¿Por qué Siria condena a muerte a Bashar al-Assad tras la guerra?

Un tribunal penal de Damasco ha condenado a muerte en ausencia a Bashar al-Assad, expresidente de Siria y dueño absoluto del país durante más de dos décadas, al considerarlo responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto sirio. La sentencia, dictada este 11 de agosto de 2026, alcanza también a su hermano Maher al-Assad y al antiguo responsable de seguridad Atef Najib, primo del exmandatario.

Assad no estaba en la sala para escuchar el fallo. Vive exiliado en Rusia, donde recibió asilo después de que su régimen se derrumbara en diciembre de 2024 y las fuerzas insurgentes entraran en Damasco. La condena tiene, por tanto, una enorme carga política y judicial, pero no significa que vaya a aplicarse de inmediato: para eso Siria tendría que conseguir que el antiguo presidente fuese detenido y entregado. Moscú sigue siendo el gran obstáculo que separa una sentencia escrita en Damasco de su ejecución material.

Una condena que alcanza al corazón del antiguo régimen

El proceso no ha girado únicamente alrededor de Bashar al-Assad. El tribunal ha condenado también a Maher al-Assad, hermano del expresidente y antiguo jefe de la poderosa Cuarta División del Ejército, y a Atef Najib, antiguo responsable de Seguridad Política en la provincia meridional de Deraa.

Najib sí estaba físicamente ante el tribunal. Escuchó la sentencia vestido con uniforme de preso y dentro de una jaula, en una sala sometida a fuertes medidas de seguridad. Su figura tiene un valor particular dentro de la memoria de la guerra siria: dirigía la Seguridad Política de Deraa cuando comenzaron las protestas de 2011 y está vinculado a la represión que transformó una revuelta local en la chispa de una tragedia nacional.

Una semana antes del fallo, la Fiscalía siria había solicitado la pena máxima contra Najib y contra los acusados prófugos incluidos en el mismo expediente, entre ellos Bashar y Maher al-Assad. Los cargos abarcaban asesinato, tortura y detenciones arbitrarias, además de otros delitos relacionados con la represión de civiles. Los fiscales habían reclamado responsabilidades por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

No se trata, pues, de una condena genérica al viejo régimen ni de una declaración política disfrazada de proceso penal. El expediente está conectado directamente con algunos de los acontecimientos que hicieron estallar Siria en 2011.

Deraa, el lugar donde comenzó todo

Para entender la sentencia hay que volver a Deraa, cerca de la frontera con Jordania, en los primeros meses de 2011. Allí fueron detenidos varios menores después de pintar consignas contra el régimen. Las denuncias sobre su tortura provocaron protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones crecieron. Llegaron los disparos contra civiles, los funerales se convirtieron en nuevas protestas y la violencia fue extendiéndose por el país. Lo que empezó en una ciudad del sur terminó devorando Siria durante más de una década.

Atef Najib dirigía entonces la rama local de la Seguridad Política. Durante el juicio se le atribuyó responsabilidad en asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, así como en la utilización de munición real contra manifestantes y en la represión alrededor de la mezquita Omari de Deraa. Bashar y Maher al-Assad aparecieron en el mismo procedimiento como acusados ausentes junto a otros altos cargos de la maquinaria de seguridad.

De una protesta local a una guerra de 14 años

La respuesta del Estado a las movilizaciones desembocó progresivamente en una guerra abierta. Aparecieron grupos insurgentes, milicias, organizaciones yihadistas y fuerzas extranjeras; Rusia e Irán sostuvieron militarmente al Gobierno de Assad mientras otras potencias apoyaban a distintos actores de la oposición.

La guerra dejó alrededor de medio millón de muertos, millones de desplazados y ciudades convertidas en esqueletos de hormigón. El Estado sirio sobrevivió durante años porque Assad consiguió convertir una rebelión interna en un tablero internacional donde demasiados países tenían piezas propias.

Parecía inamovible. Hasta que dejó de serlo.

En diciembre de 2024, una ofensiva insurgente avanzó con una rapidez que pocos habían previsto y terminó entrando en Damasco. Assad huyó a Rusia junto con miembros de su familia. El régimen que había resistido bombardeos, sanciones, levantamientos y años de guerra cayó casi de repente. La historia tiene esas ironías poco elegantes: décadas construyendo un poder aparentemente eterno y, al final, unas jornadas bastaron para desmontarlo.

Qué significa realmente la condena para Bashar al-Assad

La parte más sencilla es también la más llamativa: Bashar al-Assad está condenado a muerte en Siria. La parte complicada empieza justo después.

La sentencia ha sido pronunciada en ausencia. Assad no está bajo custodia siria y Damasco carece de capacidad para ejecutar la pena mientras permanezca protegido fuera del país. Una condena nacional tampoco obliga por sí sola a otro Estado a detener y entregar al condenado. Harían falta mecanismos de cooperación judicial, órdenes internacionales válidas y, sobre todo, la colaboración del país donde se encuentre.

Y Assad está en Rusia.

