¿Por qué se disparan las agresiones de hijos a madres?

Auge de agresiones de hijos a sus madres: aviso de Guardia Civil y juzgados, causas (límites, adicciones, pantallas) y rutas de ayuda claras.

Lo que durante años se veía como un episodio extraño empieza a ocupar silla fija en los juzgados de menores. Madrid, 13 de noviembre de 2025. En la V Jornadas “Contra el maltrato, tolerancia cero”, un teniente del Equipo Mujer-Menor (EMUME) Central de la Guardia Civil, Daniel Moreno, y la jueza de menores n.º 5 de Madrid, Pilar Serrano, han encendido todas las alarmas al constatar un incremento de la violencia de hijos hacia progenitores, con un patrón que se repite: la víctima principal suele ser la madre. Los casos, que “antes eran aislados”, aparecen ahora semanalmente en los juzgados, según la magistrada. El diagnóstico no se queda en una anécdota ni en la intuición: la realidad ya empuja a las puertas del sistema judicial y de los servicios de protección.

La clave que comparten los ponentes es doble. Primero, se trata de una violencia invisibilizada por el propio vínculo familiar: muchas madres retrasan la denuncia por lealtad afectiva, por vergüenza o por la esperanza de reconducir la situación dentro de casa. Segundo, la escalada suele arrancar mucho antes del primer parte de lesiones. Empieza en lo cotidiano: faltas de respeto, chantaje emocional, gritos, amenazas, daños materiales en el hogar, y deriva a la agresión física cuando las normas y los límites no están claros o no se sostienen. El problema no es nuevo, pero sí lo es su frecuencia y la intensidad con que impacta en familias de todas las clases sociales, como subrayó la magistrada.

Cómo se manifiesta la violencia filio-parental hoy

Los profesionales que intervienen en estos casos llevan tiempo usando el término violencia filio-parental para describir conductas reiteradas —físicas, psicológicas o económicas— ejercidas por hijos e hijas contra sus padres, u otros adultos que hacen sus veces. No es un portazo aislado ni un arrebato puntual. Es una pauta sostenida que busca dominar y someter a la figura adulta que marca los límites. El relato que llega a guardias civiles, policías y jueces se parece demasiado: comienza con la pérdida de autoridad en casa, sigue con la imposición de horarios y reglas por parte del menor, y acaba con la madre cediendo por miedo a la reacción. Cuando estallan los golpes, la familia ya ha cruzado varias líneas rojas.

Hay perfiles que se repiten. La adolescencia concentra gran parte de los expedientes, con picos a partir de los 14-15 años. El género del agresor —según reconocen equipos técnicos— se inclina mayoritariamente hacia el masculino, aunque las chicas también aparecen y obligan a desterrar lecturas simplistas. En casi la mitad de los cuadros se detecta la presencia de adicciones: con sustancias (alcohol, cannabis) o sin sustancias (uso problemático de pantallas, juego online, redes sociales). A menudo se suman dificultades escolares, absentismo, antecedentes de acoso o la vivencia de entornos familiares con tensiones previas. La combinación no es siempre idéntica, pero hay un hilo conductor: falta de límites claros, sobreprotección sostenida y reacción explosiva ante cualquier intento de poner normas.

Nombres propios que encienden la alerta

La jornada celebrada en Madrid ha puesto nombres y apellidos a esa preocupación. Daniel Moreno, teniente y responsable del EMUME Central, habló sin rodeos de aumento de la violencia intrafamiliar ejercida por menores y de cómo el lazo afectivo ralentiza la denuncia. Pilar Serrano, al frente del Juzgado de Menores n.º 5, desgranó un dato que retrata la evolución: “Ya lo vemos semanalmente en sala”. Junto a ellos, el jefe de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario La Paz, Celso Arango, explicó el peso de los trastornos comórbidos —TDAH, trastornos de conducta, depresión, consumo— en la escalada violenta y la necesidad de evaluaciones clínicas integrales cuando un caso salta a consulta. La directora gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y la reinserción del menor infractor, María Pilar López, enfatizó el papel de los programas de intervención educativa que combinan trabajo con el menor y acompañamiento a la familia para “bajar el fuego” y que la convivencia sea posible.

