¿Cómo se amañaron oposiciones a Policía Local en Granada?

Granada destapa una presunta red de amaños en oposiciones de Policía Local: 43 investigados cuatro convocatorias bajo lupa y su impacto real.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a 43 personas por su implicación en una presunta red que habría amañado oposiciones a la Policía Local en Granada, Albolote y Algarinejo. Tras levantarse el secreto de sumario, la causa deja ver un patrón: filtración anticipada de preguntas y claves de examen, influencias en tribunales calificadores y un círculo de beneficiarios con lazos familiares o de confianza con mandos y funcionarios investigados. Entre los señalados figura José Manuel Jiménez Avilés, exsuperintendente jefe de la Policía Local de la capital, que dimitió tras los registros policiales practicados en febrero.

La investigación, todavía en fase de instrucción, se centra por ahora en cuatro convocatorias: 2019 (con 40 plazas) y 2022 (con 32 plazas) en Granada capital, además de procesos en Algarinejo y Albolote. De los 43 investigados, 20 serían mandos, miembros de tribunales, personal municipal y un psicólogo que intervino en psicotécnicos; 23 serían beneficiarios que acabaron con plaza —varios ya ejercen como agentes—. Se barajan delitos como cohecho, pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas, además de omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada están personados; Albolote figura como perjudicado. El juzgado ha realizado ofrecimiento de acciones a opositores que se consideren afectados, incluidos quienes aprobaron sin obtener plaza.

Qué se sabe y a quién alcanza

Lo que ha aflorado tras meses de diligencias es la posible existencia de un grupo organizado con capacidad para acceder a exámenes y respuestas antes de las pruebas, influir en la composición y decisiones de tribunales calificadores y modular la valoración de fases más discretas —psicotécnicos, entrevistas o méritos—. La UDEF practicó registros en febrero en distintas dependencias administrativas y policiales de Granada y, posteriormente, en julio, en una segunda oleada orientada a requisar equipos y documentación. A partir de esas entradas y de grabaciones, documentación intervenida, la colaboración de un investigado y el testimonio de un testigo protegido, la instructora ha trazado un mapa preliminar del supuesto fraude sistémico.

No se trata de un expediente aislado ni de un error administrativo puntual. El relato que se investiga apunta a coordinación estable y reparto de funciones: quién proporcionaba los materiales, quién determinaba el peso de cada prueba, qué ajustes se introducían en los criterios de corrección y en qué momento se logró orientar los resultados hacia candidatos concretos. Las relaciones personales —hijos, familiares y allegados de mandos investigados— aparecen de forma reiterada en las diligencias. Si ese esquema se confirma, el impacto no será solo penal: podría forzar una revisión administrativa de nombramientos, la retroacción de procesos y, en casos extremos, la nulidad de actuaciones.

Cronología, focos y nombres clave

La cronología ayuda a entender el alcance. En febrero se decretó el secreto de sumario y se practicaron registros en sedes policiales y municipales. En el verano hubo nuevas entradas con foco en dispositivos electrónicos y documentación de contratación y recursos humanos. A inicios de noviembre se levantó el secreto, lo que ha permitido empezar a conocer nombres, fechas y mecánicas. El organigrama investigado incluye mandos de la Policía Local, subinspectores, presidentas y presidentes y vocales de tribunales, miembros sindicales del cuerpo, funcionariado del área de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que participó en las pruebas psicotécnicas de las convocatorias de 2019 y 2022.

Ese nodo en psicotecnia ha llamado especialmente la atención. Las pruebas psicotécnicas suelen tener criterios de corrección estandarizados y controles externos para impedir filtraciones. Si, como sospecha la instructora, hubo intervención irregular de un profesional con acceso a baterías de reactivos o plantillas de puntuación, el desvío de resultados pudo resultar determinante sin dejar marcas visibles para el resto de candidatos. En paralelo, se investiga cómo se prepararon los bancos de preguntas, cómo se custodiaron y quiénes tuvieron acceso en las horas o días previos a cada ejercicio.

El exsuperintendente jefe José Manuel Jiménez Avilés aparece como referencia obligada en la documentación, por su posición y por la repercusión pública de su dimisión tras los registros. Su situación, como la del resto, es la de investigado, no acusado. La presunción de inocencia rige para todos. Pero la relevancia jerárquica de varios investigados permite anticipar ondas de choque en la cadena de mando y en la gobernanza interna del cuerpo.

