Benidorm plantea pagar Serra Gelada con suelo y dinero

El Ayuntamiento de Benidorm propone afrontar los 350,44 millones de euros que adeuda por el conflicto urbanístico de Serra Gelada con una combinación de dinero público y terrenos municipales. El esquema prevé reunir 60 millones antes de que termine 2026, destinar suelo a cubrir parte de los intereses y empezar a amortizar el principal de forma anual desde 2031. No es un pago inmediato ni una solución ya ejecutada: para que el plan se haga efectivo debe superar los trámites municipales, contar con la aceptación de los propietarios en los aspectos que no son obligatorios y recibir el visto bueno judicial.

La cifra procede de una sentencia firme por el incumplimiento de un convenio urbanístico firmado en 2003 con empresas de la familia Murcia Puchades. El principal reconocido judicialmente asciende a algo más de 283 millones de euros; los intereses elevan la cantidad total hasta los 350,44 millones. La propuesta intenta convertir una condena difícil de asumir de golpe en una obligación repartida durante años, pero deja una pregunta central sobre las cuentas locales: cómo sostener los pagos sin desplazar otros gastos y servicios.

Una condena nacida de un convenio urbanístico

El origen del litigio está en el sector APR-7, en Serra Gelada. El convenio de 2003 contemplaba trasladar a otros ámbitos de Benidorm el aprovechamiento urbanístico asociado a unos terrenos. En términos sencillos, los propietarios debían recibir posibilidades de desarrollo en otras zonas a cambio de que no se materializara la edificabilidad prevista en las parcelas originales. Ese compromiso no llegó a cumplirse en los términos pactados y acabó transformándose en una reclamación económica de gran magnitud.

La situación de esos suelos cambió con su incorporación al ámbito protegido de Serra Gelada en 2005, tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Los convenios, sin embargo, siguieron prorrogándose en 2010 y 2013. Las empresas propietarias reclamaron en 2015 una compensación económica o en especie y acudieron a los tribunales en 2018. La disputa, por tanto, no nació de una decisión presupuestaria reciente: es el resultado de una cadena de compromisos y actuaciones urbanísticas prolongada durante más de dos décadas.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconoció la validez de los compromisos y fijó una indemnización de 283.055.750,12 euros. A esa cantidad se suman los intereses de demora, que explican que el importe total haya alcanzado los 350,44 millones. Los recursos posteriores del Ayuntamiento no evitaron que la resolución adquiriera firmeza. Ese cambio es decisivo: el debate municipal ya no consiste en tratar la condena como una posibilidad remota, sino en organizar su cumplimiento dentro de los límites de una hacienda local.

El primer desembolso y el préstamo estatal

La propuesta municipal plantea un abono inicial de 60 millones de euros antes del final de 2026. Para reunir la mayor parte de esa suma, Benidorm cuenta con un préstamo de 55 millones vinculado al Fondo de Impulso Económico regulado por el Ministerio de Hacienda, cuya operación ya ha sido aprobada. La diferencia tendría que cubrirse con recursos propios. Por eso, aunque el préstamo permite acercarse al primer pago, no cubre por sí solo los 60 millones previstos y tampoco cancela el resto de la indemnización.

El crédito estatal es una pieza de financiación, no una condonación ni una aportación gratuita. El Ayuntamiento deberá devolverlo de acuerdo con las condiciones de la operación, mientras continúa haciendo frente a sus obligaciones ordinarias. La distinción importa porque el primer pago visible no debe confundirse con la desaparición de la deuda: los 60 millones son el comienzo de un calendario mucho más largo y la financiación obtenida cubre solo una parte del compromiso total.

El plan también separa el calendario del principal del tratamiento de los intereses. Hasta el 31 de diciembre de 2030 se propone una carencia para la devolución del capital, aunque durante ese periodo el Ayuntamiento tendría que abonar anualmente los intereses que correspondan sobre el capital pendiente. A su vez, el documento contempla que el principal no genere nuevos intereses desde la firma del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de facilitar la reorganización económica municipal. Son condiciones distintas, y no significan que la deuda quede congelada en todos sus componentes.

