¿Por qué Sánchez convoca el Consejo de Seguridad Nacional por Ceuta?

Pedro Sánchez ha convocado para este martes 25 de agosto una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta, casi cuatro semanas después de la entrada masiva de migrantes registrada el 30 de julio. La cita eleva formalmente el episodio al máximo órgano de coordinación política del Estado en materia de Seguridad Nacional, después de semanas de actuaciones de Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones y Sanidad sobre el terreno.

El dato temporal importa. Desde aquella jornada habrán transcurrido 26 días, aunque sería inexacto presentar este periodo como una ausencia completa de intervención presidencial. Sánchez viajó a Ceuta el 31 de julio y posteriormente presidió reuniones de coordinación por videoconferencia el 7 y el 17 de agosto. Lo que cambia ahora no es que el Gobierno descubra la crisis al volver de vacaciones, sino el nivel institucional al que decide llevarla.

Qué ocurrió realmente en Ceuta el 30 de julio

Las dimensiones de aquella entrada fueron extraordinarias incluso para una frontera acostumbrada a convivir con la presión migratoria. El Ministerio del Interior situó posteriormente entre 50.000 y 60.000 el número de personas que accedieron irregularmente a Ceuta durante el 30 de julio. El Departamento de Seguridad Nacional había estimado ya durante las primeras horas que más de 49.000 migrantes habían conseguido entrar a través del espigón y la playa del Tarajal. Son cifras oficiales que permiten fijar mejor la magnitud de lo ocurrido frente a estimaciones más elevadas difundidas durante los primeros compases de la crisis.

El episodio tuvo además una particularidad jurídica. Interior vinculó el aumento de las llegadas a la interpretación realizada por las redes de tráfico de personas de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, relativa al rechazo en frontera de quienes acceden a nado. Como respuesta, el Gobierno instaló una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal. Marruecos, por su parte, reforzó la cooperación fronteriza y las conversaciones con Madrid para facilitar retornos.

Sánchez empleó entonces palabras poco habituales en el lenguaje diplomático. Durante su visita del 31 de julio habló de una “violación” y un “ataque a la integridad territorial” de España. No era una descripción menor: colocaba la entrada masiva más allá del terreno estrictamente migratorio y la acercaba al vocabulario propio de una crisis de seguridad nacional.

Por qué se convoca ahora el Consejo de Seguridad Nacional

El Consejo de Seguridad Nacional no es un gabinete de emergencia improvisado para la ocasión. Es una Comisión Delegada del Gobierno presidida por el jefe del Ejecutivo y encargada de asistirle en la dirección de la política de Seguridad Nacional. La Ley 36/2015 le atribuye, entre otras funciones, la planificación y coordinación de esta política y la dirección de las actuaciones para gestionar situaciones de crisis.

Eso explica buena parte de la convocatoria. La situación de Ceuta ya no gira únicamente alrededor de cuántas personas cruzaron la frontera aquella tarde. Hay cuestiones migratorias, policiales, diplomáticas, militares, sanitarias y humanitarias que se pisan unas a otras. El Consejo permite sentar bajo una misma arquitectura institucional a los departamentos que hasta ahora han actuado en frentes distintos.

También hay un evidente componente político. Convocarlo casi un mes después abre inevitablemente la discusión sobre los tiempos elegidos por Moncloa. La oposición puede utilizar la demora como argumento para acusar al Ejecutivo de reacción tardía; el Gobierno puede responder que durante estas semanas sí ha habido gestión, reuniones y despliegue de recursos. Las dos fotografías existen. Quedarse únicamente con una resulta cómodo, pero deja media película fuera del encuadre.

Sánchez sí intervino durante agosto, aunque no convocó este órgano

La secuencia ayuda a separar el ruido de los hechos. Sánchez estuvo personalmente en Ceuta el 31 de julio, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El 7 de agosto presidió una reunión de coordinación con Defensa, Interior, Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia, y ese mismo día el Gobierno pidió comparecencias extraordinarias en el Congreso para explicar la gestión de la crisis. Diez días después, el 17 de agosto, hubo una segunda reunión presidencial por videoconferencia, esta vez con la participación también de Economía y Exteriores.

Por eso, convertir la controversia en un simple “Sánchez estaba de vacaciones” resulta tentador para el titular, pero demasiado estrecho para explicar lo ocurrido. La cuestión relevante es otra: por qué una situación que el propio presidente definió el 31 de julio en términos de integridad territorial no llegó antes al Consejo de Seguridad Nacional.

