infraestructura ciclable y por la calma de tráfico en la calzada.
Orden y papeles para que la modernización funcione
El reparto postal y de paquetería necesita evolucionar para ser más eficiente y menos lesivo físicamente. Los carros motorizados de Correos pueden formar parte de esa modernización si se despliegan con criterio. La hoja de ruta pasa por acreditar la certificación de los modelos, definir rutas legales y seguras, formar y evaluar a la plantilla, y mantener los equipos con rigor.
El resto —las polémicas verbales, los titulares cruzados, la confusión sobre permisos— se apaga cuando hay documentos, protocolos y resultados sobre la mesa. Pedro Saura tiene, sobre el papel, una oportunidad: demostrar que la innovación puede convivir con la seguridad y con la ley sin abrir grietas con UGT, CSIF o con la policía local de turno. Hacerlo bien no consiste en “poner más carritos”, sino en ordenarlos. Y ahí es donde un operador público se juega su prestigio: en que la tecnología no atropelle la normativa ni la convivencia, sino que las respete y las mejore.