Cómo funcionan las oposiciones y dónde pudieron fallar los controles

Las oposiciones a Policía Local combinan habitualmente pruebas teóricas, físicas, psicotécnicas y, en ocasiones, entrevista personal o valoración de méritos. El tribunal calificador —designado por la administración convocante— debe garantizar igualdad, mérito y capacidad. Las plantillas se sellan, los exámenes se imprimen con custodia y el proceso queda trazado en actas. ¿Qué se investiga entonces? Brechas en ese dique.

Tribunales y bancos de preguntas

Las comisiones de selección operan con un marco reglado: composición, quórum, publicidad de criterios, correcciones anónimas, elevación de actas. La causa apunta a filtración anticipada de cuestionarios y claves de respuesta, lo que vacía de contenido el principio de igualdad. Si un grupo acota el banco de preguntas —o dispone de copias exactas—, las diferencias de rendimiento que deberían reflejar conocimientos reales se convierten en papel mojado.

Se examina asimismo la composición de los tribunales. La presencia de miembros con vínculos con aspirantes o con otros investigados puede no ser delito por sí misma, pero sí incompatibilidad o conflicto de interés si se demuestra intervención decisiva o falta de abstención. El peso que se asignó a cada prueba —por ejemplo, entrevista frente a teórico— es otro punto delicado: modificar ponderaciones a última hora, o relajar la nota de corte en determinadas fases, puede inclinar el ranking final.

Psicotécnicos y entrevistas: el terreno resbaladizo

Los psicotécnicos miden aptitudes (memoria, atención, razonamiento, percepción) y rasgos relacionados con el desempeño policial. Su validez depende de la integridad del reactivo (el test) y de la estandarización en la corrección. La investigación pone bajo la lupa si alguien con acceso privilegiado pudo orientar resultados o preparar a determinados aspirantes con información sensible. Las entrevistas personales, por su parte, tienen un componente de valoración subjetiva que obliga a extremar la transparencia: baremos claros, grillas de puntuación y motivación de cada decisión. Cuando la subjetividad entra sin cortafuegos, el riesgo de arbitrariedad se dispara.

Contratación, logística y cadena de custodia

La cadena de custodia de los exámenes —quién elabora, quién imprime, quién transporta, dónde se guardan, quién accede— es parte central del caso. Cualquier ruptura en esa cadena abre puertas a la filtración. En paralelo, se revisan contratos y encargos asociados a la organización de pruebas (materiales, espacios, servicios externos) por si ahí se generaron puntos de acceso indeseados.

Qué delitos se investigan y qué implican

El abanico penal que se maneja es amplio y serio. El cohecho se refiere al pago o promesa de dádivas a autoridades o funcionarios para realizar actos contrarios a su deber. La prevaricación administrativa castiga resoluciones injustas a sabiendas. El tráfico de influencias entra cuando alguien se aprovecha de su posición para obtener una resolución que le favorece. La revelación de secretos protege informaciones reservadas a las que se accede por razón del cargo. El fraude en la contratación y la falsedad documental cubren desde manipulación de expedientes hasta alteración de actas. La pertenencia a grupo criminal exige estructura y reparto de funciones. Las coacciones, amenazas, extorsión y la omisión del deber de perseguir delitos completan el cuadro cuando hay presiones, silencios o encubrimientos.

No todos los investigados afrontarán el mismo recorrido. La instrucción individualiza conductas y, según avance, puede archivar para unos, agravar para otros o abrir nuevas líneas. Lo relevante a estas alturas es que el patrón indiciario —si se sostiene— no describe un hecho aislado, sino un sistema.

Medidas cautelares, plazos y fases procesales

En esta etapa pueden acordarse medidas cautelares: desde suspensiones en el ejercicio de funciones y prohibiciones de acercarse a expedientes, hasta retirada de responsabilidades internas. Los plazos dependen de la complejidad: declaración de causa compleja, prórrogas y periciales técnicas —en especial, las que examinan metadatos, correos, mensajería o documentos—. La fase de instrucción no es una sentencia, pero marca el horizonte de la acusación y prepara el juicio oral si corresponde.

Qué puede pasar con las plazas ya adjudicadas

La pregunta incómoda: ¿qué ocurre con quienes ya visten el uniforme tras un proceso contaminado? Aquí confluyen el derecho administrativo y el penal. Si la investigación demuestra vicios de nulidad de pleno derecho, la administración podría revisar de oficio y anular actuaciones, lo que obligaría a retrotraer fases, repetir ejercicios o, en última instancia, desposeer de la condición de funcionario a quien la obtuvo de forma ilegítima. No es automático ni sencillo. Pesa la seguridad jurídica y el interés público: garantizar que quien porta un arma y ejerce autoridad lo hace tras un proceso íntegro.

