¿Quién es Iván Mordisco, el gran enemigo de Gustavo Petro?

Ofensiva en Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco: cifras confirmadas, contexto clave y mapa del conflicto colombiano en 48 horas.

En las últimas horas, el Gobierno colombiano ejecutó una ofensiva contra estructuras bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en zona rural de Calamar (Guaviare). El balance oficial y preliminar coincide en la magnitud: 19 integrantes de las disidencias murieron, 1 fue capturado, 2 se sometieron a la justicia y 3 menores fueron rescatados de los campamentos. El operativo —con participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional— se concentró en la vereda Itilla, un punto de selva baja y ríos estrechos que las disidencias han usado como corredor logístico. Se incautaron armas largas, morteros, granadas y decenas de miles de cartuchos, además de equipos de comunicaciones.

La orden de entrar con bombardeo y asalto la dio el presidente Gustavo Petro el lunes 10 de noviembre de 2025. Desde entonces, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la cúpula militar —con el almirante Francisco Hernando Cubides (Fuerzas Militares) y el general Luis Emilio Cardozo (Ejército)— han ido actualizando resultados. La operación se enmarca en una acción conjunta e interinstitucional que el Gobierno ha articulado para recuperar terreno en Guaviare y presionar a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), el entramado armado que lidera Iván Mordisco en la posguerra de las FARC.

Qué ocurrió exactamente y por qué ahí

El teatro fue Itilla, vereda de Calamar, un municipio donde confluyen rutas fluviales, trochas y antiguas pistas clandestinas. No es casualidad: Guaviare es bisagra amazónica, un cuello del mapa entre Meta, Caquetá, Vichada y el oriente. Las unidades de asalto de selva —con apoyo aéreo— fijaron campamentos, atacaron objetivos señalados por inteligencia y aseguraron el terreno para el registro de cadáveres, la búsqueda de material y la evacuación de heridos. El saldo consolidado que se difunde a esta hora habla de 25 “neutralizados” en sentido amplio (muertos, capturados, sometidos y menores recuperados), con 19 fallecidos como dato más estable en todos los partes.

El perfil del objetivo también explica el cómo. En Itilla operaban anillos de seguridad y células logísticas de estructuras adscritas al EMC. Los reportes mencionan a la Subestructura Primera “Armando Ríos”, heredera del histórico Frente 1, y células móviles que han servido de enlace con otros bloques. No se trata de una gran “base rebelde” al estilo noventero, sino de campamentos dispersos, bodegas camufladas y puestos de mando rudimentarios que se mueven con facilidad entre ríos y caños. Para golpearlos, la Fuerza Pública combinó ataques aéreos puntuales y maniobras terrestres de cierre, con equipos que conocen el denso dosel de la zona.

Qué se incautó y qué significa

Los primeros inventarios incluyen más de una veintena de fusiles, morteros artesanales, granadas y munición por encima de las 59.000 unidades de distintos calibres, además de equipos de radio, computadores, material logístico y manuales. Ese detalle pesa más de lo que parece: indica capacidad de fuego sostenido, abastecimiento y mando y control en un área que las disidencias han tenido por retaguardia. La confirmación de menores recuperados en los campamentos reanima otra alerta: el reclutamiento forzado sigue activo en corredores selváticos y obliga a activar protocolos de restablecimiento de derechos con protección de identidad.

Quién es Iván Mordisco, el jefe que desafió el acuerdo

Iván Mordisco —Néstor Gregorio Vera Fernández, nacido en 1974— escaló en la antigua guerrilla de las FARC-EP como mando del Frente 1 “Armando Ríos”. Rechazó el Acuerdo de Paz de 2016, se mantuvo en armas y empezó a articular disidencias dedicadas a economías ilegales: control de cultivos de coca, laboratorios, rutas del narcotráfico, extorsión y minería ilícita. La desaparición de Miguel Botache, “Gentil Duarte”, en 2022, despejó la pelea interna y Mordisco se proyectó como jefe del Estado Mayor Central (EMC), una confederación de frentes que opera en Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Arauca y otros departamentos.

