Qué es el Cartel de los Soles: ¿realmente controla Venezuela?

El Cartel de los Soles expone cómo redes corruptas y militares condicionan el poder en Venezuela y afectan a toda la región.

Quienes sostienen la visión “cártel” la resumen con una idea potente: altos cargos —militares y civiles— habrían usado capacidades del Estado para facilitar la salida de toneladas de cocaína, con cooperación de grupos armados colombianos y con beneficios directos en dinero y control territorial. No es una ocurrencia aislada: acusaciones formales, recompensas, delaciones y sentencias han dibujado con los años una estructura supuestamente jerárquica. Esta lectura explica el lenguaje más duro de 2025: si el entramado existe como organización, se le sanciona como organización y se le nombra como un actor que amenaza la seguridad regional.

La lectura “red de corrupción” se apoya en el trabajo de campo y en la lógica de cómo opera la economía ilícita cuando permea al Estado: no hace falta un cártel centralizado si baronías locales —comandantes de zona, jefes de aduana, enlaces en puertos o aeródromos— venden servicios a los traficantes. Servicios de protección, escoltas, combustible, sellos, información. El precio cambia con el riesgo, con el nombre del funcionario, con la presión internacional. Aquí la ideología vale poco; lo que manda es la renta. En ese ecosistema, el Estado no desaparece: se ofrece a trozos. Y cuando esas piezas se sincronizan, aunque sea por períodos cortos, parece un cártel. Ojo: parece.

La zona gris donde conviven ambas miradas

Las dos descripciones no se excluyen. Es perfectamente posible que determinados momentos hayan tenido coordinación desde arriba, y que el día a día funcione como mercado de protecciones y silencios. El punto clave —y que la política aprovecha— es qué narrativa pesa cuando se diseñan sanciones y se mueven barcos. La etiqueta elegida no es inocente: condiciona qué instrumentos usan los Estados y qué riesgos asumen las sociedades que están en medio.

Casos, piezas y nombres propios

Los últimos quince años han dejado un reguero de expedientes con nombres que el público español reconoce. Exgenerales que se entregan y colaboran con la justicia estadounidense; exjefes de inteligencia que admiten participación en tramas de narcotráfico; exministros y exresponsables de la lucha antidroga señalados por facilitar operaciones; exvicepresidentes sancionados bajo la Kingpin Act. Cada pieza, por sí sola, no prueba un organigrama único. Juntas, muestran un patrón: captura institucional alrededor de puertos, aeropuertos, aduanas, bases aéreas, empresas públicas y zonas mineras donde la línea entre autoridad y delito se desdibuja.

La cronología judicial es desigual, con periodos de silencio y picos de actividad que suelen coincidir con momentos políticos. Hay delaciones que dibujan rutas, mensajes que iluminan calendarios de vuelos, notas que revelan quién daba el visto bueno y por cuánto. No faltan contradicciones y, en ocasiones, leyendas que corren más rápido que la evidencia. Pero el corpus de documentos, testimonios y sanciones apunta siempre a lo mismo: no estamos ante operativos desconectados, sino frente a una economía de favores con nodos en el aparato estatal.

Cómo se mueve la cocaína desde Venezuela hoy

Para entender el peso del fenómeno hay que salir del expediente y mirar los mapas. En los últimos años, con producción de cocaína en máximos y Europa convertida en un gran mercado, Venezuela ha operado sobre todo como corredor. Los cargamentos que vienen de Colombia se concentran en estados fronterizos y en el eje costero, desde donde saltan hacia el Caribe y el Atlántico. Las lanchas rápidas y los barcos nodriza siguen siendo el caballo de batalla; los vuelos clandestinos a islas de tránsito aparecen y desaparecen; en temporadas hay narcosubmarinos artesanales. Cuando un puerto europeo endurece controles, los envíos giran a otro; cuando Canarias levanta el perfil, las narcolanchas cambian de punto de entrega o de proveedor. Es un juego de sombras.

España entra en la foto por doble vía. Por un lado, como puerta natural de rutas atlánticas y caribeñas que buscan infraestructuras y idioma; por otro, como plataforma logística que conecta con centros de distribución en el Benelux. De tanto en tanto cae un contenedor contaminado, aparece una go-fast frente a Cádiz o Huelva, salta un alarma en Valencia o Barcelona. Los golpes afectan a métodos y trayectorias, pero la elasticidad del negocio —con precios, riesgos y seguros ajustándose casi en tiempo real— empuja a una búsqueda constante de nuevos corredores. En ese ajuste fino, la connivencia de funcionarios que “abren” o “cierran” compuertas marca la diferencia.

