Tecnología
¿Menores en Instagram? Zuckerberg carga contra quien miente

Zuckerberg declara en Los Ángeles por la adicción en Instagram y YouTube, culpa a quienes mienten su edad y aflora dato clave de 4 millones.
Mark Zuckerberg compareció este miércoles ante un jurado en un tribunal de Los Ángeles y lo hizo con un mensaje de defensa tan simple como explosivo: Instagram no permite menores de 13 años, y si aun así entran es porque muchos usuarios falsean su edad. La frase, repetida con calma y sin adornos, se convirtió en el eje de su primera declaración ante un jurado por una acusación directa contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y contra Google —propietaria de YouTube— por supuestamente diseñar productos que generan adicción de forma deliberada y causan daño real, especialmente en edades tempranas.
El caso lo impulsa una demandante de 20 años, identificada como K.G.M., que sostiene que empezó a usar redes sociales antes de los 10 años, que ese acceso precoz la volvió adicta a la tecnología y que la dinámica de uso agravó su depresión y sus pensamientos suicidas. El juicio, arrancado el 9 de febrero, está programado para durar al menos seis semanas y se observa como algo más que una pelea individual: puede marcar el tono y el ritmo de alrededor de 1.500 demandas similares en Estados Unidos que miran al mismo lugar, esa mezcla de pantalla, hábito, ansiedad y algoritmo que no cabe en una sola etiqueta.
Zuckerberg, de 41 años, insistió en que la política de la compañía “ha sido clara” desde siempre: prohibido para menores de 13. Al mismo tiempo, señaló una grieta que todos reconocen pero pocos ponen en el centro: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”. La defensa, dicho así, no es tanto una explicación técnica como una idea moral: la puerta está, el problema es quien la esquiva. Y justo ahí, en esa frase aparentemente doméstica, se enciende el choque con lo que están intentando demostrar los abogados de la demandante: que Meta no solo sabía que la puerta se saltaba, sino que el edificio estaba montado para que la gente quisiera quedarse dentro.
Zuckerberg llegó a las 8:30 hora local, vestido de traje, escoltado por un equipo amplio y con presencia de agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS). La imagen, sobria pero teatral, no pasó desapercibida: el empresario más asociado al “mundo digital” entrando en un juzgado con la coreografía de un alto cargo. Dentro, la sala era pequeña, atestada de periodistas y público, con un detalle casi simbólico: los 15 asientos disponibles para asistentes se sortearon entre decenas de personas que querían escucharle.
Durante una primera sesión de más de tres horas, Zuckerberg también fue presionado por cuestiones laterales que en un juicio así no son laterales del todo: se le preguntó si había recibido entrenamiento específico para declarar y lo negó. Y, entre preguntas sobre políticas de acceso, verificación y diseño, se fue dibujando algo muy concreto: no estaba allí para hablar de “internet” en abstracto, sino para defender, pieza por pieza, la lógica de una de las redes más populares del planeta ante un jurado que no trabaja con tecnicismos, sino con impresión, coherencia y sentido común.
La edad como coartada: “mienten” y el dato de los 4 millones
La discusión sobre la edad suele parecer menor hasta que se mira de cerca. En el papel, Instagram no es para menores de 13. En la práctica, el sistema depende de una declaración del usuario: una fecha de nacimiento que cualquiera puede inventarse. Zuckerberg lo presentó como un obstáculo real: si alguien miente, la plataforma puede tardar en detectarlo. Y en ese punto el relato de Meta se vuelve casi una defensa de método: hacemos lo que podemos, pero no controlamos lo que la gente pone.
Los abogados de K.G.M. llevaron la conversación a un terreno más punzante: no el “si entran” sino cuántos entraban y qué sabía la empresa. Le mostraron un documento que sugería que, para 2018, unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años. La cifra, además, se contextualizó con un golpe estadístico: eso equivaldría a aproximadamente el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos en aquel momento, según información citada por el periódico Los Angeles Times. No es una discusión sobre casos aislados; es una cifra que, si se da por buena, describe un fenómeno masivo.
Ahí es donde la frase “mienten sobre su edad” cambia de peso. Porque una cosa es admitir que existe trampa y otra muy distinta es encajar, frente a un jurado, una estimación que parece indicar que el sistema convivía con millones de perfiles que no debían estar allí. En el juicio, ese salto es el que importa: el problema no es solo que haya menores, sino la sospecha de que, durante años, se asumió su presencia como parte del paisaje.
