Síguenos

Actualidad

¿Quién puede parar a Putin? Rusia encarcela a otro opositor político

Putin encarcela a otro opositor mientras la guerra y la economía desgastan Rusia. El Kremlin resiste, pero crece el desgaste dentro del país.

Publicado

el

el presidente ruso putin en un meeting en 2021

Vladímir Putin no parece estar a las puertas de perder el poder. Tampoco es invulnerable. Después de más de un cuarto de siglo gobernando Rusia como presidente o primer ministro, el dirigente ruso conserva el control de las instituciones, de los aparatos de seguridad y de un sistema político construido, precisamente, para evitar que aparezca una alternativa capaz de disputarle el Kremlin. La respuesta incómoda es que probablemente nadie desde fuera, por sí solo, puede detenerle. Su supervivencia dependerá, sobre todo, de lo que ocurra dentro de Rusia, entre las élites, las fuerzas de seguridad, la economía y una sociedad cada vez más cansada de una guerra sin desenlace.

El último episodio explica bastante bien ese mecanismo. El 17 de agosto de 2026 un tribunal ruso condenó a Lev Shlosberg, vicepresidente del partido liberal Yábloko, a 11 años y un mes de colonia penitenciaria por desacreditar a las Fuerzas Armadas y difundir supuesta información falsa sobre ellas. Shlosberg había denunciado públicamente la guerra contra Ucrania, pidió un alto el fuego y calificó el proceso contra él de político. Apenas una semana antes, el Tribunal Supremo había apartado a Yábloko —el único partido ruso legalmente registrado que se oponía abiertamente a la guerra— de las elecciones parlamentarias de septiembre. No se trata, por tanto, del encarcelamiento del único líder de la oposición rusa, porque esa oposición está fragmentada y buena parte vive en prisión o en el exilio. Es algo quizá más revelador: se estrecha todavía más el espacio para disentir sin desaparecer del mapa político.

La oposición rusa se queda sin aire, urnas ni dirigentes

Shlosberg no es una figura improvisada. Tiene 63 años, fue diputado regional en Pskov y ocupa una de las vicepresidencias de Yábloko, una formación liberal nacida tras la caída de la Unión Soviética. El partido tiene actualmente un peso institucional pequeño, pero conserva algo que en la Rusia de Putin resulta políticamente incómodo: una posición pública contra la guerra. Su presidente, Nikolái Rybakov, continúa en Rusia y sostiene que seguirá defendiendo un cambio político desde dentro del país.

El paisaje alrededor, sin embargo, se va quedando desierto. Maksim Kruglov, también dirigente de Yábloko, recibió en junio una condena de siete años por publicaciones críticas con la guerra. Boris Nadezhdin, que intentó enfrentarse electoralmente a Putin en 2024 y después aspiró a las parlamentarias, abandonó Rusia a comienzos de agosto tras ser declarado «agente extranjero» y quedar apartado de la carrera electoral. Alexéi Navalni, durante años el adversario más reconocible del presidente, murió en febrero de 2024 en la colonia penitenciaria del Ártico donde cumplía una larga condena.

No hace falta imaginar una habitación secreta del Kremlin llena de hombres con gabardina decidiendo a quién silenciar cada martes. El sistema resulta más sofisticado y, precisamente por eso, funciona mejor. Leyes sobre extremismo, «agentes extranjeros», organizaciones «indeseables» o información considerada falsa sobre el Ejército elevan muchísimo el precio personal de protestar. Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos llevan años denunciando el empleo de esta legislación para reprimir voces críticas, organizaciones independientes y oposición política.

Una guerra que tampoco consigue terminar

Mientras el espacio político se encoge, Ucrania entra en otra fase particularmente sangrienta. La invasión a gran escala comenzó el 24 de febrero de 2022 y, cuatro años y medio después, no existe un acuerdo de paz. Las negociaciones siguen sin ofrecer un desenlace mientras continúan los ataques rusos sobre territorio ucraniano y las operaciones ucranianas de largo alcance contra infraestructuras rusas.

Conviene poner una cifra incómoda en mitad del ruido: no hay pruebas serias de que hayan muerto millones de personas en esta guerra. Sí existen estimaciones según las cuales el número total de militares muertos, heridos o desaparecidos de ambos bandos ronda ya cifras extraordinariamente elevadas. «Bajas» no significa muertos. Mezclar ambos conceptos convierte una tragedia gigantesca en una cifra falsa, y la tragedia no necesita inflación estadística.

