¿Quién es Paco Salazar y por qué le investiga el PSOE?

PSOE y denuncias por acoso y una causa judicial rodean a Paco Salazar, el fontanero de Sánchez que ha pasado del poder al banquillo público.

Francisco José “Paco” Salazar, sevillano de 57 años, fue durante años uno de los estrategas más influyentes del PSOE y un colaborador muy cercano de Pedro Sánchez. Alcalde de Montellano, diputado en el Congreso y más tarde responsable de Acción Electoral y de análisis político tanto en Ferraz como en La Moncloa, su nombre ha pasado en pocos meses de los despachos discretos al centro de una tormenta política y judicial: denuncias internas de presunto acoso sexual dentro del partido y una investigación de la Guardia Civil por un posible puesto fantasma en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

A día de hoy, el PSOE asegura que mantiene abierto el expediente interno por acoso a pesar de que Salazar ha solicitado la baja como militante, formalizada la semana pasada y hecha pública este lunes. La dirección afirma que las denuncias de dos afiliadas, presentadas de forma anónima a través del nuevo canal interno del partido, siguen registradas y siendo analizadas por la Oficina Antiacoso, aunque durante semanas desaparecieran de la plataforma digital a la que accedían las denunciantes, lo que desató las acusaciones de “carpetazo” por parte de la oposición y de varios medios.

En paralelo, Salazar niega haber acosado a nadie y se declara víctima de un linchamiento. Sin embargo, los testimonios recabados por distintos medios describen un patrón de comentarios de tipo sexual, mensajes insistentes fuera del horario laboral y comportamientos calificados como “misóginos” por mujeres que trabajaron a sus órdenes tanto en la sede federal del partido como en La Moncloa. Nada de eso ha llegado aún a los tribunales, pero sí ha bastado para provocar su salida fulminante de los cargos orgánicos y del núcleo duro del sanchismo.

Y mientras el expediente interno se prolonga ya casi cinco meses sin resolución, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido en el otro frente que rodea al exdirigente: la juez de Dos Hermanas investiga si cobró durante años un sueldo de unos 2.000 euros mensuales como técnico municipal sin acudir a su puesto porque en realidad estaba dedicado a la política nacional, primero en Ferraz y después en Madrid. La querella la interpuso Vox, el Ayuntamiento defiende la legalidad del contrato y el caso avanza en fase de diligencias.

Del alcalde de Montellano al “fontanero” de Sánchez

Paco Salazar nació en Montellano (Sevilla) en 1968. Ingeniero técnico agrícola, máster en gestión medioambiental y licenciado en Ciencias Políticas, se afilió al PSOE en 1992 y fue escalando en el entramado orgánico socialista andaluz a través de la política local y provincial. Fue alcalde de su pueblo entre 2003 y 2008 y más tarde comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía.

Su biografía política cambia de escala al aterrizar en Dos Hermanas, el municipio sevillano gobernado durante casi cuatro décadas por el socialista Francisco Toscano. Allí es contratado como técnico municipal en 2012, en plena crisis interna del PSOE, y comienza a tejer la relación que lo llevará al círculo de confianza de Pedro Sánchez. Dos Hermanas se convierte, de hecho, en el escenario simbólico del retorno del hoy presidente a la secretaría general en 2017, y Salazar se sitúa como uno de los operadores clave que arman avales, actos y estructuras de apoyo al entonces aspirante.

Con la victoria de Sánchez en las primarias, Salazar da el salto definitivo al aparato federal. Se convierte en secretario de Acción Electoral y Análisis de la Ejecutiva y, desde ese puesto, participa en la estrategia de campaña de las generales de 2019, de las repetidas elecciones y de distintas citas autonómicas y municipales. En 2018 ya había pasado por La Moncloa como director general de Análisis y Estudios, y en 2022 vuelve al palacio como secretario general de Coordinación Institucional del gabinete del presidente, uno de los cargos de mayor confianza política.

No era un dirigente de mítines, sino un “fontanero”: un responsable de engranajes internos, sondeos, análisis territoriales y movimientos de cuadros. Siempre en segundo plano, pero con línea directa con Sánchez y con figuras como Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización. Su perfil se consolidó como el representante andaluz del sanchismo en la sombra, sobreviviente a varias remodelaciones en Moncloa y Ferraz.

Todo cambió en cuestión de horas a comienzos de julio de 2025. La dirección había decidido que, tras la caída de Cerdán por el llamado caso Koldo, Salazar se convirtiera en adjunto de Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización. Estaba llamado a ser uno de los hombres fuertes del aparato. Pero la víspera del Comité Federal que formalizaría el nombramiento, salieron a la luz las primeras denuncias internas de mujeres socialistas por sus presuntos comportamientos de acoso.

