¿Quién está detrás de los Ángeles de la Noche que patrullan Valencia?

Valencia se prepara para ver en sus calles unas patrullas ciudadanas bautizadas como Ángeles de la Noche, grupos de voluntarios vestidos con camisetas y gorras negras que aseguran querer combatir la inseguridad y colaborar con las fuerzas policiales. Detrás de la iniciativa, sin embargo, no aparece simplemente una asociación improvisada de vecinos preocupados por su barrio. Su principal impulsor es José Luis Roberto, dirigente de España 2000, formación valenciana de extrema derecha, y buena parte de quienes participarán en las patrullas pertenecen al propio partido.

El proyecto prevé comenzar por La Malvarrosa, en el distrito marítimo de Valencia, y extenderse posteriormente al centro de la ciudad. Sus promotores sostienen que los integrantes avisarán a la Policía cuando detecten delitos y que actuarán dentro de la ley. Ahí está precisamente el asunto que convierte el episodio en algo bastante más serio que un grupo de vecinos dando una vuelta nocturna: España tiene policías, jueces y una legislación que establece con bastante precisión quién puede detener, vigilar y ejercer funciones de seguridad. Vestirse todos iguales no concede una placa por generación espontánea.

Quién está detrás de los Ángeles de la Noche

La iniciativa se articula alrededor del Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, una entidad inscrita en 2010 como asociación de asistencia social. José Luis Roberto reconoce abiertamente su papel en la creación de las patrullas y vincula dentro de la misma estructura a esta organización, España 2000 y la asociación La Resistencia. Según lo anunciado por sus promotores, los grupos estarán formados por seis personas, muchos de ellos militantes de España 2000 y algunos con formación en artes marciales.

Otro nombre relevante es el de Ricardo Ferris, antiguo inspector jefe de la Policía Nacional en Valencia y actualmente jubilado. Ferris supervisará la iniciativa y sostiene que sus integrantes pretenden convertirse en los ojos y oídos de la Policía. Fue apartado de su puesto en 2022 después de unas declaraciones en las que relacionó inmigración y delincuencia durante un acto organizado por Vox, un episodio que terminó también en los tribunales.

Los propios promotores ofrecen una lectura muy distinta de la presentada por quienes los consideran una suerte de vigilantes ideológicos. Defienden que se trata de patrullas voluntarias, abiertas incluso a personas no afiliadas a España 2000, y que su objetivo será observar, avisar a las autoridades y ayudar a prevenir delitos sin sustituir a la Policía. Es una diferencia importante: caminar por un barrio, observar o llamar a los agentes está al alcance de cualquier ciudadano; atribuirse funciones policiales, evidentemente, es otra película.

Por qué empezarán a patrullar en La Malvarrosa

El primer escenario elegido será La Malvarrosa, junto a una de las áreas del litoral valenciano que arrastran desde hace años problemas sociales y de seguridad. En el entorno de las Casitas Rosas conviven vecinos con situaciones de degradación urbana, tráfico de drogas y operaciones policiales periódicas. Esa realidad —problemas existentes, visibles y difíciles de esconder bajo la alfombra— proporciona también un terreno especialmente sensible para cualquier discurso político construido alrededor de la inseguridad.

José Luis Roberto ha relacionado el proyecto con zonas donde existe una elevada presencia de inmigrantes y ha vinculado problemas de seguridad con ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ese componente convierte la iniciativa en algo distinto de una clásica asociación vecinal que reclama más iluminación, agentes o cámaras: existe una lectura política de la delincuencia, con la inmigración situada deliberadamente en el centro del discurso.

Conviene separar dos conversaciones que a menudo llegan mezcladas como cables en un cajón. La inseguridad puede ser un problema real en determinados barrios y los vecinos tienen todo el derecho a exigir respuestas. Otra cuestión es convertir ese malestar en una herramienta para señalar colectivamente a personas según su origen. Una cosa no invalida la otra, pero tampoco la justifica.

Qué pueden hacer legalmente estas patrullas ciudadanas

La legislación española deja menos espacio para la épica callejera de lo que pudiera parecer. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona detener, entre otros supuestos, a quien esté intentando cometer un delito o sea sorprendido in fraganti. El ciudadano que realiza esa detención debe tener motivos racionalmente suficientes para considerar que se encuentra ante uno de los casos previstos por la ley.

Eso significa que la llamada detención ciudadana existe en España, pero no equivale a disponer de potestades policiales generales ni permite organizar controles indiscriminados sobre personas consideradas sospechosas. Tampoco convierte a un grupo de particulares en una policía paralela. La diferencia puede parecer pequeña sobre el papel; en una calle de madrugada, con varias personas uniformadas rodeando a alguien, deja de serlo bastante rápido.

