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¿Qué hay tras Vida Nueva, el centro de Ciriza bajo sospecha?
Denuncias de exinternas sitúan a Vida Nueva en el foco: control, trabajos sin cobrar, exorcismos, fondos públicos y derivaciones en Navarra.

Denuncias de exinternas sitúan a Vida Nueva en el foco: control, trabajos sin cobrar, exorcismos, fondos públicos y derivaciones en Navarra.
La historia estalla en Navarra con un nombre que suena a promesa limpia y, sin embargo, deja un reguero turbio: Vida Nueva, un centro religioso de rehabilitación ubicado en Ciriza, señalado por antiguas internas por control coercitivo, trabajos sin cobrar, encierros y rituales de “liberación” que, según los testimonios, buscaban “adecentar” a mujeres jóvenes a base de obediencia y culpa. La denuncia pública ha crecido en cuestión de horas porque no se trata de un lugar marginal y aislado del sistema: aparece vinculado a derivaciones desde recursos públicos y, además, figura como receptor de dinero público.
Lo que hoy se sabe, con nombres y detalles concretos, mezcla dos planos que incomodan por igual: por un lado, relatos de mujeres —con identidades protegidas en las investigaciones— que describen aislamiento (“el primer mes no se habla con la familia”), vigilancia constante mediante una “sombra”, castigos por “desobediencia” y presiones para encajar en un molde de feminidad “recatada”; por otro, la realidad administrativa de un centro que, según los reportajes, cobra cuotas, mantiene acuerdos de limpieza con negocios y acumula subvenciones, mientras su entorno defiende que todo forma parte de una reinserción y que las acusaciones son falsas o exageradas.
La tormenta Vida Nueva: por qué salta a portada
El foco no se enciende por un rumor vago, sino por un paquete de acusaciones muy específicas: antiguas internas hablan de sótanos, de jornadas enteras fregando como castigo, de órdenes que se cuelan en lo íntimo —cómo vestir, cómo bajar la cabeza al cruzarte con una responsable— y de una pedagogía que etiqueta a chicas como “problemáticas” y luego les ofrece una salida estrecha, casi en forma de embudo. En esa narrativa, el centro aparece como una “casa de obediencia” y la rehabilitación se confunde con disciplina religiosa, con premios y sanciones, con una jerarquía que no se discute.
Hay nombres propios que explican por qué el caso se amplifica: el matrimonio formado por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés figura como fundador del proyecto, y el reportaje sitúa el origen del primer centro de rehabilitación en 1985 en Ibero, antes del traslado a Ciriza, bajo el paraguas de la Asociación Cristiana Vida Nueva. Esa cronología importa porque construye una sensación de permanencia, de “llevar toda la vida ahí”, un argumento que también usa el entorno del centro cuando habla de su trayectoria y de que “les conocen” en distintos lugares.
Y luego está el elemento que convierte una polémica local en un debate nacional: la conexión con el circuito público. Las investigaciones recogen que el Departamento de Salud navarro niega un “concierto” formal, pero desde un área de admisión a Salud Mental se reconoce que existen derivaciones para “perfiles específicos”, aunque el pago lo asumiría la persona usuaria al no haber concierto. En paralelo, desde Derechos Sociales se admite que, en algunos casos, Servicios Sociales de Base han orientado a personas hacia ese recurso. Ese “sí, pero no” institucional es gasolina: el centro no está en una burbuja, roza la estructura pública, y eso dispara la pregunta de quién mira, cómo se mira y con qué herramientas.
Así arranca el engranaje: entrada, silencio y “sombra”
Uno de los patrones más repetidos en los testimonios es la entrada en situación de vulnerabilidad: consumo de sustancias, crisis psicológicas, trastornos alimentarios, duelos, violencia en casa, adolescencias rotas a golpes pequeños —y alguno grande—. En el reportaje, una mujer identificada como Mónica cuenta que llegó tras un brote psicótico y un entorno familiar que ya la había etiquetado; otras, como Sheila, Cristina, Laura o Tamara, aparecen asociadas a conflictos familiares, depresión en el hogar o una mezcla de adolescencia difícil y moral rígida en casa. El punto no es la biografía exacta, sino el momento: cuando alguien está sin suelo, cualquier promesa de orden suena a tabla de salvación.
La primera fase que describen varias exinternas se parece más a un apagón que a una bienvenida: corte de comunicaciones, retirada de pertenencias y un sistema de control permanente. En el reportaje aparece la figura de la “sombra”, una mujer del centro que acompaña a la interna “en todo momento” para evitar contactos, vigilar obediencia y asegurarse de que se cumplen tareas; en el caso de Mónica, esa vigilancia habría durado tres años. La palabra “sombra” no es casual: sugiere presencia pegada a la piel, como una segunda silueta que te sigue incluso cuando no quieres ser vista.