Efectos en Granada, Albolote y Algarinejo

Granada capital es el epicentro por volumen y visibilidad, pero Albolote y Algarinejo completan el triángulo. En Ayuntamientos de tamaño medio y pequeño, una promoción de varias decenas de plazas puede modificar la plantilla durante años. Si se confirma la trama, habrá repercusiones en ascensos, vacantes, horarios y servicios. Los alcaldes y concejales del área de Seguridad y de Recursos Humanos se enfrentan a decisiones que no son solo jurídicas: reconstruir la confianza en el cuerpo, explicar a la ciudadanía qué pasó y proteger a quienes compitieron limpiamente.

La propia Policía Local vive un momento de introspección. Ningún cuerpo sale indemne de un caso así. Habrá quien exija limpiar responsabilidades con contundencia y quien tema estigmatizaciones hacia la base por hechos atribuidos a una cúpula o a un segmento. La clave —lo admiten voces internas— pasa por separar la responsabilidad penal individual de la imagen institucional. Y hacerlo rápido.

La mecánica del presunto fraude, pieza a pieza

Aunque la instrucción sigue abierta, se dibuja un esquema operativo que explicaría por qué funcionó. Primero, acceso anticipado a cuestionarios o claves por parte de personas con capacidad de custodia. Segundo, selección dirigida de tribunales y vocales proclives a validar decisiones técnicas que favorecieran ciertos perfiles. Tercero, ajustes en psicotécnicos y entrevistas, donde la discrecionalidad es mayor y la trazabilidad, menor. Cuarto, protección interna mediante presiones o amenazas a quienes se quejaron o dudaron.

La causa menciona conversaciones grabadas, documentación incautada y diligencias periciales sobre equipos informáticos. Es material sensible: reconstruye quién envió qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué contenidos. En paralelo, hay testimonios: de implicados que han colaborado y de testigos protegidos que aportan relato y contexto. La coherencia entre documentos y declaraciones será el examen final de la instrucción.

Qué dicen los ayuntamientos y cómo se preparan

Granada se ha personado como acusación particular, un gesto que suele interpretarse como voluntad de depurar responsabilidades y recuperar el control del proceso. Albolote, como perjudicado, busca resarcimiento y claridad para su plantilla. Fuentes municipales reconocen que, más allá del camino penal, habrá que adoptar medidas internas: refuerzo de protocolos de custodia, rotación de tribunales, digitalización de trazabilidad de exámenes, auditorías externas y formación específica en integridad para miembros de tribunales.

En el ámbito sindical, el caso ha abierto un debate sobre compatibilidades y participación en tribunales de representantes del cuerpo. Hay voces que piden excluir a miembros con vínculos directos con mandos o con aspirantes, y otras que reclaman mecanismos de sorteo más estrictos y listas de reserva para sustituir incompatibilidades de última hora. Donde hay consenso es en una idea: blindar la igualdad de oportunidades es condición de legitimidad para cualquier cuerpo de seguridad.

Qué camino tienen los opositores perjudicados

El juzgado ha ofrecido acciones a opositores que se consideren perjudicados. Ese ofrecimiento permite personarse y contribuir a la causa con pruebas, alegaciones o solicitudes de diligencias. Quienes aprobaron sin obtener plaza podrían acreditar el perjuicio si se demuestra que la lista final quedó distorsionada por amaños. También quienes cayeron en fases susceptibles de manipulación —por ejemplo, psicotécnicos o entrevistas con puntuaciones atípicas— pueden explorar esa vía.

En paralelo al proceso penal, existe el cauce administrativo: recursos ante la propia administración y, llegado el caso, contencioso-administrativo. La coordinación entre ambas vías es clave para evitar que una sentencia penal posterior choque con situaciones administrativas consolidadas. De ahí que varios despachos estén recomendando conservar todo documento, correo o mensajería que acredite irregularidades, y anotar fechas y circunstancias de incidencias vividas durante el proceso selectivo.

Integridad de las oposiciones: las reformas que ya están sobre la mesa

Casos como este aceleran cambios. A corto plazo, los ayuntamientos implicados se moverán en tres planos. Tecnológico: generación y custodia de exámenes en plataformas cerradas, control de versiones, huellas digitales y registros de acceso. Organizativo: tribunales reducidos y rotatorios, sorteos públicos, declaraciones de conflicto de intereses con régimen sancionador si se ocultan. Cultural: tolerancia cero con la filtración y la influencia, y protección efectiva al denunciante.