El foco se amplió hacia otra pieza del tablero: la violencia en parejas adolescentes. La decana del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández, describió un marco donde se han normalizado conductas de control y celos que parecían superadas. Lo expresó con crudeza: “No hay nada que enganche más que un refuerzo intermitente entre la supuesta pasión y la devaluación”. Ese patrón, advierten los expertos, contagia la convivencia en casa, porque el adolescente que naturaliza el control en pareja tiende a imponer también en el entorno familiar. Por su parte, el comisario de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM), Javier de Pedro, admitió que muchas chicas toleran hoy actitudes dañinas —celos, hipervigilancia digital, control— que otras generaciones rechazaban, un caldo de cultivo que luego se traduce en conflictos y violencia.

Tecnología, límites y adicciones: el triángulo que más se repite

Nadie serio sostiene que un móvil “cree” violencia, pero sí acelera lo que ya venía mal. En los relatos que llegan a EMUME y UFAM las discusiones más frecuentes giran en torno a horarios de uso, claves, veto a determinadas aplicaciones, compras dentro del juego, o incumplimientos de pactos digitales. La tecnología multiplica los detonantes y ofrece un canal permanente para el insulto, el chantaje y la amenaza. Cuando la norma es cambiante o se aplica a golpes de improvisación —“hoy te quito el móvil, mañana ya veremos”—, el resultado suele ser el conflicto escalando y un adolescente que aprende que la presión y el estallido funcionan.

Los equipos clínicos insisten en una idea básica que conviene no edulcorar: la adicción sin sustancias existe y puede trastocar sueño, atención, rendimiento escolar y regulación emocional. Cuando a eso se suma consumo de alcohol o cannabis, el cóctel agrava la impulsividad. La mezcla de frustración baja, tolerancia cero a la frustración y refuerzo inmediato —la “recompensa” de la pantalla o del juego— crea un terreno abonado para que cualquier límite familiar detone. Las familias describen escenas muy concretas: negativas a apagar el router, amenazas de destrozar una televisión si se confisca la consola, coacciones para conseguir dinero, portazos y empujones cuando se les impide salir de madrugada. No se trata de demonizar dispositivos, sino de poner reglas realistas, escritas y conocidas por todos, y sostenerlas sin violencia y sin arbitrariedad.

Parejas adolescentes, celos y control: un ecosistema que contamina

La otra pieza que emergió con fuerza en las jornadas tiene que ver con los noviazgos tempranos. El control como prueba de amor —ubicación compartida, revisión de chats, exigencia de contraseñas— normaliza conductas de dominación que después se trasladan a la familia. Quien impone y vigila a su pareja tiende a imponer en casa cuando se frustra, especialmente si hay modelos parentales difusos y poca consistencia en la aplicación de normas. El comisario Javier de Pedro lo resumió de manera directa: una parte de la juventud tolera hoy conductas que ayer eran “intolerables”, y eso tiene coste en la convivencia doméstica. El fenómeno no distingue clase social y penetra en barrios con realidades muy distintas, de la mano de patrones culturales amplificados por redes y mensajes instantáneos.

Qué pasa cuando se denuncia y qué medidas llegan

El miedo a denunciar a un hijo actúa como freno principal. Pero denunciar —subrayaron los ponentes— no es abandonar a un menor, sino protegerlo de una espiral que puede llevarlo a lesiones más graves, a la comisión de delitos o a una judicialización tardía y más traumática. Cuando una familia pide ayuda, se activan dos carriles complementarios. En el ámbito policial, las UFAM de la Policía Nacional y los EMUME de la Guardia Civil atienden a la víctima, evalúan el riesgo y tramitan la denuncia, con medidas de protección si procede. En el ámbito judicial, interviene la Fiscalía de Menores, que puede incoar expediente, proponer medidas y derivar a recursos de intervención educativa o terapéutica. La finalidad no es punitiva, sino reeducadora, con medidas como libertad vigilada, obligación de seguir tratamiento ambulatorio, prohibición de aproximarse o comunicarse, tareas socioeducativas, e incluso internamiento en los supuestos más graves.