Durante el gobierno anterior, Mordisco fue dado por muerto en una operación en 2022; meses después reapareció en mensajes de video y comunicados, reivindicando control territorial y una línea abiertamente criminal, lejos de cualquier disciplina política de la vieja guerrilla. Esa reaparición reordenó el tablero. Desde entonces, el EMC combinó emboscadas, ataques a puestos de la Fuerza Pública, paros armados y extorsiones con negociaciones tácticas que nunca cuajaron en ceses verificables. En 2023 y 2024 hubo intentos de cese al fuego con diversas facciones; rompieron tras incidentes con civiles y militares. En 2025, el Gobierno cambió el paso: más operaciones, más presión sobre corredores estratégicos y menos tolerancia con estructuras que siguieran hostilidades.

Cómo funciona hoy el EMC y por qué Guaviare es su bisagra

El EMC se estructura en bloques y subestructuras con grados variables de coordinación. Hay zonas núcleo —Caquetá y Guaviare entre ellas— donde la combinación de selva, ríos, caminos vecinales y baja presencia estatal favorece su movilidad. El Frente 1 y sus derivaciones han sido columna vertebral en el piedemonte amazónico: cobran “impuestos” a cultivadores y comerciantes, controlan pasos hacia Vichada y Brasil, y administran laboratorios que cambian de sitio para evadir operaciones. De ahí que Itilla aparezca una y otra vez en reportes: es un nudo entre veredas ribereñas y tramos de selva cerrada, útil para entrar y salir con grupos pequeños armados.

La economía criminal manda. La ratio de armas incautadas, los morteros y la munición capturada en este golpe confirman un arsenal pensado para aguantar contactos con la Fuerza Pública y para hostigar desde distancia corta en la espesura. El comando de estas células suele recaer en mandos medios entrenados para dispersar sus hombres en 20 o 30 minutos. Por eso los ataques aéreos se abren paso como herramienta: fijan el objetivo, rompen la capacidad de reacción y permiten que las unidades de selva tomen posiciones. Si el parte habla de 19 muertos y 25 neutralizados en total, es porque el golpe alcanzó no solo anillos de seguridad, sino también personal logístico y piezas de mando local.

De la tregua rota al giro operativo de 2025

El gobierno de Gustavo Petro apostó por la “paz total” y habilitó mesas con facciones del EMC. Las violaciones y ataques contra civiles y uniformados dinamitaron ese camino. En 2025, con el deterioro de la seguridad en Guaviare, Cauca, Arauca y el Pacífico, el Ejecutivo endureció la línea. El ministro Pedro Sánchez Suárez, militar retirado de la Fuerza Aeroespacial, asumió Defensa en marzo y moduló la estrategia: presión sostenida en corredores clave, operaciones aéreas selectivas y judicialización a partir de inteligencia policial. El episodio de agosto —la retención de 34 militares en El Retorno, Guaviare, tras una operación contra una facción del EMC— marcó un punto de inflexión en la narrativa oficial: “no más concesiones a quienes persistan en la violencia”.

Qué dicen hoy los responsables y qué aporta este golpe

Gustavo Petro anunció la ofensiva en su cuenta de X y habló de “disolver” el frente detectado por inteligencia. Pedro Sánchez Suárez subrayó que la operación forma parte de un plan de seguridad que se mide en neutralizaciones diarias, capturas e incautaciones. La cúpula militar informó el detallado de Itilla, la participación combinada de Fuerza Pública y la continuidad de las acciones en terreno. Cubides y Cardozo insistieron en que los resultados van a aumentar cuando se cierren los peritajes de Medicina Legal y se desagreguen las identidades de los muertos y capturados.

Hay dos efectos inmediatos. Uno, operativo: la pérdida de personal, armas y comunicaciones obliga a las disidencias a replegarse y reorganizar sus rutas. Dos, político: el Gobierno consolida una imagen de acción que necesita sostenerse más allá del bombardeo. Una vez pase la novedad, empezará el examen de constancia: ¿hay patrullajes permanentes? ¿judicializaciones claras? ¿presencia institucional que evite el retorno de las mismas células dentro de dos o tres semanas? Esa es la frontera entre el éxito táctico y el avance estratégico.