Zuckerberg reiteró que nunca se ha permitido el acceso a menores de 13, que la norma es firme y que la política siempre fue clara. Pero la acusación intenta desmontar la eficacia real de esa claridad: una política puede ser nítida en un documento y ser porosa en la experiencia cotidiana. Y cuando la conversación gira hacia daños psicológicos, el “poroso” deja de ser un matiz y se vuelve un punto central.
Esta parte del proceso tiene una crudeza particular: se discute sobre niños mintiendo. Y un niño mintiendo para acceder a algo que le atrae no es precisamente una anomalía. El debate que late debajo —y que el jurado probablemente entiende sin que nadie lo subraye— es qué significa “prohibido” cuando el diseño del acceso se apoya en la buena fe de un menor y en un control que, por definición, llega tarde.
El corazón del caso: una supuesta adicción fabricada
La acusación coloca en el centro una palabra incómoda para una empresa tecnológica: adicción. No “uso intensivo”, no “enganche”, no “costumbre”; adicción, con todo su equipaje. En la sala se llegó a comparar el diseño de estas plataformas con productos adictivos como el cigarrillo, una comparación que no se usa por capricho, sino porque abre una puerta jurídica y cultural: si algo se diseña para enganchar, puede exigirse responsabilidad del mismo modo que se exige a otros productos de consumo.
Zuckerberg compareció para defender que Meta no crea adictos deliberadamente, que existen políticas, controles, y que hay límites y herramientas. Pero el planteamiento de K.G.M. y de otras familias que siguen el juicio va por otro camino: la adicción no se crea con una sola función, sino con un conjunto de decisiones que, sumadas, empujan a un tipo de uso. Notificaciones que reclaman atención, un flujo de contenido que nunca termina, recompensas sociales intermitentes —ese “me gusta” que cae como una moneda de vez en cuando— y recomendaciones que te llevan de una pieza a otra sin que notes el paso. Todo eso, cuando se combina, puede convertirse en una forma de hábito persistente.
En un juicio, esta idea se vuelve tangible cuando deja de hablarse de “algoritmos” como concepto y se habla de lo que ocurre a las dos de la madrugada: un vídeo lleva a otro, una cuenta lleva a otra, un contenido relacionado aparece justo a tiempo. La acusación sostiene que ese encadenamiento no es accidental, que responde a una lógica de producto orientada a maximizar permanencia, repetición y retorno. Y no hace falta decirlo con palabras grandilocuentes para que se entienda: una plataforma que vive de la atención tiene incentivos para capturarla.
Meta, por su parte, se aferra a una separación clave: diseñar una experiencia atractiva no equivale a diseñar una experiencia dañina. Zuckerberg defendió que hay reglas, que se trabaja en seguridad, que se hacen esfuerzos por detectar cuentas problemáticas, que hay medidas para menores y familias. Pero el juicio intenta acorralar una pregunta concreta: si existía conciencia interna de riesgos, si los datos internos mostraban problemas, y si aun así se mantuvieron decisiones de diseño porque funcionaban en términos de uso.
La comparación con el tabaco no es solo un titular: describe una estrategia legal. Si el jurado acepta que hay un paralelismo —producto que busca consumo repetido, daños previsibles, conocimiento interno— entonces el caso deja de ser una disputa sobre “mal uso” y se convierte en una discusión sobre responsabilidad por diseño. Y si no lo acepta, si entiende que la plataforma es una herramienta neutral y que el daño nace fuera, entonces la acusación se queda sin su columna vertebral.
K.G.M.: uso antes de los 10 y una salud mental en caída
La demandante, K.G.M., sostiene que el contacto temprano con redes sociales —antes de los 10 años— la llevó a una relación de dependencia con la tecnología. Lo que plantea no es una anécdota de “pasaba muchas horas”, sino un relato de progresión: uso temprano, enganche, agravamiento de un estado mental frágil, depresión más intensa, pensamientos suicidas. En un proceso así, la historia individual importa porque es el mapa sobre el que se proyecta el argumento general: si un producto está diseñado para enganchar, el daño se ve antes y con más fuerza en quien entra demasiado pronto.
