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¿Quiénes son los Hadalin y por qué Israel derriba sus casas?

Los Hadalin forman una amplia familia beduina palestina asentada en Umm al Jeir, un caserío de pastores en las colinas del sur de Hebrón, dentro del área conocida como Masafer Yatta.

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Quiénes son los Hadalin

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Los Hadalin, familia beduina de Umm al Jeir, enfrentan nuevas demoliciones en Área C: contexto y cifras que explican qué está en juego real.

Los Hadalin forman una amplia familia beduina palestina asentada en Umm al Jeir, un caserío de pastores en las colinas del sur de Hebrón, dentro del área conocida como Masafer Yatta. Allí, a medio camino entre el polvo de los caminos y los rebaños, la vida se sostiene con lo imprescindible: agua traída en cisternas, placas solares, corrales, cuartos de chapa o piedra, un centro comunitario que hace de clínica y aula. Hoy ese entramado está otra vez al borde del derribo. La Administración Civil israelí notificó al poblado órdenes de demolición recientes que afectan a 14 estructuras: 12 viviendas, un invernadero y el centro comunitario. El plazo para defenderse es de apenas dos semanas, un margen que expira a mediados de noviembre y que deja a muchas familias con una pregunta urgente y nada abstracta: dónde dormir si llegan las máquinas.

¿Por qué se pretende tirar esas casas? La respuesta oficial es conocida: se trata de construcciones “sin permiso” en Área C, el 60 % de Cisjordania bajo control administrativo y militar de Israel, donde la concesión de licencias a palestinos es extraordinariamente rara. Ese cuello de botella urbanístico se cruza con otra realidad palpable a pocos metros de las chabolas: el asentamiento israelí de Carmel, rodeado de vallas y portones, que en los últimos meses ha colocado un puesto de avanzada de casas prefabricadas al borde mismo del centro comunitario de Umm al Jeir. El choque entre permisos imposibles para unos y crecimiento de facto para otros explica la vulnerabilidad de la aldea y aclara por qué este nombre —Hadalin— vuelve a aparecer en titulares.

De dónde vienen y cómo levantaron la aldea

La historia de los Hadalin arranca en 1948, año de la Nakba, cuando decenas de miles de palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares. Parte de la familia, de tradición nómada, fue empujada hacia las colinas de Hebrón y se estableció en pequeñas manchas de tierra con títulos adquiridos en la época jordana. Levantaron viviendas como pudieron, primero con materiales ligeros y después con bloques sencillos; organizaron corrales y cuartos para almacenar pienso; trazaron a pulso las rutinas básicas: agua, pan, escuela, atención médica, todo a escala mínima. Con el paso de las décadas, Umm al Jeir dejó de ser un campamento improvisado para convertirse en una aldea reconocible, con una memoria compartida y una red de apoyos frágil pero constante.

Ese arraigo, sin embargo, ha convivido con notificaciones periódicas de “edificación ilegal”, con inspecciones, precintos y demoliciones intermitentes. En verano de 2024 varias casas ya fueron arrasadas; familias enteras durmieron semanas en tiendas y con lonas, reconstruyendo después con lo que quedó y con lo que se pudo comprar. A ese desgaste físico se suma el psicológico: un expediente detrás de otro, el temor a que una noche declaren la loma “zona militar cerrada” y de madrugada aparezcan las excavadoras. En ese contexto, el papel de la comunidad es determinante: el centro comunal, levantado con apoyos externos, ha servido de consulta, aula de informática, sala de reuniones y refugio; perderlo sería amputar varios servicios a la vez.

En el paisaje inmediato hay otro actor: Carmel, asentamiento israelí creado en los años ochenta que ha ido extendiendo su perímetro hasta tocar —literalmente— el borde de Umm al Jeir. Sus residentes, algo menos de 500, viven tras una verja con controles; su expansión, aunque sometida a trámites internos israelíes, infla de valor político cada nuevo tramo de valla y cada prefabricada que asoma por la cresta. Para los Hadalin, que se mueven con rebaños y no pueden abrir un cuarto sin arriesgarse a una orden de demolición, esa proximidad marca la diferencia entre una vida precaria y una vida imposible.

Qué se pretende demoler y qué impacto tendría

Las órdenes entregadas a finales de octubre señalan 14 estructuras. El listado incluye 12 viviendas donde duermen ancianos, mujeres y niños; un invernadero que da verduras parte del año y amortigua el gasto en compras; y el centro comunitario, que es quizá la pieza más sensible del puzzle, porque concentra varias funciones: atención básica de salud, alfabetización digital, talleres para mujeres, reuniones con visitantes y ONG. En números gruesos, si se ejecuta tal cual, unos 100 de los 300 vecinos de la aldea perderían techo a las puertas del invierno. No es una referencia retórica al frío: en noviembre y diciembre el barro pega, el viento corta y la intemperie enferma, sobre todo a niños y mayores.

