¿Por qué Berlín devolverá migrantes a Italia y Grecia con el Pacto UE?

Alemania quiere reactivar los traslados de solicitantes de asilo hacia Italia y Grecia cuando esos países sean responsables de examinar sus expedientes conforme a las nuevas reglas europeas. Berlín sostiene que el sistema solo puede funcionar si cada Estado asume los casos que le corresponden y espera que los traslados vuelvan a ejecutarse desde la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE, iniciada el 12 de junio de 2026.

No significa que Alemania pueda colocar en un avión a cualquier migrante y enviarlo al Mediterráneo. Lo que está sobre la mesa son solicitantes de protección internacional cuya responsabilidad corresponda a Italia o Grecia según los criterios europeos: entrada previa, registro, solicitudes anteriores y otros elementos, aunque también pesan circunstancias familiares y personales. Es una diferencia importante. La palabra «devolución» suena sencilla; el Derecho de asilo europeo, como suele ocurrir, cabe bastante peor en un eslogan.

Berlín recupera una pieza que llevaba años atascada

El Ministerio del Interior alemán ha dejado clara su posición: un sistema europeo común de asilo necesita que funcione el mecanismo que determina qué país debe examinar cada solicitud. Si una persona continúa su viaje por Europa después de haber entrado o quedado registrada en otro Estado responsable, Alemania puede iniciar el procedimiento para trasladarla allí.

Durante años esa maquinaria funcionó a trompicones. Italia comunicó a finales de 2022 que, de manera provisional y con determinadas excepciones, dejaría de aceptar numerosos traslados procedentes de otros países bajo el antiguo Reglamento de Dublín. El bloqueo tuvo consecuencias especialmente visibles para Alemania, uno de los Estados que más expedientes intentaba derivar a otros socios europeos.

La situación produjo una paradoja muy europea: sobre el papel había un país responsable; en el aeropuerto, no siempre había nadie dispuesto a recibir al solicitante. En marzo de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó precisamente esa anomalía y estableció que la negativa unilateral del Estado responsable no bastaba, por sí sola, para convertir automáticamente al país solicitante en responsable del expediente. Bajo las antiguas normas, sin embargo, si el traslado no se realizaba dentro del plazo establecido, la responsabilidad podía terminar pasando al Estado que había intentado efectuarlo.

El nuevo escenario pretende evitar parte de ese atasco. Alemania considera que el 12 de junio de 2026 marcó un cambio operativo y que, desde entonces, Italia y Grecia deben volver a participar con normalidad en los procedimientos de traslado previstos por las normas comunes.

Italia había frenado los llamados casos Dublín

El conflicto viene de lejos. Desde diciembre de 2022, Roma había suspendido buena parte de los traslados de solicitantes que otros países europeos pretendían enviar de vuelta a Italia. En diciembre de 2025, Roma y Berlín alcanzaron un entendimiento sobre expedientes acumulados anteriormente, pero Alemania distingue ahora entre aquel atasco y los nuevos casos registrados en 2026. Para estos últimos pretende aplicar las reglas europeas con mayor rigor.

La nueva línea alemana ya tiene un caso concreto. El 19 de agosto de 2026 está previsto el traslado a Italia de una solicitante de asilo somalí de 22 años que llegó a Alemania el pasado 31 de marzo después de haber pasado por territorio italiano.

La joven reside actualmente en un centro de acogida de Baviera y presentó su petición de protección en Alemania, donde viven su madre, su hermano y otros familiares. Las autoridades alemanas, sin embargo, consideran que Italia es el Estado responsable de su expediente. Según la documentación conocida del caso, Alemania envió en junio una petición a las autoridades italianas y, transcurrido el plazo correspondiente sin respuesta, la solicitud se consideró aceptada.

El expediente también muestra por qué conviene huir de las simplificaciones. Que una persona haya atravesado Italia no resuelve automáticamente cada procedimiento. Las nuevas normas europeas mantienen criterios jerarquizados y contemplan vínculos familiares y otras circunstancias que pueden modificar qué Estado debe hacerse cargo de la solicitud. Cada caso tiene su pequeña arquitectura jurídica; algunos, además, terminan en los tribunales.

Todavía no existe una cifra pública definitiva sobre cuántas personas podrían terminar trasladadas desde Alemania hacia Italia. Y esa cifra importará bastante más que la retórica política: una cosa es anunciar que el engranaje vuelve a girar y otra comprobar cuántos expedientes acaban realmente con un traslado ejecutado.

Qué cambió realmente el 12 de junio con el Pacto de la UE

Aquí hay un matiz de calendario que suele perderse. El Pacto de Migración y Asilo fue aprobado en 2024 y sus normas entraron jurídicamente en vigor entonces, pero tuvieron un periodo transitorio de dos años. El 12 de junio de 2026 comenzó su aplicación efectiva.

El nuevo sistema sustituye buena parte de la vieja arquitectura de Dublín, aunque conserva su principio esencial: evitar que una misma persona vaya solicitando protección sucesivamente en distintos Estados y determinar un único país responsable del procedimiento. La reforma intenta hacer esa asignación más rápida, mejorar el intercambio de información mediante Eurodac y reducir los llamados movimientos secundarios dentro de la Unión.

Pero el Pacto no consiste únicamente en mandar personas hacia los países de primera entrada. Esa sería una lectura cómoda para el norte europeo y bastante menos divertida para el Mediterráneo. También introduce un mecanismo permanente de solidaridad destinado a aliviar a los Estados sometidos a una presión migratoria elevada mediante reubicaciones, aportaciones económicas u otras contribuciones.

