¿Por qué juzgan a Quequé por presunto acoso a Polonia Castellanos?

Héctor de Miguel Martín, conocido como Quequé, tiene fecha para sentarse en el banquillo. El humorista será juzgado el 30 de noviembre de 2026 en Valladolid por un presunto delito de coacciones en su modalidad de acoso contra Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. La vista ha sido señalada por el Tribunal de Instancia, Sección de lo Penal, Plaza número 4 de Valladolid. No existe todavía condena y será el juicio el que determine si los hechos que sostienen las acusaciones tienen relevancia penal.

La Fiscalía solicita dos años de prisión por el presunto delito de acoso y una indemnización de 6.000 euros por perjuicios y daño moral. La acusación particular ejercida por Castellanos va más lejos: pide cuatro años de cárcel, pero no cuatro años únicamente por acoso. Reclama dos por ese delito y otros dos por incitación al odio, junto con una multa de 24 meses y 12.000 euros de indemnización. La diferencia no es un detalle de toga y papel sellado: explica qué se juega realmente Quequé ante el tribunal.

Qué ocurrió entre Quequé y Polonia Castellanos

El origen del enfrentamiento se remonta a las intervenciones de De Miguel en Hora Veintipico, el programa que presentaba en la Cadena SER. El 27 de junio de 2024 realizó un número humorístico sobre Abogados Cristianos en el que habló de dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y utilizó también referencias a sacerdotes que hubieran cometido abusos sexuales. A raíz de aquellas palabras, la organización promovió acciones judiciales contra él.

Después llegó el episodio que está en el centro del procedimiento de Valladolid. Según la acusación, Quequé difundió en antena información de contacto vinculada con Abogados Cristianos y pidió, en tono irónico, que los oyentes se abstuvieran de llamar o de dirigirse a la organización. La tesis acusatoria es precisamente que esa ironía funcionó al revés: como una invitación implícita a hacerlo.

Las más de 1.200 llamadas que sostienen la acusación

Polonia Castellanos sostiene que el resultado fue una avalancha de comunicaciones. Según lo recogido durante el procedimiento, el teléfono de la organización llegó a recibir más de 1.200 llamadas en un solo día, además de correos y contactos a través de redes sociales. La presidenta de Abogados Cristianos ha mantenido que aquella situación alteró gravemente su vida y le hizo temer por su seguridad y la de su familia. Son afirmaciones de la denunciante incorporadas al relato de la acusación y deberán ser examinadas en el juicio.

Ahí está el corazón jurídico del asunto. No se juzga simplemente que un cómico hiciera un chiste desagradable, agresivo o de gusto discutible —categorías en las que los tribunales, por fortuna, no suelen ejercer de críticos de comedia—, sino si su conducta produjo un hostigamiento insistente con consecuencias suficientes para entrar en el Código Penal.

El matiz de decir «no llaméis»

La fórmula empleada tiene una importancia evidente. La defensa puede discutir el significado, el contexto humorístico y la intención de las palabras; las acusaciones sostienen, por el contrario, que el modo en que se presentó el teléfono y la reacción posterior permiten atribuir al comunicador responsabilidad por el hostigamiento. El tribunal tendrá que valorar algo bastante menos sencillo de lo que parece en una captura de redes sociales: contexto, intención, reiteración y efecto real.

El humor dispone de una protección amplia dentro de la libertad de expresión, pero no funciona como una patente de corso. Y tampoco ocurre lo contrario: que una intervención resulte ofensiva, provocadora o de pésimo gusto no la convierte automáticamente en delito. Entre ambas orillas está el Derecho penal, terreno bastante más estrecho que Twitter y, por suerte, algo menos dado al veredicto en treinta segundos.

Por qué la Fiscalía pide dos años de cárcel

El delito de acoso está regulado en el artículo 172 ter del Código Penal. Con carácter general, castiga determinadas conductas insistentes y reiteradas de hostigamiento cuando alteran el desarrollo normal de la vida cotidiana de otra persona. La pena prevista en su modalidad básica puede alcanzar los dos años de prisión.

