El apagón de 2025: quién falló y qué responsabilidades siguen abiertas

El gran apagón del 28 de abril de 2025 no tiene, por ahora, un responsable único declarado de forma definitiva. Los informes técnicos describen un episodio multifactorial, en el que confluyeron oscilaciones, problemas de control de tensión y desconexiones de generación. Red Eléctrica ocupa un lugar central por su función de operador del sistema, pero las actuaciones de las empresas generadoras y el papel de los reguladores también están bajo escrutinio.

La respuesta cambia según se hable de responsabilidad técnica, administrativa o política. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió expedientes sancionadores, y las comisiones parlamentarias han examinado distintas versiones, pero abrir una investigación no equivale a probar una infracción ni a establecer la causa del colapso. La cuestión de fondo es cómo se combinaron las decisiones y las condiciones de la red antes de que el suministro se desplomara en España peninsular y Portugal.

Un colapso en cadena, no un fallo aislado

A las 12:33 del 28 de abril, el sistema eléctrico peninsular sufrió una interrupción generalizada. No fue un corte local provocado por una avería doméstica o por un único elemento de la red: el incidente afectó a España y Portugal y exigió una recuperación gradual del suministro, que permitió restablecer prácticamente toda la demanda al día siguiente. La secuencia importa porque ayuda a distinguir el detonante de las condiciones que hicieron posible que el problema se propagara.

La reconstrucción técnica describe oscilaciones previas y un sistema sometido a dificultades para mantener la tensión dentro de los márgenes adecuados. Después se produjeron pérdidas de generación y desconexiones de instalaciones. Cada salida reducía los recursos disponibles para estabilizar la red y podía agravar las condiciones que activaban nuevas protecciones. La fragilidad estuvo en la interacción entre piezas, no necesariamente en una sola avería que explique por sí misma el apagón.

Ese carácter encadenado hace difícil asignar culpas a partir de una sola escena o de una declaración aislada. Para saber quién tenía que actuar, hay que examinar qué información estaba disponible, qué decisiones se tomaron y qué obligaciones correspondían al operador, a las centrales y a las autoridades reguladoras. Una instalación puede desconectarse al detectar condiciones fuera de sus límites y, al mismo tiempo, esa desconexión puede empeorar el equilibrio general. El efecto sobre el sistema y la responsabilidad de cada actor son cuestiones relacionadas, pero distintas.

Qué señalan los informes técnicos

El panel europeo de expertos que analizó el incidente lo calificó de inédito y concluyó que tuvo un origen multifactorial. Su informe identificó dos oscilaciones, desconexiones de generación que consideró incorrectas y un control de tensión por parte de algunas instalaciones generadoras por debajo de las exigencias aplicables. El diagnóstico desplaza la discusión desde una explicación simple hacia varias preguntas concretas: cómo se comportaron las plantas, qué capacidad de respuesta había y cómo se gestionó la red en los momentos críticos.

La tensión eléctrica es una variable que debe mantenerse dentro de determinados márgenes para que la red funcione con estabilidad. No es lo mismo que la frecuencia, aunque ambas deben controlarse y pueden influirse en una situación de inestabilidad. Si la tensión se desvía y las instalaciones no aportan la respuesta necesaria, las protecciones pueden desconectarlas para evitar daños. En un sistema sometido a tensión, sin embargo, una salida tras otra puede transformar una incidencia localizada en un problema mucho más amplio. La cadena de desconexiones convirtió el desequilibrio en un colapso.

El informe también puso el foco en la coordinación entre la operación de la red y la respuesta de los generadores. El operador no produce toda la electricidad ni controla directamente cada componente de las instalaciones privadas, pero sí tiene una función decisiva en la supervisión y gestión del sistema. Las empresas, por su parte, deben cumplir las obligaciones técnicas correspondientes a sus instalaciones. El análisis no permite reducir esas funciones a una sola: la estabilidad depende de que operador y generadores actúen de forma compatible.

El panel formuló 19 recomendaciones dirigidas a reforzar la coordinación, la supervisión técnica y la adaptación de las reglas a un sistema con una presencia creciente de generación renovable. La existencia de recomendaciones no prueba por sí sola que cada una de esas carencias causara el apagón; sí muestra que los expertos consideran necesario mejorar la preparación del sistema ante episodios rápidos de inestabilidad. El reto es convertir ese diagnóstico en cambios verificables, no quedarse en el intercambio de acusaciones.