Cómo surgieron las denuncias por presunto acoso sexual

Las primeras informaciones públicas sobre el caso describían que varias mujeres que habían trabajado con Salazar, en Ferraz y en La Moncloa, hablaban de “comportamientos inadecuados” y de un trato que mezclaba comentarios sobre el aspecto físico, sugerencias de citas en contextos ambiguos y mensajes reiterados a horas intempestivas. Algunas de ellas eran subordinadas directas cuando él ejercía responsabilidades de mando en los equipos de Presidencia.

Dirigentes socialistas consultados por distintos medios admitían que el comportamiento de Salazar era “conocido” desde hacía tiempo y lo definían como alguien que “elegía a las mujeres en función del físico”. En ese contexto, la filtración de que varias militantes habían decidido formalizar sus quejas por canales internos colocó a la cúpula del PSOE y al Gobierno en una posición delicada: el partido llevaba meses reivindicando su bandera feminista y presentándose como muro frente a los discursos reaccionarios, al tiempo que debía gestionar una crisis interna que apuntaba al corazón del sanchismo.

El 5 de julio, día del Comité Federal, Salazar comunicó su renuncia tanto a su futuro cargo de adjunto en Organización como a su puesto de secretario general de Coordinación Institucional en La Moncloa. Fue un frenazo en seco a una carrera en ascenso. En paralelo, el PSOE anunció la activación de un nuevo protocolo interno contra el acoso sexual y por razón de sexo y habilitó un canal digital para recibir denuncias de forma anónima dentro de la organización. Moncloa, por su parte, ordenó que toda la plantilla de Presidencia realizara cursos específicos sobre prevención del acoso.

En las semanas posteriores, al menos dos afiliadas utilizaron el nuevo canal para presentar denuncias contra Salazar. Según sus propios relatos, registraron sus casos en verano, recibieron confirmaciones automáticas de que la comunicación estaba en curso y, a través de la plataforma, podían ver que el expediente figuraba como abierto. Con el paso de los meses, sin embargo, no recibieron llamadas ni citaciones formales de la Oficina Antiacoso del PSOE. La sensación era de parálisis.

Mientras tanto, públicamente el mensaje era otro. La portavoz del Gobierno y de la Ejecutiva, Pilar Alegría, defendía que no constaban denuncias internas previas al estallido mediático del caso y que el sistema recién creado garantizaba el anonimato y la protección de las denunciantes. El propio Pedro Sánchez animó en varios actos a utilizar los canales internos para denunciar cualquier situación de acoso en el partido, presentando el mecanismo como ejemplo de tolerancia cero.

El laberinto del expediente: denuncias que desaparecen y versiones enfrentadas

El conflicto estalla de nuevo cuando, a finales de octubre y principios de noviembre, las denunciantes acceden al visor del canal interno y descubren que sus comunicaciones ya no aparecen. El sistema les indica que no tienen ningún expediente abierto, pese a que meses antes habían podido ver el progreso de la tramitación. La impresión inmediata es que sus denuncias han sido borradas.

Diversas informaciones periodísticas apuntan que, en esos días, en Ferraz se asumió internamente que la investigación disciplinaria había quedado desactivada de hecho. Algunas fuentes socialistas llegaban a hablar de “falta de diligencia” en la gestión del caso y de la idea de que, si Salazar acababa causando baja como militante, el procedimiento dejaría de tener sentido. Esa percepción se alimentó cuando trascendió que el exdirigente había pedido formalmente su baja del partido.

La reacción oficial del PSOE llegó este 1 de diciembre. La nueva portavoz federal, Montse Mínguez, aseguró que el proceso “no está cerrado” y que el expediente, abierto desde julio, sigue tramitándose con arreglo al protocolo antiacoso interno. Admitió que Salazar ya no es militante, pero subrayó que eso no implica el archivo automático de las denuncias, y atribuyó la desaparición de los expedientes del visor del canal a una “interrupción momentánea” del sistema, derivada –según la versión de Ferraz– de un mecanismo automatizado para proteger datos personales.

Fuentes de la dirección explican que las denuncias sí habrían llegado a la Oficina Antiacoso, aunque no se vean en la interfaz de las denunciantes, y sostienen que la documentación se está analizando. El compromiso que transmiten es que, una vez concluida la instrucción interna, se elaborará un informe que se remitirá tanto a la Secretaría de Organización de Rebeca Torró como a las partes implicadas, con una nueva ronda de entrevistas para contrastar versiones. No hay fecha concreta, pero se habla de “las próximas semanas”.

El contraste con los meses previos es notable. Las denunciantes llevan casi cinco meses sin recibir comunicación directa por parte del órgano encargado, y las informaciones que han ido conociendo han llegado a través de los medios, no de canales internos. La oposición ha aprovechado ese vacío para acusar al PSOE de doble vara de medir en materia de feminismo, reclamando explicaciones sobre por qué el expediente ha permanecido bloqueado tanto tiempo mientras se defendía en público un discurso de tolerancia cero.

