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¿Por qué Amnistía Internacional pide disolver por completo el ICE?

Amnistía Internacional reclama la disolución del ICE tras documentar un patrón de abusos en operativos migratorios realizados entre 2025 y 2026.

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Amnistía Internacional quiere acabar con el ICE

Resumen

  • Amnistía pide disolver el ICE tras documentar abusos generalizados
  • El informe analiza cuatro grandes operativos migratorios de 2025 y 2026
  • ICE defiende que aplica la ley y protege la seguridad pública

Amnistía Internacional ha dado un paso poco habitual: ya no reclama únicamente cambios en los protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, sino su desaparición. Su secretaria general, Agnès Callamard, sostiene que las reformas aplicadas durante años no han impedido los abusos denunciados y que, ante lo que la organización considera violaciones generalizadas de derechos humanos, la salida pasa por eliminar por completo la agencia y construir otro modelo de control migratorio.

La petición llega después de una investigación sobre grandes operaciones federales desarrolladas entre 2025 y 2026 en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington. Amnistía realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales, además de documentación legal y oficial. Sus conclusiones incluyen denuncias de discriminación racial, detenciones arbitrarias, uso injustificado de la fuerza, vigilancia ilícita y condiciones de reclusión degradantes. Algunos casos, según la ONG, deberían investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional abandona la idea de reformar el ICE

El cambio de tono es significativo. Las organizaciones de derechos humanos suelen reclamar controles independientes, reformas legales, formación de agentes o mecanismos de rendición de cuentas. Esta vez Amnistía considera agotado ese recorrido. Callamard lo explicó con bastante claridad: la organización lleva décadas trabajando con procesos de reforma institucional, pero cree que llega un momento en el que hay que admitir que determinadas estructuras no se corrigen con retoques.

Para la secretaria general de Amnistía, ese punto habría llegado con el ICE. Su tesis es que las modificaciones introducidas durante años no han evitado que los abusos reaparezcan y que seguir retocando procedimientos no resolvería un problema que la organización considera institucional. La petición, por tanto, no consiste en sustituir unas instrucciones por otras, sino en desmantelar el organismo y repartir o reconstruir sus funciones bajo otro marco.

No es simplemente una reacción a un incidente concreto. El informe publicado el 24 de septiembre sostiene que los problemas detectados se repiten en distintas ciudades y operaciones y que, precisamente por esa reiteración, no pueden reducirse al comportamiento de unos cuantos agentes. Amnistía habla de un patrón institucional favorecido por la política migratoria de la Administración de Donald Trump. Es la conclusión de la organización, no una resolución judicial, una diferencia importante cuando las acusaciones alcanzan esta gravedad.

También hay un elemento novedoso: es la primera vez que Amnistía Internacional reclama abolir el ICE. Hasta este informe había centrado buena parte de sus exigencias en modificar prácticas concretas, reforzar las garantías de los detenidos y aumentar los controles sobre la actuación de los agentes.

Qué abusos atribuye Amnistía a las operaciones migratorias

El catálogo descrito en la investigación es amplio. Los investigadores denuncian perfiles raciales, arrestos y detenciones arbitrarias, intimidación, trato degradante y empleo injustificado de la fuerza. También documentan el uso de gases lacrimógenos, espráis irritantes y otras armas de letalidad reducida contra manifestantes, observadores y miembros de redes vecinales que vigilaban operaciones federales.

Uno de los apartados más delicados se refiere al empleo de fuerza letal. Amnistía analizó casos ocurridos en Chicago, Minneapolis-St. Paul y Washington y cuestionó algunas de las explicaciones oficiales ofrecidas después de los disparos, al considerar que vídeos, testimonios u otras investigaciones no siempre coincidían con ellas.

La organización reclama investigaciones independientes y sostiene que las muertes de Silverio Villegas González, Renee Good y Alex Pretti podrían reunir características de ejecuciones extrajudiciales. Esa calificación pertenece a Amnistía Internacional y no equivale a que un tribunal haya establecido esa responsabilidad. Determinarla corresponde a las investigaciones y procedimientos judiciales pertinentes.

Detenciones sin contacto con familiares o abogados

Otro foco del informe son las condiciones de custodia. La ONG afirma haber encontrado casos en los que detenidos permanecieron sin poder comunicarse adecuadamente con familiares o representantes legales, junto con situaciones en las que resultaba difícil conocer incluso dónde estaba retenida una persona.

Amnistía considera que determinados episodios pueden encajar en detenciones en régimen de incomunicación y que algunos deberían investigarse como posibles desapariciones forzadas. También denuncia condiciones de confinamiento que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, podrían vulnerar la prohibición internacional de los tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso de la tortura.

Son expresiones jurídicamente muy cargadas. No equivalen a afirmar que un tribunal haya establecido que el ICE practica torturas o desapariciones forzadas de forma generalizada. El informe sostiene que existen hechos que, conforme a los estándares internacionales utilizados por la organización, deberían ser examinados bajo esas categorías.

El reconocimiento facial abre otro frente

La cuestión no termina en arrestos y centros de detención. Amnistía también señala el empleo de tecnologías de reconocimiento facial durante los operativos, incluida la aplicación Mobile Fortify, no solo sobre personas que los agentes consideraban susceptibles de ser detenidas por su situación migratoria, sino también sobre ciudadanos que observaban las intervenciones, participaban en protestas o colaboraban en redes de ayuda.

