Unión Africana aprueba resolución contra el bloqueo a Cuba

La Unión Africana condena el bloqueo a Cuba por 17ª vez y exige sacarla de la lista de terrorismo, con presión creciente por el combustible.

La Unión Africana volvió a fijar posición este domingo, 15 de febrero de 2026, y lo hizo con una frase que ya suena a estribillo diplomático: condena el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. No es un matiz ni un gesto menor: la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno del organismo aprobó por decimoséptima ocasión consecutiva una resolución contra esa política y, por tercera vez, incluyó un punto especialmente sensible para Washington y para el sistema financiero internacional, el llamado explícito a que la isla sea retirada de la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, una designación que los líderes africanos califican de arbitraria.

La novedad real está ahí, en el subrayado: no se limitaron a denunciar un embargo histórico, sino que apuntaron a la etiqueta que, en la práctica, complica pagos, créditos, seguros y operaciones bancarias de terceros con La Habana, y lo hicieron en un momento de máxima tensión energética. El contexto inmediato es áspero: el presidente Donald Trump firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” y abre la puerta a aranceles contra importaciones de petróleo destinadas a Cuba desde terceros países, una medida que expertos de Naciones Unidas denunciaron el 12 de febrero como un “bloqueo de combustible” con efectos extraterritoriales y riesgo humanitario. En ese paisaje, la resolución africana gana densidad, deja de sonar a rutina y se lee como una toma de partido en plena tormenta.

La votación africana: la condena y la exigencia

La escena se montó en Adís Abeba, con la capital etíope haciendo de escenario habitual de la diplomacia continental. La 39.ª sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana se celebró entre el 14 y el 15 de febrero de 2026 y, en ese marco, el texto contra el embargo estadounidense volvió a salir adelante. La resolución condena el bloqueo —la palabra que Cuba utiliza y que gran parte de África asume sin complejos— y pide su levantamiento, pero sobre todo insiste en algo que no es solo semántica: reclama que Cuba sea retirada de la lista estadounidense de “Estados patrocinadores del terrorismo”, porque considera que esa calificación no se sostiene y opera como un castigo añadido, pegajoso, difícil de despegar incluso cuando se firman acuerdos o se anuncian flexibilizaciones.

Detrás del documento hay un patrón político que no conviene pasar por alto: en la Unión Africana, cuando una formulación se repite año tras año y además se endurece con un punto nuevo (o con un punto que se repite por tercera vez, como ahora), lo que está ocurriendo no es un despiste administrativo, sino una decisión colectiva de sostener el foco. No es “solidaridad” a secas; es una forma de decir que las medidas coercitivas unilaterales —así suelen nombrarlas los gobiernos que las critican— no son aceptables aunque se apliquen lejos, al otro lado del Atlántico, porque sus efectos se derraman y salpican a socios, bancos, navieras, aseguradoras, empresas de energía… y, sí, también a países africanos que comercian con quien comercian.

Diecisiete veces seguidas no son un despiste

Lo de decimoséptima ocasión consecutiva tiene algo de martillo. La cifra es el mensaje. Si un organismo que reúne a 55 Estados (con realidades tan distintas como las del Sahel, el Magreb, África austral o el Cuerno de África) mantiene durante diecisiete años seguidos la misma condena, lo que está diciendo es que no ve cambios de fondo en la política estadounidense hacia Cuba y que, por tanto, no va a bajar el volumen. Y si además, por tercera vez, menciona de forma explícita la retirada de Cuba de la lista de “patrocinadores del terrorismo”, está delimitando su prioridad: la discusión ya no es solo moral o histórica, es financiera y operativa.

Porque el embargo, por sí solo, ya es una muralla larga; pero la lista de terrorismo es el alambre de espino en la parte alta. En 2026, con el comercio global funcionando a base de corresponsalías bancarias, seguros marítimos y temor a sanciones, esa etiqueta tiene un peso que se nota incluso fuera de Cuba. Por eso la Unión Africana la llama “arbitraria”: no se queda en el “no nos gusta”, apunta al mecanismo.

