Actualidad
Este alcalde cobra 870 euros por reuniones de tres minutos en Zaragoza
El alcalde de Zuera cobra 870 euros por Junta de Gobierno, incluso en sesiones de pocos minutos, mientras se revisa la fórmula de esas asistencias.

Foto: Zarateman / Wikimedia Commons — Trabajo propio, CC0.
Resumen
- El alcalde de Zuera cobra unos 870 euros por cada Junta de Gobierno
- Algunas reuniones duran apenas dos o tres minutos, según las actas conocidas
- Delegación del Gobierno cuestionó la justificación de estas asistencias
El alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, ha venido percibiendo alrededor de 870 euros por asistir a cada Junta de Gobierno Local, un órgano que habitualmente se reúne una vez por semana. La cifra ha encendido la polémica porque algunas de esas sesiones, según las actas conocidas, duran apenas dos o tres minutos y rara vez superan los diez. Con cuatro reuniones mensuales, la cantidad ronda los 3.500 euros; con cinco, rebasa los 4.000.
Hay, sin embargo, un matiz esencial. Salazar no cobra 870 euros por tres minutos de trabajo ni existe una tarifa municipal por minuto, por pintoresca que resulte la imagen. Se trata de una asignación por asistencia efectiva a un órgano colegiado. El problema que ha terminado llamando la atención de la Delegación del Gobierno es otro: si una dieta de esa cuantía, repetida periódicamente y vinculada a reuniones tan breves, sigue siendo realmente una compensación por asistencia o empieza a parecerse demasiado a un salario encubierto. Ahí está el corazón del asunto.
De dónde salen los 870 euros que cobra José Manuel Salazar
Salazar, alcalde socialista del municipio zaragozano, se encuentra en una situación laboral peculiar. Está prejubilado con contrato de relevo y, antes de ocupar la Alcaldía, recibía una parte de sus ingresos de la Seguridad Social y otra de su empresa. Al asumir el cargo dejó de percibir esta última cantidad.
La solución adoptada para compensar económicamente su dedicación municipal fue incrementar la cantidad correspondiente a su asistencia a las Juntas de Gobierno Local hasta superar los 800 euros por sesión. Posteriormente, la cifra fue actualizándose hasta situarse en torno a los 870 euros actuales.
El resultado es bastante más llamativo que el mecanismo administrativo que lo sostiene. Una junta semanal supone aproximadamente 3.480 euros en un mes de cuatro sesiones. Cuando se celebran cinco, la cantidad supera los 4.000 euros. A ello pueden añadirse las cantidades correspondientes a la asistencia a los plenos municipales, superiores a cien euros por sesión según el régimen municipal descrito.
En términos anuales, el propio alcalde sitúa el coste de esta fórmula en torno a 40.000 euros, una cifra coherente con el orden de magnitud de las asistencias acumuladas durante el ejercicio. Como referencia adicional, los datos declarados correspondientes a 2024 situaban las percepciones del regidor en 40.986,39 euros brutos anuales, sin dedicación.
Reuniones de dos o tres minutos que desatan la polémica
El detalle que ha convertido una discusión de régimen local en una noticia nacional es la duración de algunas reuniones. Salazar reconoce que normalmente se celebra una Junta de Gobierno a la semana, aunque señala que no se convoca cuando no existen asuntos que tratar.
Según las actas municipales conocidas, algunas sesiones se han resuelto en dos o tres minutos y no resulta habitual que pasen de diez. Es inevitable que el cronómetro entre entonces en escena: 870 euros frente a tres minutos produce un titular explosivo. Pero esa división matemática cuenta solo una parte de la historia, porque una asistencia institucional no se remunera jurídicamente como una hora de fontanero o una carrera de taxi.
La Junta de Gobierno Local tampoco es una tertulia improvisada alrededor de una mesa. Es un órgano municipal colegiado, presidido en Zuera por el alcalde, al que corresponden funciones ejecutivas y administrativas. Entre sus competencias aparecen materias relacionadas con contratación, gestión económica, patrimonio, personal, licencias, urbanismo o acciones judiciales.
Otra cosa es cuánto trabajo concreto haya detrás de una determinada sesión y cómo debe justificarse la cantidad pagada por asistir. Ahí el reloj vuelve a tener importancia, no porque haya una tarifa por minuto, sino porque la duración, el contenido, la frecuencia y la cuantía pueden revelar si la figura de la asistencia está siendo utilizada de acuerdo con su verdadera naturaleza.
La ley permite cobrar por asistir, pero no resuelve toda la controversia
La legislación española contempla expresamente este mecanismo. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los miembros de una corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial pueden percibir asistencias por concurrir efectivamente a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte. Es el pleno municipal quien determina su cuantía.
Eso significa que cobrar una cantidad por acudir a una Junta de Gobierno no es irregular por sí mismo. Tampoco existe una norma general que diga que una reunión de cinco minutos tenga que pagarse necesariamente menos que otra de una hora. La cuestión se vuelve más delicada cuando el importe y su reiteración hacen que las asistencias tengan, de facto, una apariencia muy próxima a una retribución periódica.
Hay también un techo económico. Para los municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes, tramo en el que se encuentra Zuera, el límite máximo de referencia vigente para retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales se sitúa en 52.272,61 euros anuales. Que exista ese máximo, no obstante, no convierte automáticamente en adecuada cualquier fórmula que quede por debajo de él.
Delegación del Gobierno cuestiona cómo se justificó la cantidad
La controversia dejó de ser únicamente política cuando intervinieron los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno. En agosto remitieron un escrito al Ayuntamiento de Zuera en el que solicitaron dejar sin efecto el acuerdo relativo a estas asignaciones.
