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Suiza rechaza el servicio ciudadano y mantiene la conscripción masculina
La votación mantuvo la conscripción masculina y mostró por qué una reforma universal no convenció al electorado suizo.

Imagen de Fabien Tremoulinas, CC0 1.0 Universal (Dominio Público).
Suiza rechazó de forma contundente la propuesta de crear un servicio ciudadano obligatorio para toda la población. En el referéndum del 30 de noviembre de 2025, el 84,15% votó en contra y el 15,85% a favor; ninguno de los 26 cantones respaldó la iniciativa. La participación fue del 42,94%. El resultado mantuvo el sistema actual, en el que la obligación de servir corresponde a los hombres, mientras que las mujeres pueden incorporarse voluntariamente a las fuerzas armadas o a la protección civil.
El no no significó que Suiza renunciara a adaptar su defensa y sus servicios de emergencia a amenazas nuevas. La votación rechazó una fórmula concreta: extender a toda la ciudadanía un deber nacional que podía cumplirse en el ejército, la protección civil o tareas sociales y medioambientales. El rechazo combinó preocupación por el coste y la organización con una discusión de fondo sobre la igualdad, el reparto de los cuidados y el valor de un sistema de milicia que el país considera conocido y previsible. La mayoría prefirió reformar lo existente antes que universalizar la obligación.
Una reforma amplia, no solo un cambio en el reclutamiento
La iniciativa llamada Servicio Ciudadano proponía que hombres y mujeres asumieran un deber de servicio, pero no limitaba ese compromiso a vestir uniforme. Además del ejército, contemplaba destinos en protección civil y actividades vinculadas con el cuidado, el medio ambiente y el apoyo comunitario. La idea consistía en ensanchar qué entiende el Estado por seguridad: junto a la defensa militar, incluir la respuesta ante catástrofes, crisis sociales y riesgos como los ciberataques o el cambio climático. El proyecto quería convertir el servicio a la comunidad en una responsabilidad general.
Sus promotores presentaban esa ampliación como una manera de reforzar la cohesión social y repartir el deber de forma igualitaria entre los géneros. También sostenían que la noción de seguridad ya no podía reducirse a la defensa armada, porque una inundación, una emergencia sanitaria o una interrupción de servicios esenciales pueden exigir coordinación y personal. La propuesta, por tanto, no era simplemente incorporar a las mujeres al ejército: planteaba reorganizar el principio que determina quién debe servir y qué actividades cuentan como servicio nacional.
Ese alcance ayudó a explicar la resistencia. Una reforma de este tipo no podía resolverse solo asignando más plazas a mujeres dentro de la estructura militar existente. Habría exigido definir cuántas personas debían incorporarse, qué instituciones podrían recibirlas, quién organizaría la formación y cómo se distribuirían los destinos entre tareas muy distintas. El texto apelaba a una nueva idea de ciudadanía, pero dejó a muchos votantes ante una pregunta práctica: cómo transformar una obligación universal en trabajo útil sin crear una estructura costosa y difícil de coordinar.
El coste y la capacidad de organizar a miles de personas
Uno de los reparos principales fue que ampliar la obligación podía aumentar mucho el número de personas que cada año tendrían que pasar por un servicio. Para convertir esa disponibilidad en capacidad real no bastaba con aprobar una norma: hacían falta plazas de formación, instructores, supervisión y destinos con tareas concretas. El Estado también habría tenido que coordinarse con organismos públicos y entidades privadas. Sin un diseño detallado de esa infraestructura, el servicio universal podía convertirse en una obligación formal sin suficientes puestos adecuados. La escala del cambio era una incógnita política y presupuestaria.
