¿Qué pinta Reyes Maroto en el juicio de Ábalos?

Reyes Maroto vuelve al foco por la declaración de su exjefe de gabinete en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama y el caso Villafuel bajo lupa.

Reyes Maroto ha vuelto al primer plano del caso Ábalos sin estar acusada en este juicio y sin haberse sentado en el banquillo. Su nombre reaparece porque el Tribunal Supremo ha entrado en la última semana de declaraciones testificales del procedimiento por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia y, en esa fase, uno de los comparecientes clave es Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria. Ese es el punto exacto. No hay un giro súbito del juicio contra la exministra ni una imputación encubierta, por mucho que el ecosistema político español tenga una querencia casi artística por el batiburrillo. Lo que existe es una declaración relevante para aclarar si desde el entorno de Industria se produjo una reunión relacionada con la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel, un episodio que se ha ido pegando al sumario como esas manchas de humedad que primero parecen pequeñas y luego ocupan media pared.

El juicio que se sigue en el Supremo tiene un núcleo muy concreto: la supuesta existencia de una red de comisiones, favores y tráfico de influencias alrededor de los contratos de emergencia firmados en plena crisis sanitaria. En el banquillo están José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, con peticiones de pena muy serias sobre la mesa y con una acusación que sostiene que la pandemia fue, para algunos, una autopista abierta entre despachos públicos y negocios privados. La comparecencia del excolaborador de Maroto importa porque ayuda a responder una pregunta decisiva: si aquel sistema funcionó solo en torno a las mascarillas o si, en realidad, operaba con una lógica más amplia, mezclando material sanitario, licencias empresariales, contactos ministeriales y, por el camino, el rescate de Air Europa. Ahí está la verdadera sustancia de la noticia. Maroto aparece por cercanía institucional al episodio que se examina, no como acusada.

El nombre de Maroto vuelve por la puerta de Industria

La razón por la que Reyes Maroto ha regresado a los titulares tiene bastante menos de golpe teatral y bastante más de cableado administrativo. La declaración de Juan Ignacio Díaz Bidart está vinculada a la posible existencia de una reunión con Claudio Rivas y Carmen Pano para facilitar gestiones relativas a Villafuel, una sociedad que buscaba la licencia de operador de hidrocarburos. La escena, por sí sola, ya es delicada, porque sitúa en el foco a personas que estaban en la cocina institucional, no en la grada. Y en este tipo de causas la cocina importa mucho más que la retórica de los comunicados. Lo que el tribunal quiere saber no es solo si hubo o no un encuentro, sino qué se pidió, quién abrió la puerta, con qué finalidad y en qué contexto. Dicho en román paladino: si aquella red que nació en torno a la contratación de mascarillas tenía tentáculos suficientes para tocar otros sectores y otros expedientes.

Ese es precisamente el punto en el que el apellido Maroto vuelve a circular. No porque la exministra sea protagonista procesal de la causa, sino porque el sumario ha ido derivando hacia una pregunta bastante más incómoda para el poder: cómo se usaba el acceso a los ministerios, quién podía entrar, a quién se recibía, de qué modo se aceleraban reuniones y qué rastro dejaban esas gestiones cuando el asunto ya no era solo sanitario. El Supremo, de hecho, rechazó citar a la propia Reyes Maroto como testigo en esta fase, lo que subraya un matiz que conviene no perder: su situación no es la de una encausada en este juicio. Lo relevante es la declaración de un antiguo colaborador suyo para esclarecer un capítulo que las acusaciones conectan con el entramado general. En España, claro, ese matiz suele perderse entre el ruido y el titular de brocha gorda. Pero el procedimiento, por ahora, no dice eso.

Lo que se juzga de verdad en el Supremo

Lo que el Tribunal Supremo está juzgando desde el arranque de esta vista oral es el primer gran bloque penal del llamado caso Koldo, aunque la etiqueta ya se ha quedado corta. La acusación sostiene que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama participaron en una red que aprovechó la contratación urgente derivada de la pandemia para favorecer adjudicaciones de material sanitario y cobrar comisiones o contraprestaciones. La Fiscalía les atribuye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsedad e incluso integración en organización criminal, según el caso y el acusado. La cifra de las penas pedidas refleja el volumen del envite: 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. No es una pieza secundaria ni un trámite de temporada política; es un juicio mayor, de esos que pueden dejar una cicatriz larga en la legislatura, en el PSOE y en la percepción pública de cómo funcionaron ciertos despachos durante la covid.