Las víctimas menores y el protocolo humanitario

El rescate de tres menores en los campamentos es otro núcleo de esta historia. El reclutamiento forzado y el uso de adolescentes en tareas de campamento están documentados en Guaviare y Caquetá desde hace años. Por eso el ICBF y equipos especializados entran en cadena después de una operación: protección inmediata, acompañamiento psicosocial y rutas para evitar el reenganche. El lenguaje de la neutralización —tan habitual en los partes militares— a veces empaña este ángulo, que exige reservar identidades, verificar edades y contextos y, si procede, activar búsqueda de familiares.

Lo que ocurre en el terreno cuando cae un campamento

Cuando se desmonta un campamento —o varios— en zonas como Itilla, la organización intenta cortar el rastro: se dispersa en grupos reducidos, oculta armamento en caletas y mueve a sus mandos a otras veredas. Es frecuente que aparezcan hostigamientos o emboscadas de distracción en municipios vecinos, o presión a comerciantes y transportadores para financiar el reacomodo. El otro frente, menos visible, ocurre en la justicia: peritos de balística, forenses y fiscales arman casos con lo incautado —armas, comunicaciones, documentos— para encuadrar delitos como concierto para delinquir, porte de armas de uso privativo, terrorismo, homicidio y narcotráfico.

La Fuerza Pública suele mantener presencia 48–72 horas tras un golpe de estas características. Ese ventanal sirve para explotar inteligencia, levantar información con comunidades y verificar si hay heridos o cadáveres abandonados en la retirada. En paralelo, se refuerza la navegación fluvial en ríos menores para cortar movilidad y cargar patrullas hacia trochas donde las disidencias remontan equipos. Si la operación se amarra a un plan sectorial —más presencia policial, ofertas sociales y justicia—, los indicadores del área (extorsión, homicidio, confinamiento) bajan en semanas. De lo contrario, el efecto se diluye.

Qué papel juega la inteligencia policial

Un dato no menor de esta ofensiva es la coordinación con la Policía Nacional en inteligencia. La interceptación de comunicaciones, el seguimiento de finanzas criminales y la geolocalización de mensajeros y proveedores han permitido ubicar campamentos que no permanecen más de quince días en un mismo sitio. El parte de Itilla encaja con esa tendencia: trabajo de meses para ubicar un núcleo logístico y cortar la cadena que lo abastece. Por eso el inventario de armas y munición importa: no solo dice lo que tenían, dice lo que ya no podrán mover.

Lo que sabemos de las estructuras afectadas

La etiqueta general es EMC, pero por dentro hay subestructuras con mandos y zonas. En Guaviare actúan las derivaciones del Frente 1 “Armando Ríos” y células que rotan entre Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. En el parte, además, se menciona la afectación a mandos de seguridad y apoyos logísticos conectados con bloques que mueven armas y pasta base hacia Vichada y el oriente. El foco de esta semana fueron los anillos que protegen a los mandos locales y garantizan abastecimiento; de ahí que el número de muertos sea alto en relación con capturas y sometidos.

El hecho de que la Fuerza Pública hable de “disolución” de un frente localizado no implica la caída del EMC en el departamento. Sí supone romper una cadena de mando concreta y vaciar de personal dos o tres campamentos que mantenían el flujo de armamento, víveres y dinero. El vacío que deja el golpe se disputa en días: si el Estado sostiene la ocupación y judicializa a tiempo, la disidencia tarda meses en recomponerse; si no, aparece un nuevo mando con un grupo reducido, y el ciclo se repite.

Cronología corta de 48 horas intensas

— Lunes 10 de noviembre (tarde-noche): Gustavo Petro anuncia en X una ofensiva en Guaviare contra el frente de Iván Mordisco y habla de bombardeo y “disolución militar” del objetivo detectado.
— Martes 11 (madrugada y mañana): Pedro Sánchez Suárez confirma el inicio de la operación y señala que se trata de una acción en evolución en selva.
— Martes 11 (tarde-noche): la cúpula militar informa de 19 muertos, 1 capturado, 2 sometidos y 3 menores rescatados, con incautación de armamento y munición; se precisa el lugar: vereda Itilla, Calamar.
— Miércoles 12: se mantiene el dispositivo en terreno, se actualizan cifras de incautaciones y se coordina con Medicina Legal la identificación de los fallecidos.

