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¿Qué concluye Antifraude sobre dos cargos vinculados a Pilar Bernabé?
Antifraude cuestiona la salida sin preaviso de dos responsables vinculados a Pilar Bernabé y cifra en más de 31.000 euros el impacto discutido.

Foto: Instagram.
Resumen
- Antifraude remite dos expedientes al Tribunal de Cuentas
- Los casos suman más de 31.000 euros en cantidades discutidas
- Pilar Bernabé no figura como denunciada personalmente en el expediente
La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido al Tribunal de Cuentas las actuaciones que afectan a Alejandro García, antiguo jefe de prensa de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y al concejal socialista Javier Mateo. El organismo aprecia que la salida de ambos de puestos directivos en entidades municipales de València sin respetar el preaviso establecido pudo ocasionar un perjuicio económico a fondos públicos, una cuestión que deberá determinar ahora el órgano fiscalizador.
La resolución no supone una condena ni implica que Pilar Bernabé esté denunciada personalmente ante el Tribunal de Cuentas. Ese matiz resulta esencial. Antifraude investigó también las circunstancias que rodearon el nombramiento de Alejandro García cuando Bernabé presidía la Fundación Deportiva Municipal, pero afirma que no pudo acreditar una relación de amistad íntima que obligara legalmente a la dirigente socialista a abstenerse. Sí detecta, en cambio, problemas de trazabilidad y riesgos de imparcialidad que, a juicio de la agencia, justifican profundizar en determinados aspectos del procedimiento.
Por qué Antifraude ha enviado el expediente al Tribunal de Cuentas
El núcleo del asunto es bastante menos barroco de lo que suele sugerir el ruido político que acompaña estos casos. Tanto García como Mateo ocupaban puestos de alta dirección en entidades vinculadas al Ayuntamiento de València y abandonaron esas responsabilidades para asumir nuevos cargos sin cumplir, según Antifraude, el preaviso de tres meses previsto para ese tipo de relación laboral.
Alejandro García era subdirector de Promoción Institucional y Comunicación de la Fundación Deportiva Municipal. En 2022 dejó ese puesto para incorporarse al equipo de Pilar Bernabé en la Delegación del Gobierno. La propia resolución de salida, según la documentación del expediente, reconocía el carácter voluntario del cese y el incumplimiento del periodo de preaviso. La fundación, sin embargo, no reclamó entonces la indemnización correspondiente.
Antifraude calcula en el caso de García un derecho económico de 17.116,59 euros que la Fundación Deportiva Municipal habría dejado de percibir. La agencia considera que la decisión de no reclamar ese dinero carecía de suficiente soporte jurídico y económico y que la posterior inactividad pudo terminar provocando la pérdida del derecho de cobro.
La situación de Javier Mateo presenta una mecánica parecida. El actual concejal socialista había sido directivo de València Activa y abandonó esa responsabilidad en 2023 para incorporarse al Ayuntamiento como edil. Antifraude considera igualmente incumplido el preaviso y cifra la cantidad vinculada a esa salida en 14.211,76 euros.
Entre ambos expedientes, las cantidades señaladas rondan así los 31.300 euros. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas tendrá que establecer si efectivamente existió un menoscabo de fondos públicos, si puede exigirse responsabilidad contable y, llegado el caso, a quién debe imputarse. La remisión de unas actuaciones no equivale, por sí sola, a que esa responsabilidad haya quedado declarada.
Qué relación tiene Pilar Bernabé con el caso
El nombre de Pilar Bernabé aparece sobre todo por la trayectoria de Alejandro García y por las circunstancias de su nombramiento en la Fundación Deportiva Municipal. En octubre de 2020 García fue designado subdirector de Promoción Institucional y Comunicación de este organismo. La documentación municipal recoge una retribución de 65.220,75 euros brutos anuales y muestra que Bernabé era entonces presidenta delegada de la fundación.
Antifraude analizó si aquella relación previa podía haber condicionado el proceso. Según la resolución, no encontró elementos suficientes para acreditar una amistad íntima constitutiva de causa legal de abstención, ni una predeterminación efectiva del nombramiento. Dicho de otro modo: la investigación no concluye que Bernabé tuviera que haberse apartado jurídicamente del procedimiento por esa razón.
Eso no significa que el organismo dé por impecable la contratación. Antifraude cuestiona determinados aspectos de la creación y provisión de aquella subdirección y habla de insuficiencias de motivación y trazabilidad. También sostiene que la existencia de una relación previa documentada aconsejaba mayores garantías para disipar cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso.