La etiqueta del terrorismo: por qué importa tanto

La famosa lista estadounidense de “State Sponsors of Terrorism” (la expresión circula en inglés incluso en documentos en castellano) no es un simple sello político para titulares. En el plano práctico, funciona como un multiplicador de riesgo. Una empresa puede decidir vender alimentos a un país sancionado y, con suficiente ingeniería legal, hacerlo; un banco puede plantearse tramitar un pago… pero si el país está en la lista de terrorismo, el miedo se dispara. Aumentan los controles internos, se encarecen las pólizas, se cierran cuentas, se rechazan transferencias por exceso de “cumplimiento normativo”, y aparece esa frase que mata operaciones sin necesidad de prohibición explícita: “no nos compensa”.

Cuba, hoy, figura en esa lista junto a Irán, Corea del Norte y Siria. La inclusión tiene historia, va y viene, y precisamente ese vaivén es uno de los argumentos de quienes la critican: si se puede sacar y volver a meter según el color político de la Casa Blanca, ¿cuánto hay de evaluación técnica y cuánto de herramienta de presión? La Unión Africana no entra en detalles jurídicos, pero su acusación de arbitrariedad se apoya en esa intuición: la lista se usa como palanca. Y el resultado, para Cuba, es una doble pinza: embargo por un lado, etiqueta de terrorismo por el otro.

En Washington, el argumento suele presentarse con un envoltorio de seguridad nacional y cooperación antiterrorista; en La Habana, se describe como un castigo político que busca estrangular economía y reputación. Y hay un tercer plano, menos ruidoso pero decisivo: el de los bancos europeos, asiáticos o latinoamericanos que prefieren no exponerse a sanciones o litigios, y cortan de raíz operaciones que, en teoría, podrían ser legales. Ese plano es el que convierte una decisión estadounidense en un problema global. La Unión Africana lo sabe, porque no es la primera vez que una sanción extraterritorial condiciona el comercio de terceros.

El vaivén de 2025: de la retirada anunciada al regreso de la línea dura

Este capítulo explica por qué la resolución africana insiste tanto con la lista de terrorismo. En enero de 2025, la administración de Joe Biden notificó al Congreso su intención de retirar a Cuba de esa lista, en un movimiento que se interpretó como el preludio de un deshielo limitado y también como parte de un acuerdo más amplio en el que Cuba anunció la liberación gradual de 553 presos. La letra pequeña era importante: la retirada de la lista exigía un plazo de espera de 45 días y, además, el giro político en Washington llegó antes de que ese proceso se consolidara.

El 20 de enero de 2025, en el arranque del segundo mandato de Donald Trump, se revocaron los pasos iniciados por Biden. Con ese giro, Cuba permaneció en la lista. A partir de ahí, la relación volvió a endurecerse, y en junio de 2025 se firmó un memorando que reforzaba la línea dura: control de viajes, restricciones sobre transacciones, y un retorno explícito a la arquitectura de sanciones más severa. Ese carrusel —anuncio de retirada, reversión inmediata, endurecimiento posterior— es la clase de material que alimenta la acusación de arbitrariedad: se trata de un instrumento que se activa y se desactiva con la política interna estadounidense.

En el relato cubano, ese periodo se cuenta como un engaño o, como mínimo, como una prueba de que el bloqueo no depende de conductas concretas sino de objetivos políticos. En el relato estadounidense, se presenta como coherencia con una estrategia de presión para forzar cambios en Cuba. La Unión Africana, al pedir por tercera vez que la isla salga de la lista, se coloca de forma nítida en el primer marco: ve la designación como injustificada y, lo que es peor, como un obstáculo que agrava el daño económico y social.

El pulso del combustible: la orden del 29 de enero

El asunto del combustible ha convertido una discusión de décadas en una urgencia de semanas. El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” y autoriza la imposición de aranceles sobre importaciones de petróleo que vayan a Cuba desde terceros países. La formulación clave no es solo “Cuba”, es “terceros países”: la medida apunta al corazón del comercio internacional, porque intenta disuadir a quien venda crudo o derivados a la isla mediante la amenaza de penalizaciones comerciales.

