Todas las veces que EE UU intervino en América Latina

De Guatemala a Venezuela: cronología de injerencias de EE UU golpes, CIA y guerras duras en el continente, con cifras y la captura de Maduro.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 no ha sido solo un golpe de efecto geopolítico: ha sido un recordatorio, con helicópteros, inteligencia y un avión rumbo a Nueva York, de que Washington sigue creyendo que en América Latina hay asuntos que puede resolver por su cuenta cuando invoca seguridad nacional o persecución penal. La operación, bautizada por el Pentágono como “Absolute Resolve”, se cerró —según el balance difundido por la Administración estadounidense y recogido por varios medios internacionales— con más de 80 muertos en el terreno y varios militares estadounidenses heridos, sin bajas mortales confirmadas por Washington entre sus tropas. Maduro fue trasladado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, para afrontar un proceso por narcoterrorismo y otros cargos vinculados al tráfico de drogas y redes criminales, una acusación que Caracas rechaza de plano y que sus aliados describen como la excusa jurídica de una intervención.

La controversia no se limita al “qué”, sino al “cómo”. Días después trascendió que la base legal interna de la misión descansaba en un memorando secreto fechado en diciembre de 2025 y elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, un documento que, según esas informaciones, defendía que el presidente podía ordenar una misión de captura sin autorización del Congreso, incluso asumiendo que la acción chocara con el derecho internacional. A nivel operativo, se ha contado que la localización de Maduro se apoyó en un informante dentro del propio aparato del poder venezolano, un “activo” reclutado tras meses de trabajo encubierto, y en una vigilancia sostenida con tecnología y seguimiento de movimientos. En Caracas, donde Maduro había reforzado su anillo de seguridad con personal cubano, la idea de que “venían a por él” llevaba tiempo instalada; el final fue, aun así, fulminante.

En paralelo, Venezuela ha entrado en una fase de reajuste nervioso: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció liberaciones de presos que el Gobierno cifra en más de 400 como “gesto por la paz”, mientras organizaciones de derechos humanos rebajan el número a decenas y denuncian falta de transparencia y casos de malos tratos y aislamiento. Además, en los días posteriores se informó de la liberación de varios estadounidenses detenidos en Venezuela, en un movimiento que mezcla negociación, presión y supervivencia política. El tablero está vivo, y el mensaje que deja la captura es incómodo: cuando Estados Unidos decide que el objetivo es “traer a alguien ante un juez”, el hemisferio vuelve a parecerle un espacio de maniobra.

La idea de fondo: seguridad hemisférica, negocios y “cambio de régimen”

Para entender por qué esta captura resuena como un eco histórico, hay que mirar el guion repetido —cambiando decorados y excusas— durante más de un siglo. Estados Unidos ha intervenido en América Latina de forma abierta (invasiones, ocupaciones, desembarcos) y encubierta (financiación, propaganda, operaciones de inteligencia, apoyo a golpes, entrenamiento de aparatos de seguridad), casi siempre bajo una combinación de tres motores: control estratégico del entorno, protección de intereses económicos y, desde la Guerra Fría, la obsesión por bloquear proyectos políticos que Washington consideraba hostiles.

La doctrina que suele invocarse como punto de partida es la Doctrina Monroe (1823), resumida en la práctica como “Europa fuera del hemisferio”, pero reinterpretada con el tiempo como “el hemisferio bajo vigilancia”. No es un texto operativo que explique cada intervención, pero sí una cultura política. A partir del cambio de siglo XIX-XX se consolidó una intervención recurrente en el Caribe y Centroamérica, el área más próxima a las rutas marítimas, al Canal y a las plantaciones: la llamada era de las “guerras bananeras”, donde compañías como United Fruit fueron parte del paisaje y donde los marines aparecían con una frecuencia que hoy sonaría impensable en otras regiones del mundo.

El método fue evolucionando. Cuando la intervención militar directa se volvió más costosa —por imagen, por resistencia local, por el impacto internacional—, aumentó el peso del trabajo indirecto: inteligencia, presión diplomática, sanciones, apoyo a aliados internos, guerra psicológica. En los setenta y ochenta, además, ese método se mezcló con dictaduras militares que practicaron terrorismo de Estado. Y en el siglo XXI, con el vocabulario de la “democracia” y la “lucha contra el narcotráfico”, el músculo no desapareció: se maquilló.

De Guatemala a Chile: la CIA y el manual del golpe “moderno”

Si hay una fecha que marca un antes y un después en la intervención encubierta estadounidense en América Latina es Guatemala, 1954. El presidente Jacobo Árbenz, elegido democráticamente, impulsó una reforma agraria que golpeaba intereses ligados a United Fruit y encendía alarmas en Washington en plena Guerra Fría. El resultado fue una operación de la CIA que combinó propaganda, presiones, creación de un clima de miedo y apoyo a fuerzas que acabaron tumbando al Gobierno. Guatemala entró después en una espiral de inestabilidad y violencia que dejó un coste humano brutal en las décadas siguientes, con guerra interna y represión, especialmente contra población indígena. No es un puente automático de la CIA a cada tragedia posterior, pero sí un patrón: la política interna de un país pasaba a ser tratada como “amenaza” si afectaba a intereses estratégicos o económicos.

Ese patrón se reproduce con variaciones en los años siguientes. En Cuba (1961), la invasión de Bahía de Cochinos, apoyada por Estados Unidos a través de exiliados, fracasa y refuerza a Fidel Castro, pero deja claro el alcance de la voluntad de “cambio de régimen” cuando Washington lo considera prioritario. En República Dominicana (1965), Estados Unidos interviene militarmente durante la guerra civil, alegando riesgo comunista y necesidad de proteger vidas; la acción condiciona el desenlace político e instala una advertencia regional.

Y llega Chile (1970-1973). Con Salvador Allende en el poder, la polarización interna y la presión externa se convierten en un coctel que termina con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet. La documentación desclasificada y la investigación histórica han discutido durante años la intensidad de la implicación estadounidense en el desestabilizamiento previo y en el respaldo posterior. Lo indiscutible es el saldo: represión sistemática, miles de víctimas, exilio, torturas. Chile, además, se convirtió en escaparate de un modelo económico radical impulsado bajo dictadura, con asesoramiento de economistas vinculados a la escuela de Chicago: otra forma de intervención, menos visible, igual de transformadora.

Los setenta en el Cono Sur: Bolivia, Argentina, Uruguay y la Operación Cóndor

En los setenta, el mapa sudamericano se oscurece a la vez, como si alguien bajara la palanca de la luz en varios países. El relato no es lineal ni idéntico en todos los casos, pero hay un hilo común: golpes militares, dictaduras, represión feroz contra opositores y una cooperación transnacional que acabó formalizada en la Operación Cóndor, el entramado que coordinó a servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con persecución incluso fuera de fronteras. El objetivo era aplastar organizaciones de izquierda, sindicatos, movimientos estudiantiles, guerrillas, partidos y cualquiera que oliera a disidencia. El método fue el terror.

En Bolivia, el presidente Juan José Torres fue derrocado el 19 de agosto de 1971 por un golpe encabezado por Hugo Banzer. Torres, militar con ideas heterodoxas para su tiempo, defendía políticas de soberanía económica, impulsó una Asamblea Popular, priorizó educación y se vinculó a la nacionalización de activos petroleros que afectaban a empresas estadounidenses. Banzer, en cambio, consolidó una dictadura que prohibió partidos, reprimió, abrió la economía a intereses externos y convivió con corrupción y violencia. Años después, Torres fue asesinado en Buenos Aires en 1976, en el marco de esa coordinación represiva regional.

En Argentina, el golpe de 1976 abre el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, una maquinaria de desaparición y tortura que dejó una huella imposible de borrar. Las cifras oscilan según fuentes y criterios: hay registros documentados y estimaciones más amplias; la cifra de 30.000 desaparecidos se convirtió en símbolo y bandera de memoria, mientras comisiones oficiales documentaron miles de casos con pruebas. Lo que no se discute es la existencia de un sistema de centros clandestinos, tortura sistemática, apropiación de bebés, asesinatos y los “vuelos de la muerte”, con cuerpos arrojados al mar o a ríos. En aquel contexto, la política exterior estadounidense mantuvo una relación ambigua con la Junta: condenas parciales, pragmatismo geopolítico, contactos diplomáticos y un anticomunismo que funcionaba como permiso moral. El nombre de Henry Kissinger aparece recurrentemente en documentos y testimonios sobre señales de tolerancia. La represión fue un hecho, y la región lo supo.

En Uruguay, el golpe de 1973 y la dictadura posterior convirtieron a un país de tradición institucional en uno de los lugares con mayor proporción de presos políticos por habitante. Torturas, censura, persecución de sindicatos y fuerzas de izquierda, y cooperación con la red regional. La dictadura uruguaya, como las otras, no actuó en vacío: estuvo conectada, informada y sostenida por esa arquitectura anticomunista hemisférica que encontró en Cóndor su instrumento más siniestro.

La Operación Cóndor dejó asesinatos fuera de los países de origen. El caso más notorio es el de Orlando Letelier, exministro de Allende, asesinado con coche bomba en Washington el 21 de septiembre de 1976. Que un crimen de ese calibre ocurriera en la capital estadounidense demuestra hasta qué punto el terrorismo de Estado cruzaba líneas y fronteras. En paralelo, figuras como Klaus Barbie, el “verdugo de Lyon”, reaparecen en la historia latinoamericana refugiadas o integradas en aparatos represivos, señal del barro moral en el que se movieron aquellas alianzas.

Centroamérica en los ochenta: la Contra, El Salvador y la retaguardia hondureña

Si el Cono Sur fue la dictadura como máquina de Estado, Centroamérica en los ochenta fue la guerra como modo de vida. Nicaragua es el epicentro simbólico. Tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y el triunfo sandinista, Estados Unidos apostó por sostener y financiar a la Contra, un mosaico de fuerzas armadas que combatió al nuevo Gobierno. El conflicto se convirtió en una guerra por delegación: una parte del planeta resolviendo su pulso global en aldeas y montañas centroamericanas. El coste humano fue enorme y la violencia se cebó en población civil, con masacres y desplazamientos. En Estados Unidos, el episodio se cruzó con el escándalo Irán-Contra, muestra de hasta dónde podía estirarse la cuerda del Estado cuando el objetivo era frenar un proyecto político considerado hostil.

Honduras actuó como plataforma. El país fue retaguardia logística y territorio de entrenamiento, con presencia e influencia estadounidense creciente. En ese contexto, se documentó la actuación del Batallón 316, vinculado a secuestros, torturas y asesinatos de opositores, y asociado a formación y apoyo exterior. Honduras pagó un precio silencioso: no siempre fue el escenario de grandes titulares bélicos, pero sí un lugar donde la violencia política se normalizó bajo el paraguas de “seguridad”.

El Salvador vivió una guerra civil en la que Estados Unidos respaldó al Gobierno frente a la guerrilla del FMLN, con asistencia militar, asesoramiento y financiación. Hubo masacres que siguen siendo cicatriz abierta, como El Mozote, y una represión que, durante años, fue minimizada o relativizada por necesidades estratégicas. En Guatemala, la guerra interna y la represión contra comunidades indígenas alcanzaron niveles que informes posteriores calificaron como atrocidades masivas; la política estadounidense osciló entre apoyo, presión y pragmatismo según el momento, pero la región percibió que el anticomunismo justificaba demasiado.

La idea clave de los ochenta es esta: mientras en Europa se discutía la Guerra Fría en despachos y cumbres, en Centroamérica se vivía como barro, sangre y miedo cotidiano. Y Washington fue actor central, no único, pero sí determinante.

Panamá 1989 y el precedente: capturar a un “aliado” convertido en enemigo

La invasión de Panamá en diciembre de 1989 y la captura de Manuel Antonio Noriega es un espejo directo para entender lo que ahora ha ocurrido con Maduro. Noriega fue durante años un activo útil y luego un problema. Estados Unidos lo persiguió por narcotráfico y, tras la operación militar, lo trasladó a territorio estadounidense para juzgarlo. La intervención dejó centenares de muertos —las cifras exactas siguen siendo objeto de debate— y un trauma nacional concentrado en barrios como El Chorrillo, devastado por el fuego. La lección fue doble: Washington podía entrar, capturar y salir; y podía presentar la acción como “cumplimiento de la ley” mientras la población local soportaba el impacto.