Los castigos, según esas versiones, llegan pronto y por motivos amplios: desde soltar una palabrota hasta reconocer una masturbación o expresar que se quiere salir. Se habla de fregar durante días, de encierros en biblioteca o en sótano, incluso “sin comida”, durante horas o varios días, y de un clima verbal en el que se repite que fuera espera el psiquiátrico, la cama atada, el desastre. Ahí aparece una idea clave para entender la polémica: la obediencia no se presenta como un medio, sino como el fin; no como herramienta terapéutica, sino como identidad.
Rituales, culpa y la idea de “mujer decente”
En el centro del escándalo está la acusación de prácticas que, en lenguaje llano, suenan a terapia de conversión envuelta en religión. En la investigación se relata una llamada realizada como posible paciente, en la que una responsable identificada como Stella Montes respondería afirmativamente ante la posibilidad de “dejar de gustarle” las mujeres, y donde la bisexualidad se presentaría como “punta del iceberg” de hábitos de rebeldía o pornografía. La propia descripción del lugar como “vivir el evangelio” aparece como núcleo del método, y ahí el debate se vuelve áspero: cuando la intervención se basa en doctrina, ¿dónde acaba la libertad de credo y dónde empieza el daño si hay coerción?
Los testimonios también fijan el cuerpo como territorio de control: ropa “femenina pero recatada”, prendas tiradas el primer día, minifaldas convertidas en pecado textil, y una insistencia en que la “decencia” pasa por el hogar, la sumisión y un tipo de mujer muy concreto. En el reportaje, Tamara recuerda que le hicieron deshacerse de su ropa por “no decente”; y, en paralelo, se describe un discurso que liga la rehabilitación a un retorno a roles tradicionales, como limpiar, obedecer y ser “sumisa”. No es una discusión abstracta de valores: es, según esas versiones, una disciplina aplicada en la rutina, en la tela, en la postura.
El capítulo de los exorcismos —o “imposición de manos”, según se explica— es otra chispa. Un psicólogo especializado en sectas, Miguel Perlado, detalla en el reportaje cómo estos rituales pueden funcionar como herramienta de culpa y miedo en comunidades de alto control, incluso sin la estética cinematográfica del exorcismo clásico. Y una exinterna describe “grados” del rito: manos sobre el cuerpo, oraciones, hablar “en lenguas”, golpes en la frente hasta caer al suelo. Presentado así, el ritual ya no es un gesto simbólico: es una escena física, con contacto, caída y una narrativa de demonios que se incrustan en la identidad.
En esa lógica, el matrimonio aparece como salida y amenaza a la vez, otro de los ejes que elevan la polémica. Varias víctimas sostienen que se promovían “matrimonios pactados” con hombres del entorno del culto o internos de la parte masculina, y que casarse podía funcionar como vía para obtener el “alta” y empezar una vida fuera. El mecanismo descrito es casi burocrático, pero con liturgia: el hombre pide permiso al pastor, se “ora”, y luego se autoriza el acercamiento; si la mujer duda, se interpreta como pérdida de visión o cuestionamiento de Dios, y se sugiere que sin boda no hay salida. En el relato, una de las mujeres planifica su huida precisamente cuando la presión del matrimonio se vuelve insoportable.
Dinero, trabajo y derivaciones: el punto sensible
El dinero es el nervio que hace que todo duela más. La investigación cifra, solo en 2025, al menos 105.150 euros del Ministerio de Trabajo (procedentes de fondos europeos, según se detalla), 12.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y 55.000 euros del Gobierno de Navarra, una suma que ronda los 172.000 euros. El centro, además, cobraría cuotas mensuales —200 euros por adulto, 300 en el caso de madre con hijo menor—, según se recoge en el reportaje. Con esa foto, la controversia deja de ser solo moral o religiosa y se convierte en política: qué se financia, con qué controles, y qué se sabía antes de que ardiera el asunto.
A esa tensión se añade un detalle administrativo que no suele saltar al gran público, pero aquí pesa: en el portal de transparencia de Gobierno Abierto de Navarra aparece la entidad con “motivo de declaración: Mecenazgo”, y con documentos publicados —composición de órganos, retribuciones, cuentas anuales— bajo una ventana temporal indicada entre 13 de agosto de 2025 y 13 de agosto de 2026. No prueba nada por sí solo, pero explica por qué el caso está en boca de todos: hay huella documental institucional, hay papeles, hay rastro.
Subvenciones y cuota mensual
En paralelo al debate del dinero público, el asunto de las derivaciones vuelve como un eco incómodo. El reportaje recoge que el centro afirma coordinarse con un centro de salud mental de referencia —se menciona Buztintxuri— y recibir derivaciones desde urgencias de psiquiatría y hospitales, incluso de otras comunidades. Por parte institucional, se insiste en la ausencia de “concierto”, pero se admite que hay profesionales que piden plazas para ciertos perfiles, con pago a cargo del usuario. Y en la propia memoria anual del centro, citada en la investigación, se apunta que en 2024 se atendieron 134 personas, con 13 solicitudes desde servicios sociales públicos y 15 desde centros sanitarios públicos, un porcentaje cercano al 21% de entradas procedentes de instituciones públicas. El dato, puesto negro sobre blanco, explica la conversación en Navarra: no es “un sitio al que va quien quiere y ya”, sino un recurso al que se llega también por la vía pública.
