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Kast gana la presidencia de Chile tras imponerse a Jeannette Jara

El republicano ganó el balotaje con el 58,17% y asumió la presidencia chilena para el periodo 2026-2030.

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Quién gana las elecciones en Chile

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José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile de 2025 en la segunda vuelta celebrada el 14 de diciembre. El candidato del Partido Republicano obtuvo el 58,17% de los votos válidos, frente al 41,83% de Jeannette Jara, representante de la coalición oficialista Unidad por Chile. La diferencia fue de 16,34 puntos porcentuales. Kast sucederá a Gabriel Boric el 11 de marzo de 2026 y su mandato está previsto hasta el 11 de marzo de 2030.

El resultado invirtió el orden de la primera vuelta, disputada el 16 de noviembre: Jara había sido entonces la aspirante más votada, aunque lejos de la mayoría necesaria para ganar. En el balotaje, Kast reunió 7.263.236 sufragios, frente a los 5.222.558 de su rival. La distancia final, de 2.040.678 votos, muestra hasta qué punto una elección con ocho candidaturas puede cambiar cuando queda reducida a dos.

Una mayoría amplia en las urnas y en el mapa regional

La victoria de Kast no dependió de un margen estrecho ni de una sola zona del país: se impuso en las 16 regiones de Chile. Jara no encabezó el recuento en ninguna de ellas durante la segunda vuelta, pese a haber terminado primera en la votación de noviembre. Esa extensión territorial ayuda a dimensionar el resultado, aunque cada región reúne realidades sociales y electorales distintas y el color del mapa no explica, por sí solo, qué motivó a sus votantes.

El comportamiento fue diferente fuera de Chile. Entre los electores residentes en el extranjero, Jara obtuvo el 59,09% y Kast, el 40,91%. No hay contradicción entre ese dato y la mayoría nacional del candidato republicano: son grupos de votantes distintos, con un peso desigual en el total. El contraste recuerda que una victoria extensa dentro del territorio chileno no implica que todos los sectores del electorado se hayan inclinado en la misma dirección.

En la segunda vuelta participaron 13.434.954 personas, equivalentes al 85,14% del padrón de 15.779.102 electores habilitados. La asistencia fue elevada y apenas inferior a la registrada en noviembre, cuando acudieron 13.478.426 personas, el 85,42%. La diferencia entre ambas jornadas fue de 43.472 votantes y 0,28 puntos porcentuales de participación. Por tanto, el cambio de ganador no puede atribuirse de manera sencilla a una retirada masiva del electorado entre una ronda y otra.

También hubo electores que no eligieron a ninguno de los finalistas. Se contabilizaron 783.816 votos nulos y 165.344 en blanco; los nulos representaron el 5,83% de las papeletas emitidas, una proporción superior a la de la primera vuelta. Los porcentajes de Kast y Jara se calculan sobre los votos válidos asignados a candidatos, no sobre todas las papeletas depositadas. Esa distinción permite leer correctamente tanto la amplitud de la victoria como las formas de participación que quedaron fuera de la elección entre ambos nombres.

Por qué Jara ganó en noviembre y Kast se impuso en diciembre

En la primera vuelta, Jara consiguió 3.483.490 votos, el 26,85%, y Kast quedó segundo con 3.104.458, el 23,93%. La ventaja de la candidata oficialista fue de 379.032 sufragios. Era una posición favorable para entrar en la ronda decisiva, pero insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta: con ocho aspirantes en la papeleta, casi tres de cada cuatro votos válidos habían ido a otras candidaturas.

El sistema presidencial chileno prevé una segunda votación entre las dos candidaturas más apoyadas cuando ninguna supera la mitad de los votos válidamente emitidos. La primera posición no asegura la presidencia en esas circunstancias. En el balotaje cambian las opciones disponibles y, con ellas, el sentido político de la decisión: quienes habían escogido a otros aspirantes pueden votar por uno de los finalistas, anular la papeleta o dejarla en blanco. También pueden participar personas que no votaron en la primera ronda, mientras que otras pueden dejar de hacerlo.

La distribución de noviembre mostraba un escenario abierto. Franco Parisi fue tercero con 2.557.737 votos, el 19,71%; Johannes Kaiser recibió 1.808.434, el 13,94%, y Evelyn Matthei, 1.617.720, el 12,47%. Más atrás quedaron Harold Mayne-Nicholls, con el 1,26%; Marco Enríquez-Ominami, con el 1,19%, y Eduardo Artés, con el 0,66%. La distancia entre los dos primeros era menor que el volumen de votos reunido por cualquiera de las tres candidaturas que les seguían.

Ese reparto ayuda a comprender el vuelco, pero no autoriza una suma automática de bloques. Un resultado agregado no revela el recorrido de cada papeleta: no permite saber cuántos seguidores de Parisi cambiaron hacia Kast, cuántos escogieron a Jara ni cuántos anularon su voto. Comparar los totales de ambas rondas describe la magnitud del cambio, no la decisión individual de millones de personas. La explicación exige atender tanto a las alianzas políticas como a las prioridades que dominaron la campaña.