Por qué Red Eléctrica está en el centro

Red Eléctrica, integrada en Redeia, es el operador del sistema de transporte eléctrico en España. Su papel la coloca en el centro del análisis porque le corresponden tareas de previsión, supervisión y operación que resultan esenciales cuando aparecen desequilibrios. Esa posición no demuestra que sea responsable única del apagón, pero tampoco permite tratarla como un actor secundario: la investigación debe aclarar qué información tenía, qué maniobras decidió y si la respuesta fue adecuada a las condiciones del momento.

En las comparecencias públicas, responsables de las grandes eléctricas han atribuido al operador errores de planificación y una disponibilidad insuficiente de recursos capaces de ayudar a controlar la tensión. Red Eléctrica, en cambio, ha defendido que actuó conforme a los procedimientos y ha señalado el comportamiento de determinadas instalaciones de generación. Entre los puntos discutidos aparece una planta fotovoltaica de Badajoz, identificada en las comparecencias como Núñez de Balboa, cuyo papel y respuesta han sido objeto de versiones enfrentadas.

Las señales anteriores al apagón añaden otra dimensión. Representantes de compañías sostuvieron que habían comunicado episodios de inestabilidad y problemas de tensión antes del 28 de abril, incluso durante esa misma mañana. Esas afirmaciones son relevantes para valorar la previsibilidad y la gestión del riesgo, pero no bastan por sí solas para demostrar que el operador recibió una advertencia concreta que exigía una medida determinada. Un aviso previo solo adquiere peso probatorio al reconstruir su contenido, destinatario y respuesta.

También se ha discutido si algunos recursos previstos para reforzar el control de la tensión llegaron a entrar en funcionamiento a tiempo. Ese punto puede ser importante para valorar la operación, aunque no convierte automáticamente una oportunidad de refuerzo en una infracción. Hace falta establecer qué opciones estaban disponibles, qué limitaciones tenían y qué información guiaba las decisiones. La responsabilidad de Red Eléctrica dependerá de esa reconstrucción, no solo de que el sistema terminara fallando.

Expedientes abiertos y reproches políticos

La CNMC dio un paso administrativo al abrir, el 17 de abril de 2026, 20 expedientes sancionadores relacionados con el funcionamiento del sistema durante el apagón. Uno se dirigió contra Red Eléctrica por una posible infracción muy grave vinculada al incumplimiento de sus funciones como operador. Otros 17 afectaron a instalaciones hidráulicas, de gas y nucleares de Endesa, Iberdrola y Naturgy; también se abrieron expedientes a la filial eléctrica de Repsol y a Bahía de Bizkaia Electricidad.

En esos casos, la CNMC planteó posibles infracciones graves relacionadas con obligaciones técnicas, pero la apertura de los procedimientos no atribuyó a esas instalaciones la causa del apagón. La diferencia es fundamental: un expediente permite investigar si se incumplieron reglas y determinar si corresponde una sanción, pero no equivale a una resolución firme ni a una declaración de culpabilidad. El resultado dependerá de las pruebas y del procedimiento administrativo.

Días después, la CNMC comunicó otros 36 expedientes, entre ellos 19 a Endesa y 12 a Iberdrola, además de actuaciones relacionadas con otras empresas y asociaciones nucleares. La amplitud de las investigaciones muestra que el examen no se limita a una sola entidad. También aconseja evitar titulares que presenten el número de expedientes como si fuera una lista de culpables: la cantidad de procedimientos refleja el alcance de la revisión, no una sentencia anticipada.

En el plano político, el informe final de la comisión de investigación del Senado, aprobado a petición del PP sin el acuerdo del PSOE, atribuyó fallos estructurales y políticos al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC, y sostuvo que hubo avisos técnicos previos. Esa es la conclusión de una comisión parlamentaria, no una resolución judicial ni una sanción administrativa. Las comparecencias en el Congreso han recogido, además, acusaciones de las empresas contra el operador y una defensa de la actuación gubernamental basada en que no hubo señales que permitieran anticipar el colapso. Los informes técnicos, las conclusiones políticas y las decisiones sancionadoras tienen alcances distintos.

Las renovables no explican por sí solas el apagón

La discusión pública se ha organizado a menudo alrededor de una disyuntiva demasiado cómoda: culpar a las renovables o negar que el cambio del sistema eléctrico plantee nuevos retos. Ninguna de las dos posiciones explica por sí sola la secuencia del apagón. La expansión de la generación solar y eólica modifica las necesidades de operación y exige recursos, reglas y sistemas de control capaces de responder con rapidez; eso no demuestra que esas tecnologías fueran, en bloque, la causa del colapso.

