¿Cómo asfixia la yihad Bamako a 800 km de Canarias?

El bloqueo de combustible impuesto por JNIM asfixia Bamako y reordena el Sahel; impacto en seguridad, migraciones y su vecindad más cercana.

Bamako vive un asedio sin tanques. La capital maliense no está cercada por columnas de pick-ups, sino por algo más sutil y eficaz: el bloqueo del combustible, ataques selectivos a convoyes y una presión constante sobre las arterias que conectan el país con Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Mauritania. El resultado se siente en colas interminables ante gasolineras cerradas, generadores que no arrancan, apagones prolongados y una economía urbana que pierde pulso a diario. Varias embajadas han recomendado a sus ciudadanos salir del país y el Gobierno ha militarizado carreteras clave. A simple vista parece una crisis logística; en realidad, es un golpe directo a la capacidad del Estado para sostener electricidad, transporte, hospitales y administración.

No hay indicios de una caída inmediata de la capital, y tanto las autoridades malienses como diplomáticos con experiencia en la zona lo repiten: la toma de Bamako por parte de grupos yihadistas no es verosímil a corto plazo. Pero el riesgo se ha acercado. La coalición JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), vinculada a Al Qaeda y liderada por Iyad ag Ghali, ha pasado de las emboscadas a una “yihad económica” que estrangula la capital por la vía del diésel y el comercio. Al mismo tiempo, el Estado Islámico en el Sahel (IS-Sahel, antes ISGS) consolida formas de proto-gobernanza en el noreste, alrededor de Gao y Ménaka, donde impone normas, cobra impuestos y controla rutas. La pregunta ya no es si habrá un califato a escasos saltos de Canarias; es cuánto tardará el poder estatal en recuperar el oxígeno si la asfixia continúa.

Un cerco de gasolina, no de tanques

El combustible es la sangre de Malí. No hay litoral, las mercancías llegan por tierra y su distribución depende de caravanas de cisternas que atraviesan cientos de kilómetros. Desde hace meses, JNIM anunció un veto al carburante que entra desde países vecinos y lo sostuvo a base de ataques a camiones, incendios de convoyes y controles en la red secundaria. El racionamiento se convirtió en norma: estaciones cerradas, turnos, precios en alza, conductores que guardan cada litro como si fuese oro. La capital, además, depende del diésel para generar electricidad, así que el corte no solo apaga luces; apaga quirófanos, cámaras frigoríficas, oficinas públicas, cajeros automáticos. Un círculo vicioso: sin gasoil no hay comercio; sin comercio no hay recaudación; sin recaudación no hay Estado.

El Gobierno de transición, en el poder desde 2020, envió escoltas militares para proteger rutas como Kayes-Bamako o la conexión con Costa de Marfil. Algunas caravanas han logrado entrar. Otras, no. Las que llegan lo hacen con pérdidas, seguros al alza, conductores exhaustos y un margen de beneficio que se diluye. La logística se ha vuelto impredecible, y sin calendario de entregas cualquier cadena —de alimentos a medicamentos— sufre. Por debajo, en los distritos y comunas que rodean la capital, los puestos de control aparecen y desaparecen. Los insurgentes prueban, tantean, toman nota de reacciones, repliegan, vuelven. No necesitan plantar bandera: basta con mantener la incertidumbre.

Con el Estado concentrando fuerzas en corredores troncales, la red secundaria queda expuesta. Allí se verifica el cambio de enfoque: menos golpes espectaculares, más hostigamiento continuado que impide normalidad. Es un asedio diseñado para que la población culpe a la junta por cada apagón y por cada farmacia sin existencias, al tiempo que exhibe la impunidad de los atacantes para imponer su ley entre Kayes, Nioro du Sahel, Ségou, Koulikoro o Sikasso. Cuando el carburante es arma, la distancia a la capital deja de medirse en kilómetros y empieza a medirse en horas de corte de luz.