El desafío judicial aquí es delicado y muy concreto. Un jurado no trabaja con “posibles” eternos: necesita ver cómo se conectan piezas. La defensa suele empujar en dirección contraria: la depresión y los pensamientos suicidas no nacen de una aplicación por sí sola, intervienen factores familiares, escolares, personales, sociales. Y eso, en términos humanos, es cierto: la vida no es un experimento controlado. La acusación, sin embargo, no necesita demostrar que Instagram “crea” una enfermedad desde cero; intenta demostrar que el uso temprano y el diseño del producto agravaron un daño y empujaron una conducta adictiva. Ese verbo, agravar, suele ser más defendible que “causar” en un sentido absoluto.
En el caso de K.G.M. pesa también el momento del acceso. El propio planteamiento —“antes de los 10”— coloca la discusión en el lugar más sensible: un niño que todavía no tiene recursos emocionales, ni autocontrol maduro, ni distancia frente a la aprobación social. Y ahí entran en juego elementos típicos de redes como Instagram: comparación constante, búsqueda de validación, exposición a contenidos aspiracionales, presión estética, el pequeño golpe de dopamina cuando algo funciona. En la sala, este tipo de conceptos no se presentan como psicología pop, sino como parte del argumento sobre daño.
Zuckerberg insistió en que Meta prohíbe el acceso a menores de 13. Pero la demanda de K.G.M. parte precisamente de lo contrario: que ella entró antes, que su uso se consolidó, y que la plataforma no lo evitó o no lo detectó de forma eficaz. En ese choque se decide una parte esencial del juicio: si el sistema de verificación es razonable o si era, en el fondo, un filtro demasiado fácil de burlar para una edad en la que burlar un filtro es casi un deporte.
El caso también abre una discusión sobre tiempos: K.G.M. habla de uso temprano y efectos acumulados. No se trata de una noche mala; es una trayectoria. Y las trayectorias, en tribunales, se vuelven lucha de expertos, documentos, patrones y credibilidad. En un juicio que mira a la adicción, la repetición es la reina: cuántas veces volvías, cuántas horas, cuántas señales internas tenía la compañía de que ciertos grupos de edad se quedaban demasiado tiempo.
Padres, jueza y sala pequeña: el juicio como termómetro
Uno de los elementos más duros del proceso es la presencia de familias que atribuyen a la adicción a redes parte de tragedias personales. En la sala hubo decenas de padres que acusan a estas plataformas de haber contribuido, en algún grado, a la muerte de sus hijos. Entre ellos, Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales. Schott, además, encabeza una querella contra plataformas y lo dijo sin rodeos: esperan que se responsabilice a las tecnológicas por desarrollar productos que crean adicción y por conocer —según su visión— que ciertas tácticas de diseño perjudicaban la salud mental, especialmente la de las niñas.
Ese contexto no es un decorado. Un jurado escucha de otra manera cuando el daño tiene rostro. Zuckerberg no hablaba ante un comité del Congreso, donde todo es político y abstracto; hablaba ante ciudadanos que, sin estar especializados, pueden decidir si el relato de Meta suena a responsabilidad o a evasiva. Y hay un matiz importante: el juicio no solo discute “si es adictivo”, también discute si la empresa actuó con diligencia ante riesgos que ya estaban encima de la mesa.
La jueza Carolyn B. Kuhl añadió un elemento que retrata la época: advirtió que no permitiría el uso de gafas inteligentes durante el juicio y fue tajante sobre el reconocimiento facial. Ordenó que no se realizara reconocimiento facial del jurado y avisó de que, si se había hecho, debía eliminarse de inmediato, subrayando la gravedad del asunto. En un caso que toca privacidad, menores y vigilancia tecnológica, esa intervención tiene un significado claro: el tribunal no quiere ni la sombra de que el jurado pueda ser observado, registrado o analizado.
La propia logística del día reforzó el ambiente de evento mediático. Zuckerberg apareció a primera hora, con traje, escolta y un pequeño séquito. Los asientos para público se convirtieron en un bien escaso, casi una metáfora involuntaria: un juicio sobre plataformas que viven de captar atención, en una sala donde la atención también se rifa.
En la primera sesión, Zuckerberg también rechazó que hubiera recibido entrenamiento para testificar. La pregunta puede parecer secundaria, pero no lo es: en un jurado, la percepción de espontaneidad y autenticidad cuenta. Un testimonio excesivamente pulido puede sonar calculado; uno demasiado defensivo puede sonar culpable. Y Zuckerberg, acostumbrado a escenarios controlados, jugaba en un espacio menos previsible, con abogados buscando el tropiezo, el matiz, la contradicción pequeña que abre grietas.