El Consejo Federal recomendó votar en contra y advirtió de los costes y de las posibles tensiones con el mercado laboral. La ausencia de quienes sirven tiene efectos más allá del presupuesto público: empresas, centros de formación y universidades deben reorganizar horarios y cargas de trabajo. En sectores que necesitan personal cualificado, como la sanidad o la ingeniería, retirar durante un periodo a más jóvenes de sus estudios o empleos podía agravar la falta de trabajadores. El debate no se limitó, por tanto, a cuánto costaría reclutar; también trató de quién asumiría las interrupciones y la pérdida temporal de disponibilidad laboral.
El calendario del sistema vigente es una parte importante de esa previsibilidad. La instrucción básica, conocida como Rekrutenschule o RS, suele durar entre 18 y 23 semanas, según la especialidad. Después, los ciudadanos-soldado completan cursos de repetición que suelen prolongarse durante unas tres semanas al año, a lo largo de un periodo aproximado de nueve años. Ese esquema permite a empresas y universidades anticipar ausencias y organizar reemplazos. La propuesta universal no ofrecía, según los argumentos expuestos durante la campaña, garantías igual de claras sobre el volumen y la distribución de las nuevas obligaciones.
La igualdad legal chocó con el reparto de los cuidados
La iniciativa defendía que mujeres y hombres compartieran el deber de servir. Sin embargo, la igualdad formal no convenció a todos los votantes, porque las responsabilidades no parten de una distribución idéntica en la vida cotidiana. Durante la campaña se señaló que las mujeres asumen una proporción mayor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Para quienes compartían esa preocupación, imponerles además un periodo de servicio obligatorio podía añadir una carga estatal a otra que ya recae de manera desigual en los hogares. La discusión no era solo quién debía cumplir una obligación, sino qué cargas existían antes de ella.
Los partidarios respondían que el servicio podía realizarse en ámbitos diversos y que las tareas no tendrían por qué ser militares. Esa flexibilidad podía permitir destinos relacionados con las capacidades o los intereses de cada persona, desde la asistencia social hasta la protección ambiental. Pero la amplitud de opciones no resolvía por sí misma cómo se repartirían los puestos ni qué medidas impedirían que determinados trabajos se asignaran de forma desigual. Para una parte del electorado, faltaban garantías suficientes de que el nuevo sistema no reprodujera desigualdades bajo una etiqueta de igualdad cívica.
La consejera federal responsable de Defensa, Viola Amherd, defendió durante la campaña que antes de imponer una obligación general convenía mejorar la incorporación voluntaria de mujeres y reforzar los incentivos en especialidades necesarias, entre ellas las relacionadas con la ciberseguridad. Esa posición apuntaba a una alternativa gradual: ampliar capacidades y participación sin cambiar de golpe quién está legalmente obligado a servir. El resultado no demuestra que la población rechazara la presencia femenina en el ejército o en emergencias; indica que no aceptó convertir esa participación en un deber universal con el diseño sometido a votación.
Qué mantiene el modelo suizo
El sistema vigente se organiza alrededor de un ejército de milicia, en el que un núcleo profesional convive con ciudadanos que reciben formación y cumplen periodos de servicio. La lógica es distinta de la de unas fuerzas armadas compuestas únicamente por personal contratado a tiempo completo: la defensa se integra en la vida cívica y depende de una reserva de personas formadas. Para sus defensores, esa relación entre ciudadanía y seguridad nacional es una pieza del modelo suizo, no solo una forma de cubrir puestos militares. La milicia conserva un vínculo directo entre el Estado y quienes participan en su defensa.
Quienes tienen objeciones de conciencia pueden optar al servicio civil, una vía que se desarrolla en proyectos de utilidad pública, incluidos hospitales, residencias, escuelas, iniciativas medioambientales e integración social. Según el marco descrito en el artículo original, este servicio dura una vez y media más que el servicio militar equivalente, con la intención de mantener una carga comparable y evitar que la alternativa resulte una opción más cómoda por sistema. No es una modalidad militar sin armas, sino una forma distinta de cumplir una obligación reconocida por el sistema.
