Actualidad
¿Por qué Bolaños acusa al CGPJ de buscar la «impunidad» de Peinado?
Félix Bolaños reclama el expediente completo sobre Peinado tras el archivo de sus quejas y acusa al CGPJ de favorecer la impunidad del magistrado.

Imagen: Ministry of the Presidency, Government of Spain / Wikimedia Commons, Attribution
Resumen
- Bolaños recurre para acceder al expediente completo de sus quejas contra Peinado
- El CGPJ archivó las quejas y rechazó el recurso de Bolaños por cinco votos a dos
- Peinado se jubila el 27 de septiembre, una fecha central en el nuevo choque
Félix Bolaños ha elevado un grado más su enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha presentado un nuevo recurso de alzada para conseguir el expediente completo de sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado, documentación cuyo acceso le había sido denegado. En ese escrito sostiene que una nueva negativa solo podría interpretarse como un intento de procurar la «impunidad total» del magistrado. Es una acusación del ministro, no una conclusión acreditada sobre la conducta del CGPJ.
El movimiento llega después de que la Comisión Permanente rechazara por cinco votos frente a dos el anterior recurso de Bolaños contra el archivo de sus quejas. El Consejo mantiene que no había base suficiente para abrir un expediente disciplinario por esas actuaciones. El nuevo frente es distinto, aunque nace del mismo pleito: Bolaños reclama ahora conocer íntegramente qué documentación manejó el órgano disciplinario, qué diligencias practicó y qué información recibió Peinado durante el procedimiento.
El nuevo recurso de Bolaños cambia el foco del conflicto
La discusión puede parecer uno de esos laberintos administrativos donde las carpetas terminan pesando más que los hechos, pero el núcleo es bastante sencillo. Cuando el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió archivar las quejas, Bolaños solicitó el pasado 28 de agosto acceder al expediente completo. Quería disponer de la documentación utilizada para adoptar aquella decisión y valorar las acciones legales que considerase oportunas.
La autoridad disciplinaria rechazó facilitarle esa copia. La respuesta se apoyó, según el recurso conocido, en que las investigaciones disciplinarias tienen carácter reservado y en que la normativa no reconoce en los términos pretendidos por Bolaños un derecho de acceso a todo el expediente. El ministro replica que esa interpretación le provoca indefensión, porque le obliga a combatir una resolución sin conocer todos los elementos que condujeron al archivo.
Ahí está el corazón de esta segunda batalla. Bolaños no pide simplemente que el CGPJ vuelva a estudiar la misma denuncia. Pretende conocer qué se investigó realmente, cuándo se hizo y qué comunicaciones se produjeron con Peinado. El matiz es importante porque buena parte de su nueva ofensiva se apoya precisamente en las fechas.
Por qué Bolaños habla de «impunidad total»
La expresión utilizada por el ministro nace, sobre todo, de una comparación temporal. Bolaños reprocha al Consejo que la tramitación de sus quejas se prolongara durante unos 14 meses, mientras que el recurso posterior contra el archivo fue resuelto en apenas 18 días. A su juicio, esa diferencia resulta especialmente significativa porque Peinado está a las puertas de abandonar la carrera judicial.
El CGPJ ofrece una lectura diferente. Según el criterio de la mayoría de la Comisión Permanente, el procedimiento se alargó porque Bolaños fue ampliando sucesivamente sus escritos, lo que obligó a solicitar nuevas explicaciones al magistrado y retrasó la resolución definitiva. Frente a la denuncia de una demora injustificada, el Consejo vincula así parte de la duración a la propia evolución de las quejas.
No hay, por tanto, una interpretación común de esos tiempos. Bolaños ve una tramitación extraordinariamente lenta que después se aceleró cuando la jubilación estaba cerca; la mayoría del CGPJ sostiene que hubo razones procedimentales para esa duración. Entre ambas versiones queda precisamente el expediente completo que el ministro quiere examinar.
La fecha que Bolaños considera especialmente importante
Uno de los datos que Bolaños pretende conocer es cuándo fue informado Peinado de que existía una queja contra él. El ministro concede relevancia a esa fecha porque el 20 de junio de 2025 la autoridad disciplinaria decidió pedir un informe al juez y, pocos días después, el 24 de junio, Peinado promovió ante el Tribunal Supremo una exposición razonada para que se investigara a Bolaños.
Bolaños sospecha que aquella actuación pudo estar relacionada con su queja y quiere reconstruir la secuencia exacta. Esa sospecha pertenece a la argumentación del ministro y no demuestra por sí misma una represalia. Precisamente por eso la fecha en la que Peinado conoció el procedimiento disciplinario se ha convertido en una de las piezas que Justicia considera relevantes.
