Mazón en el Congreso: su versión de la DANA y las incógnitas

Carlos Mazón defendió en la comisión de investigación del Congreso que no tuvo un papel operativo en la emergencia de la DANA, que actuó con la información que recibió y que la decisión de enviar el ES-Alert no dependía de él. También sostuvo que a las 19.43 del 29 de octubre de 2024 no sabía que había personas ahogándose y atribuyó a la falta de información sobre los caudales parte de la respuesta tardía. La comparecencia no cerró las preguntas sobre su actuación: dejó en primer plano el horario de su comida en El Ventorro, las llamadas de la entonces consellera Salomé Pradas y el momento en que se conoció la gravedad de la riada.

La sesión duró casi cuatro horas y enfrentó dos relatos que siguen en disputa. Mazón presentó su dimisión como la mayor asunción de responsabilidad política posible y rechazó que estuviera ausente; los diputados de la oposición le reprocharon que no concretara datos clave y que desviara responsabilidades hacia la Administración central. Fuera del Congreso, familiares de víctimas y allegados protestaron contra su gestión. La comisión es un foro político, no un juicio, pero sus respuestas se cruzan con una investigación judicial que examina la cadena de decisiones y comunicaciones de aquella tarde.

La defensa de Mazón: sin mando operativo y con información insuficiente

El argumento central del expresident en funciones fue que el president no debía dar instrucciones técnicas a los equipos de emergencia y que las decisiones operativas correspondían a los responsables del Cecopi y a los mandos especializados. Según su relato, su cometido era mantenerse informado y asumir después las consecuencias políticas, no decidir cuándo activar cada medida. Por eso insistió en que su presencia física en el centro de coordinación no habría cambiado el desenlace si no recibía datos más precisos sobre la situación.

Mazón vinculó esa defensa a lo que describió como un apagón informativo sobre el barranco del Poyo. Afirmó que había información sobre lluvias, pero no sobre la dimensión de los caudales, y sostuvo que la Generalitat no conoció a tiempo la gravedad de la crecida. Ante los diputados, volvió a cuestionar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de otros organismos estatales. Su explicación separa los avisos meteorológicos de la información hidrológica: para él, saber que llovía con intensidad no equivalía a conocer el peligro inmediato de una riada en las zonas afectadas.

En esa misma línea, aseguró que no se le pidió autorización para emitir el ES-Alert, el aviso masivo enviado a los móviles de la población, y que la decisión se tomó cuando los responsables operativos consideraron que correspondía. La exconsellera Pradas, según la versión de Mazón, tampoco le solicitó el visto bueno. El president en funciones negó que su papel fuera decisivo en la activación del mensaje y rechazó que la alerta dependiera de una orden suya. Ese deslinde de responsabilidades fue uno de los puntos más discutidos, porque los diputados le preguntaron tanto por la cadena de mando como por las comunicaciones previas a la alerta.

El recorrido de aquella tarde y las llamadas sin respuesta

Buena parte del interrogatorio se concentró en dónde estuvo Mazón entre la comida en El Ventorro y su llegada al Cecopi. El propio compareciente confirmó que almorzó con la periodista Maribel Vilaplana y dijo que después se dirigió al Palau de la Generalitat y, más tarde, al centro de coordinación. Sin embargo, no ofreció una reconstrucción minuciosa de todos los desplazamientos ni precisó cada tramo horario. Los diputados le insistieron en que esa cronología importa porque, mientras avanzaba la tarde, las inundaciones ya afectaban a distintos municipios valencianos.

Las llamadas de Pradas fueron otro foco de presión. Mazón reconoció que pudo no escuchar alguna porque caminaba y llevaba el móvil en la mochila, o porque estaba hablando con otras personas. En concreto, al ser preguntado por llamadas de las 19.10 y las 19.36, ofreció esa explicación y señaló que devolvió una llamada a las 19.43. También rechazó que no responder a una comunicación significara estar incomunicado y sostuvo que había realizado numerosas llamadas durante la jornada, aunque no detalló en la comisión cuántas hizo desde el restaurante.