Los fallecidos, en cualquier caso, se cuentan por centenares de miles entre los combatientes según diferentes estimaciones, mientras la población civil ucraniana continúa pagando una factura brutal. Naciones Unidas había verificado hasta julio de 2026 al menos 16.874 civiles muertos y 51.273 heridos desde el comienzo de la invasión a gran escala, advirtiendo repetidamente de que las cifras reales son superiores. Solo en julio fueron documentados 437 civiles muertos y 2.610 heridos, uno de los peores registros mensuales desde los primeros meses de la invasión.

Morir lentamente también puede sostener un sistema

Una guerra prolongada puede convertirse en una forma de gobierno. Organiza presupuestos, carreras militares, propaganda, contratos públicos, industrias y enemigos. Justifica restricciones que en tiempo de paz resultarían bastante más difíciles de vender. Y crea una lógica circular muy útil para un poder autoritario: hace falta unidad porque existe una guerra y no puede discutirse la guerra porque hace falta unidad.

Eso ayuda a entender por qué Putin puede asumir costes que habrían destrozado a gobiernos democráticos sometidos a elecciones verdaderamente competitivas. No necesita convencer todos los días a todo el mundo. Necesita evitar que el malestar se convierta en organización política capaz de desafiarle, y ahí la represión selectiva tiene un efecto enorme: no es necesario encarcelar a millones de ciudadanos cuando basta con demostrar qué puede ocurrirle a quien intenta organizar a esos millones.

La economía rusa aguanta, pero empieza a crujir

Rusia tampoco se encuentra en una hambruna generalizada, otra exageración que oscurecería lo que realmente está sucediendo. El problema es diferente: estancamiento, pérdida de poder adquisitivo, presión fiscal, elevada carga militar y creciente pesimismo económico. Tras crecer con fuerza por el gasto relacionado con la guerra, la economía perdió impulso y comenzó a mostrar señales de agotamiento. El elevado coste del dinero y las tensiones inflacionistas siguen condicionando empresas, familias e inversión.

El presupuesto también enseña los dientes. El déficit federal aumentó durante la primera mitad de 2026 y el gasto sigue condicionado por las necesidades militares, mientras los ingresos energéticos sufren altibajos y la economía civil encuentra menos oxígeno. La capacidad rusa para financiar la guerra sigue siendo considerable, pero cada año exige más recursos y más sacrificios.

A ras de calle, la fotografía es menos abstracta. Varias regiones han sufrido problemas de suministro de combustible tras ataques ucranianos contra refinerías y otras instalaciones energéticas. Las restricciones y las dificultades puntuales para abastecer algunas estaciones tienen un componente simbólico difícil de ocultar: una guerra que durante mucho tiempo parecía lejana empieza a entrar en la rutina doméstica rusa.

El estado de ánimo también cambia. Diferentes encuestas realizadas durante 2026 han reflejado un aumento del pesimismo económico y una percepción más negativa sobre el nivel de vida. El respaldo declarado a Putin continúa siendo elevado, pero algunas mediciones han detectado descensos respecto a los máximos registrados después del inicio de la invasión. Son cifras todavía muy altas. La pendiente, sin embargo, importa.

También importa la corrupción, ese viejo pegamento de los sistemas donde poder político y riqueza privada se rozan demasiado. Rusia continúa ocupando posiciones muy bajas en los índices internacionales de percepción de la corrupción. Son indicadores que no miden delitos concretos, sino la percepción del funcionamiento del sector público, pero dibujan un Estado con controles independientes débiles, elevada opacidad y enorme concentración del poder.

Los rusos no están dormidos: protestar sale carísimo

Reducir todo esto a que los rusos «no se rebelan» porque son pasivos resulta tentador, incluso cómodo. También es demasiado simple. Las dictaduras no sobreviven porque cuarenta, ochenta o cien millones de personas se levanten cada mañana enamoradas del dictador. Sobreviven porque coordinar el rechazo es difícil, porque nadie sabe cuántos piensan como él, porque la televisión ofrece otra realidad, porque marcharse puede resultar más seguro que organizarse y porque el primero que sale a la plaza paga un precio muy distinto al que contempla la protesta desde la cocina.