La convocatoria del 25 de agosto responde precisamente a ese salto. No significa, por sí sola, que España haya declarado una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, una figura jurídica específica prevista por la ley. Convocar el Consejo y declarar formalmente esa situación son cosas distintas. El organismo puede reunirse cuando las circunstancias que afectan a la Seguridad Nacional lo requieran, sin que ello implique automáticamente activar el régimen excepcional previsto para las crisis de mayor alcance.

Ceuta aún no ha recuperado completamente la normalidad

El impacto inicial se ha reducido de forma considerable, pero sus efectos continúan. El propio delegado del Gobierno en Ceuta reconocía este lunes 24 de agosto que la ciudad todavía no se encuentra en una situación de completa normalidad. Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las personas que habían entrado irregularmente ya habían retornado a Marruecos, según comunicó el Gobierno a comienzos de agosto.

La presión humanitaria y sanitaria tampoco desapareció con las imágenes de la frontera. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria realizó 5.801 asistencias, a las que se añadieron más de 2.500 intervenciones del dispositivo reforzado de Cruz Roja. El pico llegó el 31 de julio, con 1.149 atenciones en una sola jornada; dos semanas más tarde la cifra diaria había caído de forma notable. Sanidad sostiene que el sistema ordinario de Ceuta no llegó a colapsar, aunque necesitó refuerzos y dispositivos extraordinarios.

Migraciones anunció además cuatro instalaciones temporales adicionales para atender a las personas que permanecían en la ciudad: espacios en Loma Colmenar, La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el Guano. Es quizá la parte menos vistosa de la crisis, la que llega cuando las cámaras ya han abandonado la playa, pero también la que explica por qué el asunto sigue abierto semanas después.

Marruecos vuelve a ocupar el centro de una crisis española

Cualquier análisis de Ceuta acaba chocando con la misma geografía. Al otro lado de la frontera está Marruecos y, con él, una relación bilateral en la que inmigración, seguridad, comercio y diplomacia están cosidos con el mismo hilo.

El Gobierno español ha insistido desde el principio en la cooperación de las autoridades marroquíes y ha atribuido la oleada principalmente a las redes de tráfico de personas. Esa explicación marca una diferencia fundamental respecto a la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta durante un grave enfrentamiento diplomático entre Madrid y Rabat.

Esta vez Moncloa evita presentar a Marruecos como adversario. No es un detalle. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera exterior española y europea, la pregunta sobre cómo pudo ocurrir resulta inevitable, por mucha cooperación posterior que exista. Y esa incógnita —qué falló antes, durante y después de la entrada— es uno de los asuntos que dan verdadero peso político a la reunión del Consejo.

Qué puede salir de la reunión del martes

No debe esperarse necesariamente un anuncio espectacular. El Consejo de Seguridad Nacional trabaja sobre coordinación, evaluación de riesgos, planificación y respuesta institucional, de manera que una parte importante de sus decisiones puede consistir en reforzar mecanismos ya activados: control fronterizo, cooperación con Marruecos, atención de las personas todavía presentes en Ceuta, recursos policiales y militares, seguimiento sanitario o interlocución con la Unión Europea.

El valor político de la reunión está, sin embargo, en otro sitio. El Gobierno reconoce mediante la convocatoria que Ceuta merece ser analizada no como una crisis migratoria aislada, sino desde una perspectiva mucho más amplia de seguridad del Estado. Eso encaja, de hecho, con el lenguaje empleado por Sánchez desde su primera visita.

Y ahí aparece la paradoja. Si el 31 de julio se habló de ataque a la integridad territorial, cuesta considerar irrelevante que el principal órgano de Seguridad Nacional dedicado a la gestión de crisis se reúna el 25 de agosto. Pero tampoco puede sostenerse seriamente que el Ejecutivo haya permanecido inmóvil durante esas tres semanas. Entre ambos extremos está lo ocurrido: despliegues, reuniones sectoriales, cooperación con Marruecos y, finalmente, la decisión de elevar la respuesta.

Ceuta pasa de la emergencia fronteriza al tablero nacional

Las imágenes más dramáticas del 30 de julio quedaron atrás, pero la crisis ha ido cambiando de forma. Primero fue una frontera desbordada; después, una operación policial, humanitaria y sanitaria gigantesca. Ahora entra de lleno en el terreno de la Seguridad Nacional y de la batalla política sobre cómo reaccionó el Gobierno.

El Consejo convocado por Sánchez no borra las actuaciones anteriores ni resuelve la controversia sobre los tiempos. Lo que hace es fijar una nueva fase. Ceuta deja de ser únicamente el escenario de una entrada migratoria excepcional y se consolida como un asunto de seguridad, diplomacia y política de Estado. Casi un mes después, la frontera está mucho más tranquila. El problema, sin embargo, todavía ocupa la mesa grande de la Moncloa.