El Supremo rechazó investigar a Bolaños
El origen de buena parte del enfrentamiento está en la investigación dirigida por Peinado sobre Begoña Gómez. El magistrado tomó declaración a Bolaños como testigo en abril de 2025 dentro de las diligencias relacionadas con Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente del Gobierno. Después, Peinado trasladó al Tribunal Supremo una exposición razonada al considerar que podían existir indicios contra el ministro por malversación y falso testimonio.
Al ser Bolaños miembro del Gobierno y estar aforado, Peinado no podía investigarlo directamente. La decisión correspondía al Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal archivó la exposición el 15 de julio de 2025 porque no apreciaba una imputación suficientemente individualizada ni un «mínimo respaldo indiciario» que justificara abrir una causa penal contra el ministro.
El Supremo señaló también una ausencia de indicios mínimamente fundados sobre la participación de Bolaños en los delitos planteados y cuestionó algunos aspectos de la forma en que Peinado había elevado el asunto, entre ellos no haber oído previamente a la Fiscalía. La resolución judicial cerró aquella vía penal contra el ministro, pero no puso fin al conflicto institucional que había nacido alrededor de la actuación del instructor.
Por qué el CGPJ archivó las quejas contra Peinado
El Promotor de la Acción Disciplinaria había concluido que los hechos denunciados no justificaban sancionar al magistrado. El 28 de julio de 2026, la Comisión Permanente respaldó el archivo de las quejas de Bolaños al considerar que se referían principalmente a cuestiones procesales y a aspectos de la declaración judicial que podían discutirse jurídicamente, pero que no alcanzaban relevancia disciplinaria.
La distinción es importante. Una resolución judicial puede ser recurrida, anulada o corregida por un órgano superior sin que eso signifique automáticamente que el juez haya cometido una falta disciplinaria. El CGPJ ha defendido precisamente esa separación entre el control jurisdiccional de las decisiones y la potestad sancionadora sobre los miembros de la carrera judicial.
La Comisión Permanente volvió a pronunciarse el 22 de septiembre y rechazó el recurso de Bolaños por cinco votos contra dos. Los vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández discreparon de la mayoría mediante un voto particular. El archivo de las quejas quedó así confirmado dentro del Consejo, aunque el conflicto sobre el acceso a la documentación ha abierto un carril nuevo.
La jubilación de Peinado aprieta el calendario
Todo ocurre con una fecha marcada en rojo. Juan Carlos Peinado cumple 72 años el 27 de septiembre de 2026 y alcanza entonces la edad máxima de permanencia en activo tras haber prolongado su carrera judicial. La proximidad de la jubilación es uno de los principales argumentos utilizados por Bolaños para cuestionar la velocidad con la que, según él, se ha resuelto la fase final del procedimiento disciplinario.
El magistrado ha llegado a sus últimos días en activo después de acordar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra Cristina Álvarez por presunta malversación. La decisión se adoptó pocos días antes de su jubilación y lleva la causa a una nueva fase procesal.
Son, sin embargo, planos jurídicos diferentes. La causa penal contra Gómez seguirá su propio recorrido, mientras que el choque entre Bolaños y el CGPJ se refiere al control disciplinario sobre Peinado y al acceso del ministro a la documentación generada durante ese procedimiento. Que ambos asuntos coincidan en protagonistas y calendario eleva la temperatura política, pero no los convierte en el mismo expediente.
El expediente se convierte en el nuevo frente
La noticia del 25 de septiembre no significa que el CGPJ haya reconocido irregularidades ni que esté acreditada la «impunidad» denunciada por Bolaños. Lo que existe es un nuevo recurso del ministro contra la negativa a entregarle la documentación íntegra y una acusación muy dura sobre la forma en que el Consejo ha gestionado los tiempos del procedimiento.
Bolaños sostiene que necesita conocer el expediente para reconstruir determinadas fechas, comprobar qué diligencias se practicaron y decidir qué acciones legales puede ejercer. La mayoría del CGPJ, por su parte, ya ha respaldado el archivo de las quejas y mantiene que las actuaciones examinadas no justificaban la sanción disciplinaria reclamada por el ministro.
Peinado está a punto de dejar la carrera judicial, pero la controversia que queda detrás de su instrucción no desaparece con la toga colgada. El enfrentamiento ha pasado del comportamiento concreto del juez al funcionamiento del propio sistema disciplinario del Poder Judicial, sus tiempos y los límites de acceso a los expedientes. Ese es, a dos días de la jubilación del magistrado, el verdadero terreno sobre el que continúa el choque entre Bolaños y el CGPJ.












