Por qué la Seguridad Social aún no logra salir del déficit

La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros, equivalente al 0,4% del producto interior bruto. Es su registro más bajo desde 2011 y una mejora apreciable frente a los 9.834 millones de déficit de 2024. Pero el sistema todavía gastó más de lo que ingresó: la reducción del agujero no significa que las cuentas hayan vuelto al equilibrio.

La distancia entre ambas cosas se entiende al mirar las cifras completas. En 2025 entraron 232.782 millones de euros y salieron 240.169 millones; las cotizaciones sociales sumaron 176.918 millones, un 6,9% más que el año anterior. Más empleo y más recaudación han reducido la brecha, mientras el gasto —impulsado sobre todo por las pensiones— continúa creciendo y la deuda acumulada sigue en máximos.

El déficit baja, pero no equivale a equilibrio

El déficit anual mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de un ejercicio. Es una fotografía del flujo de dinero durante ese periodo, no una cuenta completa de todo lo que el sistema debe ni de los compromisos que afrontará en los próximos años. En 2025, esa fotografía fue mejor que la de ejercicios anteriores, pero siguió mostrando un saldo negativo: por cada año que los gastos superan a los ingresos, queda una necesidad de financiación que debe cubrirse.

Por eso no hay contradicción entre registrar el menor déficit desde 2011 y arrastrar una deuda elevada. Son indicadores distintos y describen tiempos distintos. El primero muestra que el desequilibrio anual se estrechó; el segundo recuerda que las necesidades de financiación de años anteriores no desaparecen cuando mejora el saldo de un ejercicio. Una brecha más pequeña no borra la acumulada, del mismo modo que gastar menos este año no elimina por sí solo una deuda contraída anteriormente.

El contexto económico también ayuda a explicar el avance. España cerró 2025 con un déficit público total en torno al 2,2% del PIB, el mejor registro en casi dos décadas, en un escenario de crecimiento, fortaleza del empleo y mayores ingresos tributarios. Esa mejora general favorece las cuentas de la Seguridad Social, pero no es una reforma que resuelva automáticamente su tensión propia. Si el mercado laboral pierde impulso, se debilita una de las principales fuentes que han permitido reducir el desfase.

El empleo récord sostiene las cuentas

La afiliación a la Seguridad Social rozó los 21,9 millones al terminar 2025, después de sumar más de medio millón de ocupados durante el año. Una base mayor de trabajadores permite recaudar más cotizaciones y explica una parte importante del crecimiento de los ingresos. No es un dato menor: sin esa expansión del empleo, el resultado anual habría tenido menos apoyo.

Sin embargo, el número de afiliados no cuenta toda la historia. También influye cuánto cotiza cada persona, cuánto tiempo permanece trabajando y qué pensión percibirá al jubilarse. El sistema puede incorporar más cotizantes y, a la vez, afrontar un gasto creciente si aumentan las pensiones que debe abonar. La afiliación refuerza los ingresos, pero no neutraliza por sí sola el cambio demográfico ni la evolución de las prestaciones.

Además, el crecimiento económico no llega siempre de forma uniforme a las bases de cotización. La cuantía recaudada depende de las remuneraciones y de las trayectorias laborales, no solo de que haya más personas ocupadas. Por eso resulta relevante que el empleo sea numeroso, pero también que los salarios y las carreras profesionales sostengan cotizaciones suficientes y relativamente estables. Una cifra récord de afiliación aporta capacidad financiera; no garantiza, por sí misma, que el saldo futuro vaya a ser positivo.

Las pensiones concentran la presión del gasto

El principal foco de gasto está en las pensiones. En enero de 2026, la nómina mensual de las pensiones contributivas alcanzó los 14.250,7 millones de euros. En marzo, la pensión media del sistema se situó en 1.367,4 euros, un 4,5% más que un año antes. Y el coste total de las pensiones en 2025, al sumar las contributivas y las clases pasivas, superó los 200.000 millones de euros.

Las cifras reflejan un compromiso que se repite cada mes y se incorpora a los presupuestos de forma sostenida. En España, las pensiones contributivas se revalorizan con el IPC: subieron un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026. El impacto estimado de esta última subida ronda los 5.400 millones de euros. La actualización protege el poder adquisitivo, pero eleva de forma permanente el gasto que el sistema necesita financiar.

La presión no nace de una sola causa. Se combinan el envejecimiento de la población, la jubilación progresiva de la generación del baby boom y unas pensiones medias más altas, vinculadas también a carreras laborales y bases reguladoras superiores a las de generaciones anteriores. Que las personas jubiladas mantengan su capacidad de compra es una finalidad social; sostener ese objetivo exige, al mismo tiempo, ingresos que puedan acompañar la evolución de la nómina. El reto está en hacer compatibles ambas cosas durante un periodo prolongado.

El efecto se nota incluso cuando una subida parece moderada en porcentaje. Al aplicarse sobre una prestación que se paga de forma periódica, la revalorización no es un gasto puntual que desaparezca al terminar el año. Se convierte en parte de la base de gasto que habrá que cubrir después. Así se entiende por qué unas cuentas pueden mejorar gracias a una recaudación fuerte y, aun así, continuar bajo tensión: el gasto en pensiones tiene continuidad y escala con el tiempo.

La deuda cuenta una historia más larga

En 2025, la deuda de la Seguridad Social alcanzó los 126.178 millones de euros, alrededor del 7,7% del PIB. El aumento está vinculado a préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General para financiar sus necesidades presupuestarias. El recurso a esos préstamos permite atender los compromisos del sistema, pero traslada la financiación al balance y no elimina la diferencia entre los ingresos propios y los gastos.

La deuda acumulada y el déficit anual suelen mezclarse en el debate público, aunque responden a preguntas diferentes. El déficit indica cuánto faltó en un año concreto para cubrir los gastos con los ingresos de ese ejercicio. La deuda refleja obligaciones acumuladas a lo largo del tiempo. Puede reducirse el déficit mientras la deuda permanece alta o aumenta, porque una mejora reciente no cancela los saldos heredados.

Esta distinción evita dos conclusiones precipitadas. La deuda elevada no significa que el pago de las pensiones esté en cuestión de forma inmediata; el artículo no describe un impago ni un colapso próximo. Pero tampoco es irrelevante que la financiación dependa de préstamos reiterados. Ese mecanismo permite cubrir necesidades presentes, aunque deja abierta la cuestión de cómo se sostendrá el sistema si el crecimiento de los ingresos no acompaña al de los compromisos.

Parte de la tensión tiene raíces anteriores al debate actual sobre envejecimiento y empleo. Los préstamos y los ajustes acumulados muestran que las cuentas llevan tiempo recurriendo a soluciones financieras para atravesar periodos de desequilibrio. No basta, por tanto, con observar el saldo de un solo año para valorar la salud completa del sistema. La mejora de 2025 es real, pero convive con una mochila heredada que no se ha deshecho.

Más cotizaciones y nuevas aportaciones, sin milagros

El aumento de las cotizaciones sociales fue uno de los pilares del mejor resultado. En 2025 alcanzaron 176.918 millones de euros y crecieron un 6,9%. La evolución se apoya en la expansión del empleo, en el aumento de las remuneraciones en conjunto y en recursos adicionales asociados a las medidas de financiación. Es una mejora efectiva de la capacidad recaudatoria, no una corrección contable sin respaldo en ingresos.

Entre esos mecanismos figura el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que aporta recursos al Fondo de Reserva. También contribuyen la separación de fuentes de financiación y la fortaleza de la actividad económica. Estas medidas ayudan a aliviar la presión y a reforzar los recursos disponibles, pero no eliminan el hecho de que el gasto total de 2025 superó a los ingresos en 7.387 millones. Contener el desequilibrio no es lo mismo que cerrarlo.

Los primeros datos de 2026 también deben leerse con cuidado. La Seguridad Social arrancó el año con superávit en los primeros meses, pero un balance parcial no permite anticipar sin más el resultado anual. Los ingresos y los gastos no se distribuyen de manera idéntica a lo largo del calendario; las cifras mensuales pueden variar por razones de estacionalidad. Sirven para observar la marcha del ejercicio, no para convertir una fotografía provisional en un diagnóstico definitivo.

La misma cautela vale para los porcentajes de crecimiento. Una recaudación que avanza con fuerza puede reducir el déficit y ganar tiempo, pero el resultado depende de que ese ritmo se mantenga y de cómo evolucione el gasto. Si la economía se desacelera, el sistema podría perder parte del impulso que ahora refuerza sus ingresos. La mejora actual descansa en buena medida sobre una economía activa y un mercado laboral sólido, dos apoyos importantes, aunque sujetos al ciclo.

El equilibrio futuro también depende de la calidad del empleo

La evolución de las pensiones no se decide únicamente al modificar la edad de jubilación o las condiciones de acceso. La productividad, los salarios, la estabilidad de los empleos y la duración de las carreras de cotización también condicionan los recursos que entran en el sistema. Una economía con más trabajadores y mejores remuneraciones puede sostener una base contributiva más amplia que otra donde el empleo sea precario o intermitente.

La lucha contra la economía sumergida y la capacidad de atraer y retener población trabajadora también forman parte del cuadro. Son factores distintos, pero conectados por una misma lógica: la financiación depende de cotizantes y de las aportaciones que generan sus trayectorias laborales. No basta con aumentar el número de afiliados si las cotizaciones no acompañan; la calidad del empleo influye en la solidez de los ingresos tanto como su cantidad.

Eso no convierte estas variables en una solución automática. El empleo puede crecer y las cotizaciones subir, pero la demografía y las prestaciones siguen marcando el gasto futuro. Tampoco hay una única medida que resuelva todas las tensiones sin efectos sobre otras partes del sistema. La discusión real exige combinar la evolución de los ingresos, el coste de las pensiones y el papel de la financiación pública, en lugar de reducirla a una consigna sobre quiebra o blindaje.

Una presión que alcanza al resto de las cuentas públicas

El peso creciente de las pensiones tiene consecuencias que van más allá de la Seguridad Social. Cuando una partida absorbe una proporción mayor de los recursos públicos, se estrecha el margen disponible para financiar otras necesidades, como sanidad, dependencia, educación, defensa, transición ecológica o inversión productiva. No significa que cada euro destinado a pensiones se reste de forma directa y automática a esos servicios, pero sí que el presupuesto debe distribuir recursos limitados entre compromisos que también crecen.

Por eso, el debate no consiste solo en cómo pagar la nómina del mes siguiente. Las proyecciones de largo plazo apuntan a que el gasto en pensiones ganará peso sobre el PIB en las próximas décadas, aunque el ritmo y el nivel final dependerán del empleo, la productividad y la evolución demográfica. La dificultad está en sostener durante años una presión mayor sin dejar sin margen al resto del gasto público.

El resultado de 2025 tampoco permite declarar resuelto ese desafío. Muestra que la recaudación puede mejorar cuando la economía y el empleo acompañan, y que las medidas adoptadas han ayudado a contener el déficit. Pero no demuestra que ese impulso vaya a ser suficiente en cualquier escenario. La cuestión de fondo es si los ingresos crecerán con continuidad mientras aumenta el número de pensionistas y se actualizan las prestaciones.

Una mejora que compra tiempo, no certezas

El balance actual no describe ni una quiebra inminente ni un sistema sin problemas. La Seguridad Social paga sus prestaciones y mejoró su resultado anual, con un déficit equivalente al 0,4% del PIB, el más bajo desde 2011. Al mismo tiempo, gastó más de lo que ingresó, afrontó una nómina de pensiones creciente y acumuló una deuda de 126.178 millones de euros. La fotografía es de mejora parcial, no de equilibrio alcanzado.

El empleo récord, el aumento de las cotizaciones, el crecimiento económico y los mecanismos de financiación han permitido reducir la distancia entre ingresos y gastos. Esa evolución es relevante: aleja el debate de una alarma inmediata y abre espacio para abordar los cambios con menos presión. Pero ganar tiempo no equivale a haber encontrado una solución definitiva, sobre todo si el gasto continúa avanzando y la deuda sigue pesando en las cuentas.

El dato más útil, por tanto, no es solo que el déficit se haya reducido, sino qué lo ha hecho posible y qué queda pendiente. La actividad y la afiliación aportan ingresos; las pensiones, el envejecimiento y las obligaciones acumuladas mantienen la exigencia. El sistema no está hundido ni ha cerrado sus grietas: ha mejorado el resultado de un año mientras sigue dependiendo de que los recursos crezcan lo bastante para sostener sus compromisos. La aritmética ha dado una tregua, no una respuesta final.