El plazo dado para recurrir es de dos semanas, que en una aldea sin abogados en plantilla significa correr contra el reloj. Reunir escrituras, planos, declaraciones de peritos, informes médicos o escolares, traducir documentos y presentarlos ante un tribunal israelí exige tiempo, conexiones y movilidad. Y aquí el tiempo es exactamente lo que no hay. Los vecinos recuerdan, además, un patrón conocido: citas que se fijan lejos, carreteras cortadas en días clave, oficiales que llegan con cámaras o drones, y, de vez en cuando, demoliciones que se adelantan aunque el expediente siga vivo. No siempre ocurre, pero la desconfianza está instalada y condiciona cualquier decisión.

El golpe más inmediato lo sentirían las mujeres y los niños. Sin aula ni sala de talleres, se corta un canal de socialización que funciona también como red de seguridad: allí se detectan casos de violencia, se organiza la ayuda para familias que han perdido ganado, se coordinan citas médicas. En lo práctico, quedarse sin el invernadero y sin varias placas solares asociadas a las casas afectadas elevaría los gastos de las familias, obligadas a comprar todo fuera y a depender de generadores o de baterías comunes. A la larga, el mensaje es disuasorio: si levantar tres paredes acaba siempre en escombros, el incentivo es marcharse.

Área C, permisos y un sistema que bloquea

El epicentro jurídico de este asunto es el Área C, territorio que, según los acuerdos provisionales de los noventa, quedó bajo control israelí en materia de seguridad y de planificación. En la práctica, para una familia palestina de esta zona conseguir un permiso de construcción es tan excepcional que la mayoría se resigna a edificar sin licencia o a ampliar discretamente lo que ya existe. Las autoridades israelíes sostienen que la ley urbanística debe cumplirse y que nadie está por encima de las normas; las comunidades palestinas y las ONG replican que el sistema de planificación hace inaccesibles las licencias para los palestinos y, a la vez, permite la expansión o regularización de asentamientos y puestos de avanzada impulsados por colonos.

Qué significa, en lo concreto, pedir permiso en Área C

Para levantar una habitación de 12 metros cuadrados o cubrir un corral, la familia tiene que presentar un proyecto, probar la tenencia de la tierra, sortear objeciones y pagar tasas. En aldeas como Umm al Jeir, con escrituras antiguas y propiedades subdivididas de facto entre hermanos, ese trámite es un laberinto. A menudo, la respuesta es no; otras, la solicitud se congela durante años; si llega una negativa o si el caso se “olvida”, aparece un inspector, fotografía la estructura y deja una notificación. Comienza entonces la secuencia de recurso, aplazamiento y posible demolición. El resultado visible es un territorio donde los palestinos casi no construyen en regla, pero los asentamientos y sus barrios satélite crecen con servicios, carreteras nuevas y conexión regular a redes.

En ese marco, las órdenes que pesan sobre Umm al Jeir no son un fenómeno aislado sino parte de una tendencia: más demoliciones administrativas, más confiscaciones de materiales, más precintos a escuelas y depósitos de agua, un goteo que empuja al traslado forzado sin necesidad de una orden de expulsión explícita. Las cifras acumuladas de los últimos años —de agencias de la ONU y entidades israelíes de derechos humanos— corroboran ese aumento, con picos en 2024 y 2025. Para los Hadalin, que ya vieron sus viviendas arrasadas el pasado verano, el expediente que ahora les ha caído encima es la continuación de un proceso, no una excepción.

La presión de los asentamientos: Carmel y el nuevo puesto

El asentamiento de Carmel es el vecino que marca el ritmo. No solo por el número de residentes o por su cercanía, sino porque su perímetro determina usos cotidianos: por dónde se puede pasar con el rebaño, qué camino se considera “solo para residentes”, dónde se permite excavar una zanja para el agua. Este verano, colonos levantaron siete casas prefabricadas tras el centro comunitario de Umm al Jeir y dos familias se mudaron allí. Es lo que se conoce como puesto de avanzada: un núcleo que, incluso si nace sin los permisos completos bajo la propia ley israelí, sirve para fijar presencia y empujar el perímetro hacia la aldea. A veces esos puestos se desmantelan; otras, se regularizan con el tiempo y pasan a integrarse como barrio del asentamiento más próximo.

Para quien vive en una chabola a unos metros, esa instalación no es un detalle. En torno a cada nuevo módulo aparecen cámaras, luces, guardias privados o vehículos de seguridad, y con ellos una sensación de vigilancia permanente. Los relatos de los Hadalin incluyen episodios de hostigamiento y grabaciones en plena calle por parte de colonos, escenas que se han hecho más habituales desde la muerte de uno de los vecinos. La frontera, que en un mapa parece una línea, en el terreno se convierte en un continuo de pequeñas fricciones: un rebaño que se espanta por un dron, una puerta que ya no se puede cruzar, un depósito de agua que desaparece tras una inspección.