El miedo modifica incluso las encuestas. Preguntar a un ciudadano si apoya al Ejército cuando criticarlo puede acabar en un proceso penal no equivale exactamente a realizar la misma pregunta en Madrid, París o Estocolmo. Los estudios de opinión rusos deben interpretarse con esa cautela. Aun así, los datos disponibles han reflejado cierto desgaste del apoyo a la guerra y un deseo creciente de negociaciones.

Y aparece otra paradoja. Muchos ciudadanos pueden respaldar a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo querer que la guerra termine. No son posiciones necesariamente incompatibles en una sociedad expuesta durante años al discurso de que apoyar a los soldados es una cuestión patriótica mientras negociar significa acabar con el sufrimiento.

Eso no convierte a Rusia en una democracia secreta esperando salir de debajo de la alfombra. Existe apoyo real a Putin, existe nacionalismo y existe una parte considerable de la sociedad que comparte el relato del Kremlin. Pero también hay apatía, adaptación, miedo, cansancio y rechazo. Rusia no es una sola conciencia colectiva. Pretender lo contrario reproduce, curiosamente, la misma caricatura que venden los regímenes autoritarios: un pueblo uniforme detrás de un hombre.

El «zar» Putin puede gobernar hasta 2036

La palabra zar es una metáfora, pero cada año necesita menos imaginación. Putin gobierna Rusia como presidente o primer ministro desde 1999. Las reformas constitucionales de 2020 reiniciaron de hecho el contador de sus mandatos y le permitieron presentarse nuevamente. Su actual periodo presidencial termina en 2030 y la Constitución le permite competir otra vez y, si vence, permanecer en el Kremlin hasta 2036. Tendría 83 años al terminar ese hipotético mandato.

Nada garantiza que llegue hasta allí. Tampoco existe, a 19 de agosto de 2026, una señal sólida de que su caída sea inminente.

Un sistema como el suyo comienza a ser realmente vulnerable cuando varias grietas coinciden: una derrota militar imposible de maquillar, deterioro económico que alcance a grupos hasta entonces protegidos, ruptura entre las élites, dudas dentro de los servicios de seguridad y aparición de una alternativa política reconocible. Una protesta aislada puede ser aplastada. Una crisis económica puede financiarse durante un tiempo. Una mala campaña militar puede cubrirse de banderas. Todo junto cambia la ecuación.

El elemento decisivo está probablemente menos en Washington, Bruselas o Kyiv de lo que suele suponerse. Las potencias occidentales pueden limitar los recursos rusos mediante sanciones, ayudar militarmente a Ucrania, encarecer la guerra y negociar. Intentar derribar directamente al jefe de una potencia nuclear sería otra cosa, extraordinariamente peligrosa. El poder de Putin terminará de verdad cuando una parte suficiente del propio sistema ruso concluya que conservar a Putin cuesta más que sustituirlo.

Un Kremlin fuerte por fuera y menos tranquilo por dentro

Ahí reside la contradicción de la Rusia de 2026. Putin todavía manda. La oposición organizada apenas puede respirar, Yábloko ha quedado fuera de las próximas elecciones parlamentarias y dirigentes contrarios a la guerra acumulan prisión o exilio. Pero, al mismo tiempo, el cansancio bélico aumenta, aparecen señales de malestar económico y la guerra entra cada vez más físicamente en territorio ruso, con drones, refinerías dañadas, problemas de combustible y costes difíciles de esconder detrás de un informativo estatal.

La condena de Shlosberg puede leerse precisamente desde esa contradicción. Un poder absolutamente seguro no necesita temer demasiado a un pequeño partido liberal sin escaños en la Duma. Un poder que bloquea a ese partido, condena a sus dirigentes y restringe el debate sobre la guerra está enviando otro mensaje: no solamente exige obediencia; quiere impedir que el cansancio encuentre una papeleta, un candidato y un nombre.

Puede durar años. Incluso hasta 2036. O puede quebrarse mucho antes, porque los regímenes personalistas tienen una rara afición histórica: parecen de granito hasta el momento en que dejan de parecerlo. Rusia ya conoció esa escena más de una vez. El último zar de nuestro tiempo todavía conserva las llaves del palacio, las cámaras, la policía y buena parte del país detrás. Lo que no posee —nadie lo posee— es un contrato con la historia.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído