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Residencias en parcelas públicas: Ayuso “regala” casi 60 millones

Madrid cede suelo público durante décadas para siete residencias privadas y renuncia a casi 60 millones en tasas vinculadas a esas concesiones.

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Imagen: PP Comunidad de Madrid / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Resumen

  • Las siete primeras concesiones dejarán sin cobrar casi 60 millones en tasas
  • Las empresas explotarán residencias privadas levantadas sobre suelo público
  • El Plan 40-40 prevé 40 residencias y 40 centros de día en toda la región

La Comunidad de Madrid ha decidido no cobrar las tasas por el uso de suelo público a las empresas privadas que explotarán las siete primeras residencias y centros de día del Plan 40-40. Los cálculos incluidos en la documentación de las concesiones sitúan esos ingresos potenciales en unos 800.109 euros anuales: alrededor de 56 millones si las concesiones duran 70 años y cerca de 60 millones si alcanzan el máximo previsto de 75.

No se trata de 60 millones que salgan de golpe de las arcas autonómicas. La cifra corresponde al dinero que la Administración podría percibir durante décadas por esas siete parcelas y que, según el modelo elegido, dejará de exigir a los concesionarios. Esa precisión cambia la fotografía, aunque no vuelve menor el importe: hablamos de contratos cuyo horizonte llega bien entrado el próximo siglo.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que existe una contraprestación económica suficiente para justificar la exención. Las compañías tendrán que construir y equipar los centros, asumir su funcionamiento y reservar al menos el 40% de las plazas para la red pública, sometidas a precios fijados por la Administración. Según el Ejecutivo regional, el valor de esas obligaciones supera ampliamente lo que Madrid dejará de ingresar por las tasas.

De dónde salen los casi 60 millones que Madrid no cobrará

La cifra nace de los cálculos de las propias concesiones. Para los siete primeros terrenos, las tasas anuales potenciales van desde unos 37.953 euros en una de las parcelas hasta alrededor de 230.560 en la de mayor valoración. Sumadas, alcanzan aproximadamente los 800.109 euros cada año.

Multiplicar esa cantidad por los 70 años inicialmente previstos lleva el importe por encima de los 56 millones de euros. Si las concesiones se prolongan durante los cinco años adicionales contemplados, hasta un máximo de 75, el total se aproxima a los 60 millones.

La duración importa mucho. Una cantidad anual puede parecer relativamente pequeña comparada con el presupuesto de una comunidad autónoma; extendida durante siete décadas, adquiere otra dimensión. Y estas cuentas corresponden solamente a siete de los 40 complejos previstos en el programa.

En la primera operación del plan, la residencia proyectada en Las Rosas, el adjudicatario debe afrontar una inversión cercana a 16,7 millones de euros para construir y equipar el centro. El complejo combina plazas vinculadas a la red pública con otras de explotación privada y determinados servicios complementarios.

Por qué la Comunidad de Madrid elimina la tasa

El argumento central del Gobierno madrileño es económico. Los operadores privados no podrán explotar todas las plazas en condiciones de mercado, porque tendrán que reservar una parte para usuarios de la red pública y hacerlo con precios tasados por la Administración.

La normativa aplicable permite que determinadas concesiones de dominio público queden exentas cuando las condiciones y contraprestaciones impuestas al adjudicatario anulan o hacen irrelevante su utilidad económica. También contempla ajustes cuando esas obligaciones reducen el beneficio asociado a la concesión.

En el caso de la primera residencia licitada, la Administración calculó que el operador dejaría de obtener unos 654.626 euros anuales al no poder comercializar las plazas reservadas a la red pública como si fueran privadas. Frente a ello, la tasa anual estimada por el uso del terreno ascendía a 103.821,80 euros.

Para las últimas concesiones analizadas, el Ejecutivo regional sostiene que el valor de las plazas puestas a disposición de la Comunidad es aproximadamente cinco veces superior a las tasas que se dejan de cobrar. Esa es la justificación económica que defiende para sustituir el pago por las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La discusión está en cómo se calcula la rentabilidad

El punto discutido no es solamente que exista una norma que permita eliminar la tasa, sino cómo se interpreta la utilidad económica de estas concesiones. La documentación señala que reservar plazas públicas reduce el valor que obtendría el operador respecto a una residencia completamente privada.

La cuestión es si esa reducción basta para considerar anulada o irrelevante la rentabilidad asociada al uso del suelo. Las compañías, al mismo tiempo, podrán explotar plazas privadas a precio de mercado y determinados servicios complementarios durante un periodo extraordinariamente largo.

También asumirán una inversión inicial elevada, los costes de personal, mantenimiento y funcionamiento. El equilibrio económico, por tanto, no se entiende mirando una sola cifra. Hay que poner en la misma mesa el valor del suelo, la inversión privada, los ingresos futuros y las obligaciones públicas durante toda la concesión.

El Plan 40-40 va mucho más allá de siete parcelas

Los casi 60 millones corresponden únicamente a las siete primeras concesiones. El Gobierno regional pretende levantar 40 residencias y 40 centros de día dentro del Plan 40-40, con unas 6.000 nuevas plazas residenciales y otras 2.000 de atención diurna.

La inversión movilizada prevista supera los 500 millones de euros mediante un modelo de colaboración público-privada. Al menos el 40% de las plazas quedará reservado para la oferta pública regional, mientras que al resto también podrá accederse mediante la prestación económica conocida como cheque servicio dentro del sistema de dependencia.

La Comunidad inició en septiembre la licitación de siete proyectos. Entre los centros que se encuentran en distintas fases aparecen Las Rosas, El Cañaveral, Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo, todos ellos en Madrid capital.

El calendario regional prevé seguir incorporando proyectos en otros distritos y municipios, entre ellos Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Valdemoro, Moralzarzal y Alcorcón. Los 20 proyectos restantes del programa se prevén para 2027.

Ahí aparece otro dato relevante. Si las futuras concesiones reproducen un régimen semejante de exención, el impacto económico global será superior a los casi 60 millones conocidos para el primer grupo. No puede multiplicarse esa cifra de manera automática por todas las parcelas, porque cada terreno tendrá una valoración distinta, pero los siete primeros expedientes no representan el coste potencial completo del programa.

Suelo público, inversión privada y dos tipos de plazas

El modelo mezcla elementos públicos y privados. El suelo continúa siendo público, mientras la empresa adjudicataria construye el inmueble, lo equipa y lo explota durante el plazo de la concesión. Una parte de las plazas queda vinculada al sistema público y otra puede comercializarse en el mercado privado.

En Las Rosas, por ejemplo, la parcela ronda los 8.000 metros cuadrados y la inversión inicial prevista se acerca a 16,7 millones. La concesión se establece durante 70 años y puede alcanzar los 75. El proyecto contempla plazas públicas a precio regulado y plazas privadas, además de determinados servicios autorizados dentro del complejo.

La fórmula permite a la Comunidad ampliar la capacidad residencial sin asumir directamente toda la inversión inicial necesaria para construir decenas de centros. El operador privado aporta capital y gestiona las instalaciones; la Administración facilita el terreno y obtiene plazas para su red en las condiciones pactadas.

No es, por tanto, una venta del suelo ni una residencia enteramente pública. Tampoco una instalación puramente privada construida sobre una parcela comprada por la empresa. Es una concesión público-privada de muy larga duración, con costes, derechos y obligaciones repartidos entre Administración y adjudicatario.

Gobierno y oposición discrepan sobre el modelo

El Ejecutivo madrileño presenta el Plan 40-40 como una fórmula para aumentar con rapidez las plazas disponibles, renovar el modelo residencial y movilizar más de 500 millones de euros de inversión sin cargar sobre el presupuesto público todo el coste de construcción de los centros.

La Comunidad también destaca que los nuevos equipamientos incorporarán unidades de convivencia reducidas, telemedicina, sistemas de prevención de caídas, viviendas con apoyos en determinados centros y servicios especializados para distintos perfiles de dependencia.

PSOE y Más Madrid cuestionan, en cambio, la cesión durante décadas de parcelas públicas para centros explotados por operadores privados y defienden una mayor presencia de la titularidad y gestión directamente públicas. Sus críticas se concentran también en la exención de las tasas y en el reparto de la rentabilidad generado por las concesiones.

Son dos planos que conviene separar. Uno es la discusión política sobre si la colaboración público-privada resulta adecuada para ampliar la red de residencias. Otro, mucho más concreto, consiste en determinar qué contraprestación recibe la Administración cuando permite utilizar durante décadas un terreno público para una actividad económica.

Una decisión económica que se prolongará durante décadas

Los casi 60 millones de euros resumen bien el tamaño de la decisión, pero necesitan contexto: son ingresos potenciales correspondientes únicamente a siete parcelas durante un máximo de 75 años. No representan una transferencia inmediata de dinero público a las compañías ni incluyen todavía las futuras concesiones hasta completar los 40 centros.

La Comunidad sostiene que dejar de cobrar las tasas queda compensado por las plazas reservadas para la red pública, los precios tasados, la construcción de los edificios y su funcionamiento a cargo de las empresas. La oposición considera que el modelo concede demasiado valor económico al operador privado a cambio de utilizar suelo público durante varias generaciones.

El dato decisivo será comprobar qué condiciones reciben los otros 33 proyectos y cuál es el resultado agregado cuando todo el Plan 40-40 esté licitado. Porque las primeras siete concesiones son solo una parte del mapa. Si el esquema se repite, la cantidad de ingresos potenciales a los que renuncie Madrid crecerá; si las condiciones cambian, habrá que recalcularla parcela por parcela.

Y ahí está el fondo del asunto: una decisión firmada durante una legislatura puede seguir produciendo efectos económicos hasta entrado el siglo XXII. Las residencias cubrirán una necesidad social evidente; la discusión que queda abierta es cuánto debe recibir el sector público a cambio de permitir que compañías privadas exploten durante décadas un activo que sigue perteneciendo a todos.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.