En el propio PSOE hay malestar. Dirigentes de distintos territorios admiten en privado que el caso se ha gestionado con torpeza, que la comunicación ha sido contradictoria y que la imagen de denuncias desapareciendo del sistema es demoledora en un partido que hizo de la lucha contra la violencia machista uno de sus ejes identitarios. La sensación de “esperpento”, término utilizado por varios comentaristas, refleja esa mezcla de errores técnicos, silencios internos y rectificaciones sobre la marcha.

La comida con Pilar Alegría que reabrió la herida

La tensión se incrementó todavía más a comienzos de noviembre, cuando el digital Artículo14 publicó unas fotografías de Pilar Alegría comiendo en un restaurante madrileño con Paco Salazar. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno y del PSOE había sido una de las caras visibles que defendió públicamente el compromiso del partido con los protocolos de acoso.

Tras salir a la luz las imágenes, Alegría justificó el encuentro circunscribiéndolo al “ámbito personal” y restó importancia política a la cita. Pero el impacto en el partido fue inmediato: chats internos ardieron, según relatan cargos socialistas, y sectores feministas del PSOE vieron en esa comida una señal equivocada hacia las denunciantes, justo cuando el caso seguía sin resolverse y Salazar continuaba apartado de cualquier responsabilidad.

El Partido Popular y otras formaciones de la oposición aprovecharon la polémica para acusar de incoherencia al Gobierno y a la dirección socialista. El PP de Aragón, territorio político de Alegría, llegó a hablar de “falso feminismo” por parte de la ministra, a la que reprochó “tapar, callar y amparar” el machismo mientras compartía mesa con un exalto cargo cesado por acusaciones de acoso.

Dentro del Ejecutivo, según distintas fuentes, la reunión fue vista también como un error político, al entender que se producía en un momento especialmente delicado para el PSOE y para la propia Alegría, que había quedado muy expuesta en la comunicación del caso. El mensaje que se intentó reconducir después fue que, al margen de las relaciones personales, el expediente interno y las eventuales responsabilidades de Salazar seguirían su curso.

El otro frente: la investigación por el contrato de Dos Hermanas

Mientras el expediente de acoso sigue sin resolución pública, la figura de Paco Salazar se ve también rodeada por otro asunto delicado: la investigación judicial sobre su contratación como técnico en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Este caso no está ligado a las denuncias de acoso, pero sí dibuja un patrón de poder e influencia en el entorno del sanchismo andaluz.

Según la querella presentada por Vox y admitida a trámite en verano, Salazar habría cobrado un sueldo municipal de alrededor de 2.000 euros al mes entre 2012 y 2017 sin acudir regularmente a su puesto, mientras desarrollaba funciones políticas en la dirección federal del PSOE en Madrid. La acusación apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, tanto por parte de Salazar como del histórico alcalde Francisco Toscano, considerado uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez en Andalucía.

La juez de Dos Hermanas ha encargado a la UCO profundizar en la investigación y, en los últimos días, los agentes han registrado el Ayuntamiento en al menos dos ocasiones para recabar contratos, nóminas y comunicaciones internas relacionadas con la contratación de Salazar. Además, el juzgado ha ordenado al Servicio Andaluz de Empleo que aporte toda la documentación sobre la oferta pública de la plaza, el listado de candidatos, las bases de selección y el contrato comunicado por el consistorio.

El gobierno local, hoy también socialista, defiende que el proceso fue correcto, que se siguieron criterios de mérito y capacidad y que la relación laboral de Salazar se ajustó a la normativa. En los papeles aportados hasta ahora, el Ayuntamiento sostiene que se trataba de un puesto laboral ordinario, no de libre designación, al que se habría accedido tras un proceso de selección entre candidatos propuestos por el SAE.

Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que no se han encontrado todavía todos los documentos que deberían acreditar ese recorrido: convocatoria de la plaza, baremaciones o comunicaciones completas entre el servicio de empleo y el consistorio. De ahí que la UCO haya pedido información adicional para comprobar si hubo realmente concurrencia competitiva o si el fichaje se diseñó a medida para poder remunerar a Salazar mientras trabajaba ya para el entorno de Pedro Sánchez.

El exdirigente socialista figura como personal laboral del Ayuntamiento de Dos Hermanas en excedencia, según sus propias declaraciones públicas de bienes cuando era diputado. Él no ha hecho declaraciones extensas sobre este asunto concreto, pero el PSOE andaluz y la dirección federal han intentado desvincular el caso de cualquier trama organizada, insistiendo en que se trata de una cuestión estrictamente local que deberá aclararse en sede judicial.