El hilo de estas 48 horas deja dos conclusiones operativas: hay capacidad de la Fuerza Pública para detectar y golpear campamentos en zonas de difícil acceso, y hay una decisión política de sostener la ofensiva contra el EMC mientras no haya señales verificables de cese de hostilidades. La clave, ahora, es que lo militar se enganche con lo institucional.

Qué puede pasar a partir de ahora

En escenarios como Guaviare, tras un golpe de estas dimensiones, son habituales tres respuestas de la disidencia: repliegue silencioso para recomponer mando y rutas; hostigamientos dispersos en veredas cercanas para distraer; o presión a comunidades mediante amenazas y extorsión. La capacidad de las disidencias para saltar entre veredas y ríos obliga a la Fuerza Pública a sostener la presencia con patrullajes y puestos de control en ejes fluviales y viales. En paralelo, la Fiscalía debería acelerar las judicializaciones que salen de esta operación: armas con número de serie, balas recuperadas, comunicaciones incautadas y huellas sirven para vincular expedientes (homicidios, extorsión, narcotráfico).

El otro frente es social. En Guaviare persisten confinamientos intermitentes, toques de queda de facto y recaudos (“vacunas”) a comerciantes. Si el Estado no entra con oferta —veredas, escuelas, salud, vías terciarias—, la ventaja del operativo se evapora. De ahí que Defensa y Interior suelan anunciar inversiones o misiones civiles después de golpes así. La recuperación de menores en Itilla —y el énfasis en rutas de atención— coloca, además, el foco en prevención del reclutamiento: allí participan ICBF, Defensoría del Pueblo, Personerías y alcaldías.

Por qué este episodio pesa en la política de seguridad

El dosier Mordisco atraviesa la política de seguridad de 2025. Entre enero y agosto se registraron picos de violencia en el suroriente y, en agosto, la retención de 34 militares en El Retorno tensó todas las costuras. Desde entonces, el discurso del Gobierno endureció tono: capturar a Mordisco “vivo” para someterlo a la justicia, presionar corredores y cerrar campamentos. La llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa —con carrera en operaciones especiales y la Fuerza Aeroespacial— simboliza ese giro. El bombardeo y asalto en Itilla se lee, precisamente, como una demostración de esa línea.

El EMC no está derrotado. Sigue con capacidad para dañar, extorsionar y reclutar. Pero golpes como el de Itilla sí abren ventanas de oportunidad: permiten recuperar veredas, romper cadenas de abastecimiento, judicializar cabecillas locales y frenar planes de expansión a zonas vecinas. El desafío es convertir ese impacto en tendencia y evitar que la estadística quede en una foto.

Claves que quedarán bajo la lupa en Guaviare

El dato duro ya está: 19 muertos, 1 capturado, 2 sometidos, 3 menores rescatados, armas y munición incautadas, campamentos desmantelados en Itilla (Calamar). Los nombres que sobresalen: Gustavo Petro, Pedro Sánchez Suárez, Francisco Hernando Cubides y Luis Emilio Cardozo por el lado estatal; Iván Mordisco como jefe de la disidencia más activa en el posacuerdo. La pregunta operativa es si el Estado será capaz de sostener la ocupación del área, proteger a la población de represalias y cerrar rutas de financiación que alimentan el EMC.

En los próximos días se esperan identificaciones forenses, traslados de los capturados y audiencias de legalización de allanamientos e incautaciones. Si la línea se mantiene, se verán patrullajes combinados y puestos fluviales en caños y ríos secundarios; si afloja, volverán los pasos nocturnos con bultos y radios. Por ahora, la operación de Itilla deja un mensaje claro: el Gobierno está dispuesto a usar la fuerza contra el EMC y a poner el foco en el Guaviare, donde Iván Mordisco ha consolidado, durante años, su retaguardia y su negocio. La traducción cotidiana de ese mensaje —en seguridad, justicia y servicios— será el barómetro real del cambio.