La protección civil completa el conjunto y se ocupa de funciones relacionadas con la preparación y la respuesta ante emergencias. Puede intervenir en inundaciones, desprendimientos, incendios forestales, evacuaciones y gestión de refugios, además de apoyar la protección de bienes culturales y la logística en situaciones complejas. Su trabajo puede coordinarse con bomberos, policía y servicios sanitarios. Las mujeres pueden incorporarse voluntariamente, pero la iniciativa pretendía que la obligación ciudadana también abarcase este tipo de tareas. El voto mantuvo las vías existentes sin convertirlas en un deber común para toda la población.
El sistema incluye asimismo una tasa sustitutiva para quienes no cumplen el servicio en las modalidades previstas. La referencia disponible la sitúa en el 3% de la renta neta anual, con un mínimo de 400 francos suizos por año y reducciones proporcionales a los días de servicio acreditados. Su función es equilibrar la carga entre quienes sirven y quienes no lo hacen, además de incentivar el cumplimiento. Este componente fiscal es parte del diseño actual y no fue eliminado por el resultado: la votación dejó en pie el mecanismo que acompaña a la obligación masculina.
Un resultado rotundo en todos los cantones
La iniciativa obtuvo menos de 400.000 votos favorables, frente a más de dos millones en contra, de acuerdo con las cifras recogidas en el artículo original. El rechazo no se concentró en una sola zona: ninguno de los 26 cantones dio mayoría al sí. En una propuesta de este alcance, el mapa territorial importa porque Suiza combina una democracia directa con una estructura federal en la que los cantones tienen peso político propio. La oposición, por tanto, atravesó regiones y comunidades lingüísticas, en lugar de dibujar una división clara entre unas y otras.
Las iniciativas populares suizas deben superar una doble mayoría: la del voto popular y la de los cantones. En este caso, el resultado quedó muy lejos de cualquier escenario ajustado y no hubo cantones que respaldaran el texto. La contundencia ofrece una señal más amplia que la simple derrota parlamentaria de una propuesta: el electorado no pidió negociar unos pocos ajustes a la universalización, sino que rechazó el principio de extender la obligación en los términos planteados. La geografía del voto confirmó que la resistencia no era un desacuerdo local o lingüístico.
La participación fue del 42,94%, una cifra que describe el nivel de asistencia a las urnas, pero no altera la magnitud de la diferencia entre las opciones. Tampoco permite concluir por sí sola que todos los ciudadanos compartieran los mismos motivos. El no pudo reunir posiciones distintas: preocupación por el gasto, rechazo a una nueva obligación, dudas sobre el reparto de los cuidados o confianza en la estructura vigente. El resultado común fue claro, aunque detrás de él hubiera argumentos diversos.
La comparación europea muestra que no existe una sola fórmula
El debate suizo se produjo mientras varios países europeos revisaban sus políticas de defensa y reclutamiento. Noruega incorporó a las mujeres a un modelo de conscripción neutral en cuanto al género, y Suecia reintrodujo el servicio en 2017 después de años de suspensión. Dinamarca amplió en 2025 el sorteo a las mujeres y decidió alargar la duración del servicio a partir de 2026. Esos casos muestran que la participación femenina puede integrarse en sistemas obligatorios, aunque cada país llegue a esa decisión desde circunstancias políticas y de seguridad diferentes.
Alemania ofrece un contraste distinto: el plan de servicio militar descrito en la información de referencia exige a los hombres registrarse y presentarse a un control médico obligatorio, mientras que las mujeres pueden alistarse voluntariamente y no quedan sujetas a la misma obligación legal. La comparación ayuda a ver que el debate europeo no se divide de forma sencilla entre países que incluyen a las mujeres y países que no. Cambian las modalidades, los criterios y el alcance de cada reforma. La decisión suiza se entiende mejor como una elección sobre su propio modelo que como un rechazo general a modernizar la defensa.
