¿Quién responde por el apagón y por Red Eléctrica?

El gran apagón dejó una pregunta incómoda: qué falló en Red Eléctrica, quién debe responder y por qué nadie sale indemne tras un año oscuro.

Un año después del gran apagón ibérico, la respuesta incómoda es bastante menos limpia de lo que querrían los argumentarios. No hay un culpable único ya empaquetado con lazo, pero tampoco vale fingir que todo fue una niebla técnica imposible de descifrar. Lo que se ha ido conociendo apunta a un fallo multifactorial ligado a oscilaciones, control insuficiente de tensión y potencia reactiva, desconexiones rápidas de generación y una coordinación mejorable entre operador, generadores y marco regulatorio. Dicho de otra forma: no fue un rayo bíblico, ni un botón rojo pulsado por un villano de cómic, ni la prueba definitiva de que las renovables sean un juguete peligroso. Fue un sistema que entró en una reacción en cadena y se vino abajo.

Eso deja a Red Eléctrica en el centro de la diana, no porque exista ya una condena cerrada con firma y sello, sino porque era y es el operador del sistema, el punto donde convergen previsión, maniobra, control y gestión del riesgo. Y ahí aparece la segunda capa de la noticia, más política y bastante más irritante para mucha gente: mientras las responsabilidades administrativas siguen pendientes y las comparecencias continúan exprimiendo testimonios, la cúpula de Redeia mantiene una imagen de continuidad retributiva que choca con el recuerdo de un país a oscuras. La sensación pública, áspera, es esa: la red se cayó y arriba apenas tembló el vaso.

Un apagón sin villano único, pero no sin nombres

El 28 de abril de 2025, a las 12:33, España peninsular y Portugal sufrieron un apagón total. No hablamos de un microcorte ni de una avería doméstica a escala nacional, sino de un colapso sistémico de los que obligan a revisar reglas, infraestructuras y egos. La secuencia general ha quedado bastante delimitada: hubo oscilaciones previas, después pérdidas de generación por sobretensión, más tarde el colapso del sistema y finalmente una reposición progresiva que permitió recuperar la práctica totalidad de la demanda al día siguiente.

Ese marco importa porque desmonta una tentación muy española: convertir una crisis compleja en un juicio sumarísimo de tertulia. Lo que ha ido emergiendo no es la historia de un saboteador solitario ni la de una tecnología maldita, sino la de muchos factores actuando a la vez. Oscilaciones, huecos en el control de tensión, respuestas desiguales de algunas instalaciones, desconexiones aceleradas y una capacidad de estabilización insuficiente en un momento crítico. No es una redacción tibia. Es, más bien, la descripción de una cadena de fragilidades que acabó rompiéndose por el eslabón menos oportuno.

Qué dicen de verdad los informes técnicos

La clave del episodio no estuvo en una sola tecnología, sino en algo menos vistoso y más decisivo: el control de tensión. Ahí está el hueso. La reconstrucción técnica del incidente dibuja un sistema que llegó a la fase crítica con tensiones por encima de lo deseable y que, en cuestión de segundos, empezó a perder generación de forma relevante. Cada desconexión empeoró la siguiente. La tensión siguió subiendo, nuevas instalaciones se protegieron o salieron del sistema y el conjunto terminó desplomándose. Una escalera mecánica, sí, pero hacia el sótano.

También se ha sabido que se habían previsto maniobras y recursos para reforzar ese control, aunque algunos no llegaron a entrar a tiempo antes del colapso. Eso no equivale por sí solo a una culpa cerrada, pero sí deja una impresión muy nítida: el sistema llegó mal vestido al momento en que empezó a arder la alfombra. Y cuando un sistema crítico se presenta así ante una situación extrema, la frontera entre incidente y fracaso se vuelve peligrosamente fina.

La lectura de fondo es todavía más incómoda. Durante años se ha repetido que la transición energética exigía modernizar no solo la generación, sino también las reglas de operación, las protecciones, la supervisión técnica y la capacidad de respuesta ante eventos rápidos. El apagón vino a recordar, con una contundencia nada pedagógica, que esas tareas no eran una nota al pie. Eran el centro mismo del problema.

La tensión, no el eslogan

Por eso resulta tan pobre el debate que reduce todo a “renovables sí” o “renovables no”. La explicación seria no pasa por demonizar una fuente de generación, sino por preguntar si el sistema estaba preparado para gobernar un mix más complejo, con más electrónica de potencia, menos inercia tradicional y exigencias operativas distintas. Y la respuesta, vista la secuencia de hechos, es que no del todo.

Eso no significa que las renovables salgan indemnes del debate técnico, ni mucho menos. Significa otra cosa: que el problema no era la existencia de renovables, sino la capacidad real del sistema para operar con ellas de forma segura cuando la tensión se desmanda, las protecciones saltan y la reacción debe ser casi instantánea. Si el operador, los generadores y el regulador no llegan coordinados a esa nueva pantalla, la red deja de comportarse como una autopista y se parece más a una glorieta sin semáforos. Muy moderna, de acuerdo. Muy eficiente, hasta que no.

Red Eléctrica, los avisos previos y el desgaste de su relato

La gran novedad política de estos meses no ha sido tanto un hallazgo definitivo como el desgaste del relato defensivo de Red Eléctrica. Con el paso del tiempo han ido aflorando indicios de que existían problemas de tensión y anomalías previas en la red y de que algunas compañías habían trasladado advertencias o inquietudes antes del apagón. Ese material no basta por sí solo para cerrar una responsabilidad jurídica, pero sí erosiona la idea de que aquello fue una aparición súbita, una especie de meteorito técnico imposible de anticipar.