La situación convierte la sentencia en una mezcla peculiar de justicia penal, diplomacia y geopolítica. Siria puede reclamar su persecución internacional y tratar de estrechar el espacio de movimientos del expresidente, pero Moscú mantiene la llave física de su destino mientras siga permitiéndole residir en territorio ruso.

La paradoja es considerable. Damasco mantiene relaciones con Rusia e incluso ha renegociado con Moscú el futuro de las instalaciones rusas de Hmeimim y Tartús, dos piezas estratégicas de la presencia rusa en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, el hombre al que Rusia sostuvo militarmente durante la guerra ha sido condenado a muerte por la Justicia siria. Política exterior y justicia rara vez caminan por la misma acera.

La justicia transicional siria entra en terreno difícil

El juicio forma parte de un proceso más amplio para exigir responsabilidades a antiguos dirigentes, militares y responsables de los servicios de seguridad del régimen anterior. Desde la caída de Assad, las nuevas autoridades han detenido y procesado a diferentes figuras vinculadas a las estructuras represivas.

Pero este terreno está lejos de ser jurídicamente sencillo. Siria atraviesa una transición institucional todavía incompleta, y juristas y organizaciones especializadas han planteado dudas sobre la base legal utilizada para juzgar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad determinados hechos dentro del ordenamiento sirio.

El tribunal ha recurrido a la Declaración Constitucional de la etapa transitoria, al Código Penal sirio y a tratados internacionales ratificados por Siria como marco complementario. Algunos especialistas consideran que esa arquitectura ofrece una vía para perseguir los abusos del antiguo régimen; otros advierten de que el país necesita un sistema de justicia transicional mucho más sólido para que los procesos no sean interpretados simplemente como justicia de los vencedores.

Ahí está uno de los desafíos centrales del nuevo poder encabezado por Ahmad al-Sharaa. Castigar los crímenes de una dictadura puede ser necesario para reconstruir un país; hacerlo respetando garantías judiciales es lo que distingue la rendición de cuentas de la venganza.

La pena de muerte añade otra controversia

La elección de la pena capital introduce, además, una discusión diferente. Siria conserva la pena de muerte en su legislación, aunque su aplicación durante la etapa posterior a Assad ha sido limitada. Para una transición que intenta presentarse ante el exterior como una ruptura con décadas de arbitrariedad, la forma de impartir justicia será examinada casi tanto como los nombres de los condenados.

Esto no reduce la gravedad de los delitos atribuidos al antiguo aparato estatal. Al contrario. Precisamente porque se investigan torturas, asesinatos y ataques contra civiles, el estándar judicial tendrá que ser especialmente exigente. La democracia empieza, a veces de manera incómoda, cuando también al enemigo se le reconoce un proceso con reglas.

Moscú convierte la sentencia en un problema internacional

La condena coloca de nuevo a Rusia en una posición incómoda. Assad obtuvo refugio allí tras la caída de Damasco y ha permanecido apartado de la escena política pública. Su presencia es una consecuencia directa de la relación construida durante años entre el Kremlin y el antiguo régimen sirio.

Para Rusia, entregar a Assad supondría abandonar a quien fue uno de sus aliados más estrechos en Oriente Próximo. Para las nuevas autoridades sirias, dejarlo vivir tranquilamente en Moscú mientras se juzga a antiguos responsables dentro del país podría alimentar la sensación de que la justicia termina donde comienza la geopolítica.

El asunto es especialmente delicado porque Siria y Rusia siguen negociando y cooperando. La caída de Assad no provocó una ruptura completa entre ambos países. Damasco ha buscado recuperar soberanía sobre instalaciones estratégicas sin dinamitar todos los vínculos con Moscú, mientras Rusia intenta conservar influencia en una región donde su posición es mucho menos cómoda que hace unos años.

La sentencia contra Assad entra directamente en esa negociación invisible. Un expediente judicial puede ocupar pocas carpetas; detrás hay bases militares, intereses comerciales, relaciones diplomáticas y el prestigio de dos gobiernos.

Assad pierde el poder, pero su época sigue en los tribunales

La condena a muerte de Bashar al-Assad difícilmente acabará por sí sola con la discusión sobre los crímenes cometidos durante la guerra siria. Tampoco garantiza que el antiguo presidente vaya a regresar esposado a Damasco. Mientras permanezca protegido en Rusia, la sentencia será difícil de ejecutar.

Pero su importancia no es menor. Por primera vez, la Justicia de la Siria posterior al régimen ha colocado formalmente al antiguo jefe del Estado entre los responsables condenados por algunos de los episodios que marcaron el comienzo de la guerra. Junto a él aparecen Maher al-Assad y Atef Najib, dos nombres ligados a las estructuras militares y de seguridad que sostuvieron aquel sistema.

Assad gobernó durante años desde palacios protegidos, con retratos gigantes en las avenidas y una maquinaria estatal diseñada para transmitir una idea bastante antigua del poder: que permanecer mucho tiempo equivale a permanecer para siempre. Siria ha demostrado lo contrario. El régimen cayó en 2024; en 2026, sus viejos dirigentes empiezan a aparecer no en los balcones presidenciales, sino en las sentencias judiciales.