En el caso de Quequé, el Ministerio Fiscal solicita precisamente dos años de cárcel, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena. Reclama asimismo 6.000 euros de indemnización. La Sociedad Española de Radiodifusión, Cadena SER, figura en el procedimiento como posible responsable civil.

La acusación particular eleva el horizonte penal a cuatro años porque incorpora un segundo delito, el de incitación al odio. Por eso resulta impreciso decir, sin más, que Quequé se enfrenta a cuatro años «por acoso». Los cuatro años corresponden a la suma de dos peticiones de dos años por figuras penales diferentes.

También se fijó una fianza de 8.000 euros para asegurar las eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso. Esa fianza no supone una declaración de culpabilidad ni constituye una multa anticipada; cumple una función cautelar dentro del procedimiento.

El otro caso sobre el Valle de los Caídos no es este juicio

La maraña judicial invita a mezclar expedientes, y conviene separar los cables. Abogados Cristianos también había actuado contra Quequé por aquellas declaraciones de junio de 2024 relativas al Valle de los Caídos y a sacerdotes pederastas. Esa causa, seguida en Madrid por un presunto delito de odio, fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2025, que no apreció delito en aquellas intervenciones.

El procedimiento que llegará a juicio el 30 de noviembre en Valladolid es distinto. Su núcleo no está únicamente en la primera broma, sino en lo ocurrido después: la difusión de los datos de contacto, el llamamiento realizado durante el programa y la oleada de comunicaciones que, según Castellanos, vino a continuación. Es ahí donde las acusaciones sitúan el presunto acoso.

La distinción resulta esencial. Que una causa anterior terminara archivada no prejuzga esta, del mismo modo que la apertura del juicio oral de Valladolid tampoco significa que De Miguel sea culpable. La presunción de inocencia no es un adorno ceremonial que se coloca antes del nombre del acusado; continúa intacta hasta que exista, en su caso, una sentencia condenatoria firme.

Qué tendrá que decidir el tribunal el 30 de noviembre

El proceso deberá determinar si las actuaciones atribuidas a Quequé reúnen los requisitos exigidos para constituir acoso penalmente relevante y si puede establecerse una relación suficiente entre su intervención y el hostigamiento denunciado. También deberá resolver la acusación adicional de incitación al odio planteada por la representación de Castellanos.

No bastará, por tanto, con decidir si hubo una broma, si fue brutal o si hizo gracia. El debate judicial será más preciso: hasta dónde llega la libertad de expresión humorística cuando una persona concreta queda identificada ante una audiencia y qué responsabilidad puede derivarse cuando cientos de terceros reaccionan después. Una frontera incómoda, sí, pero precisamente para eso existen los tribunales: para aplicar tipos penales y valorar pruebas, no para medir aplausos.

El señalamiento del 30 de noviembre convierte una disputa que lleva más de dos años saltando entre estudios de radio, redes sociales y juzgados en un juicio propiamente dicho. Allí tendrán que probarse las acusaciones y escucharse la defensa. Hasta entonces hay peticiones de pena, indicios apreciados durante la instrucción y versiones enfrentadas. Sentencia, todavía no.

Un juicio sobre algo más que un chiste

El caso de Quequé y Polonia Castellanos concentra una discusión especialmente áspera de estos años: la frontera entre provocación, sátira y responsabilidad por las consecuencias que puede desencadenar un altavoz masivo. La libertad de expresión protege precisamente discursos que molestan —proteger únicamente aquello que nadie discute sería una libertad bastante barata—, pero el ordenamiento también protege a las personas frente a determinadas formas de acoso y hostigamiento.

El 30 de noviembre el tribunal tendrá que decidir dónde quedó, en este caso concreto, esa frontera. Fiscalía pide dos años; la acusación particular, cuatro al sumar acoso e incitación al odio. Quequé llega al juicio como acusado, no como condenado. Entre una palabra y otra hay todo un proceso penal. Y no es poca cosa.