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¿Por qué denuncia un empresario a Madrid Network y sus directivos?
Francisco Gayá amplía su querella contra Madrid Network por la gestión de fondos públicos y el cobro de un 6% en préstamos a empresas innovadoras.

Resumen
- Francisco Gayá amplía su querella contra Madrid Network y seis directivos
- Denuncia posibles delitos ligados a fondos públicos y comisiones del 6%
- El caso arrastra un archivo provisional recurrido ante el juzgado madrileño
El empresario Francisco Gayá ha ampliado su querella criminal contra Madrid Network y seis de sus directivos por una larga relación de posibles delitos que incluye malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y ayudas públicas, estafa agravada, administración desleal, cohecho o exacción ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales. La ampliación ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y llega después de que una primera querella fuera archivada provisionalmente, una decisión que el empresario ha recurrido.
El núcleo de la acusación es bastante concreto. Gayá sostiene que Madrid Network, asociación que gestionó financiación destinada a proyectos innovadores, habría actuado irregularmente en determinadas operaciones vinculadas al dinero público que administraba. Su relato pone especialmente el foco en un 6% cobrado sobre determinados desembolsos y en lo ocurrido con Flightech Systems, la empresa aeronáutica que presidía.
Hay una frontera que conviene dejar nítida desde el principio. Todo lo relativo a la supuesta comisión de delitos forma parte de las acusaciones del querellante y no constituye, a estas alturas, un conjunto de hechos declarados probados por un tribunal. Tampoco las personas cuya declaración se solicita como testigos pueden confundirse con quienes aparecen directamente señalados en la querella. Jurídicamente, son planos muy distintos.
El origen del conflicto entre Gayá y Madrid Network
Francisco Gayá estaba detrás de Flightech Systems, una compañía dedicada al desarrollo de aeronaves no tripuladas que llegó a fabricar un avión con capacidad para operar sin contacto humano directo. Era un proyecto tecnológico ambicioso y encajaba, sobre el papel, en aquellos programas que pretendían convertir Madrid en un polo de innovación empresarial.
La operación se enmarca en un convenio suscrito en 2011 entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrid Network. Esta recibió un préstamo de 80 millones de euros derivado de un acuerdo previo entre la Comunidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación para desarrollar la Estrategia Estatal de Innovación. La documentación oficial confirma tanto la cuantía como la obligación de Madrid Network de justificar el empleo de esos fondos.
Flightech obtuvo aproximadamente 1,5 millones de euros. Según la versión incorporada a la querella, Gayá aportó inicialmente garantías personales y patrimoniales bajo la previsión de que serían sustituidas por la garantía del propio avión cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea concediera los permisos necesarios.
Los permisos llegaron. La sustitución de las garantías, sostiene el empresario, no se produjo como esperaba.
Gayá afirma que Madrid Network mantuvo sus garantías personales y añadió además la aeronave como garantía prendaria. El aparato, identificado como EC-LYG, estaba valorado entonces en más de dos millones de euros. La querella describe aquella actuación como un conflicto de intereses y sostiene que se utilizaron poderes de representación otorgados por Flightech y por el propio empresario para intervenir en ambos lados de la relación jurídica.
La trascendencia penal de esa operación, naturalmente, no la decide quien presenta la querella. Tendrá que determinarla la justicia en caso de que la causa continúe.
El 6% que se encuentra en el centro de la denuncia
Otra de las piezas importantes del expediente son las llamadas comisiones del 6%. Su existencia no aparece por primera vez con esta querella. Hace años ya se había informado de que Madrid Network cobraba a determinadas empresas financiadas un porcentaje adicional por servicios relacionados con asesoramiento y gestión.
La nueva acusación añade un matiz sustancial. Según Gayá, el pago del 6% no aparecía inicialmente en el contrato de préstamo, sino que se introducía mediante una adenda posterior, cuando el prestatario había aceptado la financiación y se aproximaba el desembolso del dinero.
Los préstamos podían entregarse en distintos tramos y, de acuerdo con la querella, Madrid Network percibía ese porcentaje bajo conceptos relacionados con servicios y asesoramiento. El escrito sostiene que el conjunto de estas cantidades podría superar los cinco millones de euros. Es la tesis de la acusación, no una conclusión judicial.
La diferencia importa bastante. La existencia de una comisión contractual puede ser discutida desde muchas perspectivas; demostrar que aquella fórmula constituyó fraude, administración desleal, cohecho u otro delito exige algo distinto: prueba suficiente y valoración judicial. Entre una cláusula polémica y una condena penal hay un trecho considerable.
Las facturas que el empresario cuestiona
La ampliación introduce también acusaciones relacionadas con determinadas facturas por servicios. Gayá sostiene que Flightech no recibió algunos de los trabajos reflejados en ellas y cuestiona que Madrid Network tuviera los conocimientos necesarios para prestar ciertos servicios vinculados al negocio aeronáutico.
El empresario interpreta que esos documentos proporcionaban apariencia contractual a determinadas cantidades cobradas por Madrid Network. De nuevo, se trata de una afirmación incluida en la querella. Si el procedimiento sigue adelante, será necesario comprobar qué servicios fueron contratados, cuáles se realizaron realmente, quién los autorizó y qué documentación existe.
