Trump deja a Cuba sin remesas y petróleo: ¿qué viene ahora?

La presión de EE. UU. golpea remesas, turismo, médicos y petróleo, y deja a Cuba al límite económico en plena crisis interna y regional.

Cuba entra en 2026 con el agua al cuello y con un mensaje que en Washington suena a victoria anticipada y en La Habana a amenaza directa: Estados Unidos quiere secar las entradas de divisas de la isla tocando, una por una, las cuatro tuberías que todavía gotean dólares. Remesas, turismo, exportación de servicios profesionales —el gran paraguas donde caben las misiones médicas— y, ahora, el petróleo venezolano que durante años funcionó como combustible y moneda de cambio. Donald Trump, ya de vuelta con el mando, ha rematado la idea en público con un tono de ultimátum: “cero” petróleo y “cero” dinero para Cuba.

La novedad no es el objetivo —la presión económica lleva décadas cambiando de forma sin cambiar de intención—, sino la combinación del momento y los actores. Marco Rubio, como secretario de Estado y referente de la línea dura contra La Habana, ha ido encadenando sanciones y restricciones que no buscan un golpe simbólico, sino apretar donde duele en caja: cerrar vías formales de remesas, complicar el engranaje sanitario internacional, mantener barreras indirectas al turismo y, con el nuevo tablero regional tras la captura de Nicolás Maduro, cortar el cordón energético y político entre Caracas y La Habana. En un país que, en plena crisis total, importa alrededor del 80% de lo que consume, la divisa no es un indicador: es respiración.

Un cerco que apunta a la caja: divisas, banco y supervivencia

Cuando se habla de “asfixia económica” se corre el riesgo de quedarse en una frase grande. En Cuba, esa frase aterriza con un sonido muy concreto: el del generador que se apaga, el del motor de una guagua que no arranca, el del refrigerador que deja de ser nevera y se convierte en armario. Menos divisa significa menos capacidad de comprar fuera, y Cuba compra fuera casi todo lo que le permite funcionar con una mínima normalidad: combustible, piezas, medicamentos, alimentos básicos, insumos agrícolas, material industrial. En paralelo, menos divisa también significa más tensión interna, porque la economía se parte en dos velocidades: lo que se puede pagar con moneda fuerte y lo que se intenta sostener en un mercado doméstico exhausto.

El primer gran candado de esta etapa fue político y financiero: el regreso de Cuba a la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. No es solo una etiqueta. Es un aviso a navegantes para bancos, aseguradoras y empresas: tocar Cuba sale caro, arriesgado, complicado. Las operaciones se ralentizan, las comisiones crecen, la banca corresponsal se vuelve más esquiva y muchas transacciones legales acaban buscándose la vida por caminos laterales. Ese efecto, silencioso y burocrático, suele ser más letal que un titular, porque encarece el día a día del Estado y de la economía real.

El segundo paso, ya con consecuencias inmediatas, ha sido seleccionar objetivos con nombre y apellidos. No hace falta cerrar todas las puertas si consigues cerrar las dos que más usa la gente. Y ahí entra el movimiento sobre remesas.

Remesas: el cierre de la vía formal y el salto al mercado gris

En febrero de 2025, la Administración Trump reactivó la Lista Restringida de Cuba, que prohíbe transacciones financieras directas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y su conglomerado empresarial GAESA, una estructura empresarial con un peso enorme en sectores clave. Dentro de esa arquitectura aparece Orbit, la contraparte cubana vinculada a Western Union. El resultado fue tan simple como demoledor: se cerró la principal vía formal para enviar remesas a Cuba. Donde antes había un carril más o menos visible, con reglas, pasó a haber un vacío.

La cifra exacta de remesas es un terreno minado por la falta de datos oficiales detallados del Banco Central de Cuba, pero las estimaciones más citadas por economistas y organizaciones independientes sitúan los envíos recientes entre 1.800 y 2.100 millones de dólares al año. Es dinero que no se queda en una tabla: se transforma en comida, medicinas, reparaciones, recargas, transporte, y también en una red informal de pequeñas actividades que sobreviven porque alguien, desde fuera, manda un empujón. Cuando el canal formal se corta, no desaparece la necesidad. Cambia el cómo, y el cómo importa.