Italia y Grecia quedan así en una posición peculiar: pueden ser Estados receptores de traslados porque muchos solicitantes entraron inicialmente en la UE por sus fronteras, pero al mismo tiempo pueden beneficiarse de instrumentos europeos de solidaridad migratoria precisamente por soportar una parte desproporcionada de las llegadas.

No todos los migrantes que llegan a Alemania pueden ser enviados al sur

El término «migrantes» es demasiado ancho para describir lo que está ocurriendo. Alemania no ha anunciado una devolución general de extranjeros hacia Italia o Grecia. La medida afecta a personas sometidas al sistema europeo de asilo cuando otro Estado resulta responsable de estudiar su petición.

Tampoco equivale a una expulsión al país de origen. Un solicitante transferido desde Alemania a Italia, por ejemplo, continúa dentro de la Unión Europea y su expediente de protección debe seguir las garantías del Derecho europeo e internacional. Si procede reconocerle asilo o protección subsidiaria, tendrá derecho a ella; si existen razones jurídicas que impiden un traslado, el procedimiento puede detenerse.

El principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura o determinados tratos inhumanos, sigue formando parte de las garantías del sistema. La reforma europea mantiene la obligación de respetar la Carta de Derechos Fundamentales y el Derecho internacional.

Ahí está una de las diferencias fundamentales entre un traslado dentro del sistema de asilo y una deportación. En el primer caso cambia el Estado europeo encargado de tramitar la solicitud; no desaparece el derecho de la persona a que su petición sea examinada ni queda automáticamente expulsada de territorio comunitario.

Alemania es el país que más utiliza estos procedimientos

Las cifras ayudan a quitar algo de niebla política. En 2025, los países de la UE formularon 111.708 solicitudes para que otro Estado asumiera la responsabilidad de expedientes de asilo, pero solo se ejecutaron 16.620 traslados. Es decir, la distancia entre el procedimiento administrativo y el traslado real sigue siendo enorme.

Alemania encabezó ese año las solicitudes salientes, con 35.933 peticiones, por delante de Francia y Bélgica. También efectuó 5.377 traslados reales hacia otros Estados. Los números explican por qué Berlín insiste tanto en que el mecanismo funcione: Alemania no contempla estas normas como una pieza marginal del Pacto, sino como una de las válvulas destinadas a reducir la acumulación de solicitudes en su territorio.

Y muestran otro problema. Dublín nunca fue especialmente eficiente. Miles de expedientes cambiaban de mesa, se enviaban peticiones entre administraciones, vencían plazos, intervenían tribunales y, al terminar el recorrido, una parte relativamente pequeña de las personas era trasladada. El nuevo Pacto europeo pretende reducir ese laberinto. Si lo consigue es otra historia; Europa lleva décadas reformando su política migratoria con la esperanza periódica de haber encontrado por fin el último reglamento.

Italia y Grecia vuelven al centro de la política migratoria europea

La presión alemana recupera una vieja discusión entre el norte y el sur de Europa. Alemania reclama que los Estados responsables acepten los traslados; Italia y Grecia llevan años recordando que buena parte de esa responsabilidad se origina simplemente en la geografía. Quien cruza el Mediterráneo no desembarca en Baviera ni en Renania del Norte-Westfalia.

El nuevo Pacto intenta cuadrar ese círculo mediante dos conceptos que conviven con cierta incomodidad: responsabilidad y solidaridad. Los países fronterizos deben registrar llegadas y asumir determinados expedientes; los demás Estados deben participar en el reparto del esfuerzo. En teoría, las dos piezas se compensan. En la práctica, cada gobierno suele leer con extraordinaria nitidez la mitad que beneficia a su propio país.

La posición anunciada por Berlín tiene también una evidente dimensión política interna. La inmigración continúa siendo uno de los asuntos más sensibles del debate alemán y el Gobierno de Friedrich Merz ha endurecido su discurso y varias medidas sobre control migratorio. Reactivar los traslados europeos permite presentar una política más restrictiva sin abandonar formalmente el marco común de la Unión.

Para Italia y Grecia, entretanto, la discusión toca un nervio conocido. Ambos países llevan años defendiendo que un sistema basado excesivamente en el lugar de primera entrada termina convirtiendo la geografía mediterránea en una obligación administrativa. Alemania responde que tampoco puede existir una política común si las normas dejan de aplicarse precisamente cuando producen consecuencias incómodas.

El Pacto afronta su prueba más incómoda

Lo que está ocurriendo entre Alemania, Italia y Grecia es, en realidad, una de las primeras pruebas serias del nuevo sistema europeo. El texto jurídico ya existe; lo difícil empieza cuando los expedientes llevan nombres, vuelos, recursos judiciales y administraciones nacionales que deben colaborar.

Berlín sostiene que desde el 12 de junio los traslados deben volver a funcionar y ya existe al menos un procedimiento concreto previsto para agosto. Italia no puede simplemente borrar sus obligaciones europeas mediante una suspensión unilateral, pero tampoco desaparecen las garantías individuales de los solicitantes ni el mecanismo de solidaridad destinado a los Estados fronterizos.

El verdadero alcance se conocerá cuando empiecen a acumularse casos. Si Italia y Grecia aceptan de manera efectiva los traslados, Alemania podrá reducir parte de los expedientes que considera responsabilidad de otros países. Si regresan los bloqueos, los plazos vencidos y los litigios, Europa habrá cambiado el reglamento pero seguirá escuchando el mismo ruido de fondo. Y ese, más que cualquier gran declaración política, será el examen del nuevo Pacto migratorio europeo.