El debate técnico incluye la disponibilidad y distribución de generación síncrona, como la hidráulica, la nuclear o los ciclos combinados, y la capacidad de las instalaciones para contribuir al control de tensión. También incluye la respuesta de los inversores y las protecciones de las plantas renovables. Reducir todo a cuánta energía renovable había en un momento determinado deja fuera la cuestión esencial: si el conjunto de recursos podía mantener la estabilidad y cómo se usaron. La transición energética cambia las condiciones de operación; no elimina la obligación de garantizar seguridad.

Los reproches cruzados reflejan esa tensión. Algunas compañías defendieron que la programación del operador dejó al sistema con poco respaldo síncrono, mientras Redeia puso el foco en el comportamiento de ciertas centrales y en el cumplimiento de sus requisitos técnicos. La valoración definitiva requiere estudiar datos operativos y obligaciones concretas, no inferir culpabilidad a partir de la tecnología utilizada. Un sistema puede tener mucha generación renovable y ser estable si cuenta con mecanismos adecuados; también puede fallar si la coordinación y el control no están a la altura.

La hipótesis de un ciberataque, que ocupó parte de las primeras especulaciones, ha perdido peso como explicación principal en el material conocido. El foco de los análisis se ha desplazado hacia las condiciones internas de operación, las oscilaciones y las respuestas de las instalaciones. No es una prueba de que cualquier incidente informático resulte imposible, sino una señal de que la explicación técnica examinada se encuentra en el funcionamiento eléctrico del sistema, no en una acción externa demostrada.

El coste de mantener la red en modo reforzado

Tras el apagón, Red Eléctrica implantó un modo de operación reforzada que incorporó más grupos síncronos, especialmente ciclos combinados de gas, para disponer de un margen adicional de estabilidad. El operador defendió que debía mantenerse mientras no estuviera acreditado que todas las instalaciones cumplían los requisitos de control de tensión. La medida evidencia que la seguridad inmediata tuvo un coste y que la discusión sobre quién falló también repercute en la forma de operar el sistema.

Las cifras publicadas ofrecen estimaciones distintas y no deben confundirse. Red Eléctrica situó en unos 516 millones de euros el coste de la operación reforzada entre mayo y diciembre de 2025, equivalente al 2,18% de los costes totales del sistema en ese periodo. Endesa calculó un impacto anual de alrededor de 1.100 millones. Son cálculos con periodos y criterios diferentes, por lo que no representan una única factura definitiva ni permiten afirmar que todo ese importe se trasladara de la misma manera a cada consumidor.

El coste de una operación más prudente debe leerse junto a los riesgos que intenta reducir y al coste potencial de otro episodio de gran escala. Pero tampoco basta con mantener medidas extraordinarias sin explicar cuánto cuestan, qué resultados ofrecen y bajo qué condiciones podrían revisarse. La discusión técnica se convierte así en una cuestión pública: quién paga por el margen de seguridad y qué mejoras permanentes deja.

La responsabilidad pendiente también es de confianza

La retribución de la cúpula de Redeia se convirtió en un símbolo del malestar porque, mientras la investigación seguía su curso, la continuidad de los salarios contrastaba con la magnitud del apagón. No hay en la información disponible una cifra concreta que permita medir aquí esa retribución, y el salario no determina por sí mismo la responsabilidad por un fallo. Sin embargo, la distancia entre la normalidad corporativa y una crisis que dejó a millones de personas sin suministro alimentó una percepción de impunidad.

Conviene separar tres planos. La responsabilidad técnica trata de explicar qué mecanismos fallaron; la administrativa determina si se incumplieron obligaciones y si procede sancionar; la política evalúa decisiones, supervisión y rendición de cuentas de las instituciones. La discusión sobre las remuneraciones pertenece sobre todo al plano de la confianza y la gobernanza. Que no haya una condena firme no convierte el escrutinio público en algo irrelevante, pero la indignación tampoco puede sustituir a las pruebas.

Un año después del apagón, la respuesta más sólida no es señalar a un solo actor antes de que terminen los procedimientos. Es exigir que se aclare qué sabía cada parte, cómo actuó y qué cambios se han aplicado para corregir las debilidades detectadas. El operador tiene una responsabilidad central por su función, los generadores deben responder por sus obligaciones técnicas y los reguladores y responsables políticos deben explicar cómo supervisaban un sistema en transformación.

La rendición de cuentas no consistirá necesariamente en encontrar a una persona que encarne todo el fallo. Puede terminar mostrando responsabilidades diferentes, desde incumplimientos concretos hasta carencias de coordinación o reglas que no se adaptaron a tiempo. Lo que no debería quedar en suspenso es la explicación pública de cómo se produjo el colapso y qué medidas evitarán que una secuencia parecida vuelva a dejar a la península a oscuras. Sin esa transparencia, la investigación podrá cerrar expedientes, pero no restablecerá por sí sola la confianza.