La neutralidad tradicional y el federalismo suizos también influyen en la manera de tratar estas reformas. Una solución implantada en otro país no se traslada automáticamente a una sociedad con instituciones, obligaciones y mecanismos de decisión distintos. La iniciativa proponía un cambio de gran alcance en la relación entre ciudadanía y Estado; sus detractores consideraron que la adaptación a nuevos riesgos podía hacerse mediante mejoras más acotadas. El voto puso de relieve que, para la mayoría, la experiencia de otros países no bastaba para justificar una transformación universal.
Una continuidad que también permite cambios graduales
La derrota de la iniciativa no suprime la obligación masculina ni modifica las alternativas disponibles. Para quienes debían prepararse para la instrucción básica a partir de 2026, el resultado no alteraba los plazos, destinos y calendarios descritos en el sistema vigente. El servicio civil sigue siendo una opción para quienes acreditan objeción de conciencia, y la protección civil mantiene su papel en la preparación y respuesta ante emergencias. Las mujeres continúan pudiendo incorporarse voluntariamente a esas estructuras. El efecto inmediato fue conservar las reglas existentes, no crear una nueva obligación.
La estabilidad del calendario también importa en la vida profesional y académica. Las empresas y universidades llevan tiempo organizando ausencias ligadas a los periodos de servicio, mientras que las personas convocadas conocen de antemano un itinerario que combina formación básica y cursos posteriores. Un sistema universal habría ampliado el número de participantes y exigido acuerdos nuevos con lugares de destino y empleadores. Al rechazarlo, el electorado evitó esa reorganización inmediata, aunque no resolvió por sí mismo las necesidades futuras de personal ni los retos de modernización de las fuerzas armadas.
El debate puede continuar alrededor de objetivos concretos, como atraer perfiles técnicos, fortalecer la formación en ciberseguridad y aumentar la participación voluntaria femenina en especialidades donde se necesitan capacidades específicas. También se pueden mejorar la coordinación entre la protección civil y otros servicios de emergencia o las conexiones entre el servicio civil y actividades sociosanitarias. Son líneas de trabajo que no requieren convertir cada una de esas funciones en una obligación general, aunque sí dependen de recursos, planificación y evaluación. El rechazo marcó un límite al alcance de la reforma, no una prohibición de ajustar el sistema.
La prudencia detrás del voto
La consulta incluyó otra propuesta de gran calado: un impuesto federal del 50% sobre herencias y donaciones superiores a 50 millones de francos suizos, destinado a políticas climáticas. También fue derrotada, con más del 78% de votos en contra. Son iniciativas distintas, pero su coincidencia ayuda a describir una inclinación del electorado ante cambios estructurales: la preferencia por conservar los mecanismos conocidos cuando los efectos, los costes o la organización de una reforma generan dudas. El resultado de noviembre expresó cautela ante dos transformaciones de gran alcance.
La comparación con la consulta de 2013 refuerza esa lectura. Entonces, Suiza rechazó con un 73,2% la abolición de la conscripción; en 2025, el 84,15% rechazó universalizarla. Las preguntas no eran iguales: una planteaba eliminar el servicio obligatorio y la otra extenderlo a mujeres y hombres. Pero ambas votaciones muestran un respaldo sostenido a la arquitectura general existente, con sus vías alternativas y sus obligaciones diferenciadas. La mayoría no dio por cerrado el debate sobre seguridad, igualdad o emergencias; sí descartó que la solución fuera ampliar de golpe el deber de servir a toda la población.
El mensaje político no fue que el ejército de milicia y los servicios de protección estén libres de problemas. La modernización de equipos, la preparación frente a ciberamenazas y la respuesta a catástrofes siguen planteando tareas para las instituciones. Lo que rechazó el voto fue utilizar una obligación universal como respuesta general a esos desafíos, sin que el electorado aceptara los costes y las consecuencias que implicaba. Suiza eligió mantener un sistema que considera previsible y ajustar sus capacidades sin reemplazarlo por completo: una continuidad condicionada a que el modelo siga respondiendo a riesgos que ya no son solo militares.












