¿Por qué Tubos Reunidos sanciona a empleados tras meses de huelga?

Tubos Reunidos ha impuesto suspensiones de empleo y sueldo de entre dos y veinte días a varios trabajadores por actuaciones ocurridas durante la huelga de su planta de Amurrio, en Álava. La compañía sostiene que esas personas coaccionaron a compañeros y considera acreditada una vulneración de su código ético. No se trata de despidos: son sanciones laborales internas y, por ahora, no consta que exista una resolución judicial que haya declarado probados esos comportamientos.

La decisión llega en un momento especialmente delicado. Ekhi Etxeberria, director de Recursos Humanos de Tubos Reunidos, ha dejado voluntariamente la empresa después de haber desempeñado un papel central en la negociación del controvertido ERE planteado a comienzos de año. Su marcha coincide con la fase concursal del grupo y con el proceso abierto para encontrar un comprador. Dos noticias distintas, sí, pero demasiado próximas en el calendario como para que pasen inadvertidas dentro de una compañía que lleva meses viviendo con el termómetro laboral cerca del rojo.

Qué ha sancionado exactamente Tubos Reunidos

La empresa considera probado que varios empleados ejercieron coacciones sobre otros compañeros durante la huelga. Como consecuencia, les ha comunicado suspensiones de empleo y sueldo cuya duración oscila entre dos y veinte días, según el caso. Esa horquilla encaja precisamente con las sanciones previstas para faltas graves en el convenio colectivo aplicable en Tubos Reunidos Group.

Conviene afinar aquí el lenguaje, porque en un conflicto laboral las palabras llevan casco y botas de seguridad. Que la dirección considere acreditados unos hechos dentro de un expediente disciplinario no equivale a que estos hayan sido declarados probados por un tribunal. Las sanciones laborales pueden ser impugnadas por los trabajadores y sometidas posteriormente al control de la jurisdicción social.

El propio convenio establece que las sanciones deben comunicarse por escrito, con indicación de los hechos y la fecha que las motivan, y obliga a informar a los representantes de los trabajadores cuando se trate de faltas graves o muy graves. También reconoce a la dirección la facultad disciplinaria dentro de los límites establecidos por la legislación laboral y el convenio.

El código ético también contempla medidas disciplinarias

Tubos Reunidos dispone, además, de un régimen disciplinario corporativo vinculado a su sistema interno de cumplimiento. Ese documento contempla medidas que pueden ir desde la amonestación hasta el despido disciplinario dependiendo de la gravedad del incumplimiento, aunque cualquier sanción laboral debe aplicarse conforme a la normativa y al convenio correspondiente.

La empresa sitúa las actuaciones ahora sancionadas dentro de ese marco ético. Es significativo porque el conflicto de Amurrio ya había acumulado durante la primavera acusaciones cruzadas de presión y coacción. Entonces fueron los sindicatos quienes denunciaron públicamente que algunos trabajadores se habían acogido a las bajas del ERE bajo miedo, presión o chantaje empresarial, acusaciones que la dirección no compartía. Ahora el término vuelve por el otro lado del espejo: es la compañía la que atribuye coacciones a trabajadores durante la protesta.

De las acusaciones cruzadas a los expedientes disciplinarios

Ese detalle ayuda a entender por qué las sanciones tienen una dimensión mayor que unos cuantos días sin empleo y sueldo. Durante meses, una discusión industrial sobre costes, producción y supervivencia empresarial terminó convertida también en una pelea sobre cómo se estaba ejerciendo la presión dentro y fuera de la fábrica.

Hubo piquetes, movilizaciones y episodios de tensión. En marzo, durante una protesta de empleados de Tubos Reunidos coincidiendo con la junta de accionistas del BBVA en Bilbao, la Ertzaintza cargó contra manifestantes y un trabajador fue detenido por presunta desobediencia. En abril se produjo otra intervención policial durante una protesta en Amurrio, con un detenido y una persona herida.

Nada de ello demuestra por sí mismo los hechos concretos incluidos ahora en cada expediente sancionador. Sí dibuja el paisaje: meses de enfrentamiento laboral bastante más áspero que una negociación sindical rutinaria.

Una huelga nacida del ERE y del temor por la acería

El origen inmediato del conflicto está en el plan de viabilidad presentado por Tubos Reunidos durante el invierno. La propuesta inicial contemplaba un ERE para 301 trabajadores, principalmente en Amurrio, acompañado por medidas como el cierre de la acería alavesa y la externalización de la logística. La negociación terminó sin acuerdo y la plantilla de Amurrio inició una huelga indefinida en marzo.

La cifra fue cambiando conforme avanzó el procedimiento. Cuando la empresa formalizó el expediente ante la autoridad laboral, el ajuste quedó en 285 salidas, de las cuales 205 correspondían a trabajadores acogidos voluntariamente a las condiciones ofrecidas y 80 a empleados eventuales.

Aquellas bajas voluntarias fueron precisamente uno de los grandes focos de fricción. ELA, LAB y ESK denunciaron que no podían considerarse decisiones realmente libres porque, a su juicio, se habían producido bajo la amenaza de perder el empleo en condiciones menos favorables. La dirección sostuvo otra lectura. La fábrica acabó partida en dos relatos incompatibles, algo bastante habitual cuando un ERE entra por la puerta: hasta la palabra «voluntario» puede terminar necesitando abogado.