El impacto político y lo que puede venir

La combinación de ambos frentes –el expediente por presunto acoso y la investigación por el contrato de Dos Hermanas– ha convertido el “caso Salazar” en una especie de espejo incómodo para el PSOE. Por un lado, cuestiona la capacidad del partido para aplicar con coherencia sus propios protocolos internos cuando el investigado forma parte del núcleo duro del sanchismo. Por otro, vuelve a situar bajo los focos esa red de lealtades y afinidades que une a Pedro Sánchez con determinadas agrupaciones andaluzas.

En el plano inmediato, el siguiente paso está en manos de la Oficina Antiacoso del PSOE. Cuando concluya su informe, tendrá que remitirlo a la Secretaría de Organización, que decidirá si propone sanciones internas –que podrían ir desde la amonestación hasta la expulsión formal– o si archiva el expediente por falta de pruebas. Aunque Salazar ya no es militante, una eventual sanción tendría un fuerte valor simbólico, tanto hacia las denunciantes como hacia la opinión pública.

La dirección socialista sostiene que, si del informe se desprenden indicios de delito, el caso podría trasladarse a la justicia ordinaria. De momento no consta que se hayan presentado querellas penales por los hechos relatados en las denuncias internas, lo que no impide que, si las afectadas lo deciden, puedan acudir en cualquier momento a los tribunales. Los plazos de prescripción y la dificultad probatoria en este tipo de casos hacen que ese escenario no sea sencillo, pero tampoco imposible.

En el terreno judicial, la causa de Dos Hermanas avanza por otro cauce. La UCO seguirá practicando diligencias, tomando declaración a posibles testigos y revisando la documentación aportada por el Ayuntamiento y por el Servicio Andaluz de Empleo. La juez deberá decidir si hay base suficiente para imputar a Salazar y a otros responsables o si, por el contrario, el caso se archiva. La experiencia de otros procesos por trabajadores “fantasma” en la administración local sugiere que las investigaciones de este tipo pueden prolongarse durante meses o años antes de llegar a juicio.

Para el PSOE, el desenlace tendrá consecuencias que van más allá de un nombre propio. En plena ofensiva de la oposición por los casos de corrupción vinculados al entorno de José Luis Ábalos y por el desgaste de la gestión del “caso Koldo”, cualquier señal de indulgencia o de lentitud en un asunto que afecta a la credibilidad feminista del partido puede convertirse en munición política. De hecho, el PP ya ha incorporado el nombre de Salazar a sus intervenciones parlamentarias, acusando al presidente del Gobierno de haber mantenido durante años a un colaborador señalado por conductas abusivas.

En el propio entorno de Sánchez, el caso ha servido para abrir una reflexión interna sobre cómo se selecciona y se controla a ese “círculo de confianza” que opera en la frontera entre el partido y el Gobierno. La sensación de que se repiten patrones –lealtades personales por encima de los códigos de conducta, falta de reacción rápida ante señales de alarma, mensajes contradictorios en público y en privado– preocupa a sectores que temen que episodios como este alimenten la desafección y refuercen la idea de que todas las fuerzas políticas actúan igual.

Un caso que marcará los límites del poder interno en el PSOE

Lo que ocurra a partir de ahora con Paco Salazar no solo determinará el futuro de un dirigente caído en desgracia. También dibujará los límites reales de los mecanismos de control dentro del PSOE y la coherencia entre el discurso y la práctica de un partido que ha hecho del feminismo una de sus señas de identidad.

Si el expediente interno termina en una sanción clara y motivada, con transparencia razonable sobre los criterios aplicados y un trato respetuoso hacia las denunciantes, la dirección socialista podrá presentar el caso como una prueba exigente de sus propios compromisos. Si, en cambio, el procedimiento se diluye entre tecnicismos, errores informáticos y salidas negociadas, el daño para la credibilidad del partido será difícil de reparar, más todavía en un contexto de fuerte polarización y desconfianza hacia las instituciones.

Por ahora, el tablero se mantiene abierto. Salazar se ha apartado del foco y ha roto formalmente su vínculo de militancia, pero sigue a la espera de dos decisiones cruciales: la que adopte el órgano interno de garantías del PSOE y la que emane de los juzgados de Dos Hermanas. Ambos procesos avanzan a ritmos distintos, con tiempos que no siempre coinciden con la urgencia política, pero confluyen en una misma pregunta de fondo: hasta dónde está dispuesto a llegar el partido cuando las acusaciones golpean a uno de los suyos.

El desenlace de ese doble recorrido marcará no solo el porvenir de Paco Salazar, sino también la forma en que el PSOE gestiona en adelante la responsabilidad de quienes han manejado, durante años, los resortes más sensibles de su poder interno.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de medios oficiales y contrastados, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: elDiario.es, El Español, Artículo14, The Objective.