Qué cambia a partir de 2031

Desde el 1 de enero de 2031, la corporación tendría que amortizar cada año parte del principal y pagar los intereses aplicables. La propuesta fija un mínimo anual equivalente al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el presupuesto de ingresos de cada ejercicio. Según el presupuesto utilizado como referencia en la propuesta, ese porcentaje rondaría los 10 millones de euros al año. La cantidad concreta puede variar con los recursos previstos para cada ejercicio, pero el porcentaje convierte el pago en una obligación estructural de las cuentas municipales.

Con una aportación anual cercana a esos 10 millones, la devolución podría prolongarse alrededor de tres décadas. No se trata de una fecha final garantizada: el plazo depende de la evolución de las cantidades pendientes, los intereses, los recursos presupuestarios y de que se cumplan las condiciones del acuerdo. La escala temporal sí resulta clara. La condena puede acompañar a varios mandatos municipales, de modo que las decisiones sobre inversiones y gastos futuros tendrán que convivir con un compromiso que no desaparece al aprobar un presupuesto.

La propuesta establece también consecuencias si el Ayuntamiento incumple los pagos: entraría en mora y se aplicaría un interés de demora equivalente al interés legal del dinero más dos puntos porcentuales. Ese mecanismo aumenta el coste de retrasarse y hace que el calendario no sea solo una previsión contable. Su cumplimiento dependerá de que cada presupuesto reserve recursos suficientes y de que los ingresos ordinarios permitan atender a la vez la indemnización y las demás obligaciones de la ciudad.

Terrenos como pago de los intereses

Además del dinero, el plan contempla la dación en pago de terrenos municipales. La primera modalidad se destinaría a compensar los 67,38 millones de euros de intereses acumulados hasta la firma del acuerdo. Esa entrega, según la propuesta, sería de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios, y se efectuaría durante cinco años mediante parcelas con aprovechamiento urbanístico directamente materializable.

No serviría cualquier terreno. El documento plantea que las parcelas tengan condición de solar, sean inmediatamente edificables y estén libres de cargas de urbanización. Entre los ámbitos que podrían considerarse aparecen PP2/1, Murtal 2, PP Ensanche Levante y PAU 1, además de otros suelos residenciales plurifamiliares que reúnan los requisitos. El valor del aprovechamiento entregado no podría superar el justiprecio conforme a la ley. En otras palabras, la parcela debe poder valorarse y utilizarse dentro de las condiciones previstas; no basta con ofrecer suelo municipal de manera genérica.

El Ayuntamiento propone también que puedan hacerse futuras entregas de terrenos para reducir la deuda restante, incluidos el principal y los intereses que se generen después del 1 de enero de 2027. Esa segunda vía sería diferente: la propiedad no estaría obligada a aceptarla. La distinción determina qué parte del acuerdo funciona como compensación prevista y qué parte dependería de una negociación posterior entre las partes.

El valor público y urbanístico del suelo

La entrega de parcelas puede reducir la cantidad que debe abonarse en efectivo, pero también supone disponer de patrimonio municipal. Por eso la operación no se limita a una transferencia entre balances. Cada terreno tiene una localización, una posible función urbanística y un valor para la ciudad. Cederlo para atender la sentencia puede modificar las opciones futuras del Ayuntamiento, incluso cuando el pago permita aliviar la presión inmediata sobre la tesorería.

El alcalde Toni Pérez ha defendido el acuerdo como una vía para que el suelo del APR-7 de Serra Gelada pase de manos privadas a formar parte del patrimonio público de Benidorm y del Parque Natural. Ese planteamiento presenta la adquisición del terreno protegido como un beneficio colectivo, pero no debe confundirse con la compensación a los acreedores mediante otros solares edificables. Son piezas distintas: por un lado está el suelo de Serra Gelada ligado al origen del conflicto; por otro, los terrenos que podrían entregarse para cubrir parte de la deuda.

La protección ambiental explica buena parte del recorrido del caso, pero no borra por sí misma las obligaciones reconocidas por los tribunales. Tampoco significa que todos los terrenos municipales propuestos vayan a urbanizarse automáticamente: el acuerdo exige condiciones concretas sobre su aprovechamiento, su condición de solar y la ausencia de cargas de urbanización. El pago con suelo transforma una deuda financiera en una decisión sobre patrimonio y ordenación urbana, con efectos que pueden prolongarse más allá del calendario de cuotas.