La dinámica espacial importa porque condiciona el futuro de la aldea. Con el outpost a un lado y el portón de Carmel al otro, Umm al Jeir corre el riesgo de quedar encajonada, sin margen para crecer ni siquiera de manera orgánica. El mensaje es claro: si no hay permisos, no hay casas; si no hay casas, los jóvenes se marchan; si los jóvenes se marchan, la aldea se deshilacha. Esa es, precisamente, la deriva que los mayores de la familia tratan de frenar con una mezcla de recursos legales y visibilidad pública.

Un asesinato reciente que tensó todo

El 28 de julio de 2025 la tensión alcanzó un punto trágico con la muerte de Odeh (Awdah) Hadalin, un vecino de 31 años vinculado al activismo local. El colono Yinon Levi disparó y lo mató en un episodio que quedó grabado por testigos y que desató protestas y vigilias. Semanas después, Levi quedó en arresto domiciliario mientras avanzaba la investigación, una decisión judicial que en la aldea se leyó como un gesto de impunidad. Ese caso no se puede separar del clima que hoy se respira en las lomas: cada visita de colonos, cada cámara encendida, cada patrulla en la carretera, se percibe a través de esa herida abierta.

La muerte de Odeh no es solo un dato policial. Para los Hadalin es el recordatorio de que la pelea por permisos y demoliciones va de la mano de la seguridad cotidiana. Si uno de los suyos puede caer a pocos metros del centro comunitario, ¿qué garantiza que un operativo de derribo no termine en detenciones, golpes o algo peor? Por eso, cuando hablan de frenar las demoliciones, los líderes de la aldea —Eid y Jalil Hadalin, entre otros— insisten también en medidas de protección y en la presencia continuada de observadores, periodistas y diplomáticos. No es una estrategia retórica: cuando hay ojos mirando, dicen, el terreno se calma y los plazos se respetan con más rigor.

El duelo ha dejado otro efecto: movilización. En los últimos meses se han multiplicado los contactos con ONG locales e internacionales, con grupos israelíes contrarios a la ocupación y con plataformas europeas que documentan los cambios sobre el terreno. La apuesta es doble: avanzar por la vía judicial, que es lenta y exige recursos, y mantener viva la presión pública para ganar tiempo. En aldeas cercanas, como Susiya, periodos de máxima atención internacional coincidieron en el pasado con congelaciones temporales de órdenes; ese antecedente alimenta la esperanza de que la mirada externa vuelva a frenar, si no a revertir, el expediente que pesa sobre Umm al Jeir.

Umm al Jeir, a contrarreloj

Las próximas semanas decidirán más que el futuro de 14 estructuras. Lo que está en juego es si Umm al Jeir sigue siendo una aldea habitable o deviene un conjunto de solares con tiendas temporales. Si las órdenes se ejecutan tal cual, cerca de un tercio del caserío quedaría sin techo, el centro comunitario desaparecería y el invernadero se perdería justo cuando el frío aprieta. Si, por el contrario, se logra una suspensión, la comunidad ganará tiempo para reforzar su defensa, acreditar tenencias y, acaso, abrir una mínima rendija para legalizar parte de lo construido. Entre un escenario y otro caben combinaciones, pero todos comparten una constante: el invierno no espera y la vida cotidiana no admite paréntesis.

Los Hadalin no piden una excepción a la ley, repiten, sino un marco realista que les permita construir donde han vivido durante décadas y que les reconozca un derecho básico: tener una casa que no se caiga con la primera tormenta. En 2024 ya vieron cómo sus muros terminaban en escombros; en 2025, con un asesinato todavía en la memoria y un outpost plantado detrás del centro comunal, la sensación de acorralamiento es mayor. Al final todo se reduce a gestos muy sencillos: un juez que paraliza el expediente, una autoridad que retira una orden, un portón que no se mueve un metro más hacia la aldea. No son decisiones abstractas. Sobre ellas pivota si mañana habrá aula para los niños, consulta para una embarazada, cobijo para un rebaño.

El caso Hadalin explica un conflicto más amplio sin salirse de su ladera. Resume la fricción entre un régimen de permisos que bloquea y un crecimiento de asentamientos que avanza, entre una legalidad interna y una legalidad internacional que chocan, entre una comunidad que reclama arraigo y una burocracia que la empuja a marcharse por desgaste. Al final, la pregunta no es conceptual: con el invierno encima, ¿se conservarán esas 14 estructuras? La respuesta condiciona no solo una estadística anual, sino la continuidad de un lugar concreto del mapa donde, a pesar de todo, cada mañana vuelve a oler a pan recién hecho y a lana mojada. Y donde, si el expediente se congela a tiempo, tal vez se escuche otra vez el rumor más importante: el de la normalidad.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.