Quién manda en el tablero yihadista

En Malí operan dos grandes siglas que hoy compiten más de lo que cooperan. JNIM reúne a grupos sahelianos vinculados a Al Qaeda (AQMI, Ansar Dine, Al Murabitun, Katiba Macina) y desde 2017 actúa bajo mando de Iyad ag Ghali, veterano del expediente tuareg que conoce como pocos las alianzas locales. Su estrategia mezcla arraigo comunitario y pragmatismo: expulsar al Estado de áreas rurales, abrir tribunales paralelos, marcar normas sociales y, si conviene, pactar treguas informales con líderes tradicionales o con transportistas. No persigue grandes ciudades de forma abierta; prefiere gastar al adversario.

El otro actor es el Estado Islámico en el Sahel (IS-Sahel), heredero del ISGS. Desde el triángulo de Liptako-Gourma se proyectó hacia Gao y Ménaka con un método que alterna terror selectivo y asedios a núcleos urbanos. No solo dispara: recauda, dicta códigos de conducta, prohíbe o autoriza el paso por rutas. A diferencia de JNIM —más dado a la negociación táctica—, IS-Sahel busca monopolio. Sus cuadros controlan tramos de carretera, gravámenes sobre ganado y comercio, y golpean con saña a quienes desafían su autoridad. En varios distritos, la población acata porque el Estado no llega y porque la alternativa puede ser peor.

La rivalidad entre ambos no reduce el problema; lo amplifica. Cada bando necesita demostrar capacidad de daño y de control, así que se expanden, chocan, vuelven a repartirse el mapa. Hay zonas —el centro agrícola y ganadero, o los corredores mineros— donde esa competencia es diaria. Todo verso suelto, como siempre en el Sahel, se pega a lo que más le conviene. Milicias locales, grupos de autodefensa o bandas criminales juegan a varias manos y cambian de lealtad según quién pague mejor o ofrezca protección. El resultado, para el ciudadano, es el mismo: ley de los fuertes.

JNIM: la guerra de desgaste que aprieta Bamako

La organización de Iyad ag Ghali ha ido estirando su influencia hacia el oeste y el sur, explotando agravios muy concretos: conflictos por pastos y agua entre comunidades agricultoras y pastoras; quejas por justicia lenta o inexistente; impuestos vistos como abusivos; corrupción cotidiana. Sobre esa base, impone tribunales religiosos, arbitra disputas y castiga a quien no obedece. El bloqueo del carburante a la capital encaja con esa lógica: no es una batalla campal, es una campaña de asfixia para que el Gobierno aparezca incapaz de sostener la vida diaria.

IS-Sahel: control de ruta, asedios y “proto-gobierno”

El grupo que se presenta como capítulo local del Estado Islámico aprendió de sus propios excesos. Sigue usando la violencia como carta de presentación, pero la combina con normas y cobros que huelen a administración. Donde manda, regula horarios, controla mercados, impone la vestimenta, decide qué camiones pasan y cuáles regresan. Las urbes del noreste, con Ménaka como símbolo, han sufrido sitios que alteran por completo la economía de supervivencia. La población acaba atrapada entre dos miedos: el de los yihadistas y el del vacío si estos se marchan sin que llegue nadie más.

Rusia entra, la ONU sale: el nuevo equilibrio en Malí

La retirada de la MINUSMA se completó el 31 de diciembre de 2023, tras una década de misión de cascos azules que dejó luces y sombras. Con la ONU fuera, el Gobierno de Bamako dio mayor espacio a sus aliados rusos. Primero, con la huella del grupo Wagner; después, con el despliegue de efectivos bajo el paraguas del África Corps, estructura ya formalmente integrada en el Estado ruso. Su papel combina entrenamiento, protección de autoridades y operaciones puntuales junto al Ejército maliense.