Puertos, aeropuertos y cielos caribeños

Cuando se habla de Venezuela, se piensa en pistas clandestinas y muelles secundarios. Cierto. Pero el valor añadido ha estado muchas veces en documentos, precintos, escáneres y turnos. La logística moderna depende menos del coyote romántico y más del papel timbrado y del código de contenedor que alguien introduce en el sistema. Ese “alguien” suele vestir uniforme o tener una tarjeta oficial. Aquí el Cartel de los Soles —como metáfora de esa connivencia— adquiere su sentido práctico: no es tanto el fusil como la firma. Y por eso, cuando ruedan cabezas o cambian equilibrios internos, las rutas tiemblan.

Europa en el espejo

Mientras Amberes, Róterdam y otros puertos europeos se atrincheran, el negocio deriva parte del riesgo hacia naves “fantasma” que alimentan narcolanchas en alta mar. Canarias, con su posición estratégica y su malla de vigilancia cada vez más fina, nota esa presión. Las mafias prueban, fallan, vuelven a probar. En el centro de esa dinámica, la pregunta es casi contable: ¿Cuánto cuesta mantener la protección en origen y cuánto ahorra en destino? Si la respuesta es “mucho”, el incentivo para corromper a funcionarios en la salida sigue intacto.

Minería, oro y nuevas rentas ilegales

El tráfico de cocaína no es el único motor. En el Arco Minero del Orinoco y áreas colindantes, minería ilegal de oro, coltán y otros minerales ha engordado una economía de rentas que mezcla grupos armados, empresas de papel, mafias locales y mediadores oficiales. Allí, los testimonios repiten el mismo guion: permisos informales, gasolina subsidiada que aparece donde no debería, “seguridad” a cambio de porcentajes, desplazamientos cuando alguien se resiste. El resultado es una caja paralela que financia lealtades y compra silencio. Si el lector busca un cemento entre drogas y minería, aquí lo tiene: la capacidad del Estado para ordenar o desordenar el territorio a cambio de renta.

No todo pasa por oro físico. La intermediación —quién compra, quién certifica, quién exporta a través de terceros países— importa tanto como la retroexcavadora. Y de nuevo, funcionarios con firma y sellos son activos muy cotizados. En términos políticos, el Arco Minero se convirtió en zona de excepción donde las reglas se interpretan con amplitud. En términos sociales, comunidades indígenas y mineras pagan el costo con violencia, contaminación y salidas forzadas. Todo demasiado reconocible para cualquiera que haya cubierto economías extractivas sin Estado o con Estado capturado.

2025: la etiqueta salta a la diplomacia

Este año trae un cambio que no es menor: la etiqueta “Cartel de los Soles” entra de lleno en el lenguaje diplomático. Estados Unidos la asocia públicamente con la cúpula del poder en Caracas y la vincula con redes criminales regionales. Ecuador adopta su propia clasificación, otros debaten pasos similares, los bancos revisan riesgos reputacionales y cumplimientos, aseguradoras recalculan. La nomenclatura importa porque desbloquea herramientas: desde sanciones y procesos de decomiso hasta cooperación judicial acelerada. En paralelo, el Caribe vuelve a ver buques y aviones en ejercicios antidrogas que todos niegan leer como señales —pero lo son, claro que lo son—.

Caracas responde con el guion conocido: denuncia una “invención” destinada a justificar sanciones y presión exterior, presenta operativos antidroga y ajusta posiciones en la frontera. La propaganda oficial niega la categoría, no siempre los hechos. La sociedad venezolana navega entre las dos cosas: narra su vida cotidiana en controles, alcabalas y trámites donde la mordida nunca estuvo tan cara, y mira cómo la macro-política se discute lejos, en foros que rara vez aterrizan en servicios públicos o salarios.

El vínculo con el Tren de Aragua

El Tren de Aragua (TdA) es otra sigla que ya no necesita explicación en América Latina. Nacido en cárceles venezolanas y extendido por Sudamérica con un portafolio criminal que va de la extorsión a la trata, el grupo se ha convertido en actor regional. En 2025, gobiernos y fiscalías lo catalogan con términos cada vez más duros y perfeccionan su persecución. ¿Qué tiene que ver el TdA con el Cartel de los Soles? Oficialmente, “facilitaciones”: funcionarios que miraron a otro lado, protecciones puntuales, negocios donde intereses se tocan. En términos analíticos, coexistencia y connivencia. Dirección unificada desde arriba, como regla general, no. Choques y pactos locales, sí. La fotografía cambia por barrio y por mes.

El alcance del TdA también ilustra una verdad incómoda: cuando el Estado pierde control efectivo de prisiones, fronteras o policías locales, las bandas no solo llenan vacíos; exportan su modelo. Y cuando ese ecosistema coincide con tironeos de funcionarios que cobran por suavizar controles, el espacio entre delito común y crimen organizado transnacional desaparece. Otra vez la firma pesa más que el fusil.

¿Controla Venezuela?

