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¿Por qué Sheinbaum quiere limitar la doble nacionalidad en México?
México debate una reforma que obligaría a renunciar a otra nacionalidad para competir por la Presidencia, gubernaturas o el Gobierno capitalino.

Resumen
- Sheinbaum quiere una sola nacionalidad para los principales cargos ejecutivos
- La reforma ya pasó por Diputados y espera la votación del Senado
- El cambio se aplicaría desde el proceso electoral de 2028
Claudia Sheinbaum ha convertido la doble nacionalidad en una cuestión de acceso a los principales cargos ejecutivos de México. Su reforma constitucional pretende que quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México tenga exclusivamente la nacionalidad mexicana y, si posee otra, renuncie a ella antes de registrar su candidatura. No se trata, por tanto, de prohibir que los mexicanos tengan dos pasaportes ni de expulsar a los binacionales de la vida pública: el candado se concentra en esos puestos concretos.
La iniciativa ya ha recorrido una parte importante del Congreso. La Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre de 2026, primero con 344 votos favorables en lo general y después, en lo particular, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El proyecto pasó al Senado, cuyas comisiones competentes respaldaron el dictamen con 23 votos a favor y nueve en contra. La discusión del pleno está prevista para el 29 de septiembre. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía quedaría pendiente el resto del procedimiento exigido para modificar la Carta Magna.
El argumento de Sheinbaum es sencillo, aunque políticamente nada pequeño: quien representa al Estado mexicano no debería mantener otro vínculo de nacionalidad. La presidenta ha recurrido a la imagen de las “dos banderas” para explicar su posición y sostiene que los máximos representantes ejecutivos deben mantener un compromiso jurídico exclusivo con México. Sus adversarios contestan que nacionalidad y lealtad no son sinónimos y cuestionan que un segundo pasaporte pueda convertirse en motivo suficiente para limitar el acceso a determinados cargos.
Qué quiere cambiar exactamente Sheinbaum
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana, que regulan los requisitos relacionados con la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. El texto establece que los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, cuando posean una segunda, renunciar efectivamente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
No bastaría, por tanto, con una declaración simbólica. El aspirante tendría que acreditar la pérdida del vínculo jurídico extranjero conforme al procedimiento correspondiente. Esa cuestión importa, porque las legislaciones de cada país regulan de forma distinta la renuncia a la ciudadanía: en algunos Estados es relativamente sencilla y en otros está sometida a condiciones, plazos o incluso limitaciones.
La reforma va también más allá del momento electoral. Quien ocupe uno de esos cargos no podría adquirir después otra nacionalidad ni invocarla frente a una autoridad extranjera. El proyecto introduce asimismo restricciones sobre el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos ligados a otra ciudadanía y la posibilidad de acogerse a la protección diplomática de otro Estado mientras se ejerce la función.
Y aquí aparece un matiz importante cuando la polémica se reduce al vistoso “gringos fuera”. México no pretende eliminar la doble nacionalidad de sus ciudadanos. Desde finales de los años noventa su legislación permite que los mexicanos por nacimiento conserven esa condición aunque posean otra nacionalidad, algo especialmente relevante en un país unido por millones de vínculos familiares y migratorios con Estados Unidos. Ese régimen seguiría existiendo. La excepción se refiere a determinados cargos ejecutivos.
El vacío que el Gobierno quiere cerrar
La Constitución ya contiene restricciones relacionadas con la nacionalidad para diversas funciones públicas. El artículo 32 reserva determinados cargos que exigen ser mexicano por nacimiento a personas sometidas a condiciones específicas de nacionalidad. El Gobierno considera, sin embargo, que la regulación actual deja una zona de ambigüedad, especialmente cuando la segunda nacionalidad no fue adquirida voluntariamente, sino obtenida desde el nacimiento por ascendencia o por las reglas del país donde nació la persona.
Sheinbaum ha recordado que han existido gobernadores con doble nacionalidad y defiende sustituir ese terreno gris por una regla mucho más directa: para competir por los máximos poderes ejecutivos, una sola nacionalidad, la mexicana. El requisito actuaría antes de entrar en la papeleta electoral, no después de ganar.