La eficacia es objeto de disputa. La recuperación de Kidal por las Fuerzas Armadas de Malí en noviembre de 2023 fue una victoria simbólica: supuso el fin de un bastión tuareg que durante años fue un nodo logístico y político fuera del control del Gobierno. Pero el precio ha sido alto en el norte: con el Acuerdo de Argel (2015) resquebrajado, los grupos de la Coordinación de Movimientos de Azawad (CMA) han retomado posiciones y la lucha por espacios vacíos se ha intensificado. Para los yihadistas, ese paisaje sin árbitro es una oportunidad.

Algunos señalan un patrón: la presencia rusa puede apuntalar a las autoridades en la capital y proteger enclaves críticos, pero ni Wagner ayer ni el África Corps hoy han logrado revertir la tendencia estructural de la insurgencia en áreas rurales. Los partes de operaciones muestran golpes de efecto, bajas enemigas, incautación de material. Sin embargo, el control cotidiano —escuelas abiertas, mercados funcionando, jueces trabajando— sigue siendo el talón de Aquiles. Y en la economía política del Sahel, los flujos de oro, ganado, madera y combustibles pesan más que muchos comunicados.

Canarias y España: seguridad, migración y economía

España observa el mapa con inquietud por razones prácticas. Geografía pura: la franja saheliana está cerca de la ribera atlántica, y de Mauritania a Canarias hay un salto corto para quienes se suben a una patera o a una embarcación más grande. En 2024 se registraron alrededor de 47.000 llegadas irregulares a las islas, el mayor dato en más de una década. En 2025 el flujo por la ruta atlántica se moderó gracias a más vigilancia en puntos de salida y a acuerdos con Nouakchott y Dakar, pero la presión no desaparece: se desplaza, cambia rutas, sorprende. Entre las nacionalidades que más aparecen, malíes.

Lo que ocurra en Malí no se queda en Malí. Si el bloqueo del combustible encarece el transporte y vacía de ingresos a comunidades del interior, las familias se mueven hacia núcleos donde haya mercado y redes que soporten el salto: Kayes por la minería del oro, Bamako por oportunidades urbanas, Mauritania como corredor. La ruta atlántica, con salida desde Nuadibú o Nouakchott, vuelve a calentarse cada vez que el Sahel tiembla. No es un mensaje apocalíptico: es la experiencia de los últimos quince años.

En clave de seguridad, España ya trata el Sahel como vecindad estratégica. La agenda combina cooperación policial, apoyo al control fronterizo en países costeños —Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín— y asistencia a Mauritania y Senegal para que contengan el desbordamiento. Pero esa política solo será sostenible si se acompaña de proyectos económicos a escala local que den alternativas a los corredores donde hoy mandan los gravámenes de JNIM o de IS-Sahel. Cortar la economía ilícita —del oro informal a las tasas ilegales sobre camiones— tiene más impacto que cualquier discurso grandilocuente.

La política interior y el margen real de maniobra

La junta de transición en Bamako se mueve en una ecuación incómoda. Necesita éxitos visibles —combustible que llega, luz que vuelve, mercados abastecidos— y necesita a la vez mantener el relato soberanista que la llevó a romper con París, a chocar con parte de la comunidad internacional y a apoyarse en Moscú. Cualquier negociación con JNIM se percibe como debilidad; cualquier concesión a IS-Sahel, como tabú. El margen se reduce, pero no es inexistente: en el Sahel, los acuerdos locales han sido la herramienta más eficaz para bajar la violencia allí donde el Estado no llega, aunque a menudo consoliden autoridades paralelas.

En el norte, la ruptura de facto del Acuerdo de Argel ha dejado el terreno preparado para una ecuación de tres incómoda: Ejército maliense, grupos tuareg y yihadistas. Con Kidal bajo control gubernamental, la CMA recalculó su estrategia y el frente se ha atomizado. Sin un mecanismo de mediación efectivo —Argelia ha perdido ascendiente—, el riesgo es que cada comunidad busque la protección que pueda, aunque sea temporal, y que los acuerdos sean más bien pactos de no agresión patrocinados por quien tenga armas, dinero o influencia. En ese caldo, JNIM y IS-Sahel crecen.