En la psicotécnica, la tendencia apunta a externalizar a universidades o organismos independientes, con paquetes de pruebas que se abren en el momento del ejercicio, correcciones automatizadas y doble verificación de resultados. En las entrevistas, se valora reducir su ponderación o blindarlas con rúbricas objetivas, grabación —con garantías— y motivación escrita de cada puntuación. Son medidas que muchos cuerpos ya aplican y que este caso volverá previsiblemente obligatorias en futuras bases.

Qué explica que una trama así pudiera prosperar

La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿cómo pudo ocurrir? Tres factores ayudan a entenderlo. Uno, asimetrías de poder: quienes diseñan o custodian exámenes tienen ventaja estructural si faltan contrapesos. Dos, zonas grises en pruebas subjetivas: entrevistas y psicotécnicos abren la puerta a ajustes difíciles de detectar si todo queda en actas genéricas. Tres, normalización de prácticas informales: cuando se toleran llamadas, recomendaciones o insinuaciones, el salto a la filtración es más corto.

Pero también hay anticuerpos. La existencia de grabaciones, colaboraciones internas y testigos sugiere que no todo el mundo miró hacia otro lado. La respuesta institucional —personaciones, investigación sostenida, levantar el secreto en cuanto fue posible— dibuja también un cambio de clima: menos opacidad, más trazabilidad y exigencia.

Qué está en juego para la Policía Local

La confianza. Nada menos. El mérito es el pilar de una policía local respetada. Cada denuncia de amaños erosiona la relación con la ciudadanía y con compañeros que sí se han dejado años de preparación. Por eso, más allá del proceso penal, el cuerpo deberá explicar y actuar: separar a quien engañó, reforzar controles y acompañar a quienes aprobaron con esfuerzo real. Solo así se reconstruye la autoridad moral que se exige a quien porta un arma, regula el tráfico, acude a emergencias y media en conflictos vecinales.

Hay, además, un componente generacional. Las convocatorias de 2019 y 2022 renovaron plantillas. Si una parte de esas promociones queda bajo sombra, habrá que gestionar vacíos temporales, recolocaciones o nuevas oposiciones. Y hacerlo sin penalizar el servicio ni estigmatizar a quien nada tuvo que ver.

Un mapa de responsabilidades que aún se dibuja

El tablero no está cerrado. La ampliación de investigados es posible si nuevas diligencias revelan ramificaciones. También pueden producirse archivos para quienes no quede acreditada participación penalmente relevante. Y no se descarta que partidos o grupos municipales se personen a medida que se consolide el relato fáctico. El calendario judicial nunca es lineal: habrá recursos, incidentes y, eventualmente, juicio. Pero la materia prima —documentos, actas, metadatos, testimonios— ya existe.

El impacto extramuros también cuenta. Otras administraciones observarán lo que ocurra en Granada para replicar medidas de blindaje. Si la causa culmina en condenas o en anulaciones de procesos, será precedente y aviso. Si se queda en nada, obligará a revisar qué falló en la investigación o por qué no se logró llevar a sede judicial indicios suficientes.

Lo que viene ahora en el caso Granada

El levantamiento del secreto marca un antes y un después. A partir de aquí, la instrucción deberá atar cada cabo, confrontar declaraciones con documentos y cerrar el mapa de responsabilidades. Los ayuntamientos implicados tendrán que decidir si repetir fases, suspender nombramientos o esperar al desenlace penal, protegiendo a la vez la continuidad del servicio. Las defensas moverán ficha; las acusaciones, también. Y muchos opositores —los que se sintieron robados— seguirán pendientes de un proceso que, por fin, da luz sobre lo que antaño ocurrió en silencio.

Lo esencial ya está sobre la mesa: 43 investigados, cuatro convocatorias bajo lupa, filtraciones presuntas, psicotécnicos sensibles, tribunales cuestionados y beneficiarios que hoy patrullan nuestras calles. La justicia dirá si hubo trama y hasta dónde llegó. Mientras tanto, hay una tarea inaplazable que no depende del juzgado: blindar de una vez las oposiciones para que mérito y capacidad vuelvan a significar exactamente lo que dicen. Porque en eso, en lo básico, nos va la confianza en quien nos protege.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo se apoya en información de fuentes oficiales y medios de referencia. Fuentes consultadas: Agencia EFE, Granada Hoy, ABC, Cadena SER, Canal Sur, El Independiente de Granada, The Objective.