El informe describe igualmente fotografías y grabaciones de personas que vigilaban operaciones migratorias y episodios de seguimiento a integrantes de esas redes comunitarias. Aquí el debate toca otro nervio especialmente sensible en Estados Unidos: hasta dónde puede llegar la vigilancia estatal cuando una persona no está siendo investigada por un delito.

Las operaciones estudiadas generaron, según Amnistía, un efecto que iba bastante más allá de los detenidos. Familias que evitaban salir de casa, menores acompañados al colegio mediante grupos organizados, vecinos que distribuían comida a quienes temían circular por la calle, redes de alerta mediante silbatos o teléfonos. De ahí salió precisamente el título del informe: quienes vigilaban las redadas tenían silbatos; los agentes, armas.

Qué dice el ICE sobre su función

El ICE presenta una imagen muy distinta de su trabajo. La agencia define su misión como la aplicación de las leyes migratorias y la protección de la seguridad nacional y pública, además de la investigación de redes criminales transnacionales. Su estructura, de hecho, no se dedica únicamente a detener y deportar inmigrantes.

Dentro del organismo conviven Enforcement and Removal Operations, conocida como ERO y encargada de buena parte de las detenciones y expulsiones, y Homeland Security Investigations, HSI, que investiga actividades como narcotráfico, trata de personas, explotación infantil, blanqueo de capitales, fraude aduanero y otros delitos transnacionales.

ICE sostiene igualmente que la detención migratoria se utiliza para asegurar la comparecencia en procedimientos de inmigración, facilitar expulsiones y proteger la seguridad pública cuando considera que existe riesgo. La propia agencia mantiene que las instalaciones bajo su responsabilidad deben proporcionar condiciones seguras y humanas y funcionar conforme a estándares nacionales de detención.

Ahí está precisamente el choque. Amnistía sostiene que lo observado sobre el terreno contradice en numerosos casos esas garantías institucionales. Las autoridades estadounidenses han defendido operaciones del ICE subrayando, entre otros argumentos, los antecedentes penales de parte de las personas detenidas, mientras que la ONG sostiene que los abusos documentados afectan también a personas sin esa condición y a ciudadanos que observaban o protestaban contra determinados operativos.

Disolver el ICE no significa borrar la política migratoria

El término puede inducir a equívoco. Abolir el ICE no implicaría automáticamente que Estados Unidos dejase de aplicar sus leyes de inmigración, ni que desaparecieran las investigaciones sobre delincuencia transnacional. La discusión real está en quién asumiría esas competencias, con qué poderes y bajo qué controles.

ICE nació en 2003, después de la reorganización federal posterior a los atentados del 11 de septiembre. Las antiguas funciones de inmigración y aduanas fueron redistribuidas dentro del recién creado Departamento de Seguridad Nacional y parte de ellas terminaron concentradas en el nuevo organismo.

Por eso desmantelar la agencia sería bastante más complicado que cambiar una placa en la puerta. Habría que decidir qué ocurre con las competencias de deportación, investigación criminal, detención, inteligencia, aduanas y cooperación internacional. El Congreso estadounidense ha recibido incluso propuestas legislativas destinadas expresamente a abolir el ICE, incluida una iniciativa presentada en enero de 2026. Que una propuesta haya llegado al Congreso, claro, no significa que se haya convertido en ley.

Una disputa que va más allá de una agencia

El debate tampoco se reduce al cómodo dilema entre estar a favor o en contra de controlar las fronteras. Amnistía no sostiene que Estados Unidos carezca del derecho a aplicar normas migratorias. Su tesis es otra: considera que la estructura actual permite vulneraciones reiteradas de derechos humanos incompatibles con las obligaciones internacionales del país y que sustituir unas instrucciones internas por otras ya no sería suficiente.

Quienes defienden la continuidad del ICE parten de un argumento diferente: un país necesita organismos capaces de ejecutar órdenes de expulsión, localizar a personas sujetas a procedimientos migratorios e investigar delitos transfronterizos. Desde esa perspectiva, los posibles excesos deberían corregirse mediante supervisión, cambios normativos y responsabilidades individuales, no mediante la desaparición completa de la agencia.

Y ahí queda el núcleo de la batalla política y jurídica: reforma o sustitución completa. Dos diagnósticos radicalmente distintos sobre una institución que se ha convertido en uno de los símbolos más visibles —y más discutidos— de la política migratoria estadounidense.

El ICE entra en una discusión sobre su propia existencia

La denuncia de Amnistía Internacional cambia la escala del debate. Ya no se discute únicamente si un agente actuó correctamente durante una detención, si un centro reúne condiciones adecuadas o si determinada operación utilizó una fuerza desproporcionada. La organización coloca bajo discusión el diseño institucional entero.

Sus conclusiones contienen acusaciones graves que requieren escrutinio, investigaciones independientes y, cuando corresponda, control judicial. También dejan una cuestión política de fondo: si una institución concebida hace más de dos décadas puede reformarse para evitar los abusos denunciados o si sus competencias tendrían que repartirse entre organismos nuevos o ya existentes.

Amnistía ha elegido su respuesta y pide la desaparición del ICE. La decisión no corresponde a una organización de derechos humanos, sino a las instituciones estadounidenses. Pero después de una investigación construida sobre 154 entrevistas, más de 30 pruebas audiovisuales y cuatro grandes operaciones migratorias, la propia existencia de la agencia ha dejado de ser una discusión periférica para entrar de lleno en el debate político de Estados Unidos.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.