Los apoyos de la derecha y el voto que quedó sin candidato

Tras la primera vuelta, Kaiser anunció su respaldo a Kast. También lo apoyaron Matthei y sectores de la derecha tradicional, entre ellos la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evolución Política, además de Demócratas y Amarillos por Chile. La convergencia de esas fuerzas reunió alrededor de un mismo candidato a espacios que habían competido por separado en noviembre. Fue una señal política importante en una elección que, desde ese momento, solo ofrecía dos alternativas presidenciales.

El respaldo de una candidatura derrotada puede orientar el debate, dar coherencia a una coalición y facilitar que sus dirigentes hagan campaña juntos. No equivale, sin embargo, a transferir una bolsa de votos intacta. Los electores de Matthei y Kaiser no estaban obligados a seguir sus apoyos, del mismo modo que los votantes de Jara en noviembre podían reconsiderar su elección. La diferencia entre un acuerdo de dirigentes y el comportamiento de los ciudadanos es decisiva para no convertir una lectura política plausible en una certeza estadística imposible de demostrar con el escrutinio.

Parisi, cuyo tercer puesto le dio un peso evidente en la conversación posterior a noviembre, tomó otro camino: no respaldó a ninguno de los finalistas y pidió promover el voto nulo. Su posición ofreció una salida electoral distinta a quienes rechazaban tanto a Kast como a Jara. Los 783.816 votos nulos registrados en diciembre muestran que esa opción tuvo presencia, aunque no indican cuántos de ellos pertenecían a antiguos votantes de Parisi ni prueban que respondieran a su llamamiento.

El desenlace tampoco se explica como una mera pérdida de apoyos de la candidata oficialista. Jara pasó de 3.483.490 votos en la primera vuelta a 5.222.558 en la segunda: amplió de forma considerable su respaldo. Kast creció todavía más, desde 3.104.458 hasta 7.263.236. Ambos sumaron nuevos sufragios en la ronda decisiva, pero el candidato republicano lo hizo con una intensidad suficiente para convertir su segundo puesto inicial en una ventaja de más de dos millones de votos.

El voto obligatorio y los límites de las lecturas rápidas

La elevada participación importa tanto como la distribución de los votos. Chile restableció el voto obligatorio en 2022, y las presidenciales de 2025 fueron las primeras celebradas desde esa reintroducción. El sistema llevó a las urnas a un electorado amplio en las dos rondas. Por eso, explicar el resultado únicamente por la capacidad de movilizar a los simpatizantes más fieles de cada candidatura deja fuera a muchos votantes cuya relación con los partidos puede ser más débil o menos constante.

La asistencia similar en noviembre y diciembre tampoco significa que votaran exactamente las mismas personas. Una cifra nacional casi estable puede ocultar entradas y salidas de electores, además de cambios de preferencia entre quienes participaron ambas veces. La participación mide cuántos acudieron, no quiénes fueron. Sin información individual, la coincidencia entre dos porcentajes altos no permite reconstruir los movimientos del electorado ni atribuir el desenlace a un solo grupo.

Hay otra diferencia que conviene mantener a la vista: Kast obtuvo una mayoría entre los sufragios válidos asignados a los finalistas, mientras que blancos y nulos forman parte del total de papeletas emitidas. Presentar ambas cifras sin distinguir sus bases puede deformar la imagen del resultado. La victoria fue clara, pero su porcentaje no significa que el 58,17% de todos los electores habilitados votara por él. El padrón incluye a quienes no participaron, y el recuento de papeletas incluye opciones distintas de los votos a candidatos.

Esta precisión no resta legitimidad al vencedor ni convierte cada voto nulo en un rechazo de idéntico significado. Una papeleta puede anularse deliberadamente o por un error al marcarla; un voto en blanco también admite interpretaciones diversas. El escrutinio registra esas categorías, no las razones personales que hay detrás de cada una. La misma cautela vale para los votos a Kast y Jara: elegir a alguien no implica suscribir sin reservas todas las medidas de su programa.

Seguridad y migración, los asuntos que marcaron la campaña

La elección se desarrolló con la inseguridad y la violencia vinculada al crimen organizado muy presentes en la conversación pública. La migración irregular, especialmente en relación con la frontera norte con Bolivia y Perú, ocupó también un lugar central. Seguridad y control fronterizo ganaron protagonismo junto a preocupaciones más habituales, como el crecimiento económico o la protección social. Esos debates se entrecruzaron: las propuestas sobre gasto público, empleo y servicios competían por atención con las demandas de una respuesta más dura frente a la delincuencia.

Kast hizo de esa respuesta uno de los ejes de su candidatura. Propuso reforzar la frontera, promover deportaciones de personas que hubieran entrado en el país sin autorización y crear prisiones de máxima seguridad para líderes de organizaciones criminales. Entre sus planteamientos figuraron asimismo zanjas en tramos de la frontera norte. Eran compromisos de campaña, no medidas ya ejecutadas: su posible aplicación dependerá de decisiones administrativas, recursos y, cuando corresponda, de los procedimientos institucionales necesarios.