Pocos días después, el 12 de febrero, un grupo de expertos de Naciones Unidas condenó esa orden, la describió como una forma extrema de coerción económica con efectos extraterritoriales y advirtió del impacto humanitario. En su valoración, el combustible no es un bien más: es electricidad, es bombeo de agua, es transporte público, es hospitales, es conservación de alimentos y medicinas. Mencionaron incluso un dato que retrata el nivel de tensión: apagones de hasta 20 horas en varias zonas, con consecuencias directas sobre refrigeración y salud pública. Cuando un organismo así coloca esa cifra sobre la mesa, está diciendo que el debate ya no es solo diplomático, es de servicios esenciales.

Aquí es donde la resolución africana encaja como una pieza más del puzle. Al condenar el embargo y, además, insistir con la lista de terrorismo, la Unión Africana no está hablando de un conflicto abstracto; está reaccionando a una escalada concreta que Cuba y sus aliados describen como intento de “asfixia energética”. Y, aunque en África no exista unanimidad sobre la política interna cubana, sí existe una sensibilidad histórica hacia medidas extraterritoriales que pretenden obligar a terceros a modificar relaciones comerciales “legales” bajo amenaza de castigo. Ese es el corazón del reproche.

Quién dijo qué: La Habana, Roma, Adís Abeba

La reacción desde Cuba fue inmediata y personal, con el presidente Miguel Díaz-Canel agradeciendo públicamente a los mandatarios africanos la aprobación de la resolución y subrayando que, en el momento actual, esa condena tiene un valor “mayor” por el intento estadounidense —en sus palabras— de asfixiar energéticamente al país. No fue un mensaje genérico: citó expresamente la exigencia africana de retirar a Cuba de la lista unilateral de “patrocinadores del terrorismo”. El énfasis en esa frase muestra dónde cree La Habana que se juega parte de su margen de maniobra: no solo en el comercio directo con Estados Unidos, que ya está restringido, sino en la relación con bancos, aseguradoras y proveedores del resto del mundo.

En paralelo, la diplomacia cubana se movió por varios frentes. Un ejemplo con nombre propio: Jorge Luis Cepero, embajador de Cuba en Italia, denunció en declaraciones a RAI Radio 1 que la orden ejecutiva del 29 de enero busca cortar el acceso a combustibles y reforzar el bloqueo. La entrevista, realizada por la periodista Cecilia Rinaldini en el programa “Voces del mundo”, volvió sobre los puntos que Cuba repite en foros internacionales: carácter extraterritorial, afectación a población civil, impacto en agua, hospitales, alimentos, transporte. Lo relevante no es solo el altavoz italiano; es la estrategia de poner el foco en lo concreto, en lo que se ve y se toca.

También entró en escena el discurso de organizaciones y activistas de derechos humanos fuera de Cuba. Desde Perú, el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Eduardo Cáceres, habló de ilegalidad internacional y de consenso creciente contra lo que llamó “bloqueo energético”, señalando que la amenaza de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba va más allá de una advertencia: es un mecanismo de coerción sobre terceros. En India, la coordinadora para el Sur Global del Partido Comunista de Cuba, Aymee Díaz, calificó la orden de un disparate y reiteró el argumento de que el objetivo es forzar un cambio de régimen. Son voces con agendas políticas claras, sí, pero el punto de fondo —la extraterritorialidad de la medida— es el mismo que subrayaron los expertos de Naciones Unidas en su condena.

Mientras tanto, en la cumbre de Adís Abeba, el debate oficial giraba en torno a grandes temas continentales, pero el voto sobre Cuba se coló como recordatorio de una realidad: la Unión Africana, incluso con sus tensiones internas, sigue produciendo acuerdos cuando se trata de denunciar sanciones unilaterales. En esa misma cumbre, el organismo afrontó críticas por su distancia con la juventud africana y por la gestión de crisis regionales, pero el consenso sobre Cuba salió adelante. Es una paradoja interesante: una institución acusada de falta de eficacia en asuntos internos consigue unidad al hablar de política internacional y sanciones.