Ese detalle ha provocado parte de la disputa parlamentaria. Durante la tramitación se defendieron fórmulas que habrían permitido exigir la renuncia únicamente al candidato ganador antes de asumir el puesto. El texto que superó la Cámara de Diputados, sin embargo, sitúa el filtro antes del registro electoral. Parece una pequeña diferencia burocrática, pero no lo es: una opción condiciona el ejercicio del cargo; la otra afecta al derecho a competir por él.
A quién afecta realmente la reforma
El cambio no se extiende automáticamente a diputados, senadores, alcaldes ni al conjunto de los funcionarios mexicanos. El núcleo del proyecto son los titulares de los poderes ejecutivos: Presidencia de México, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Una persona con doble nacionalidad podría seguir aspirando, bajo las normas actuales no modificadas por esta iniciativa, a otros puestos de representación.
Tampoco obliga a los mexicanos residentes en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier otro país a escoger una única nacionalidad para conservar sus derechos ordinarios como ciudadanos. La propia Sheinbaum ha insistido en esta diferencia tras las críticas procedentes de comunidades mexicanas en el extranjero. Una persona puede conservar dos o más nacionalidades; la incompatibilidad aparecería cuando quisiera convertirse en presidenta, presidente, gobernador o titular del Gobierno capitalino.
Aquí pesa especialmente la relación con Estados Unidos. Millones de familias mexicanas viven a ambos lados de la frontera y la ciudadanía estadounidense puede ser una herramienta cotidiana para trabajar, residir, viajar o proteger derechos familiares. Durante décadas, México caminó precisamente hacia el reconocimiento de esa realidad: las reformas de finales de los años noventa consolidaron el principio de que un mexicano por nacimiento no perdiese su nacionalidad por adquirir otra.
Cuando el segundo pasaporte deja de ser un asunto privado
Para un ciudadano corriente, tener dos nacionalidades seguiría siendo perfectamente compatible con la legislación mexicana. Para quien pretenda alcanzar uno de esos cargos, en cambio, ese segundo pasaporte pasaría de ser un asunto personal a convertirse en un requisito constitucional de elegibilidad.
Eso significa que alguien podría ser mexicano por nacimiento, haber vivido durante décadas en México, votar, militar en un partido y desarrollar una larga carrera pública, pero verse obligado a abandonar su otra nacionalidad si pretende alcanzar uno de esos ejecutivos. Para el Gobierno, ese requisito responde a la responsabilidad excepcional del puesto. Sus críticos consideran, por el contrario, que la existencia de otro vínculo jurídico nacional no demuestra por sí misma una lealtad política dividida.
Soberanía y derechos, el centro de la disputa
Sheinbaum ha defendido la reforma con un lenguaje claramente ligado a la soberanía nacional. Su argumento es que un presidente representa al Estado y a la nación mexicana y no debería estar jurídicamente ligado a otro país mediante una segunda ciudadanía. También ha recurrido al ejemplo de determinadas funciones diplomáticas para sostener que los cargos de mayor representación requieren condiciones especialmente estrictas.
El razonamiento tiene una lógica institucional reconocible: las nacionalidades no son únicamente palabras impresas en la portada de un pasaporte. Pueden generar derechos, deberes y protección diplomática, además de vínculos jurídicos con otro Estado. Precisamente por eso la legislación mexicana ya contempla precauciones específicas para ciertas funciones públicas.
La oposición plantea otra lectura. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron al proyecto en la Cámara de Diputados y han cuestionado que una segunda nacionalidad pueda utilizarse como criterio automático de exclusión. Entre sus argumentos aparece el posible efecto sobre los mexicanos emigrados y sus familias, especialmente en estados con una larga tradición migratoria hacia Estados Unidos.
No es una discusión puramente sentimental. El debate jurídico reside en determinar hasta qué punto la naturaleza excepcional de la Presidencia o una gubernatura justifica imponer un requisito que no se exige a la mayoría de los ciudadanos ni a numerosos representantes electos. El Gobierno habla de preservar un vínculo político exclusivo; sus detractores hablan de una restricción de derechos políticos. Son dos interpretaciones enfrentadas de una misma reforma.