El eje de la acusación está en los contratos de mascarillas adjudicados en un momento de desorden extremo, con la administración comprando a toda velocidad y con filtros muy debilitados por la urgencia. Ese contexto es capital, porque explica por qué algunas operaciones que en circunstancias normales habrían sido sometidas a controles mucho más intensos avanzaron casi a empujones. Pero el juicio no trata solo de si se compró rápido y mal. Eso, en parte, ocurrió en media Europa. Lo que se discute aquí es algo más grave: si hubo una estructura organizada que convirtió la emergencia sanitaria en una oportunidad de negocio, utilizando el poder político, los contactos ministeriales y la proximidad a empresas públicas para colocar contratos, mover influencias y cobrar favores. El problema, dicho sin maquillaje, no es el caos. El problema es quién se benefició del caos.

Con el paso de las sesiones, el proceso ha ido dibujando algo que va más allá de una suma de anécdotas. Han aparecido testimonios sobre ofertas de mascarillas empujadas desde el entorno de Koldo García, movimientos de la empresa Soluciones de Gestión, relaciones fluidas con altos cargos y una circulación sorprendentemente cómoda de determinados empresarios por dependencias públicas. La defensa insiste en que el contexto pandémico explica decisiones excepcionales y errores de procedimiento; las acusaciones responden que la excepcionalidad fue el mejor escondite posible para una red de intereses privados. En ese choque se juega buena parte del caso. Y ahí es donde la comparecencia de exjefes de gabinete, antiguos secretarios de Estado o directivos de empresas vinculadas a contratos públicos deja de ser un detalle accesorio: son piezas del mapa, no figurantes.

La declaración de Díaz Bidart y la sombra de Villafuel

La comparecencia de Juan Ignacio Díaz Bidart está llamada a ser una de las más observadas de esta recta final porque conecta el universo de las mascarillas con el de los hidrocarburos, una derivación que ha ido ganando peso conforme avanzaban las investigaciones. Sobre la mesa está la supuesta reunión en Industria con Claudio Rivas y Carmen Pano para desbloquear o favorecer la licencia de Villafuel. Pano ha sostenido que ese encuentro existió y que formó parte de las gestiones de la trama. Rivas, por su situación procesal en otra causa, ha optado por no declarar en este frente. Así que el testimonio del exjefe de gabinete de Maroto adquiere una relevancia evidente: sirve para comprobar si esa reunión se produjo, si fue meramente formal o si respondía a una intermediación más profunda. No es un matiz menor. En causas de corrupción o tráfico de influencias, las reuniones que oficialmente “no eran nada” suelen convertirse después en el lugar donde empezó todo.

El vínculo con Villafuel añade además un elemento muy incómodo para las defensas: muestra una posible continuidad en el modo de operar. Si las acusaciones logran convencer al tribunal de que la misma red que se movía en torno a las mascarillas también actuaba en gestiones relacionadas con licencias energéticas, el caso dejaría de ser una historia acotada a la contratación sanitaria y pasaría a verse como una mecánica más amplia de favores y acceso privilegiado. Ese salto cualitativo importa, y mucho. Porque convierte la causa en algo más parecido a una radiografía del uso del poder que a un simple expediente por compras fallidas durante la pandemia. En paralelo, ha aparecido también la hipótesis de que la compra de una vivienda en La Alcaidesa, en Cádiz, pudiera actuar como contraprestación ligada a estas gestiones. De momento, eso forma parte del material incriminatorio que el tribunal debe valorar, no de un hecho definitivamente asentado. Pero el simple cruce entre mascarillas, fuel, inmuebles y despachos ministeriales ya da la medida de la densidad política del asunto.

Otro detalle decisivo es el orden de los factores. Reyes Maroto no entra en este relato por haber tomado personalmente una decisión bajo sospecha acreditada en el juicio, sino por la posición institucional que ocupaba cuando, presuntamente, se movieron esas gestiones y por la intervención que pudo tener un colaborador directo suyo. Parece una diferencia menor y no lo es. En términos procesales y políticos, separa el dato de la insinuación. La exministra no está acusada en esta vista oral, pero un miembro destacado de su equipo aparece citado para explicar una reunión que las acusaciones consideran significativa. Esa es la foto exacta. Todo lo demás —la hipérbole partidista, la espuma de los tertulianos, el berrinche enlatado de cada bancada— pertenece a otra función.