Un precedente en construcción para 1.500 pleitos
Este juicio no se entiende sin el contexto más amplio: el caso de K.G.M. se mira como posible precedente para alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos. Eso convierte cada intercambio en algo más grande que el propio caso: cualquier decisión, cualquier criterio sobre responsabilidad, cualquier frase que el jurado considere convincente, puede influir en cómo se negocian acuerdos y cómo se plantean futuras estrategias legales.
K.G.M. no solo demandó a Meta y a Google. También demandó a Snapchat y TikTok, pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio, el mes pasado. En términos prácticos, eso deja a Meta y a YouTube como protagonistas principales dentro de la sala, con el foco concentrado y sin el “ruido” de más ejecutivos sentados en el banquillo. En términos simbólicos, también alimenta una lectura inevitable: algunas compañías prefieren pactar antes que enfrentarse a un jurado en un caso de este tipo, aunque cada acuerdo tenga matices y no sea una admisión de culpa.
Meta, además, afronta otro frente judicial en Nuevo México, en su segunda semana, donde el estado acusa a las plataformas fundadas por Zuckerberg de proporcionar “un mercado” para depredadores infantiles y de no filtrar contenido dañino para menores. Son dos acusaciones distintas, pero conectadas por un hilo común: qué obligaciones tiene una plataforma cuando sabe que hay menores y que existen riesgos previsibles, desde el enganche emocional hasta la exposición a personas peligrosas.
En Los Ángeles, el proceso avanza con una idea que se repite en distintos tonos: las tecnológicas diseñan productos, pero el daño se describe como algo que se cuela por el uso. La acusación intenta cerrar esa escapatoria: si el producto empuja a un uso compulsivo, si se conocen los riesgos, si se toleran fallos masivos de edad, entonces no basta con decir “no era para menores”. La defensa intenta mantener la frontera: hay reglas, hay prohibición, hay responsabilidad del usuario que miente, hay un mundo que no se puede controlar al milímetro.
El juicio, además, introduce un elemento de “primera vez” para Zuckerberg: pese a haber declarado ante el Congreso y en otros contextos, esta es la primera ocasión en la que debe defender Instagram ante un jurado por una acusación de esta naturaleza, con familias presentes y un relato de daños graves. Esa combinación —jurado, dolor, producto popular— es lo que hace que el proceso sea observado con lupa.
Seis semanas de reloj para Meta y YouTube
El calendario del juicio impone su propia lógica: seis semanas para convertir conceptos complejos en decisiones comprensibles. En una sala, no gana quien conoce más jerga, gana quien ordena mejor los hechos, quien consigue que el jurado sienta que entiende qué pasó y por qué importa. Zuckerberg ha tratado de fijar un punto de partida claro: Instagram prohíbe menores de 13 y, si alguien se cuela, muchas veces lo hace porque miente. La acusación ha tratado de romper ese punto de partida con un número que, si se asienta, puede volverse letal: millones de menores dentro de la plataforma y una empresa consciente de la magnitud del problema.
La batalla, en esencia, gira alrededor de dos preguntas que no necesitan decorado. La primera: si las redes fueron diseñadas para generar uso compulsivo del mismo modo que otros productos fueron diseñados para fomentar consumo repetido. La segunda: si, sabiendo los riesgos y la presencia de menores, se hizo lo suficiente para impedir el acceso, reducir el daño o cambiar decisiones de diseño que premian el “más tiempo dentro”.
A lo largo del proceso, es previsible que vuelvan una y otra vez los mismos elementos: la edad mínima de 13, la dificultad de verificarla, la existencia de menores que entran antes, el papel de las recomendaciones, el peso de las notificaciones, la responsabilidad de la empresa frente a la de los usuarios y de las familias, y la cuestión más áspera de todas, la que sobrevuela sin necesidad de pronunciarse: cuando el daño es tan grave como para hablar de suicidio, el margen de “no lo vimos venir” se estrecha.
El juicio de Los Ángeles ya es el más mediático de los que se están celebrando contra Meta en este frente, y no solo por la presencia de Zuckerberg. Lo es porque obliga a poner en una mesa, bajo juramento, una discusión que hasta hace poco se ventilaba en informes, en debates políticos o en titulares sueltos: qué responsabilidad tiene una plataforma por el modo en que atrapa la atención, sobre todo cuando esa atención pertenece a alguien que ni siquiera debía estar allí.