Ese precedente reaparece ahora en el debate jurídico sobre Maduro. La idea de que capturar a un líder extranjero puede no equivaler a “guerra” en sentido constitucional, y por tanto no requerir autorización del Congreso, es un argumento que vuelve con otro nombre y otro contexto. La diferencia es que, en 2026, el mundo está más atento a la legalidad internacional, al menos en el discurso, y a la posibilidad de que la fuerza se normalice como herramienta judicial.

Del siglo XXI al caso venezolano: golpes fallidos, sanciones y operaciones de precisión

En el siglo XXI, las intervenciones estadounidenses en América Latina rara vez adoptan la forma clásica de ocupación. El repertorio se ha desplazado hacia sanciones, presión financiera, apoyo a oposiciones, reconocimiento diplomático selectivo, cooperación militar focalizada y operaciones antinarcóticos. Esto no las hace inocuas; las hace más difíciles de fotografiar.

En Venezuela, la relación se deterioró durante el chavismo y se convirtió en conflicto abierto con Maduro. En 2002, el intento de golpe contra Hugo Chávez y su fugaz salida del poder durante horas alimentó una discusión interminable sobre el papel de Estados Unidos: hay evidencias de contactos con sectores opositores y conocimiento previo en niveles diplomáticos, y también un rechazo posterior a aparecer como autor directo. A partir de 2017 y sobre todo desde 2019, con el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente interino” por parte de Washington y varios aliados, el conflicto tomó forma de pulso internacional. Llegaron sanciones petroleras, sanciones personales, aislamiento y un intercambio constante de acusaciones. Mientras tanto, Venezuela se hundía en crisis económica, migración masiva y degradación institucional, con denuncias de violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y represión de protestas.

En ese marco, Estados Unidos fue elevando la presión judicial: acusaciones federales, recompensas, y un discurso que equiparaba a Maduro y su entorno con una estructura criminal. En enero de 2026, el Departamento de Estado llegó a anunciar una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, una cifra sin precedentes para un jefe de Estado en ejercicio. Y, apenas días antes o después de ese anuncio, se ejecuta la captura por la vía más contundente posible.

Así se construyó “Absolute Resolve”: meses de inteligencia y un golpe de cinco minutos

La reconstrucción difundida por distintos medios coincide en varios elementos: meses de preparación, autorización política de alto nivel, implicación de agencias de inteligencia y despliegue de fuerzas especiales. Uno de los detalles más repetidos es la existencia de un infiltrado en el círculo gubernamental venezolano que permitió rastrear movimientos y ubicaciones en tiempo real o casi real. También se ha hablado de apoyo con drones de vigilancia, control del espacio aéreo y seguimiento de rutas seguras.

Maduro, según esos relatos, se había obsesionado con la seguridad: cambios constantes de ubicación, refuerzo del perímetro, presencia de guardaespaldas cubanos y protocolos para evitar una captura. Sin embargo, la operación se describe como rápida, casi quirúrgica en su núcleo: entrada, neutralización del entorno inmediato, captura de Maduro y Flores, extracción. El coste, no obstante, fue alto: muertes en el terreno, enfrentamientos con fuerzas de seguridad venezolanas y, según informaciones que han ido apareciendo, también bajas entre el contingente cubano que protegía al presidente.

El día después en Caracas: presos liberados, periodistas detenidos y tensión interna

Tras la captura, el poder en Venezuela entró en modo contención. Se anunció la liberación de presos en un proceso que el Gobierno vende como “pacificación”, pero que organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición reciben con escepticismo: se cuestiona el número real de liberados, el criterio usado y la falta de listas verificables. En paralelo, se denunciaron detenciones e interrogatorios de periodistas y activistas, y una intensificación del control sobre la disidencia, bajo el argumento de perseguir “colaboradores” o “apoyos” de la operación estadounidense.

Al mismo tiempo, hubo señales de canal abierto entre Washington y Caracas —o, más exactamente, entre Washington y quienes hoy manejan el aparato institucional venezolano— con la liberación de estadounidenses detenidos. Es el tipo de negociación que convive con la hostilidad: presión pública, intercambio discreto, gestos controlados.

