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¿Por qué 23 familias de Babilafuente están en riesgo de desahucio?
En Babilafuente, 23 familias temen perder sus viviendas tras años pagando alquileres mientras Sareb revisa la validez legal de sus contratos.

Resumen
- 23 familias de Babilafuente temen perder sus viviendas pese a haber pagado
- Sareb no reconoce como válidos los contratos que presentan los residentes
- No consta un desalojo inmediato y se estudian posibles alquileres sociales
Veintitrés familias de Babilafuente, en Salamanca, viven pendientes de su vivienda después de descubrir que los contratos y pagos que durante años creyeron suficientes para acreditar sus alquileres no son reconocidos por Sareb, actual titular de la promoción. No se trata, según sostienen los afectados, de vecinos que dejaran de pagar: aseguran disponer de contratos, recibos y movimientos bancarios que prueban que abonaron regularmente las cantidades exigidas. El problema está en quién les alquilaba las casas y qué capacidad tenía para hacerlo.
La situación ha colocado a más de medio centenar de personas ante un escenario difícil de explicar a primera vista: pagaron por vivir allí y pueden acabar perdiendo sus casas porque Sareb sostiene que no le consta que existan contratos legales que pueda reconocer. En un municipio de alrededor de 900 habitantes, los afectados equivalen aproximadamente al 7% de la población. La imagen resulta incómoda, casi absurda: recibos guardados durante años, llaves entregadas con normalidad y, al final del camino, la palabra «ocupante» apareciendo en los documentos.
El conflicto, eso sí, todavía no equivale a un desahucio consumado. A fecha de 18 de septiembre de 2026, no consta una fecha inmediata de lanzamiento judicial para las 23 familias. Sí existen comunicaciones para abandonar viviendas, actuaciones judiciales y un procedimiento que puede terminar en desalojos si no se regulariza antes la situación. Ahí está, de momento, la batalla.
Qué ha ocurrido con las viviendas de Babilafuente
El origen del embrollo viene de lejos. La promoción residencial fue levantada en 2005 y la sociedad vinculada al inmueble acabó entrando en concurso de acreedores años después. Con el tiempo, la gestión de las viviendas siguió funcionando aparentemente con normalidad para muchos residentes: se firmaban contratos, se entregaban llaves y se cobraban alquileres. Vida cotidiana, vaya. Nada hacía pensar a una familia que detrás del recibo pudiera estar creciendo un problema jurídico de semejante tamaño.
Los vecinos aseguran que entre 2019 y 2025 continuaron celebrándose contratos y pagándose mensualidades. Algunos alquileres se movían en torno a 208 y 308 euros mensuales, según testimonios difundidos sobre el caso; otros afectados han relatado cantidades algo superiores dependiendo de las viviendas y de otros conceptos cobrados junto con la renta.
Cuando Sareb pasó a hacerse cargo de los inmuebles, el suelo bajo los pies cambió de golpe. La nueva titular no reconoce automáticamente aquellas relaciones de alquiler y considera que debe comprobar individualmente la situación jurídica de quienes viven dentro. Los vecinos, por su parte, sostienen que entraron en las casas mediante contratos y que nunca actuaron como ocupantes sin permiso.
El NIF revocado desde 2019 complica todo el caso
Una de las piezas más delicadas es la situación de la empresa que gestionaba los alquileres. La documentación conocida por los afectados señala que tenía revocado su número de identificación fiscal desde 2019, pese a que posteriormente se habrían seguido formalizando contratos y cobrando cantidades a residentes.
Eso no permite afirmar, sin más, que cualquier contrato privado firmado después sea automáticamente inexistente. La cuestión es bastante menos cómoda. La revocación de un NIF tiene consecuencias importantes, entre ellas restricciones en determinadas actuaciones notariales y registrales. Pero determinar qué efectos concretos tiene cada contrato frente al actual propietario exige examinar quién lo firmó, con qué facultades, cuándo se celebró y qué ocurrió jurídicamente con el inmueble. No basta con mirar una fecha en un papel y bajar el telón.
Ese matiz importa porque los residentes se consideran víctimas de un posible engaño, no autores de una ocupación. El hombre al que varios vecinos identifican como responsable de la gestión ha negado haber realizado contratos ilegales y ha defendido la legalidad de su actuación. Las eventuales responsabilidades deberán resolverse, por tanto, mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Qué dice Sareb sobre los contratos y los vecinos
Sareb sostiene que no le consta la existencia de contratos legales en la promoción y señala que esa situación deriva del procedimiento previo por el que las viviendas terminaron bajo su control. También rechaza que todos los residentes se encuentren exactamente en el mismo punto y asegura que analiza los expedientes de manera individual.
La entidad afirma, además, que ya ha ofrecido un contrato de alquiler social a un vecino de Babilafuente y que estudia otros casos de residentes que han aportado documentación para acreditar su situación. Según su versión, parte de los afectados no habría colaborado suficientemente con el proceso de evaluación.
Ahí aparece otro choque frontal. La Asociación de Vecinos La Estación sostiene precisamente lo contrario: asegura haber remitido correos y documentación a Sareb y a sus gestoras sin recibir la respuesta que esperaba. Reclama una negociación colectiva, con asistencia jurídica, para regularizar las viviendas y evitar que cada familia quede aislada frente a un procedimiento distinto. Dos versiones sobre la misma mesa, y una montaña de papeles entre ambas.
