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¿Cómo y por qué 460 murieron en la maternidad de El Fasher?
Más de 460 personas habrían sido asesinadas en el Hospital Materno Saudí de El Fasher, capital de Darfur del Norte (Sudán), durante la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

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Más de 460 personas fueron asesinadas en la maternidad de El Fasher, Sudán, en un ataque que sacude al mundo y exige justicia inmediata.
Más de 460 personas habrían sido asesinadas en el Hospital Materno Saudí de El Fasher, capital de Darfur del Norte (Sudán), durante la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). La Organización Mundial de la Salud expresó que está “conmocionada” por estos informes y pidió un alto el fuego inmediato. La cifra incluye pacientes y familiares que buscaban refugio en el recinto. La información procede de testimonios sobre el terreno y de agencias de la ONU que llevan días alertando del colapso sanitario y la violencia generalizada tras más de 500 días de asedio a la urbe.
El Fasher cayó el último fin de semana en manos de las RSF, una milicia paramilitar surgida de los antiguos yanyauid y hoy enfrentada al Ejército sudanés. Tras la ruptura del cerco, se sucedieron bombardeos y ataques selectivos dentro de la ciudad. Según análisis con imágenes satelitales, hubo ejecuciones y matanzas en las inmediaciones del hospital materno. Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias describen un patrón de violencia contra la población civil y contra la infraestructura sanitaria.
Qué se sabe del ataque y del número de víctimas
La primera cifra consolidada que ha circulado —“más de 460”— procede del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien difundió un comunicado en el que habló de “la trágica muerte de más de 460 pacientes y acompañantes” en el Hospital Materno Saudí. Es una cifra terrible, pero conviene subrayarlo: de momento se trata de un recuento basado en reportes verificados por la red de salud de la OMS y testimonios coincidentes; la verificación independiente completa es extremadamente difícil por el corte de comunicaciones y la inseguridad en la zona. Aun así, varias cabeceras internacionales —y españolas— han recogido ese balance.
Diversas fuentes describen que las RSF irrumpieron en áreas cercanas al hospital y ejecutaron a personas que se refugiaban allí, incluidos enfermos, gestantes, familiares y personal sanitario. Imágenes por satélite referenciadas por investigadores académicos señalan concentraciones de cadáveres y manchas de sangre en puntos dentro y alrededor del complejo sanitario, compatibles con matanzas a corta distancia. Ese tipo de evidencia remota no sustituye a una investigación judicial, pero ayuda a fijar el mapa de hechos en una ciudad bloqueada al escrutinio externo.
El Hospital Materno Saudí
El centro atacado no era un hospital cualquiera: era el último establecimiento materno que aún funcionaba —aunque de forma parcial— en una capital provincial cercada, donde el resto de la red sanitaria estaba devastada por meses de bombardeos, saqueos y falta de suministros. Antes de esta masacre ya había sido alcanzado por proyectiles en varias ocasiones, con víctimas entre pacientes y profesionales. Agencias de la ONU habían denunciado, semanas atrás, que su destrucción pondría en riesgo inmediato a miles de embarazadas que dependían de sus quirófanos y salas de partos.
Cifras bajo comprobación
En crisis de esta magnitud, los números fluctúan. El recuento inicial de 460 víctimas no agota la dimensión real: algunas fuentes avisan de fallecidos no documentados, otras piden prudencia porque el acceso al hospital sigue restringido. La experiencia reciente en Darfur indica que, cuando se restablece el acceso humanitario, los balances suelen empeorar. La OMS, que ya había contabilizado decenas de ataques a instalaciones sanitarias en Sudán este año, ha reiterado que los hospitales no son “daños colaterales” aceptables: están protegidos por el derecho internacional.
Quiénes son las RSF y por qué sitiaron El Fasher
Las RSF nacieron como una fuerza paramilitar con fuerte implantación en Darfur y raíces en los yanyauid, milicias que operaron con brutalidad en los años 2000. En 2023, el proyecto de integrar a las RSF en el Ejército regular fracasó y el país cayó en una guerra abierta que se extendió a casi todas las regiones. El Fasher, último bastión del Ejército en Darfur, resistió un asedio de más de 500 días con suministro humanitario a cuentagotas, hasta su caída este fin de semana. En ese contexto, el hospital materno se convirtió también en refugio.
Los testimonios acumulados por la ONU y medios independientes dibujan un patrón de violencia sistemática por parte de las RSF: ataques a civiles que huían, ejecuciones sumarias, agresiones sexuales y saqueos. En su primera reacción pública tras la caída de la ciudad, el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, reconoció “abusos” y dijo haber ordenado una investigación interna, sin detallar plazos ni alcance.
La red sanitaria colapsada y un patrón de ataques
El ataque a la maternidad de El Fasher no fue un hecho aislado. Desde comienzos de 2023, la OMS y otros organismos vienen documentando una escalada de agresiones contra hospitales, ambulancias y personal sanitario en Sudán. A comienzos de año, un ataque con dron contra el mismo complejo hospitalario dejó decenas de muertos y heridos, en un episodio que ya entonces encendió todas las alarmas de la comunidad médica internacional. Que meses después se haya producido una matanza de este calibre en el mismo lugar revela una impunidad casi total.
Organismos especializados en salud sexual y reproductiva habían avisado con antelación de que la “última maternidad funcional” de El Fasher estaba en el punto de mira. Denuncias de octubre señalaban impactos de artillería repetidos en una sola semana, con el quirófano dañado, la farmacia destruida y el sistema de agua comprometido. El balance de víctimas de estos episodios previos ya era insoportable para un servicio que sostenía partos complicados, cesáreas de urgencia y atención neonatal en un entorno de malnutrición severa y falta de antibióticos.
Un hospital único en una ciudad cercada
Tras más de año y medio de asedio, la atención sanitaria en El Fasher dependía de pocos nodos que sobrevivían a base de voluntariado, donaciones intermitentes y mucha improvisación. La maternidad —con equipos desgastados y personal exhausto— absorbía una demanda descomunal: embarazadas que no podían pagarse el transporte, derivaciones de barrios enteros sin clínicas, neonatos con sepsis porque los partos ocurrían en casas sin condiciones de higiene. Ese cuadro lo han venido documentando ONG médicas desde 2024 en todo Darfur.
Indicios de crímenes internacionales
Atacar un hospital es un crimen grave bajo el derecho internacional humanitario, salvo que el propio centro se use para cometer actos hostiles y, aun así, con condiciones estrictísimas de aviso y proporcionalidad. La información disponible hasta ahora —bombardeos reiterados, incursiones armadas, ejecuciones dentro y en torno a un centro con pacientes y personal— apunta a violaciones manifiestas de esas normas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado en los últimos días ataques indiscriminados, ejecuciones y otras conductas que califican, prima facie, como crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.
El caso de la maternidad de El Fasher añade un elemento especialmente atroz: la selección de un objetivo que se dedicaba de forma casi exclusiva a asistir partos y emergencias obstétricas. El tipo de herida que deja esto en una comunidad es profundo y duradero: traumas obstétricos sin tratar, bebés prematuros sin incubadoras, madres que mueren por hemorragias que en condiciones normales se controlan. Por eso el sistema internacional protege con particular celo la infraestructura de salud sexual y reproductiva en conflicto. La insistencia de la OMS en exigir un cese inmediato de las hostilidades y acceso para equipos independientes no es retórica diplomática: es la mínima condición para salvar vidas ahora mismo.
Hospitales protegidos por el derecho de guerra
Las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales blindan a heridos, enfermos y personal sanitario. Aun si un hospital perdiera su protección por un uso militar indebido, la parte atacante debe advertir con tiempo suficiente y permitir la evacuación de pacientes y personal. Nada en los informes públicos sugiere que estas salvaguardas se hayan aplicado en El Fasher. Si la investigación confirma lo difundido por la OMS y los hallazgos satelitales, la responsabilidad penal individual alcanzaría a mandos y ejecutores.
La población atrapada: hambre, huidas y silencio
El Fasher acogía, antes de la caída, a más de 260.000 civiles atrapados y a centenares de miles de desplazados en su entorno inmediato. La ciudad cercana de Tawila se llenó en cuestión de días de familias huyendo de bombardeos y asaltos. Las cifras bailan, pero el denominador común es el mismo: hambre, sed, ausencia de atención médica y violencia étnica que empuja a comunidades enteras —Fur, Zaghawa, Berti— a marcharse o esconderse. La respuesta humanitaria no da abasto y, según la propia ONU, su plan para Sudán está muy por debajo de la financiación necesaria.
El asedio de más de un año ha destruido los medios de vida. Las cosechas se perdieron, los mercados se vaciaron y el combustible se convirtió en un lujo impagable. Varios informes de organizaciones médicas y agencias europeas ya hablaban hace meses de una emergencia materno-infantil sin parangón reciente: neonatos muriendo por infecciones tratables, mujeres que no llegaban a tiempo a la cesárea, partos en casas sin agua corriente. Cuando la última maternidad que funcionaba de forma parcial cae bajo fuego o es tomada por hombres armados, el resultado es el que hoy estremece.
El silencio informativo, por cierto, no es casual. En El Fasher la conexión a internet se corta a conveniencia del actor armado que controla el territorio, y la telefonía falla a menudo. Los periodistas dependen de fuentes humanitarias y de imágenes satelitales. Las comunidades de la diáspora —en Jartum, Port Sudán, Adís Abeba o Europa— se han convertido en altavoces improvisados para confirmar nombres de víctimas y para pedir, una y otra vez, corredores seguros que nunca llegan.