Una propuesta que aún necesita aceptación y control judicial

El plan no queda cerrado por el mero hecho de que el gobierno municipal lo presente. La propuesta debe pasar por el pleno y, una vez aprobada, requiere la aceptación de la propiedad y la validación de los tribunales antes de hacerse efectiva. Esa secuencia deja margen para que haya cambios o condiciones adicionales. También explica por qué la fórmula se describe como una salida planteada por el Ayuntamiento, no como un acuerdo ya consumado.

La exigencia judicial de cumplir una sentencia firme condiciona el margen de maniobra municipal. La ejecución no consiste solo en anunciar una intención de pago: el consistorio debe presentar una fórmula que permita atender lo reconocido en el fallo. El calendario y la combinación de dinero y terrenos buscan dar forma concreta a esa obligación, pero su viabilidad dependerá de los pasos institucionales y de que el mecanismo propuesto resulte aceptable para quienes tienen derecho a cobrar.

También hay actuaciones judiciales paralelas sobre la validez de los convenios urbanísticos. El Ayuntamiento ha defendido que eran nulos de pleno derecho y ha mantenido otras vías legales, pero esa controversia no elimina la firmeza de la condena principal. La diferencia entre ambos planos es importante: discutir otras decisiones relacionadas con los convenios no equivale a suspender automáticamente la obligación de pago ya reconocida. La ejecución de la sentencia y los litigios paralelos no son el mismo procedimiento.

El límite presupuestario que preocupa al Ayuntamiento

La intervención municipal advirtió en sus informes de que ejecutar la sentencia podía quebrar la hacienda local y causar una merma muy grave en los servicios públicos. También señaló riesgos para el cumplimiento de otras obligaciones, entre ellas las deudas bancarias, los contratos formalizados y los gastos de personal. El informe llegó a plantear la posibilidad de despidos y reducciones salariales si no se encontraba una fórmula capaz de distribuir el impacto.

Frente a ese escenario, el gobierno local ha defendido dos líneas rojas: no elevar los impuestos ni recortar los servicios. El alcalde sostiene que el pago puede afrontarse sin que Benidorm caiga en la ruina, la quiebra o la intervención. Son objetivos políticos que expresan cómo quiere gestionarse el problema, pero su resultado dependerá de la capacidad real de mantener esos límites mientras se reservan cada año recursos para la sentencia.

La tensión nace de la diferencia entre el tamaño de la indemnización y los ingresos de un municipio. Un desembolso anual de alrededor de 10 millones no agota por sí solo las cuentas, pero reduce el margen disponible para otras prioridades y obliga a planificar con años de antelación. Si la recaudación, los gastos o las condiciones de pago cambian, la presión puede desplazarse a otras partidas. Evitar una subida de impuestos o recortes no depende solo de una declaración: exige que los presupuestos futuros puedan absorber el calendario sin dejar desatendidas las obligaciones ordinarias.

Una deuda que condicionará los próximos presupuestos

El mecanismo propuesto mezcla financiación estatal, recursos municipales y parcelas para hacer frente a una obligación que supera ampliamente un pago anual ordinario. El primer desembolso de 60 millones permite iniciar el cumplimiento, mientras la carencia del principal hasta 2030 aplaza la amortización más sostenida. A partir de 2031, el mínimo del 8% de los recursos corrientes ordinarios convierte la deuda en una presencia estable en las cuentas. La fórmula reparte el impacto, pero no lo elimina.

La operación tendrá consecuencias diferentes según se mire desde la caja municipal, el patrimonio o la planificación de la ciudad. Para las finanzas, supone reservar recursos durante un periodo prolongado; para el patrimonio, implica decidir qué parcelas pueden entregarse y con qué valoración; para el urbanismo, añade una nueva condición a las decisiones sobre el suelo. Ninguno de esos aspectos puede resolverse de manera aislada, porque una entrega de terrenos puede reducir pagos monetarios, pero también limitar opciones futuras.

Benidorm afronta así el resultado de un convenio de 2003 que atravesó cambios de planificación, prórrogas y años de litigio hasta convertirse en una condena firme de 350,44 millones. La propuesta intenta evitar que toda la factura recaiga de golpe sobre el presupuesto y preservar, según el gobierno local, los servicios y la fiscalidad municipal. La prueba decisiva estará en su aprobación, en la aceptación de las partes y en la capacidad de cumplir los pagos sin que el coste de Serra Gelada desplace el resto de las necesidades de la ciudad.