La Alianza de Estados del Sahel (AES) —Malí, Burkina Faso, Níger— ha reforzado su coordinación política y militar, pero de momento carece de una arquitectura de seguridad que premie la protección de comunidades sobre la defensa de capitales. La frontera con Níger y el eje hacia Burkina siguen siendo porosos, y los flujos de armas y combatientes no se cortan con discursos. La salida de la CEDEAO por parte de estos tres países ha tensionado aún más la cooperación regional y complica marcos de ayuda que, en otros tiempos, amortiguaban crisis.

Qué puede pasar en los próximos meses

La pregunta inmediata no es si veremos columnas yihadistas entrando en Bamako. Es si el Gobierno logrará estabilizar el suministro de combustible a la capital con convoyes escoltados y acuerdos discretos en los tramos más calientes, y si esa estabilización será sostenible. La electricidad es el termómetro: si los apagones diarios se reducen, el mercado respira; si se prolongan, crece el malestar. La protesta social, en un contexto de inflación y servicios a medio gas, podría reconfigurar un tablero que hoy parece inmóvil.

En paralelo, se abre una ventana para negociaciones locales —las únicas que realmente funcionan en el Sahel—, aunque nadie quiera admitirlo en público. JNIM ha demostrado que sabe modular su violencia a cambio de espacio y rentas. IS-Sahel es menos permeable, pero también mide efectos cuando aspira a legitimidad de facto. La clave es que cualquier diálogo que normalice su papel sin reconstruir servicios básicos y justicia acabará reforzando a quien hoy impone su ley con un rifle.

La dimensión humana pesa como una losa. Entre desplazados internos y refugiados regionales, la cifra de personas que han huido de sus hogares en el Sahel central se cuenta por millones. Cada escuela cerrada, cada centro de salud sin luz, cada mercado sin combustible alimenta el desplazamiento hacia zonas donde hay opciones de trabajo —aunque sean precarias— o hacia corredores migratorios que desembocan en el Atlántico. La ruta canaria no es la única, pero sí una de las que más vidas se cobra cuando repuntan los conflictos.

Para España y la Unión Europea, el enfoque útil es menos épico y más quirúrgico: apuntalar a los países costeros del golfo de Guinea para que absorban el desbordamiento, reforzar la cooperación con Mauritania y Senegal, mantener canales operativos con Bamako aunque el clima político sea áspero, y perseguir las economías ilícitas que nutren a los grupos armados. Es un trabajo de constancia, no de titulares.

Un mapa cercano que ya condiciona decisiones en España

El título impresiona, sí, pero la realidad que lo sostiene es concreta. A 800 kilómetros de Canarias, por la orilla mauritana, se cuece una crisis que ya condiciona decisiones en Madrid y en las islas: refuerzos de vigilancia marítima, protocolos de acogida más tensos cuando suben las llegadas, proyectos de cooperación con gobiernos que compiten por la estabilidad en sus territorios. En Bamako, el bloque de gasolina y el hostigamiento a la red viaria presionan a una junta necesitada de resultados tangibles. Al noreste, Gao y Ménaka siguen atrapadas en una dinámica donde IS-Sahel intenta administrar lo que el Estado no puede. Y en el oeste y sur, JNIM ensaya la asfixia como estrategia para convertir a la capital en una ciudad que funciona a ratos.

No es el preludio de una caída fulminante de la capital, pero sí el aviso de que un colapso por agotamiento —menos combustible, más cortes, inflación y descontento— puede hacer más daño que cualquier ofensiva. Para España, todo ello no es un capítulo exótico: es vecindad. Se mide en barcos de salvamento que zarpan de madrugada, en reuniones discretas en Nuakchot o Dakar, en presupuestos que reservan partidas para cooperación y seguridad donde la línea que separa ambas cosas, a veces, se difumina. La frase es clara aunque suene repetida: lo que pase en Malí no se queda en Malí. Y hoy, la asfixia de Bamako es el síntoma que mejor explica por qué.