Mascarillas, Correos y una empresa que creció demasiado rápido

El corazón del procedimiento sigue estando en las adjudicaciones de material sanitario a Soluciones de Gestión, una firma que terminó obteniendo contratos millonarios en plena emergencia. Durante esta última semana de testificales han estado señalados antiguos responsables de la administración y de empresas públicas para aclarar cómo llegó esa sociedad a entrar con tanta fuerza en un circuito donde, en teoría, la urgencia no debía borrar por completo la prudencia. El nombre de Rafael Pérez, ex secretario de Estado, figura entre los comparecientes relevantes; también han aparecido responsables vinculados a Correos, porque la acusación quiere reconstruir la cadena de decisiones, avales, contactos y mensajes que favorecieron aquellas operaciones. La sospecha es que Koldo García y el entorno de Aldama no solo ofrecían proveedores, sino que empujaban expedientes con una mezcla de familiaridad política y presión impropia de un simple intermediario comercial.

Lo que se ha ido escuchando en sede judicial refuerza esa impresión de proximidad extraordinaria. Varios testimonios han descrito cómo Aldama se movía por Transportes con una soltura difícil de explicar si su papel hubiese sido meramente tangencial. Han aparecido referencias a ofertas concretas, a paquetes de mascarillas planteados casi como un todo o nada, a una empresa que no parecía tener estructura suficiente para la magnitud de algunos encargos y, aun así, logró colocarse en una posición privilegiada. Esa es una de las preguntas más ásperas del juicio: por qué una empresa con un perfil discutible consiguió contratos de semejante envergadura. La defensa replica que el mercado mundial estaba roto y que casi nadie cumplía los estándares habituales; las acusaciones responden que precisamente en ese desorden se coló un grupo que sabía muy bien a qué puertas llamar. Cuanto más se profundiza en esa fase, menos parece un accidente burocrático y más un sistema de intermediación política encubierta.

No conviene perder de vista el contexto. En la primavera de 2020 las administraciones compraban con el agua al cuello, en un mercado salvaje, con precios disparados y con proveedores de toda clase apareciendo de la noche a la mañana. Ese paisaje ayuda a entender la excepcionalidad, pero no exonera por sí solo ninguna conducta. Y eso es lo que está intentando delimitar el Supremo. Una cosa es la improvisación propia de una catástrofe; otra, muy distinta, es aprovechar la catástrofe para tejer un negocio. La línea entre ambas realidades no siempre es fácil de trazar sobre el papel, de acuerdo, pero el juicio existe precisamente para eso: para decidir si aquí hubo simple torpeza administrativa o algo mucho más turbio. La tesis de la acusación apuesta claramente por lo segundo.

Air Europa, la otra gran pieza que agranda el escándalo

Si el frente de Villafuel explica por qué reaparece Reyes Maroto, el de Air Europa muestra hasta qué punto el juicio ha crecido por los lados. La jornada de esta última semana testifical también alcanza al rescate de la aerolínea y al papel que pudo jugar el entorno de la trama en aquella operación. El nombre más sensible en ese bloque es el de Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, citado en un contexto donde se examinan contactos, flujos de información y la capacidad de Víctor de Aldama para intervenir en un asunto de enorme trascendencia económica y política. El rescate aprobado por el Gobierno en 2020, por 475 millones de euros, ya era por sí mismo un episodio delicado. Introducir ahí la posibilidad de intermediaciones informales, filtraciones o contraprestaciones convierte el asunto en una bomba política de primer nivel.

La sospecha que sobrevuela esta rama de la causa es que el círculo de Aldama y Koldo pudo disponer de información sensible o de una capacidad de influencia impropia respecto al expediente de Air Europa. En ese marco se ha hablado de comunicaciones previas, de borradores que circularon antes de hacerse públicos y de un posible acceso anticipado a movimientos del Gobierno. No es un detalle menor ni una simple indiscreción de despacho. Si esa línea adquiriera solidez probatoria, el caso no solo afectaría a la contratación de mascarillas, sino al manejo de una decisión estratégica en plena crisis económica. En otras palabras: pasaríamos de la lógica del contrato urgente a la lógica del poder como pasarela para negocios ajenos. Es ahí donde el procedimiento deja de ser una suma de capítulos y empieza a parecer una misma historia contada desde distintos ventanales.

En este bloque asoma también el testimonio de Carmen Pano y de su hija Leonor, que situaron entregas de dinero y pagos a miembros del entorno de la trama. Son afirmaciones que el tribunal debe contrastar y valorar con máxima cautela, pero su sola existencia explica por qué la comparecencia de responsables de Globalia genera tanta tensión. El caso ya no habla solo de mascarillas defectuosas o de adjudicaciones apresuradas. Habla de dinero, favores, rescates empresariales y acceso a la sala de máquinas del Estado. Por eso cada testigo de esta recta final no cierra una pieza: la ensancha.