El alquiler social aparece como una posible salida
Sareb dispone de un programa para regularizar a familias vulnerables que viven en inmuebles de su propiedad. El sistema estudia la situación económica y social de cada hogar y, cuando se acredita la vulnerabilidad y existe colaboración con el proceso, puede ofrecer un contrato de alquiler social cuya renta se adapte a los ingresos familiares.
Esto tiene especial relevancia en Babilafuente porque entre los hogares afectados se han conocido situaciones de discapacidad, familias con menores y otros supuestos de vulnerabilidad. El acceso al programa, sin embargo, no es automático ni resuelve la reclamación principal de los vecinos: ellos no quieren que se parta de la idea de que ocuparon irregularmente las casas y después necesitan ser regularizados. Defienden que entraron pagando y con contrato.
Sareb, por el contrario, necesita determinar qué títulos son jurídicamente oponibles y cuáles no. Ahí está el nudo. Y es bastante más serio que una discusión terminológica sobre si alguien es inquilino u ocupante, porque de esa calificación jurídica depende buena parte del procedimiento posterior.
¿Hay una orden de desahucio inmediata?
No consta, por el momento, un lanzamiento judicial inmediato que vaya a expulsar de una vez a las 23 familias. Los vecinos sí han recibido comunicaciones que interpretan como avisos de desalojo y Sareb ha iniciado actuaciones para recuperar viviendas cuya situación considera no regularizada. La Guardia Civil también ha acudido al inmueble por orden judicial para identificar residentes y recabar documentación.
Conviene separar conceptos porque aquí una palabra mal puesta cambia toda la fotografía. Una comunicación de Sareb requiriendo la entrega de una vivienda no es lo mismo que una orden judicial de lanzamiento. Para que se produzca un desalojo forzoso debe seguirse el procedimiento correspondiente y serán los tribunales los que resuelvan las controversias jurídicas planteadas.
De hecho, los propios vecinos reconocían el 17 de septiembre que no existía una fecha inmediata de desalojo, aunque esperaban nuevas notificaciones judiciales. Eso reduce la sensación de que de un momento a otro aparecerá una comisión judicial en la puerta, pero no elimina el problema. El riesgo existe mientras no se regularicen las viviendas o se determine judicialmente qué derechos conserva cada residente.
La asociación vecinal prepara además acciones legales relacionadas con el supuesto engaño que denuncia. En ese terreno deberá aclararse, entre otras cuestiones, quién estaba legitimado para cobrar los alquileres, qué ocurrió con el dinero abonado durante años y qué conocimiento podían razonablemente tener los inquilinos sobre la situación empresarial y patrimonial que había detrás.
Humedades, luz de obra y años de pagos
El conflicto no se limita a los contratos. Los residentes han denunciado problemas de mantenimiento en el edificio, desde humedades y cristales deteriorados hasta instalaciones eléctricas cuya situación desconocían. Algunos vecinos aseguran que durante años estuvieron conectados a luz de obra mientras abonaban importes por electricidad junto con el alquiler.
También han relatado amenazas de cortes de suministro y cobros que, según su versión, dependían de quien gestionaba las viviendas. Son testimonios de los afectados y deberán contrastarse dentro de las investigaciones que correspondan. Pero ayudan a entender por qué el caso ha dejado de ser una mera disputa sobre propiedad: los residentes sostienen que la irregularidad que amenaza sus hogares llevaba tiempo ocurriendo sin que ellos conocieran su alcance.
Mientras tanto, sus vidas seguían por otro carril. Trabajo, niños, recibos, médicos, supermercado. La rutina tiene esa peculiar costumbre de parecer una garantía jurídica cuando dura muchos años. Y no siempre lo es.
Una vivienda atrapada entre contratos, Sareb y tribunales
El caso de Babilafuente concentra una paradoja particularmente áspera: personas que aseguran haber cumplido con sus pagos pueden encontrarse obligadas a defender su derecho a permanecer en unas viviendas porque quien recibió ese dinero quizá no podía ofrecerles la seguridad jurídica que ellos daban por supuesta.
Sareb tiene que determinar qué contratos puede reconocer y qué situaciones deben pasar por su programa social; los vecinos reclaman que sus recibos, contratos y buena fe no sean tratados como si nunca hubieran existido. Entre ambas posiciones están los tribunales, la documentación acumulada durante años y una cuestión esencial: qué protección recibe quien entra en una vivienda por la puerta, firma, paga cada mes y solo mucho después descubre que detrás de aquella puerta había un problema que jamás figuró en el contrato.
Por ahora, las 23 familias siguen en Babilafuente. No existe constancia pública de un lanzamiento colectivo inmediato, pero tampoco una solución global que despeje su futuro. Sareb estudia expedientes individuales y plantea el alquiler social para quienes cumplan los requisitos; los residentes buscan una negociación conjunta y preparan acciones legales. El desahucio todavía no se ha consumado. La incertidumbre sobre sus viviendas, en cambio, lleva tiempo instalada allí.