El conflicto terminó lejos de la imagen futurista de aquel avión sin piloto con el que había empezado todo. Flightech atravesó graves dificultades financieras y acabó en concurso de acreedores. Gayá relaciona parte de ese desenlace con la actuación de Madrid Network, aunque una eventual relación causal y su alcance también necesitan ser acreditados.
De dónde procedían los 80 millones gestionados por Madrid Network
La historia de Madrid Network arranca en 2007, durante la presidencia autonómica de Esperanza Aguirre. La entidad nació vinculada al impulso de la innovación y a la creación de una red de empresas, centros tecnológicos y otros actores económicos. En aquellos años, la palabra clúster sonaba casi como una contraseña para entrar en el futuro. Después llegaron las facturas, los préstamos fallidos y los juzgados, bastante menos glamourosos.
El 27 de octubre de 2010, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Madrileño de Desarrollo firmaron un convenio para impulsar la Estrategia Estatal de Innovación mediante un préstamo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Tras la desaparición de Imade, la Comunidad de Madrid asumió su posición jurídica y firmó en mayo de 2011 el convenio con Madrid Network por 80 millones de euros.
La asociación debía destinar ese dinero a financiar proyectos empresariales innovadores y justificar su utilización mediante memorias y documentación económica. El esquema incluía mecanismos de seguimiento y control de las actuaciones financiadas.
Parte de aquellos créditos acabó registrando problemas de devolución. La propia Comunidad de Madrid ha reconocido durante años la existencia de cantidades pendientes y litigios relacionados con préstamos concedidos por Madrid Network a distintas empresas. La recuperación del dinero se convirtió así en una historia mucho más larga que el programa que lo originó.
Por qué Gayá pide que intervenga la Fiscalía Europea
Los abogados del empresario solicitan igualmente que el procedimiento sea puesto en conocimiento de la Fiscalía Europea. La querella sostiene que existe una dimensión comunitaria de los recursos investigados y defiende que el asunto debería analizarse también desde esa perspectiva.
La petición no significa que la Fiscalía Europea haya asumido el caso, ni mucho menos que haya confirmado los delitos descritos. Es una solicitud de la parte querellante que deberá recorrer los cauces procesales correspondientes.
El asunto tiene además un obstáculo previo nada menor. La jueza Concepción Jerez acordó el archivo provisional de una querella anterior al considerar que no estaba suficientemente fundamentada y entendió que el conflicto debía discurrir por la vía civil. Gayá ha recurrido ese archivo y trata ahora de sostener que la gestión de fondos públicos da al caso una dimensión penal que exige nuevas diligencias.
Ese choque de interpretaciones constituye, en realidad, la batalla inmediata. Antes de discutir responsabilidades penales hay que resolver si existen indicios suficientes para que la investigación continúe.
Ayuso, Aguirre y otros expresidentes aparecen como testigos solicitados
La ampliación pide numerosas declaraciones testificales. Entre los nombres mencionados aparecen antiguos responsables económicos de la Comunidad de Madrid y varios expresidentes regionales, entre ellos Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso. La solicitud tendrá que ser aceptada o rechazada por el juzgado.
Aquí tampoco conviene saltarse estaciones. Que una parte solicite que alguien declare como testigo no convierte a esa persona en investigada, ni supone que el juzgado haya asumido las afirmaciones contenidas en la querella.
El nombre de Isabel Díaz Ayuso entra también en la historia porque trabajó en el área de comunicación de Madrid Network años antes de presidir la Comunidad. La propia Ayuso ha reconocido públicamente aquel empleo, que describió como un trabajo de redactora relacionado con la web y las notas de prensa de la entidad.
La querella intenta relacionar las comisiones cobradas por Madrid Network con los gastos de funcionamiento de la asociación y con determinados salarios. Es, otra vez, una tesis que deberá ser probada. La pertenencia laboral a una organización, por sí sola, no acredita participación en una conducta delictiva.
El juzgado decide el recorrido de una historia que viene de lejos
El caso Madrid Network concentra varios elementos que explican por qué continúa reapareciendo tantos años después: 80 millones de euros de financiación pública, proyectos empresariales que tuvieron problemas para devolver préstamos, discusiones sobre las garantías exigidas y una larga controversia sobre la documentación generada por la asociación.
Francisco Gayá pretende llevar una parte de esa historia desde el terreno contractual hasta el ámbito penal. Su ampliación atribuye una serie de posibles delitos a Madrid Network y a seis de sus directivos y reclama nuevas diligencias para intentar sostener las acusaciones.
Pero la fotografía procesal sigue siendo más sobria que algunos titulares. Existe un archivo provisional recurrido y corresponde al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid determinar qué recorrido tiene la ampliación, qué diligencias considera pertinentes y si encuentra indicios suficientes para mantener abierta la investigación.
Entre el dinero público y las responsabilidades por demostrar
Madrid Network manejó un préstamo público de gran magnitud destinado a proyectos de innovación y la gestión y recuperación de esos fondos lleva años generando controversias administrativas, políticas y judiciales. Esa parte de la historia está documentada. Lo nuevo es la ofensiva penal emprendida por Francisco Gayá y el alcance que pretende darle.
Las responsabilidades concretas que atribuye a los querellados siguen, sin embargo, pendientes de acreditación judicial. Esa distancia entre una denuncia detallada y unos hechos probados no es un tecnicismo decorativo: es la frontera que separa una acusación de una eventual responsabilidad penal. Y, por ahora, es precisamente ahí donde se encuentra el caso.