La semana que puede ordenar el caso

La última semana de declaraciones testificales llega en un momento especialmente sensible porque precede a la comparecencia de los propios acusados. Después de esta fase llegarán las declaraciones de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, previstas para el tramo final del calendario, y con ellas el juicio entrará en la zona donde el relato ya no podrá sostenerse solo en lo que dicen terceros. Hasta ahora, la vista oral ha servido para perfilar el ecosistema del caso: quién llamaba a quién, qué empresarios aparecían en determinados despachos, qué ministerios se cruzaban y cómo algunas operaciones parecían avanzar con una facilidad poco compatible con la burocracia española, que suele ser lenta hasta para respirar. Lo que viene ahora es otra cosa: medir si todo ese paisaje apunta realmente a una trama organizada o si la defensa consigue atomizarlo en episodios inconexos.

También están previstas o han quedado señaladas comparecencias de otros nombres políticos relevantes, entre ellos Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, lo que confirma que el procedimiento sigue tocando nervios muy distintos del tablero institucional. Ese detalle es importante porque muestra que el sumario no se ha cerrado sobre un único ministerio ni sobre un único negocio. Va recorriendo escalones de poder, empresas públicas, administraciones territoriales y grandes compañías privadas. A ratos parece un juicio penal; a ratos, un inventario de cómo la pandemia abrió compuertas por las que circuló demasiada gente con demasiada soltura. La cuestión es si esa soltura era mera cercanía política o si escondía un sistema estable de influencias retribuidas. Esa es la gran batalla jurídica de estas semanas.

La posición de Reyes Maroto dentro de ese tablero, conviene insistir, sigue siendo indirecta en esta vista oral. Su nombre aparece porque un antiguo colaborador suyo tiene que explicar una reunión de interés para las acusaciones. Nada menos. Pero tampoco nada menos. En una causa de esta dimensión, el hecho de que la investigación vaya tocando jefaturas de gabinete y órganos ministeriales revela hasta dónde ha querido llegar el tribunal para entender la arquitectura del caso. Y esa arquitectura no se compone solo de contratos y facturas. Se compone, sobre todo, de relaciones personales, acceso institucional y puertas que se abren.

Un caso que ya no cabe en una sola etiqueta

A estas alturas, seguir llamando a todo esto solo caso Koldo resulta casi insuficiente. La etiqueta sirve para identificar el origen mediático de la investigación, pero la causa ha ido absorbiendo tantas derivaciones que ya funciona como una narración mucho más ancha sobre la degradación del perímetro entre lo público y lo privado. El juicio de las mascarillas es el tronco, sí, pero del tronco salen ramas que alcanzan a Transportes, Industria, Correos, hidrocarburos, Air Europa y una constelación de empresarios, asesores y cargos públicos que aparecen unidos por un patrón común: la proximidad al poder convertida en activo económico. Esa es la imagen de fondo que ha ido sedimentando el procedimiento. No un escándalo puntual, sino una forma de operar.

Por eso el retorno de Reyes Maroto a los titulares tiene un significado preciso. No anticipa una condena, no la convierte en acusada y no cambia por sí solo el eje del juicio. Lo que sí hace es ensanchar el perímetro político del caso y recordar que la investigación no se limita al despacho de Ábalos ni a las maniobras de Koldo García. Cuando comparece el exjefe de gabinete de una exministra para explicar una reunión sobre Villafuel, lo que el Supremo está diciendo, en el fondo, es que quiere comprender el ecosistema completo, no solo una factura o una mordida concreta. Y esa ambición judicial es la que vuelve especialmente delicada esta fase final. Porque una cosa es demostrar un contrato irregular. Otra, mucho más grave, es acreditar que hubo una red estable de mediación, influencia y contraprestación incrustada en varias capas del Estado.

Si algo deja esta jornada es una imagen bastante nítida: el caso Ábalos-Koldo-Aldama ya no puede leerse solo como una historia de mascarillas compradas en los peores meses de la pandemia. Es también la historia de cómo ciertos nombres se repetían demasiado, de cómo algunos empresarios parecían moverse por los ministerios con una confianza difícil de explicar y de cómo una crisis histórica pudo convertirse, presuntamente, en un negocio paralelo. Reyes Maroto entra en esa fotografía por un lateral, a través de un antiguo colaborador y de una reunión bajo la lupa. Pero entra. Y en un proceso donde cada conexión cuenta, ese lateral puede resultar políticamente mucho más incómodo de lo que aparenta.