Cómo hemos llegado hasta aquí: una cronología mínima para entender Darfur
La guerra abierta estalló en abril de 2023 tras el fracaso del acuerdo para integrar a las RSF en el Ejército. Darfur, con su memoria reciente de atrocidades, volvió a arder primero. Poblaciones enteras fueron atacadas por su filiación étnica real o percibida; las viejas redes de milicias se reactivaron y los arsenales que nunca desaparecieron encontraron un nuevo enemigo en el vecino de al lado. El Fasher, por su tamaño y su condición de capital provincial, se convirtió en objetivo estratégico. Dicen los comerciantes —cuando pueden hablar— que a partir del tercer mes de asedio el dinero dejó de servir: quedaba poco que comprar y menos que vender.
Mientras tanto, el resto del país se desangraba. Port Sudán se transformó en una capital administrativa de emergencia; Jartum perdió su centro neurálgico; en Kordofán y en el Nilo Azul también se multiplicaron focos de violencia. La comunidad internacional intentó varias rondas de mediación —Yeda, El Cairo, Adís Abeba—, sin resultados sostenibles. Las sanciones a líderes paramilitares y a sus redes de financiación subieron un peldaño. Pero la guerra siguió. Y ahora, con Darfur prácticamente bajo control de las RSF tras la caída de El Fasher, el frente se desplaza y el equilibrio de poder cambia de manos.
Qué está haciendo el mundo y qué podría cambiar
Las reacciones oficiales se han acumulado: condenas de la OMS y de altas instancias de la ONU, llamamientos para respetar el derecho internacional humanitario y demandas de acceso inmediato para equipos de verificación. Organismos de derechos humanos piden a los Estados con influencia sobre las RSF —y sobre el Ejército— que congelen activos, persigan rutas de armamento y apoyen mecanismos de rendición de cuentas. Después de los ataques de comienzos de año y de las alertas persistentes sobre la fragilidad del hospital materno, los pasillos diplomáticos no pueden alegar sorpresa. La exigencia hoy es concreta: proteger a los civiles que permanecen atrapados en El Fasher y permitir la evacuación médica.
El tablero regional no ayuda. Libia, Chad y la República Centroafricana son vasos comunicantes de armas, combustible y combatientes. Cualquier corredor humanitario serio requerirá acuerdos a tres bandas y garantías verificables. Es posible —lo hemos visto en otros conflictos— que los actores armados acepten pausas tácticas cuando están bajo presión internacional o necesitan recomponer fuerzas. De ahí la urgencia de un esfuerzo coordinado: presión económica, vigilancia satelital para documentar abusos en tiempo real, apoyo a las redes de salud locales y una vía clara para investigar y juzgar a los responsables.
Hechos verificados y lo que falta por aclarar
Hoy por hoy, hay certezas sólidas: el Hospital Materno Saudí de El Fasher ha sido escenario de una matanza; la OMS habla de más de 460 personas asesinadas, entre pacientes y familiares; la ciudad cayó tras un asedio prolongado, y múltiples informes apuntan a un patrón de ataques contra civiles y contra instalaciones de salud por parte de las RSF. A la vez, persisten incógnitas: el número definitivo de víctimas, el detalle cronológico dentro del recinto, la cadena de mando que ordenó —o permitió— las ejecuciones, y el grado de destrucción del hospital. La verificación independiente sobre el terreno será clave para cerrar esas brechas, pero ya hay indicios suficientes —testimonios, análisis satelitales, antecedentes— como para que la comunidad internacional trate el caso como lo que parece: un crimen masivo en un lugar que debería ser el más seguro de cualquier ciudad.
Mientras el mundo discute quién sanciona a quién, las gestantes de El Fasher —las que sobreviven— paren en casas sin luz ni agua, o en improvisadas salas de partos montadas por personal que trabaja con lo puesto. No es una metáfora. Es la realidad repetida que ven desde hace meses los equipos médicos en Darfur y que explicaron con datos duros mucho antes de esta masacre. Que la última maternidad haya quedado fuera de juego —o haya sido convertida en trampa mortal— desnuda la guerra de su pretensión de “objetivos militares” y la reduce a su esencia: poder contra cuerpos vulnerables.
Las cifras importan porque ordenan el horror. Pero lo que ocurrió en la maternidad de El Fasher tiene nombres, apellidos y vidas truncadas: una mujer que llegó con preeclampsia y ya no salió; un recién nacido que no tendrá incubadora; un cirujano que se quedó a atender un parto y nunca regresó a casa. Los derechos que protegen a esas personas —a la salud, a la vida, a la integridad— no son retórica. Son ley. Y se han violado. La exigencia no puede ser otra: alto el fuego, acceso humanitario y justicia. Ahora.