Cuando una infraestructura crítica da señales de fatiga y aun así termina estrellándose, la discusión deja de ser solamente técnica. Pasa a ser también organizativa, regulatoria y, al final, política. Ahí es donde la figura de Red Eléctrica se vuelve inevitable. No porque todo recaiga en ella, pero sí porque su papel era central en la vigilancia, la maniobra y la estabilidad del sistema. En una crisis así, el operador no puede refugiarse en el paisaje. Está dentro del paisaje.

Las comparecencias públicas de directivos del sector, responsables institucionales y representantes empresariales han ido dibujando una conclusión que ya casi nadie discute en serio: el apagón no se explica sin una combinación de fallos, y esa combinación incluye decisiones, omisiones, limitaciones técnicas y una arquitectura normativa que no había terminado de acompasarse con la realidad del sistema eléctrico español. Nadie quiere cargar con el muerto entero, claro. Pero todos pisan el escenario del incidente.

Sueldos intactos, enfado intacto

Aquí aparece la parte que más indigna fuera del sector y que explica por qué el caso ha desbordado lo técnico. Mientras la investigación institucional sigue abierta en distintos frentes, la retribución de la cúpula de Redeia se ha convertido en un símbolo. Legalmente, una cosa son los sueldos y otra las eventuales responsabilidades por el apagón. Políticamente, separar ambos planos es bastante más difícil. El país mira la escena y ve algo muy poco amable: la red cayó, las dudas siguen ahí y arriba la continuidad parece casi administrativa, casi intacta.

La discusión, en realidad, no va solo de cifras. Va de señales. En una empresa con función crítica sobre el sistema eléctrico, la remuneración no se interpreta únicamente como un asunto mercantil. Se lee también como un termómetro reputacional. Si la cúpula conserva una imagen de normalidad mientras el país sigue sin una atribución cerrada de responsabilidades, el mensaje que recibe buena parte de la opinión pública es devastador: cuando falla lo esencial, el coste visible tarda muchísimo en llegar. O no llega.

Ese choque entre responsabilidad difusa y estabilidad retributiva explica bastante bien el enfado social alrededor del caso. Porque aquí no está en juego solo la técnica, ni siquiera solo la regulación. Está en juego la confianza elemental en que, cuando un sistema crítico se desploma, alguien responde con algo más que frases prudentes y sillones bien ajustados.

El relato tramposo sobre las renovables

Aun así, el debate público sigue embarrándose con una insistencia casi supersticiosa sobre las renovables. Una parte considerable de la opinión pública sigue creyendo que el apagón fue, básicamente, la factura de haber corrido demasiado con la transición energética. Es una explicación muy cómoda. También muy insuficiente.

Lo que de verdad deja al descubierto el episodio es algo menos ideológico y bastante más serio: España necesita un sistema capaz de gestionar mejor la tensión, exigir respuestas técnicas claras a las instalaciones conectadas, reforzar la coordinación y adaptar su regulación a un mix distinto. O sea, menos consigna y más ingeniería. Menos guerra cultural y más red eléctrica de verdad, esa que no sale en campaña hasta que un día no enciende la nevera.

Para algunos, cargar toda la culpa sobre las renovables sirve para desacreditar la transición energética. Para otros, negar cualquier problema asociado a la nueva estructura del sistema sirve para blindarla como si fuera intocable. Ambos extremos son una trampa. El apagón no fue una enmienda a la totalidad de la descarbonización, pero tampoco una casualidad irrelevante. Fue una advertencia seria sobre lo que ocurre cuando el sistema cambia más rápido que algunas de sus reglas, de sus equipos y de sus márgenes de seguridad.

Lo que ya no se sostiene

Hay, además, una hipótesis que se ha ido desinflando con bastante contundencia: la del ciberataque como causa principal del colapso. Con el tiempo, esa posibilidad ha perdido peso hasta quedar prácticamente apartada del núcleo explicativo del caso. No hubo mano negra hollywoodiense salvando de paso la imagen del sistema. Lo que apareció fue algo bastante más prosaico y más inquietante a la vez: falló el sistema desde dentro.

Y eso obliga a mirar donde más incomoda. A la planificación, a la operación, a las obligaciones técnicas de respuesta, a las protecciones, a la supervisión y a la capacidad real de adaptación de la red y de sus actores. No es un thriller geopolítico. No hay hackers encapuchados en sótanos con luz azul. Hay algo peor para la reputación institucional: un sistema crítico que no estaba tan preparado como debía.

La factura pendiente del gran apagón

Lo que queda ahora es la parte menos brillante y más decisiva: quién asume la responsabilidad administrativa y política de un sistema que falló en lo más básico, garantizar suministro. La prudencia institucional tiene sentido; una crisis de este calibre no se liquida con una hoguera simbólica ni con una cabeza ofrecida al instante para calmar titulares. Pero también sería un error monumental confundir prudencia con anestesia.

El gran apagón ya no es solo un episodio técnico del 28 de abril de 2025. Es una prueba de estrés para el modelo eléctrico español, para la credibilidad de Red Eléctrica y para la paciencia de los ciudadanos. La cuestión no es solo quién apretó mal una tecla o quién dejó de reaccionar a tiempo. La cuestión real —la que pesa— es si España puede permitirse un operador bajo sospecha reputacional, un marco regulatorio que ha ido por detrás del sistema y una discusión pública tan bronca como simplona sobre la transición energética.

El apagón dejó a la península sin luz durante horas. Lo que sigue dejando, un año después, es otra cosa: una sombra persistente sobre Red Eléctrica, sobre sus supervisores y sobre una verdad incómoda que ya no cabe esconder bajo el transformador. Nadie ha salido limpio. Nadie debería salir gratis.