Porque el corte de la vía formal tiene dos efectos a la vez. Por un lado, el Estado pierde capacidad de capturar parte del valor y de canalizar depósitos en divisa dentro del sistema bancario cubano, algo especialmente sensible en un contexto en el que la retirada de efectivo en moneda extranjera ha tenido restricciones y donde se han impulsado mecanismos para atraer divisa hacia circuitos controlados. Por otro, el envío se desplaza hacia rutas alternativas: intermediarios, transferencias trianguladas, redes familiares, mensajería, economía de confianza. Es decir: más fricción, más comisión, más riesgo de estafa, más incertidumbre. El dinero, en muchos casos, llega igual, sí, pero llega más caro, más tarde y más frágil.

En paralelo, el corte de remesas formales golpea una zona delicada del equilibrio social: la desigualdad. En una economía donde el acceso a divisa marca la diferencia entre llenar la despensa o no, cada obstáculo nuevo amplía la distancia entre quien tiene familia fuera y quien no. Y eso se nota rápido en lo cotidiano: precios que se mueven, mercados que se tensionan, decisiones domésticas que se vuelven quirúrgicas. En Cuba, la economía no se analiza: se padece.

Misiones médicas: la gran cuenta exterior bajo fuego diplomático

Si las remesas son capilares —millones de pequeños envíos—, la exportación de servicios profesionales funciona como una gran arteria. Dentro de esa arteria, las misiones médicas son el músculo más visible y, también, el más polémico. Cuba ha construido durante décadas una reputación internacional ligada a su medicina y a su capacidad de desplegar personal sanitario en crisis y en acuerdos bilaterales. Pero ese despliegue ha sido, al mismo tiempo, una fuente central de ingresos para el Estado.

En esta etapa, Washington no se limita a criticar el programa: intenta desmontar el mecanismo. Rubio ha impulsado una línea que califica estas misiones como “esquemas de trabajo forzado”, y ha aplicado medidas para restringir visados a funcionarios extranjeros —de América Latina, el Caribe y África— que contraten brigadas cubanas, y a diplomáticos cubanos que las negocien. No es un gesto retórico menor: es una forma de subir el coste político a gobiernos que, por necesidad sanitaria o por conveniencia, recurren a la cooperación cubana.

En el centro del debate está la distribución del dinero. Investigaciones y denuncias de la ONG Prisoners Defenders sostienen que el Estado cubano se queda, de media, con alrededor del 85% del salario pagado por el país receptor, mientras el profesional recibe una parte y, en muchos casos, bajo condiciones contractuales con restricciones de movimiento y control administrativo. La Habana defiende el programa como cooperación, como solidaridad, como política pública con beneficios para el sistema nacional; sus críticos lo describen como explotación institucional y captación de divisas. En cualquier caso, lo que importa en términos de caja es que el programa mueve cantidades enormes.

Un indicador del peso del sector aparece en estimaciones del Departamento de Estado de EE. UU. en su informe sobre trata de personas: sitúa los ingresos de Cuba por exportación de servicios profesionales entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Además, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las exportaciones de servicios profesionales llegaron a suponer más del 40% del total de ventas al exterior entre 2018 y 2020. En pocas palabras: esto no es un complemento. Es una columna.

Cuando una columna se tambalea, el edificio cruje por todos lados. Si se dificulta que países contraten brigadas, o si se elevan los costes reputacionales y legales, el flujo de contratos puede caer. Y si cae, cae el margen para importar lo básico. En el tablero de Washington, la ecuación es directa: menos ingresos por misiones médicas, menos divisa, más presión interna. En el tablero de La Habana, la respuesta suele ser también directa: más control, más búsqueda de socios, más dependencia de acuerdos bilaterales con aliados. Ahí es donde Venezuela vuelve a aparecer.

Venezuela y Cuba: médicos por petróleo, una alianza con factura

Desde 2006, Cuba y Venezuela han sostenido un acuerdo bilateral en el que Caracas pagaba con petróleo los servicios profesionales cubanos. No es solo intercambio económico: es una alianza política con décadas de complicidad y estructuras cruzadas. A mediados de 2025, alrededor de 13.000 médicos cubanos trabajaban en Venezuela, según cifras oficiales citadas en informaciones recientes, y junto a ellos hubo presencia de entrenadores, profesores y otros perfiles. El sistema, para Cuba, tenía una ventaja obvia: garantizaba energía a cambio de un recurso que el Estado controla, su personal profesional desplegable.