La normativa de seguridad privada también delimita cuidadosamente la actividad profesional de vigilancia. Incluso los vigilantes de seguridad habilitados están sujetos a condiciones específicas cuando desempeñan determinados servicios en vías y espacios públicos. Un voluntario particular dispone, lógicamente, de muchas menos atribuciones.

El límite entre observar y ejercer autoridad

Los promotores aseguran que sus patrulleros llevarán básicamente un silbato y seguirán un código de comportamiento. Inicialmente se había planteado incluso la utilización de aerosoles de defensa, una posibilidad posteriormente descartada. También han anunciado su intención de comunicar previamente sus movimientos a las autoridades.

Eso reduce algunos riesgos, pero no resuelve el debate fundamental. Un grupo puede denominarse patrulla ciudadana, asociación vecinal o Ángeles de la Noche; el nombre no modifica los límites jurídicos. Lo decisivo será qué hacen realmente sus miembros en la calle, cómo identifican una supuesta conducta delictiva, cómo intervienen y qué ocurre cuando una persona se niega a obedecerles.

Es ahí donde el proyecto abandonará el terreno de las declaraciones y entrará en el de los hechos.

España 2000 y el discurso sobre seguridad e inmigración

España 2000 no aparece en esta historia como un actor recién llegado. La formación lleva años vinculando buena parte de su actividad política a asuntos como inmigración, identidad nacional y seguridad. En etapas anteriores consiguió representación municipal en algunas localidades valencianas, aunque actualmente su peso institucional es muy reducido. José Luis Roberto asegura que la organización mantiene varios miles de militantes.

También existen antecedentes alrededor del Hogar Social Patriota vinculado al dirigente. La organización protagonizó polémicas en el pasado por repartir alimentos exclusivamente a ciudadanos españoles, una política que provocó la ruptura de su relación con el Banco de Alimentos de Valencia. Ese mismo entorno ha organizado actividades de defensa personal y actos vinculados a referentes históricos de la extrema derecha.

Por eso resulta difícil analizar Ángeles de la Noche como una simple respuesta vecinal completamente desprovista de ideología. La estructura, sus promotores y el discurso utilizado alrededor de las zonas con población inmigrante revelan una dimensión política evidente. Puede existir preocupación genuina por determinados delitos y, al mismo tiempo, una organización puede aprovechar esa preocupación para impulsar su mensaje. Ambas cosas caben en la misma fotografía.

Inseguridad real e inseguridad percibida no son lo mismo

El argumento central de las patrullas es el aumento de la inseguridad. Los datos oficiales, sin embargo, deben leerse siempre atendiendo al periodo concreto, el territorio y el tipo de delito. Las estadísticas distinguen entre criminalidad convencional y ciberdelincuencia y, dentro de la primera, entre homicidios, robos, hurtos, lesiones, delitos sexuales o tráfico de drogas. Meterlo todo en un único saco fabrica titulares contundentes, pero explica bastante poco.

También existe una diferencia importante entre delincuencia registrada y percepción de inseguridad. Una zona puede experimentar problemas muy visibles —menudeo de droga, peleas, robos o degradación del espacio público— sin que eso implique necesariamente que todos los delitos estén aumentando de manera generalizada en la ciudad.

Negar esa percepción sería tan simplista como convertirla automáticamente en una prueba estadística. Quien ve tráfico de drogas debajo de su ventana no necesita una hoja de cálculo para saber que existe un problema. Pero una democracia tampoco puede diseñar su política de seguridad exclusivamente a partir del miedo, porque el miedo tiene una curiosa facilidad para encontrar culpables antes que pruebas.

La seguridad pública no se privatiza con una camiseta negra

El nacimiento de Ángeles de la Noche coloca sobre la mesa un debate incómodo pero pertinente. Los ciudadanos tienen derecho a organizarse, observar lo que ocurre en sus barrios, denunciar delitos y reclamar más presencia policial. También pueden intervenir en los supuestos concretos previstos por la ley cuando presencian un delito. Lo que no poseen es una autoridad policial propia por formar grupos, vestir de negro o tener conocimientos de artes marciales.

La atención estará puesta en La Malvarrosa cuando comiencen las patrullas anunciadas. Allí se comprobará si el proyecto se limita a voluntarios que recorren las calles y llaman a la Policía cuando detectan una situación sospechosa o cruza esa frontera delicada en la que la vigilancia ciudadana empieza a parecerse demasiado a la vigilancia política de determinadas personas.

La inseguridad merece respuestas serias, también cuando incomodan las estadísticas o exigen más recursos públicos. Pero el Estado de derecho tiene una vieja manía, bastante saludable: la fuerza y la autoridad no se reparten entre organizaciones políticas según quién consiga antes camisetas a juego.