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¿Qué ocurre con las VPO de Marratxí y los familiares de ediles del PP?
La denuncia de MÉS por las VPO de sa Cabana señala a familiares de ediles del PP, mientras Marratxí defiende el proceso gestionado por el IBAVI.

Resumen
- MÉS denuncia dos vínculos familiares con ediles del PP entre adjudicatarios
- El Ayuntamiento admite uno, niega el otro y desvincula al consistorio
- El IBAVI gestionó 34 viviendas con prioridad para residentes de Marratxí
La adjudicación de vivienda pública en Marratxí ha abierto una controversia política después de que MÉS per Marratxí denunciara que entre los beneficiarios de una promoción del IBAVI en sa Cabana figuran familiares de concejales del PP. La formación sostiene que se trata del hijo de un edil popular y del sobrino de otra concejala, mientras que el Ayuntamiento reconoce el primer parentesco pero niega que exista el segundo.
El consistorio rechaza cualquier insinuación de trato de favor. Su argumento central es que las viviendas fueron adjudicadas por el Instituto Balear de la Vivienda, IBAVI, organismo dependiente del Govern balear, y no por el Ayuntamiento. Según la versión municipal, el procedimiento siguió las bases y criterios establecidos y el hijo del concejal señalado llevaba inscrito en el Registro de Demandantes del IBAVI desde marzo de 2023.
El caso, por tanto, no permite afirmar que se haya acreditado una adjudicación irregular. Lo que existe es una disputa política alrededor de la transparencia del procedimiento, los criterios utilizados y el acceso de la oposición a determinada documentación. Y en vivienda pública, donde hay muchos más aspirantes que pisos disponibles, cualquier duda sobre el reparto pesa bastante.
Qué ha denunciado MÉS sobre las viviendas de sa Cabana
La portavoz municipal de MÉS, Aina Amengual, asegura que su grupo pasó cerca de ocho meses reclamando documentación relacionada con estas adjudicaciones y que no pudo acceder a toda la información que consideraba necesaria para fiscalizar el procedimiento. Según la formación, terminó obteniendo documentación con la colaboración del diputado autonómico Ferran Rosa.
Fue al examinar esos datos cuando MÉS aseguró haber identificado dos vínculos familiares entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP. Desde ahí, la formación puso el foco no solo sobre quién recibió las viviendas, sino también sobre las prioridades utilizadas para repartir unos inmuebles especialmente escasos.
La denuncia política apunta a una cuestión de fondo: hasta qué punto pesó la antigüedad de residencia en Marratxí frente a otras situaciones de necesidad habitacional. MÉS sostiene que podrían haber quedado fuera personas o familias con mayores dificultades. Ese planteamiento forma parte de su crítica política; no equivale, por sí mismo, a demostrar que se favoreciera indebidamente a familiares de cargos públicos.
El Ayuntamiento admite un parentesco y rechaza el otro
La respuesta municipal llegó el mismo 25 de septiembre. El Ayuntamiento de Marratxí confirmó que un hijo de un concejal se encuentra entre los adjudicatarios, pero aseguró que el consistorio no participó en su selección y recordó que figuraba como demandante registrado del IBAVI desde marzo de 2023.
Sobre el supuesto sobrino de otra edil, las versiones chocan. El consistorio desmiente ese segundo parentesco y sostiene que no existe la relación familiar señalada por MÉS entre el resto de adjudicatarios y miembros del equipo de gobierno. Es, por tanto, uno de los puntos factuales todavía enfrentados entre las dos partes.
El gobierno municipal también rechaza relacionar las dificultades denunciadas por MÉS para conseguir información con estas adjudicaciones. Afirma que la petición documental mencionada por la oposición no guardaba relación con este procedimiento y considera que no puede emplearse como prueba de una eventual irregularidad.
El IBAVI, pieza central del procedimiento
Este matiz importa. Los pisos pertenecen al parque público gestionado por el IBAVI, de modo que la adjudicación administrativa correspondió al organismo autonómico. El Ayuntamiento intervino en la política de vivienda mediante la cesión de suelo y defendió públicamente la preferencia para residentes del municipio, algo distinto de seleccionar personalmente a cada adjudicatario.