Qué cambia de verdad y qué no cambia nada

Conviene poner el foco donde está el músculo y también donde no lo está. La resolución de la Unión Africana no obliga a Washington a levantar el embargo ni puede, por sí sola, sacar a Cuba de la lista de “patrocinadores del terrorismo”. No es un decreto con dientes legales en Estados Unidos. Pero sí tiene efectos políticos y, sobre todo, efectos de narrativa internacional. En un sistema global en el que la reputación condiciona operaciones financieras, una condena reiterada por un bloque de 55 países alimenta la idea de que la política estadounidense hacia Cuba no cuenta con legitimidad internacional suficiente. Eso no cambia una sanción mañana por la mañana, pero contribuye a aislarla políticamente.

El punto más delicado es el de la lista de terrorismo. Ahí la presión africana funciona como un recordatorio de que esa designación tiene coste diplomático para Estados Unidos. Cada vez que un organismo regional la llama “arbitraria” y pide retirarla, está cuestionando la base moral y jurídica del instrumento. Y en 2026, con la orden del 29 de enero sobre la mesa, esa discusión se vuelve más visible: no se trata solo de sancionar a Cuba, se trata de amenazar a terceros con aranceles por comerciar con Cuba. Ese salto de escala es lo que ha movilizado pronunciamientos de derechos humanos y lo que da a la resolución africana un aire menos ceremonial.

También hay un efecto indirecto: la resolución sirve a Cuba como pieza de su defensa en foros multilaterales, especialmente en Naciones Unidas, donde año tras año la Asamblea General se pronuncia contra el embargo estadounidense con mayorías abrumadoras. Ese historial no ha cambiado la política de Washington, pero ha creado un patrón de aislamiento diplomático que la Casa Blanca asume como coste asumible. La Unión Africana, al repetir su condena, refuerza ese patrón y lo conecta con la cuestión de la lista de terrorismo y el combustible, que es la discusión del momento.

En el plano estadounidense, la dinámica es conocida: la política hacia Cuba es un tema doméstico, con peso de comunidades, de congresistas, de narrativa electoral, y con una inercia legal y administrativa que hace difícil cambios rápidos. En el plano cubano, la estrategia es insistir en el impacto humanitario y en el carácter extraterritorial, y buscar apoyos regionales que exhiban a Washington como actor unilateral. La resolución africana es, en ese juego, una ficha relevante: no mueve el tablero por sí sola, pero sí endurece el clima internacional contra la política de sanciones.

Un bloqueo que se discute en la cumbre y se sufre abajo

Hay una diferencia entre la diplomacia y la vida diaria, pero a veces se tocan con violencia. En Adís Abeba se vota una resolución con palabras cuidadas; en Cuba, el problema se traduce en apagones, en tensión con el transporte, en dificultades para sostener cadenas de frío de alimentos y medicamentos, en limitaciones que se vuelven visibles cuando el combustible escasea. Los expertos de Naciones Unidas lo dijeron sin adornos: interferir en importaciones de fuel puede empujar a una crisis humanitaria porque el combustible sostiene servicios esenciales. Y esa advertencia, colocada justo antes de la resolución africana, actúa como una luz roja en mitad del relato.

Por eso, lo que cambia con esta nueva condena africana no es un decreto en Washington, sino el encuadre del conflicto. La Unión Africana no solo repite una crítica histórica; la sitúa en un momento de escalada energética, la conecta con la etiqueta de terrorismo y deja claro que, para muchos gobiernos del Sur global, la política estadounidense hacia Cuba no es un asunto bilateral, sino una práctica que afecta a terceros y tensiona el orden internacional del comercio y las sanciones. Diecisiete resoluciones seguidas construyen una línea; la tercera mención explícita a la lista de terrorismo marca el punto exacto donde esa línea se vuelve más afilada. Y, con el combustible como protagonista involuntario de 2026, la discusión ya no se queda en consignas: se vuelve concreta, dura, casi física.