La huelga también provocó divisiones dentro de la propia plantilla. En mayo, 232 de los 234 trabajadores que participaron en una asamblea impulsada al margen de la mayoría del comité votaron por regresar al trabajo. CCOO utilizó aquel resultado para pedir el fin del paro, mientras ELA, LAB y ESK cuestionaban que aquella reunión representase al conjunto de empleados.

Finalmente, la huelga indefinida quedó suspendida el 15 de mayo y la actividad comenzó a recuperarse. El conflicto sindical no desapareció de golpe, pero la planta volvió a funcionar.

El ERE terminó retirado tras entrar la empresa en concurso

Mientras la discusión laboral seguía encendida, el problema financiero se hizo todavía mayor. Tubos Reunidos presentó el 4 de mayo de 2026 el concurso voluntario de acreedores, y las distintas sociedades del grupo fueron posteriormente declaradas en concurso bajo la administración de PKF Attest.

El cambio fue importante también para los trabajadores. El 1 de junio, la administración concursal comunicó la retirada del ERE y descartó igualmente el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística. El procedimiento judicial abierto contra el despido colectivo perdió así su objeto y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco terminó archivándolo a petición de las partes.

Es decir, el escenario que desencadenó la huelga cambió sustancialmente. El ERE que había provocado el choque dejó de ejecutarse, pero las consecuencias del conflicto no se evaporaron con él. Las sanciones conocidas ahora son una prueba bastante gráfica: el incendio industrial puede estar apagado y quedar todavía rescoldo bajo las botas.

La salida de Ekhi Etxeberria abre otra etapa laboral

A esta situación se suma la salida voluntaria de Ekhi Etxeberria, hasta ahora responsable de Recursos Humanos de Tubos Reunidos y uno de los directivos que protagonizaron las negociaciones de los últimos meses. Etxeberria había formado parte de la alta dirección del grupo y figuraba oficialmente como chief human resources officer.

Su salida tiene relevancia por el momento en que se produce. Recursos Humanos fue una de las áreas sometidas a mayor presión durante la negociación del ajuste, las bajas incentivadas, la huelga y la posterior reincorporación de la plantilla. Cambiar ahora a su máximo responsable supone retirar de primera línea a una de las figuras más identificadas con aquella etapa.

No hay base pública para presentar su marcha como consecuencia de las sanciones ni del conflicto laboral. La información disponible señala que se trata de una salida voluntaria. Vincular causalmente ambas noticias iría más allá de los hechos conocidos. Lo comprobable es su coincidencia temporal: mientras comienzan a resolverse expedientes derivados de la huelga, deja la compañía quien dirigió el área que gestionó buena parte de aquella crisis.

Tubos Reunidos sigue pendiente de un comprador

Por encima de sanciones y cambios directivos permanece una cuestión bastante más grande: quién garantizará la continuidad de Tubos Reunidos. El concurso abierto esta primavera desembocó en un procedimiento para vender la empresa, sus filiales o determinadas unidades productivas.

El juzgado aprobó las bases de un proceso competitivo bajo supervisión de la administración concursal. Las reglas permiten estudiar tanto una operación global como adquisiciones por bloques y buscan preservar la continuidad industrial. El proceso de venta se ha convertido así en uno de los ejes centrales de la situación del grupo.

La dimensión del problema explica la tensión vivida desde principios de año. Tubos Reunidos arrastraba un fuerte endeudamiento, pérdidas y dificultades comerciales, con especial exposición a mercados internacionales y a los aranceles estadounidenses. La empresa llegó a advertir en mayo de que, sin unas condiciones capaces de atraer inversión, el concurso podía desembocar incluso en el cese de la actividad.

La retirada posterior del ERE rebajó una parte del conflicto, pero no resolvió esa ecuación. Mantener las plantas, la acería, los pedidos y el empleo necesita algo bastante menos retórico que una tregua sindical: necesita una empresa viable y financiación.

Una fábrica que aún arrastra las cicatrices de la huelga

Las nuevas sanciones colocan otra vez el foco sobre Tubos Reunidos cuando la compañía intenta atravesar uno de los períodos más delicados de su historia reciente. Varios empleados afrontan suspensiones de entre dos y veinte días porque la dirección considera acreditadas coacciones a compañeros durante la huelga; al mismo tiempo, Ekhi Etxeberria abandona voluntariamente la dirección de Recursos Humanos y el grupo continúa dentro de un concurso orientado a encontrar un nuevo propietario.

El ERE que encendió la protesta ya no sigue adelante y la acería de Amurrio continúa dentro del proyecto industrial. Pero aquella batalla dejó una plantilla dividida, denuncias de presiones en ambos sentidos y episodios que ahora llegan a los expedientes disciplinarios.

Y esa quizá sea la fotografía más precisa de Tubos Reunidos en agosto de 2026: las máquinas pueden haber vuelto a girar, pero la normalidad laboral todavía tiene algunas soldaduras por revisar.