Existe, además, una paradoja. La medida no distingue esencialmente entre quien buscó voluntariamente una segunda ciudadanía y quien la recibió desde el nacimiento por su familia o por las reglas del país donde nació. Dos biografías muy diferentes pueden acabar bajo el mismo requisito. El Ejecutivo apuesta por una regla clara y uniforme; sus críticos consideran que esa sencillez jurídica puede resultar demasiado gruesa para un México profundamente transnacional.
Una reforma que también mueve piezas dentro de los partidos
La polémica tampoco encaja limpiamente en una fotografía de Gobierno contra oposición. La doble nacionalidad atraviesa las propias estructuras de los partidos y afecta potencialmente a dirigentes de distintos espacios políticos. Durante la negociación aparecieron dudas incluso entre fuerzas aliadas de Morena, porque el nuevo requisito puede modificar aspiraciones electorales y futuros procesos internos.
Finalmente, Morena y sus aliados reunieron en la Cámara de Diputados la mayoría necesaria. En la votación en lo general, el proyecto consiguió 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Tras horas de debate y numerosas reservas, el texto quedó aprobado en lo particular por 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención.
La reforma salió de San Lázaro sin alterar su núcleo y llegó al Senado, donde las comisiones unidas encargadas de examinarla dieron su respaldo con 23 votos a favor y nueve en contra. Ese aval, sin embargo, no equivale todavía a la aprobación definitiva de la Cámara Alta: la votación decisiva del pleno está prevista para el 29 de septiembre.
La fecha de aplicación tampoco es un detalle menor. El régimen transitorio establece que las nuevas condiciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028. No afectarían retroactivamente a quienes ocupan actualmente la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
Qué falta para que la nacionalidad única entre en vigor
A 27 de septiembre de 2026, la reforma todavía no está definitivamente aprobada. La Cámara de Diputados ya dio su visto bueno y las comisiones del Senado también han avalado la minuta, pero falta el pronunciamiento del pleno de la Cámara Alta.
Al modificar la Constitución, el procedimiento exige bastante más que una mayoría parlamentaria ordinaria. El artículo 135 establece que una reforma constitucional requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en el Congreso de la Unión y posteriormente la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de Ciudad de México.
Si el Senado aprueba el mismo texto sin introducir modificaciones, la reforma pasará a los congresos locales. Después deberá realizarse el cómputo de los votos estatales y completarse el procedimiento constitucional correspondiente antes de su publicación y entrada en vigor. Si la Cámara Alta modifica el proyecto, el recorrido legislativo podría requerir nuevos pasos.
Conviene, por eso, distinguir tres momentos que en el ruido político suelen mezclarse: una iniciativa presidencial, una reforma aprobada por una de las cámaras y una reforma constitucional vigente. La propuesta de Sheinbaum ha avanzado bastante, pero a 27 de septiembre todavía se encuentra en el segundo terreno.
Gobernar México con una sola bandera
La reforma toca una fibra especialmente sensible de la historia mexicana: soberanía, emigración y pertenencia nacional se mezclan aquí en unas pocas líneas constitucionales. México pasó buena parte del siglo XX viendo marcharse a millones de ciudadanos y terminó reconociendo jurídicamente que tener otra nacionalidad no borraba la mexicana. La propuesta introduce una excepción contundente para quien quiera ocupar los principales poderes ejecutivos.
Si el cambio termina incorporándose a la Constitución, no significará el final de la doble nacionalidad en México ni una exclusión general de los ciudadanos binacionales. Significará algo mucho más concreto: quien quiera ser presidente, gobernador o jefe de Gobierno de Ciudad de México deberá acreditar únicamente la nacionalidad mexicana antes de competir por el cargo.
El debate, en el fondo, va bastante más allá de un pasaporte. Sheinbaum considera que la máxima representación del Estado exige un vínculo jurídico exclusivo con México; sus detractores sostienen que la fidelidad política no puede medirse contando nacionalidades. Entre ambas posiciones se juega una reforma que, si supera los pasos que todavía faltan, cambiará desde 2028 las reglas para quien aspire a gobernar una parte esencial del poder ejecutivo mexicano.