Si la captura de Nicolás Maduro reordena Venezuela —y, con ello, el control sobre PDVSA y las exportaciones—, ese intercambio queda en el aire. Y cuando queda en el aire, Cuba no pierde una ayuda abstracta: pierde combustible.

Turismo: la caída que empezó con la pandemia y no ha levantado cabeza

El turismo era, durante años, la cara más “normalizada” de la economía cubana. Un sector que, con todas sus sombras, permitía vender una imagen de apertura parcial, atraer inversión, generar empleo y, sobre todo, capturar divisa de forma relativamente directa. Pero la pandemia rompió el flujo y la recuperación no ha sido plena. No solo por el impacto global, también por el deterioro interno del servicio y por una crisis que se cuela en la experiencia del visitante: apagones, escasez, transporte irregular, infraestructura agotada.

El contraste numérico es contundente: de 4,7 millones de turistas en 2018 se ha pasado a alrededor de 1,8–1,9 millones en 2025, según cifras citadas en informaciones recientes. Es una caída que no se explica por un único factor. Hay varios, y algunos vienen desde fuera: Estados Unidos mantiene la suspensión de la autorización rápida ESTA para quienes hayan visitado Cuba a partir de enero de 2021. Eso no impide viajar a la isla, pero sí complica la posterior entrada en EE. UU., obligando a tramitar visado convencional. Para una parte del turismo europeo, ese trámite pesa. No siempre por miedo, a veces por pereza, por costes, por tiempo, por evitar “problemas”.

Pero hay factores internos igual o más corrosivos. Un destino turístico es una suma de detalles: agua caliente, transporte, seguridad, abastecimiento, capacidad de respuesta, hospitalidad que no dependa de la heroicidad del trabajador. Cuando el país atraviesa una crisis de energía y abastecimiento, los detalles fallan. Y cuando fallan, las reseñas, la reputación y el boca a boca hacen el resto. El turista no mide geopolítica; mide su estancia. Si no funciona, no vuelve.

El Gobierno cubano, mientras tanto, ha apostado fuerte por la construcción hotelera en años recientes, con proyectos que han generado debate interno por el coste de oportunidad: más camas frente a menos inversión en energía, agricultura, transporte o vivienda. Con menos turistas, esas camas pesan más. Un hotel vacío es un lujo que sangra divisas.

Petróleo: el grifo venezolano como arma y como amenaza de apagón

El componente más inmediato y más físico del nuevo episodio es el petróleo. Trump ha insistido en que a Cuba no va a llegar más crudo venezolano, y el mensaje tiene un trasfondo práctico: Cuba depende del combustible para sostener su ya frágil sistema eléctrico y su movilidad. Aquí no se habla solo de “economía”. Se habla de apagones, de producción industrial que se detiene, de logística que no funciona, de agricultura que pierde capacidad, de hospitales que tienen que tirar de generadores.

En 2025, el suministro venezolano a Cuba rondó, según datos difundidos en informaciones recientes, unos 26.500 barriles diarios, aproximadamente un tercio de la demanda. México habría aportado en torno a 5.000 barriles diarios, una cifra útil pero insuficiente para compensar un corte grande. Además, se ha señalado que desde mediados de diciembre el flujo hacia la isla se habría frenado, alimentando un escenario de mayor tensión energética. Lo relevante es el mapa de consecuencias: si el crudo no llega, o llega a cuentagotas, Cuba pierde capacidad de refino y de generación, y se ve empujada a racionar más.

A esta ecuación se añade una pieza delicada: la hipótesis de que parte del crudo venezolano que llegaba a Cuba se reexportaba, en buena medida hacia China, para obtener ingresos en divisa. Esa dinámica —si se confirma y si se sostenía como práctica regular— convertiría el petróleo en doble recurso: energía interna y mercancía exterior. Cortar ese flujo, entonces, no solo quita combustible; quita caja.

La alianza Caracas–La Habana fue durante años una autopista. Ahora, con Maduro fuera de escena tras su captura, Washington sugiere que se abre una etapa en la que esa autopista se corta o se encarece hasta volverse impracticable. Y cuando se encarece, el que paga el peaje es Cuba.