Víctimas y objetivos: cuando la intervención se mide en cuerpos y en poder

Las intervenciones estadounidenses en América Latina suelen justificarse con objetivos que suenan técnicos —estabilidad, lucha contra el comunismo, drogas, terrorismo—, pero el saldo se mide también en víctimas, destrucción institucional y sociedades fracturadas. En los setenta, la represión coordinada del Cono Sur dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de detenidos y torturados, y un exilio masivo. En Centroamérica, la guerra por delegación multiplicó masacres y desplazamientos. En Panamá, la captura de Noriega se logró al precio de un país invadido. En Venezuela, la captura de Maduro abre una fase nueva de incertidumbre: quién gobierna, qué ocurre con las Fuerzas Armadas, qué pasa con los presos, cómo se reordenan las alianzas internacionales y qué precedente queda para futuras “capturas” de líderes considerados criminales.

El objetivo estadounidense, en su versión oficial, es claro: llevar a Maduro ante la justicia por narcoterrorismo y crimen organizado, cortar supuestas redes de tráfico y enviar un mensaje disuasorio a regímenes que, según Washington, colaboran con mafias. El objetivo político implícito es igual de evidente: decapitar el liderazgo que ha sostenido el poder en Caracas durante más de una década y forzar una transición. La cuestión es el método y el precedente: si un país decide que puede capturar a un jefe de Estado extranjero por la fuerza y llamarlo “cumplimiento de la ley”, el mundo entra en un terreno resbaladizo donde el derecho internacional queda como decorado.

Un siglo de intervenciones, un presente que no se ha cerrado

La captura de Maduro no aparece en el vacío. Es el último capítulo, de momento, de una historia larga en la que Estados Unidos ha intervenido de forma directa o indirecta en asuntos internos de países de América Latina. Desde los golpes apoyados o tolerados en la Guerra Fría hasta las operaciones antinarcóticos, pasando por invasiones como Panamá, el patrón se repite con variaciones: Washington actúa cuando considera que su interés estratégico está en juego, y la región paga el coste político y humano.

Lo que cambia es el envoltorio. A mediados del siglo XX, el enemigo era el comunismo; en los ochenta, la insurgencia; después, las drogas; hoy, el crimen transnacional y el autoritarismo. Pero el resultado, cada vez que se cruza la línea de la intervención, es el mismo tipo de fractura: soberanías debilitadas, instituciones más frágiles, sociedades polarizadas y una memoria colectiva que no olvida.

Y ahora Venezuela entra en esa memoria con una fecha concreta, casi cinematográfica, pero de consecuencias muy reales: 3 de enero de 2026, “Absolute Resolve”, Maduro en un avión hacia Nueva York, un memorando legal que arde en Washington, y una región que vuelve a mirar hacia el norte con una mezcla de temor, enfado y resignación.

La captura de Maduro y el precedente que queda en el aire

El caso venezolano añade un elemento especialmente delicado: el argumento de que la acción puede ser legal internamente aunque choque con tratados o con la Carta de la ONU. Ese razonamiento, si se consolida, abre la puerta a una normalización peligrosa: convertir operaciones militares en “arrestos” transfronterizos. El debate no es abstracto; afecta a cómo se entenderá la soberanía en el hemisferio, a cómo reaccionarán potencias rivales, y a qué herramientas se sentirán legitimadas para usar otras capitales cuando les convenga. La historia latinoamericana ya conoce los costes de esas licencias: dictaduras sostenidas en nombre del orden, guerras alimentadas por intereses externos, democracias interrumpidas por atajos.

En 2026, la palabra clave no es solo captura, ni siquiera Maduro. Es precedente. Porque si algo enseña el historial de intervenciones estadounidenses en América Latina es que cada operación deja una estela que vuelve años después, con otro nombre y otro objetivo, pero con el mismo gesto de fondo: decidir desde fuera lo que se considera aceptable dentro.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y medios confiables, para garantizar precisión y actualidad. Fuentes consultadas: RTVE, El País, U.S. Department of Justice, The Washington Post, U.S. Department of State, National Security Archive.