Limpiezas externas, nóminas y el uso del trabajo como “terapia”
La segunda gran carga explosiva es el trabajo. Varias mujeres denuncian que la rehabilitación se traducía en limpiar sin cobrar, tanto dentro como fuera del centro, en portales, clínicas dentales, hostales u otros negocios, con jornadas que una de ellas eleva a ocho o incluso diez horas al día. En la investigación se recogen testimonios de personas vinculadas a negocios que reconocen acuerdos con Vida Nueva y pagos al centro por el servicio, mientras aseguran desconocer las condiciones denunciadas. Se menciona también que una persona identificada como Pilar Montes habría ofrecido servicios de limpieza a un negocio de hostelería y que la factura iba al centro, no a las internas. El centro, por su parte, sostiene que las limpiezas externas forman parte de “actividades ocupacionales” para la reinserción y que son voluntarias. Ahí está el choque: trabajo como terapia frente a trabajo como explotación.
En el mismo ecosistema aparece otra pieza que añade sombra: una víctima denuncia que, cuando tuvo empleos remunerados, habría tenido que entregar parte de su nómina al centro; la investigación entra en un laberinto bancario y fiscal donde se menciona a Caixabank, un modelo informativo a Hacienda y una cuenta vinculada a una sucursal de Ororbia, además de retiradas de efectivo que, según el relato, acababan entregándose al centro. No es un detalle menor porque, si se confirmara, ya no hablaríamos de limpieza “voluntaria”, sino de control económico sobre el salario. El centro niega apropiación de nóminas y afirma que los pagos llegan directamente a la cuenta del trabajador.
Y, como si faltara un último giro, el reportaje también recoge antecedentes de intrusismo en el entorno: se menciona que Lola Montes fue condenada en 2013 por hacerse pasar por optometrista sin la titulación, con sentencia ratificada por la Audiencia Provincial navarra. Además, se señala que el centro sanitario asociado —registrado como centro polivalente— publicitaría una “especialidad en psicología clínica” sin contar con una psicóloga clínica habilitada, y que la responsable sería una médica; desde el Consejo General de Psicología se explica qué requisitos habilitan para ejercer psicología clínica y se cuestiona que un máster privado baste para ello. Son piezas distintas, pero todas empujan en la misma dirección: la discusión sobre qué control hay sobre actividades que se presentan como sanitarias o terapéuticas.
La versión de Vida Nueva y el choque con el control público
En medio de la marejada, el centro mantiene una línea de defensa clara: niega “tajantemente” las acusaciones, insiste en que su objetivo es la reinserción y admite la existencia de medidas disciplinarias, pero las presenta como no abusivas, incluso como parte de la ayuda. En , el portavoz identificado como Bernabé Blanco sostiene que las internas trabajan como voluntarias o reciben salario, y que las normas buscan ordenar un proceso por fases. Ese discurso no es anecdótico: es el punto donde el caso se vuelve institucional, porque si la disciplina se considera herramienta terapéutica, entonces la pregunta se desplaza a quién pone el límite, quién lo revisa, quién escucha a quien sale del centro diciendo lo contrario.
La controversia también se alimenta del contraste entre lo que se muestra y lo que se denuncia. Por ejemplo, en otro reportaje se menciona el caso de Daniel Lucía, ex Míster Navarra 2005, condenado en 2021 por delitos vinculados a la intimidad y a menores, que habría pasado por el centro al menos un año, según una fuente del proceso; se describe que habría llegado a través de su entorno y que Josué Nasarre le acompañó durante el procedimiento judicial. La pieza añade un elemento simbólico potente: una boda oficiada por Luis Nasarre en 2025, con un discurso religioso centrado en la sujeción conyugal y promesas de obediencia. Que ese episodio exista —y que se conecte con denuncias de “matrimonios pactados”— multiplica el interés mediático y endurece el debate: no es solo un centro de rehabilitación, es una comunidad con ritos, jerarquías y una visión del género muy marcada.
En este punto, el caso queda atrapado entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Por un lado, testimonios con escenas concretas —sombras, sótanos, culpa sexual, imposición de manos, presión para casarse, limpiezas externas— y con la idea de que el cariño inicial sirve para abrir la intimidad y luego usarla como palanca, algo que los expertos consultados describen como dinámicas típicas de comunidades de alto control. Por otro, una defensa cerrada que habla de voluntariedad, reinserción y disciplina “no abusiva”, y un marco administrativo donde no hay concierto formal, pero sí orientaciones y derivaciones, más subvenciones y transparencia pública de la entidad. Esa mezcla —religión, salud mental, dinero público, denuncias graves— explica por qué se habla tanto de Vida Nueva: no es un caso que se pueda encerrar en una sola palabra sin que otra palabra, enseguida, la contradiga.