El Ayuntamiento conserva, además, documentación del procedimiento de 2020 en la que consta que la propuesta de designación de García fue adoptada por unanimidad del tribunal de selección. Es uno de esos detalles que conviene mantener junto al resto: ni borra las objeciones posteriores de Antifraude ni permite convertirlas, por arte de magia, en una condena que todavía no existe.
Alejandro García dejó recientemente la Delegación del Gobierno
La vinculación política ha ganado relevancia porque García siguió trabajando junto a Bernabé después de abandonar la fundación. Fue su responsable de comunicación en la Delegación del Gobierno y, a comienzos de septiembre de 2026, pasó a incorporarse como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, con tareas relacionadas con comunicación y con el ámbito festivo de la ciudad.
Tanto García como Javier Mateo forman actualmente parte de la ejecutiva de los socialistas de València: Mateo ocupa la Secretaría de Modelo Económico y García la de Cultura Festiva. Pilar Bernabé figura como secretaria general de esa organización.
Bernabé mantiene, al mismo tiempo, el cargo de delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y presentó el 7 de septiembre de 2026 su candidatura socialista a la Alcaldía de València para las municipales de 2027.
El precedente que complica el argumento de los afectados
Uno de los puntos más relevantes del expediente es que existe al menos un antecedente dentro de València Activa en el que sí se exigió el pago correspondiente por abandonar un puesto sin respetar el preaviso. Se trata de la exdirectiva María del Mar Marín, que en 2021 devolvió 14.211,76 euros por ese concepto.
Ese precedente pesa porque tanto Mateo como García han alegado que sus salidas fueron conocidas y avaladas dentro de las entidades y que los órganos responsables no les reclamaron en su momento las cantidades. Según su posición, sus contrataciones y ceses habían pasado por patronatos, servicios jurídicos y órganos administrativos competentes.
Antifraude no considera suficiente esa explicación. La cuestión que plantea no es únicamente quién sabía que se marchaban, sino si las entidades públicas podían renunciar a un derecho económico surgido del incumplimiento del preaviso y, sobre todo, si esa renuncia estaba debidamente justificada.
Hay una diferencia pequeña sobre el papel, enorme cuando aparece dinero público sobre la mesa.
Otros diez casos aparecen en la resolución
El expediente introduce, además, un elemento incómodo para cualquier lectura exclusivamente partidista. Durante sus alegaciones, Javier Mateo aportó otros casos de responsables de entidades municipales que, según sostuvo, también habían abandonado sus puestos sin respetar el periodo de preaviso.
Antifraude recoge hasta diez ceses posteriores en diferentes organismos y entidades municipales. Entre ellos figura el de María Carmen Ortí, actual consellera de Educación, que dejó la dirección de la Universidad Popular en diciembre de 2025 para incorporarse al Gobierno valenciano.
La agencia no acepta esos ejemplos como justificación para Mateo. Argumenta que corresponden a entidades, momentos y situaciones jurídicas distintas y que la repetición de una práctica administrativa no convierte automáticamente esa práctica en correcta. Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de valorar esos antecedentes mediante actuaciones específicas sobre la gestión de los puestos de alta dirección en el sector público local.
El asunto adquiere así una dimensión algo mayor que la peripecia laboral de dos cargos. Lo que subyace es cómo gestionan las entidades públicas los contratos de alta dirección cuando sus responsables saltan de una institución a otra y quién asume el coste cuando las reglas previstas en esos contratos no se cumplen.
El Tribunal de Cuentas tiene ahora la decisión relevante
La Agencia Valenciana Antifraude ha terminado su investigación administrativa y ha trasladado las actuaciones al Tribunal de Cuentas. A partir de ahí cambia el terreno. Será este órgano quien valore si hubo un perjuicio efectivo al patrimonio público y si concurren los requisitos para exigir responsabilidad contable por las cantidades señaladas.
De momento, lo acreditado es que Antifraude cuestiona la falta de reclamación de las indemnizaciones correspondientes al preaviso de Alejandro García y Javier Mateo, cifra cantidades concretas y detecta deficiencias en algunos aspectos del procedimiento que llevó al primero hasta la Fundación Deportiva Municipal. También consta que, tras examinar la relación entre García y Bernabé, no acreditó la causa de abstención por amistad íntima que había formado parte de la investigación.
La fotografía, por tanto, tiene más grises que un titular apresurado: dos expedientes enviados al Tribunal de Cuentas, unos 31.328 euros en derechos económicos discutidos, reparos de Antifraude sobre la gestión y un procedimiento todavía pendiente de la valoración del órgano que puede determinar si existe responsabilidad contable. Todo lo demás, por ahora, pertenece al terreno de la interpretación política.