Precisamente por eso, parentesco y favoritismo no son términos intercambiables. Que un familiar de un cargo público consiga una vivienda protegida puede generar un escrutinio político lógico, pero la cuestión determinante es si reunía los requisitos y obtuvo la adjudicación conforme al procedimiento establecido.
Por qué los cinco años de residencia están en el centro
La promoción discutida comprende 34 viviendas públicas en sa Cabana, construidas en solares cedidos por el Ayuntamiento. En diciembre de 2023, el consistorio anunció un acuerdo con el IBAVI para dar preferencia en la adjudicación a quienes acreditasen más de cinco años de residencia en Marratxí.
Las cifras difundidas entonces explican la presión sobre aquellos pisos. Había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con esa antigüedad y movilidad reducida, frente a 910 demandantes con menor antigüedad en el municipio o residentes en otros puntos de Baleares. Treinta y cuatro viviendas para una cola muchísimo mayor. Matemática poco amable.
MÉS cuestiona precisamente el peso que adquirió esa prioridad territorial y reclama mayor claridad sobre cómo se aplicaron los criterios. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el requisito buscaba priorizar a los residentes del municipio y que el reparto correspondió al IBAVI mediante criterios objetivos. Debatir qué criterio debería pesar más es una cosa; demostrar que las reglas fueron vulneradas, otra.
Cómo eran las 34 viviendas públicas adjudicadas
No se trata de una promoción cualquiera dentro del mercado inmobiliario. Son viviendas públicas destinadas al alquiler asequible y su entrega se dividió en dos fases: 22 viviendas en julio de 2024 y otras 12 en octubre del mismo año, hasta completar las 34 de sa Cabana.
El proyecto resulta especialmente relevante por el contexto inmobiliario de Mallorca y por la diferencia entre la oferta y la demanda. Una vivienda pública de alquiler con condiciones vinculadas a los ingresos familiares es, para muchos hogares, una puerta que el mercado privado difícilmente mantiene abierta. De ahí que cualquier discusión sobre criterios, prioridades o parentescos adquiera una dimensión política inmediata.
La promoción había acumulado además un importante contenido institucional. El alcalde, Jaume Llompart, reivindicó públicamente la preferencia para residentes de Marratxí, mientras el consistorio presentó el acuerdo con el IBAVI como una herramienta para evitar que vecinos del municipio tuvieran que buscar vivienda fuera.
Una polémica de transparencia, no una irregularidad acreditada
La información disponible dibuja un escenario más complejo que una acusación simple. MÉS denuncia falta de transparencia y cuestiona que personas vinculadas familiarmente a cargos políticos aparezcan entre los adjudicatarios en un proceso con una demanda muy elevada. El Ayuntamiento contesta que no decidió el reparto, reconoce uno de los parentescos señalados y rechaza el segundo.
No consta en la información pública contrastada una resolución que haya declarado fraudulentas estas adjudicaciones o que haya acreditado un trato de favor. Esa distinción es esencial: la controversia política puede justificar explicaciones y control, pero no convierte por sí sola una sospecha en una irregularidad demostrada.
Cuando hay 34 viviendas, la transparencia pesa el doble
El fondo del asunto rebasa incluso los apellidos de quienes recibieron las viviendas. Con decenas de solicitantes preferentes y centenares de demandantes detrás, cada decisión sobre vivienda pública obliga a explicar bien las reglas, cómo se aplicaron y por qué unas personas entraron mientras otras quedaron fuera.
La legalidad administrativa es imprescindible, pero la confianza pública también cuenta. Cuando entre los beneficiarios aparece un familiar de un representante político, aunque cumpla todos los requisitos, una trazabilidad clara del procedimiento es la mejor manera de separar una adjudicación legítima de una sospecha. En Marratxí, ese es precisamente el terreno en el que continúa la polémica: menos sobre una irregularidad probada y más sobre cuánto debe verse, y entenderse, cuando se reparten bienes públicos tan escasos.