Rubio, GAESA y la lógica del estrangulamiento selectivo

El papel de Marco Rubio en esta fase es central porque aporta continuidad ideológica y precisión operativa. No es solo “más sanciones”, sino sanciones con objetivo contable. La reactivación de la Lista Restringida y el foco sobre GAESA no son casuales: GAESA no es un actor marginal, sino un conglomerado con intereses en turismo, comercio, finanzas y sectores estratégicos. Al cortar transacciones con entidades vinculadas a GAESA, Washington intenta bloquear la capacidad del Estado de convertir actividad económica en divisa utilizable.

La combinación es coherente: se presiona el turismo con barreras indirectas y con el deterioro que la propia crisis amplifica; se corta la vía formal de remesas; se ataca la exportación de servicios profesionales con medidas diplomáticas; y se apunta al petróleo venezolano como golpe de fuerza. Todo ello, además, bajo el paraguas de la etiqueta de “patrocinador del terrorismo”, que amplifica el miedo bancario y corporativo. Es una estructura de presión en capas: aunque una capa no sea hermética, la suma crea una atmósfera densa.

La Habana, por su parte, suele responder con un repertorio conocido: denuncia de bloqueo, búsqueda de socios alternativos, intentos de captar divisa por vías nuevas, control interno más estricto y ajustes que muchas veces acaban trasladando el peso al ciudadano común. En este punto, la pregunta práctica no es si Cuba “cae” o “no cae”, sino qué coste tiene cada giro de tuerca y cómo se redistribuye ese coste.

Qué puede cambiar ahora: escenarios y efectos en cascada

En el corto plazo, la combinación de menos remesas formales, menos turismo y menos combustible crea un triángulo difícil. Menos remesas reduce consumo y capacidad de compra en mercados donde la divisa manda. Menos turismo recorta ingresos del sector y del Estado, y debilita una fuente de empleo. Menos petróleo agrava apagones y reduce la actividad productiva y logística, lo que a su vez empeora el servicio turístico y encarece la vida cotidiana. Se retroalimentan. Una cosa empuja a la otra.

En el plano internacional, la presión sobre misiones médicas puede reconfigurar acuerdos con países que dependen de ese personal. Algunos gobiernos pueden buscar alternativas, otros pueden mantener acuerdos con Cuba asumiendo el coste diplomático, y otros pueden rediseñar contratos para reducir exposición. Para Cuba, perder contratos significa perder una fuente de ingresos que, según estimaciones ampliamente citadas, está por encima de cualquier otro rubro visible.

En el plano político, la captura de Maduro introduce incertidumbre sobre la continuidad de la alianza energética con Venezuela. Si el nuevo equilibrio regional reduce la capacidad de PDVSA para sostener envíos a Cuba, o si se decide cortar por completo, La Habana deberá buscar proveedores en un mercado donde no compite con chequera. Eso lleva a fórmulas incómodas: más dependencia de socios lejanos, pagos adelantados, acuerdos complejos, y, en el peor caso, más racionamiento.

Y en el plano financiero, la etiqueta de patrocinador del terrorismo y el cerco sobre entidades vinculadas a GAESA pueden seguir elevando el coste de transacciones internacionales. La economía cubana ya opera con fricción; aumentar esa fricción es como echar arena al motor de un coche que ya va sin aceite.

El mapa final: una isla sin margen y una presión diseñada para el agotamiento

Lo que está en juego no es una estadística, sino el margen de maniobra de un país que ya casi no tiene margen. Cuando Trump habla de “cero” petróleo y “cero” dinero, y cuando Rubio acciona sanciones sobre remesas y misiones médicas, el objetivo es claro: reducir el oxígeno financiero para que el sistema se sostenga cada vez con más dificultad. La captura de Maduro, además, elimina —o al menos pone en cuestión— una pieza clave del apoyo venezolano, y Washington intenta convertir ese vacío en palanca.

Cuba llega a este punto con el turismo muy por debajo de su nivel pre pandemia, con una dependencia exterior enorme, con un sistema eléctrico frágil y con una población agotada. Si las tuberías de divisa se estrechan a la vez, el país no solo se empobrece: se vuelve más imprevisible. Y esa imprevisibilidad es, precisamente, lo que convierte cada sanción “quirúrgica” en un golpe de efectos amplios: lo que se decide en despachos y listas negras acaba oliendo a gasóleo, a cola, a apagón y a nevera vacía. En este pulso, la geopolítica se mide en dólares, sí, pero se sufre en horas sin luz.

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y medios internacionales confiables, garantizando precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, Reuters, Agencia EFE, The New York Times.