El atractivo electoral de una promesa de control puede ser inmediato; sus efectos prácticos son más difíciles de medir antes de ponerla en marcha. Una frontera extensa no se reduce a una sola obra y la persecución del crimen organizado no termina en el momento de una detención. La capacidad de ejecución será tan relevante como el contenido de los anuncios. Esa distancia entre el mensaje electoral y la gestión posterior importa especialmente cuando los problemas que se busca afrontar abarcan territorios, organismos públicos y causas distintas.

La campaña también mostró los riesgos de un debate político desplazado hacia las redes sociales. Matthei denunció ataques y desinformación, incluidos contenidos que cuestionaban su estado de salud. Reportajes periodísticos describieron cuentas vinculadas a una red que difundía mensajes contra distintas candidaturas y, tras esas informaciones, un integrante del directorio de Canal 13 renunció a su cargo. La circulación de información falsa añadió una disputa sobre la credibilidad de los mensajes a una contienda ya polarizada, sin que ese episodio baste por sí solo para explicar el resultado de las urnas.

Dos programas distintos frente a las mismas presiones económicas

Las diferencias entre Kast y Jara no se agotaban en la política de seguridad. El candidato republicano defendió medidas económicas orientadas a estimular la inversión y reducir impuestos a los inversores. Su propuesta vinculaba una respuesta más exigente ante el delito y la migración irregular con un enfoque favorable a la actividad inversora. En campaña, esas prioridades se presentaron como parte de una misma dirección de gobierno, aunque sus efectos concretos no pueden deducirse solo del resultado electoral.

Jara planteó una agenda centrada en empleo y protección social. Como candidata de Unidad por Chile, defendió aumentar las prestaciones de pensiones, reducir los costes de servicios públicos y ampliar la construcción de viviendas. También incluyó en su programa un ingreso de 750.000 pesos chilenos mensuales, una Agencia Nacional de Empleo y un sistema nacional de cuidados para personas mayores y niños. El ingreso era una propuesta electoral, no una prestación que pudiera considerarse aprobada por el hecho de figurar en el programa.

Su candidatura buscaba dar continuidad a algunas reformas impulsadas bajo el Gobierno de Gabriel Boric, con ajustes y nuevos compromisos. Esa relación con el Ejecutivo saliente ofrecía una referencia reconocible para los votantes, pero también situaba a Jara ante quienes deseaban un cambio de rumbo. Continuidad y alternancia se convirtieron así en dos formas de ordenar debates que iban más allá de una sola medida: cuánto debía hacer el Estado en cuidados y vivienda, qué lugar ocuparía la inversión privada y cómo responder a la inseguridad.

La campaña puso sobre la mesa prioridades cuya puesta en práctica requiere algo más que voluntad presidencial. Construir viviendas, reforzar prestaciones, modificar impuestos o ampliar capacidades de seguridad implica decisiones sobre financiación, gestión y normas. La competencia por los recursos públicos no desaparece cuando acaba la votación. Esa es una de las razones por las que conviene distinguir una propuesta atractiva en el debate electoral de una política definida, aprobada y capaz de producir resultados.

Una victoria presidencial que abre otra etapa política

La segunda vuelta decidió quién sucederá a Boric y marcó un cambio de orientación respecto a su Gobierno de centroizquierda. Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, con un periodo previsto hasta el 11 de marzo de 2030. Su triunfo le da la responsabilidad de dirigir el Ejecutivo y una mayoría clara en la elección decisiva. No convierte, por sí mismo, cada compromiso de campaña en una medida vigente ni elimina los límites políticos e institucionales de la acción de gobierno.

La elección parlamentaria celebrada junto a la primera vuelta recuerda, además, que el poder presidencial no opera en el vacío. Las iniciativas que necesiten leyes o recursos deberán recorrer los cauces correspondientes. El alcance real del cambio dependerá de cómo se formulen las propuestas, de los apoyos que consigan y de la capacidad de las instituciones para llevarlas a la práctica. El resultado presidencial señala una dirección política; las decisiones posteriores determinarán qué parte de ella llega a traducirse en políticas públicas.

Seguridad, migración, crecimiento y protección social seguirán presentes después del recuento porque ninguna de esas cuestiones se resuelve con una papeleta. La amplitud de la victoria tampoco permite reducir las motivaciones de sus votantes a un único asunto. Unos pudieron priorizar el control del delito; otros, la economía o el rechazo a la continuidad del Ejecutivo saliente. La mayoría electoral reúne razones diferentes, incluso cuando produce un resultado tan nítido como el de diciembre.

La trayectoria de esta elección deja una imagen reveladora: Jara encabezó la primera ronda con el 26,85%, Kast llegó segundo con el 23,93% y, un mes después, la votación entre ambos dio al candidato republicano el 58,17%. Hubo apoyos públicos de la derecha, un electorado exterior favorable a Jara, papeletas nulas y una participación alta en ambas jornadas. El balotaje transformó una competencia fragmentada en una decisión de mayoría. Lo que queda por comprobar ya no pertenece al escrutinio, sino al ejercicio del poder: cómo responderá el nuevo Gobierno a las expectativas distintas que confluyeron en su victoria.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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