La coordinación con salud mental infanto-juvenil es cada vez más estrecha. Celso Arango recordó que la evaluación clínica no puede ser “de escaparate”: hay que descartar y tratar trastornos que empeoran la regulación —TDAH, trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo— y adecuar los pactos familiares a la realidad del adolescente. No todos los casos necesitan medicación; casi todos sí necesitan estructura: horarios, hábitos de sueño, activación escolar, deporte, acompañamiento y límites estables. La Agencia para la reeducación y la reinserción del menor infractor de la Comunidad de Madrid, dirigida por María Pilar López, sostiene programas que trabajan con el menor y su familia a lo largo de semanas o meses. Cuando ese itinerario se inicia pronto, las probabilidades de romper la espiral aumentan de manera notable.

La vía de acceso debe ser clara. Ante una emergencia o riesgo inmediato, el 112. Cuando la violencia se enquista, aunque no haya lesiones, comisaría o cuartel para valorar con UFAM o EMUME qué medidas adoptar y cómo proteger a la víctima. En paralelo, recursos de ayuda confidenciales como ANAR (900 20 20 10; línea para adultos del entorno: 600 50 51 52) ofrecen orientación 24/7 y derivan a recursos locales. Y si en la casa coexiste una situación de violencia de género contra la madre, el 016 proporciona información y asesoramiento sin dejar rastro en factura telefónica.

Mirar los casos con lupa: escuela, salud mental y familia

La violencia filio-parental no tiene una sola causa. Tampoco un solo tratamiento. Por eso los equipos intervinientes recomiendan mirar cada caso con lupa y sin prejuicios. La escuela detecta señales tempranas —disrupciones, caídas de rendimiento, ausencias— que conviene compartir con la familia y, cuando es necesario, con servicios sociales o salud mental. Los centros educativos que activan protocolos y coordinan itinerarios con equipos externos suelen amortiguar la escalada en casa. A veces se trata de ajustar expectativas académicas; otras, de intervenir sobre el acoso que está minando al menor; en muchos casos, de reconstruir rutinas.

En el ámbito clínico, la línea que separa un carácter difícil de un trastorno de conducta no siempre es nítida. De ahí que los jefes de servicio —como Arango en La Paz— insistan en evaluaciones completas que incluyan historia familiar, hábitos de sueño, consumo, funcionamiento escolar y pruebas estandarizadas cuando toca. No todos los adolescentes que agreden están enfermos; muchos están desregulados. Lo que sí comparten es la necesidad de adultos que sostengan límites y acompañen sin confundir autoridad con autoritarismo ni comprensión con permisividad. En paralelo, servicios de protección y equipos técnicos de justicia juvenil reclaman más plazas ambulatorias, intervención en domicilio y programas grupales que reduzcan las listas de espera.

Un punto sensible atraviesa casi todos los testimonios: la culpa. Madres que cargan con el estigma de “no haber sabido educar” y normalizan lo inaceptable por miedo a que el sistema “les arrebate” al hijo. El mensaje de EMUME, UFAM, juzgados de menores y agencias de reeducación es unánime: pedir ayuda no es fallar, es proteger. El derecho del menor a recibir intervención camina de la mano del derecho de la madre a vivir sin violencia. Y esos dos derechos no compiten: se refuerzan.

La arista que crece en paralelo: noviazgos y cultura del control

Lo que ocurre en el noviazgo adolescente no se queda en el noviazgo. Timanfaya Hernández explicó cómo la aceptación de los celos como muestra de amor, la hipervigilancia digital y ese carrusel de “pasión y devaluación” funcionan como escuela de dominación. Niño que aprende a controlar es —casi siempre— adolescente que intenta controlar en otros ámbitos, incluida la familia. Javier de Pedro añadió un dato incómodo: una parte de las chicas de hoy tolera dinámicas que sus madres rechazaban frontalmente, lo que alimenta relaciones asimétricas y tensiona aún más la convivencia en casa cuando los adultos intentan poner freno. La fotografía no es uniforme, pero sí suficientemente nítida como para encender luces en educación afectivo-sexual, alfabetización digital y trabajo con familias para detectar señales antes de que la violencia se normalice.

La prevención aquí no consiste en prohibir móviles sin más, ni en beber eslóganes. Consiste en dar herramientas: qué es control y qué no, cómo manejar celos, cómo identificar chantaje emocional, qué hacer ante un “me debes tus contraseñas”. Y, sobre todo, en cultivar redes adultas —familia, tutores, entrenadores, monitores— que acompañen conversaciones incómodas y den ejemplo. La educación en valores que reivindicaron los ponentes remite a algo muy concreto: respeto, tolerancia, límites y cuidado. Sin estridencias, con consistencia.

Lo que sí está funcionando sobre el terreno

Entre los recursos que más impacto demuestran sobre el terreno, los equipos señalan programas ambulatorios que mezclan terapia familiar, psicoeducación, entrenamiento en habilidades parentales y acuerdos de convivencia con seguimiento semanal. Funcionan mejor cuando incluyen objetivos medibles —tiempos de pantalla pactados, horarios de estudio y descanso, participación en tareas domésticas, límites claros a compras y pagos— y consecuencias proporcionadas y anticipadas. La madre no puede ser la única “policía” de la casa: ayuda que exista una red —otro progenitor, abuelos, tíos, vecinos de confianza, tutor escolar— que sostenga el pacto y evite que todo dependa de una sola voz.

En casos con consumo de sustancias, la derivación a recursos específicos —atención a adicciones en menores— reduce recaídas y rebaja la agresividad asociada a la abstinencia. Cuando el uso problemático de pantallas es el detonante principal, higiene digital básica —móvil fuera del dormitorio, carga nocturna en zona común, sin datos en horario escolar, filtros y control parental transparentes, no encubiertos— corta muchas discusiones antes de que empiecen. Los centros con equipos de convivencia y mediación escolar también bajan el ruido al atajar conflictos en el aula que después se llevan a casa.

Otro aprendizaje está en el lenguaje. Los programas que apuestan por reformular la autoridad —de la amenaza al acuerdo vinculante— y validar emociones sin ceder en límites suelen obtener mejores resultados. No es ceder el mando; es recobrarlo con reglas claras y trato respetuoso. Lo repiten psicólogos, trabajadores sociales y educadores: humillar no educa; sostener límites sí.

Frenar a tiempo, proteger sin tabúes

La alerta lanzada en Madrid por Daniel Moreno y Pilar Serrano, acompañada por la experiencia clínica de Celso Arango, la gestión reeducadora de María Pilar López y las advertencias de Timanfaya Hernández y Javier de Pedro sobre el control en parejas adolescentes, dibuja un mapa nítido: la violencia de hijos hacia madres está creciendo y ya no es excepcional. No es una moda ni un titular grandilocuente. Es un problema de convivencia, de salud mental y de seguridad que atraviesa clases sociales y reclama intervención temprana.

El camino de salida existe y está mejor trazado que hace una década: denunciar cuando toque, activar a UFAM o EMUME, coordinarse con Fiscalía de Menores, trabajar con programas estructurados, evaluar clínicamente cuando sea necesario y reconstruir la autoridad en casa con pactos sostenibles. Pedir ayuda no es traicionar a un hijo, es cortarle la vía a una espiral que hipotecará su futuro y el de su madre. Con reglas claras, red adulta alrededor y recursos activados a tiempo, la escena deja de ser el parte de lesiones del jueves y vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser: una convivencia segura y respetuosa.