El motivo resulta bastante más relevante que la duración anecdótica de una reunión. Según el requerimiento conocido, el expediente municipal no acreditaba suficientemente las razones concretas ni los criterios objetivos utilizados para justificar aquella cuantía atendiendo a la finalidad compensatoria de las asistencias.
El Ayuntamiento abrió entonces un procedimiento para responder al requerimiento y pidió un informe a Secretaría. El análisis reconocía que determinar las cuantías corresponde a la corporación dentro de los límites legales, pero introducía una advertencia difícil de ignorar: existía un riesgo notorio de desnaturalización de la figura de la asistencia.
La apreciación no descansaba únicamente en que una reunión pudiera durar tres minutos. El informe valoraba conjuntamente la duración de las sesiones, los asuntos tratados, su periodicidad y el importe abonado. Mirado el sistema en su conjunto, señalaba, las cantidades podían terminar siendo equiparables a una retribución salarial. Secretaría informó finalmente de manera favorable a dejar sin efecto el acuerdo adoptado el 18 de junio de 2026 en lo relativo a estas cuantías.
Ese pleno extraordinario de junio incluyó, efectivamente, un punto específico dedicado a la modificación del régimen de retribuciones y asistencia a órganos de gobierno, dentro del expediente 3069/2023. El debate municipal sobre las cantidades no nació, por tanto, con la repercusión mediática del caso: llevaba meses dentro de la propia maquinaria administrativa.
El alcalde defiende que esta fórmula cuesta menos al Ayuntamiento
Salazar rechaza que el sistema suponga un perjuicio económico para las arcas municipales. Su argumento es sencillo: sostiene que, si pudiera percibir una retribución ordinaria como alcalde, su coste para el Ayuntamiento sería superior.
El regidor calcula que un sueldo asociado al cargo podría rondar los 60.000 euros y elevarse por encima de los 80.000 incluyendo costes de Seguridad Social. Con las asistencias, sostiene, cuesta al municipio unos 40.000 euros anuales. Su defensa cabe condensarla en la expresión que él mismo ha utilizado: “salgo bastante más barato”.
La comparación merece una precisión. El límite estatal de referencia para un alcalde de un municipio del tamaño de Zuera está actualmente en esos 52.272,61 euros brutos anuales, no en 60.000 euros de retribución directa. Las cotizaciones empresariales constituyen otro componente del coste público, pero no deben mezclarse alegremente con el sueldo bruto como si fueran la misma magnitud. En asuntos de dinero público, la calculadora también necesita apellidos.
La oposición municipal, especialmente el PP, mantiene desde hace tiempo una visión mucho más crítica. Considera las cantidades excesivas y escasamente justificadas y ha cuestionado que se convoquen juntas con tanta frecuencia cuando algunas tienen una duración extremadamente reducida. El alcalde rechaza esa interpretación. De momento, no consta que el debate se haya traducido en una declaración judicial de ilegalidad del dinero ya percibido; lo que existe es un requerimiento administrativo y una revisión del sistema.
En octubre la cantidad prevista bajará de 870 a unos 250 euros
El episodio está, además, a punto de cambiar de escenario. Salazar prevé jubilarse definitivamente el 25 de octubre de 2026, cuando cumpla 65 años. Según su explicación, la elevada asignación estaba ligada a su particular situación de prejubilación y dejará de tener sentido tras ese momento.
La previsión anunciada consiste en retirar el actual esquema y proponer que la asistencia a la Junta de Gobierno vuelva a situarse en aproximadamente 250 euros por sesión, la cantidad que, según el alcalde, se abonaba antes. Con una reunión semanal, serían alrededor de 1.000 euros mensuales y unos 12.000 al año.
Aquí aparece otra discrepancia política. Salazar sostiene que la rebaja estaba prevista desde tiempo atrás por su futura jubilación. La otra lectura vincula el cambio al requerimiento de Delegación del Gobierno. Ambas circunstancias coinciden prácticamente en el calendario, y el expediente municipal tendrá que dejar suficientemente claro cuál es el fundamento del nuevo régimen.
Cuando una dieta empieza a parecer un sueldo
La historia del alcalde de Zuera tiene un envoltorio perfecto para las redes sociales: un pueblo de menos de 9.000 habitantes, 870 euros, una reunión y tres minutos de reloj. Pero el verdadero debate no está en dividir una cifra entre 180 segundos y anunciar un salario por minuto digno de un futbolista.
Lo relevante es otra cosa. Las administraciones pueden establecer compensaciones por asistir a órganos colegiados, y la ley reconoce expresamente esa posibilidad. Lo que exige una explicación convincente es que una asistencia periódica, repetida semana tras semana y capaz de generar más de 40.000 euros anuales, mantenga una justificación objetiva acorde con su naturaleza y no acabe transformándose, por la puerta lateral, en aquello que formalmente no es: una nómina.
El propio informe municipal ha colocado ahí la lupa y la Delegación del Gobierno ha pedido revisar el acuerdo. El Ayuntamiento se dispone a hacerlo. El caso, por tanto, no demuestra que en Zuera se pagaran literalmente 870 euros por tres minutos de trabajo; sí revela algo más incómodo y bastante más interesante: cuando el dinero público adopta fórmulas administrativas sofisticadas, la transparencia no consiste solo en publicar la cifra. También hay que explicar, con bastante claridad, por qué esa cifra y no otra.