La tentación de responder con un sí o un no es comprensible, pero engaña. Hay tres planos que ayudan a no equivocarse. En el plano judicial, lo que ya está escrito en sentencias y acuerdos de culpabilidad demuestra que altos mandos y exaltos cargos participaron en alianzas con redes de narcotráfico y vendieron capacidades del Estado. No es rumor; es historial. En el terreno, lo que vemos es una red difusa de cobros, permisos y blindajes que no responde a una cúpula única, sino a feudos y lealtades de coyuntura. Cuando cambia el jefe de zona, cambian las reglas. En el plano diplomático, la etiqueta “Cartel de los Soles” —convertida en lenguaje oficial— sirve para alinear políticas y tensar relaciones, y no siempre para describir con precisión la ecología del delito.

Entonces, ¿controla o no controla? Lo que controla es la puerta. Y controlar la puerta —quién entra, quién sale, qué se escanea y qué pasa directo, qué se firma y qué se pierde “misteriosamente”— basta para inclinar mercados, sostener lealtades y financiar poder. No gobierna la totalidad del Estado venezolano como una hydra ordenada; penetra el Estado lo suficiente como para obtener renta, negociar impunidad y condicionar territorios. Eso, a efectos de seguridad regional, es muchísimo.

Lo que cambió en 2025 (y por qué debería importarte)

Este año se endurece el lenguaje y se multiplican las consecuencias prácticas: banca más cauta, operadores logísticos más nerviosos, cooperaciones judiciales más rápidas. En el lado oscuro del tablero, el negocio se adapta: sube el precio de la corrupción en origen, aparecen rutas más largas y tecnificadas, Europa ajusta su inteligencia portuaria y Canarias aguanta con sensores y patrullas un juego del gato y el ratón que no se detiene. Los grandes volúmenes no desaparecen de un día para otro: migran. Lo que sí cambia —y cambia de verdad— es la exposición de las piezas del Estado capturado: ya no es barato ni discreto vender un sello o hacer vista gorda. Hay nombres y rostros en expedientes, hay carreras que acaban mal, hay haberes que se congelan en segundos.

En paralelo, la minería ilegal se consolida como segunda pata del sistema. El dinero que genera no levanta los escáneres de aduanas europeas, pero lubrica la misma maquinaria de favores. De ahí que funcionarios y mandos que aprendieron a cobrar peajes a la cocaína trasladen esa lógica a oro y coltán. Mismo manual, otra mercancía. Con una diferencia: el daño social en la Amazonia venezolana se queda; no cruza el Atlántico en contenedor. Y esa factura —desplazamientos, contaminación, violencia— no tiene aduana que la pare.

Un par de cosas que conviene no olvidar

Negar el Cartel de los Soles porque no encaja en un organigrama perfecto es autoengaño. Inflarlo hasta convertirlo en un Estado paralelo que gobierna todo, también. Las investigaciones serias, las resoluciones judiciales y el trabajo sobre el terreno dibujan algo más áspero: captura parcial del Estado por redes militares-políticas-criminales que cambian con la coyuntura y con el precio del riesgo. Eso existe. Eso altera la seguridad en la región. Eso explica por qué España —por geografía, por puertos, por idioma— no puede observar el fenómeno como si fuese un drama ajeno al otro lado del Atlántico.

El reto para las políticas públicas no es declamar etiquetas, que ya están en los comunicados, sino perforar la economía de la protección. Traducido: menos espectáculo y más quirófano. Investigar patrones de firma, circuitos de combustible, contraseñas de precintos, empresas pantalla que aparecen en zonas mineras y senderos financieros que, tarde o temprano, tocan bancos con presencia europea. No hace falta militarizarlo todo para castigar a quien vende el Estado al mejor postor. Hace falta persistencia y cooperación sin fuegos artificiales.

Lo que realmente está en juego

Si el Cartel de los Soles fuese un cártel clásico, bastaría con decapitar. Pero no lo es. Si fuese solo un invento propagandístico, bastaría con ignorar. Tampoco. Lo que tenemos es una forma de criminalidad que vive de instituciones porosas y rentas públicas privatizadas, y que en 2025 se encuentra más expuesta que nunca por el foco internacional y por sus propios excesos. ¿Controla Venezuela? Controla decisiones que importan: la del funcionario que sella o retiene, la del militar que deja despegar o apaga el radar, la del jefe que desplaza a una comunidad minera o la protege por una mordida. Ese control no gobierna todo, pero suma poder real.

El desenlace —si lo hay— dependerá de algo prosaico: si el Estado recupera la puerta. No es épico, no suena a película. Es administración, salarios dignos, controles internos, cooperación técnica y un mensaje que cale de verdad en quienes tienen un sello entre los dedos: venderlo sale caro y ya casi nunca sale bien. Entre tanto, es útil llamar a las cosas por su nombre: no un monstruo de una sola cabeza, no una leyenda urbana. Una red estatal corrupta con capacidad para inclinar mercados y torcer derechos. Y eso, dicho sin épica, sí es poder.

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, ABC, La Vanguardia, El Mundo.