La falta de una respuesta más precisa dejó abierto el tramo que los grupos parlamentarios consideraron decisivo. Mazón dijo que no recordaba todos los detalles y defendió que su itinerario era conocido, pero evitó revisar en ese momento su teléfono para comprobar los mensajes intercambiados con Pradas. En otro pasaje sostuvo que había estado pendiente de la emergencia y que se comunicó con su equipo. El interrogatorio no aclaró quién habló con él en cada momento ni qué información concreta recibió, dos aspectos que ayudan a entender por qué las llamadas no atendidas se han convertido en una pieza central del debate.

Qué afirmó sobre la hora crítica y el conocimiento de las víctimas

Al responder a preguntas de diputados de Compromís y ERC, Mazón sostuvo que a las 19.43 no sabía que había personas ahogándose y afirmó que la existencia de víctimas mortales no se conoció hasta bien entrada la madrugada, incluso situando ese conocimiento alrededor de las cinco de la mañana. Esa afirmación fue cuestionada en la comisión por parlamentarios que recordaron que la emergencia ya había generado avisos y llamadas de auxilio durante la tarde. El presidente en funciones mantuvo que no se le había transmitido a tiempo la magnitud de lo ocurrido.

La discusión no se limitó a las horas exactas. También enfrentó dos maneras de definir qué información era suficiente para actuar. Mazón distinguió entre las previsiones de lluvia y los datos sobre el aumento de los caudales; sus críticos le reprocharon que hubiera mantenido su agenda y que no reaccionara ante el conjunto de señales disponibles. En la sesión, los diputados citaron avisos de AEMET, noticias publicadas y comunicaciones que, a su juicio, mostraban que el riesgo era conocido. El desacuerdo de fondo es si los datos disponibles bastaban para exigir una respuesta política más temprana, una cuestión que la comisión aborda en términos políticos y que la causa judicial examina desde otra perspectiva.

También se puso sobre la mesa una contradicción temporal que no quedó resuelta durante el interrogatorio: Mazón situó el conocimiento de los fallecidos en la madrugada, mientras el diputado de Compromís Alberto Ibáñez señaló que el propio Mazón había intervenido en el Cecopi durante la noche para comunicar oficialmente que había víctimas. El diputado sostuvo que ese anuncio se produjo varias horas antes de la hora que el president mencionó en el Congreso. La diferencia entre esas referencias requiere aclarar qué se sabía, quién lo sabía y cuándo; la comparecencia, por sí sola, no despejó esa secuencia.

El ES-Alert, el Cecopi y el choque entre los grupos

Ione Belarra, de Podemos, preguntó por qué Mazón no dejó la comida y acudió antes al Cecopi, y cuestionó que un president pudiera limitarse a observar una emergencia declarada. Mazón contestó que no era un técnico y que no tenía que dirigir las decisiones operativas. También insistió en que la autorización para enviar el ES-Alert no se le solicitó. Belarra y otros diputados plantearon que las llamadas de Pradas podían estar relacionadas precisamente con la activación del aviso, pero Mazón negó que ella le pidiera permiso.

Gabriel Rufián, de ERC, centró su intervención en el relato del apagón informativo y en los datos que, según él, contradecían esa versión. Mostró el protocolo del ES-Alert y aludió a avisos meteorológicos y noticias anteriores a la tragedia. También le preguntó por las llamadas, por su presencia en El Ventorro y por las condecoraciones a sus escoltas. El intercambio fue uno de los momentos más tensos de la sesión: Rufián le exigió explicaciones y pidió que se dirigiera a las familias de las víctimas; Mazón defendió que había expresado sus condolencias y acusó a su interlocutor de faltar al respeto.

Las intervenciones de Compromís, Sumar, EH Bildu, el PNV, Junts y el PSOE pusieron el acento, con distintos enfoques, en la hora de llegada al Cecopi, las comunicaciones con Pradas y la continuidad de la agenda de Mazón. El diputado socialista Alejandro Soler le preguntó por los avisos y por los mensajes de la consellera; Alberto Ibáñez cuestionó si se habían protegido los intereses del sector turístico al no interrumpir actividades. Mazón negó que hubiera recibido una oferta para incorporarse a una empresa hotelera y rechazó varias de las acusaciones. La sucesión de preguntas reveló que no existe una versión compartida sobre qué decisiones podía tomar el president ni sobre cuándo tuvo información suficiente para actuar.

El turno de Vox se orientó principalmente a cuestionar la actuación del Gobierno central, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mazón aprovechó esas preguntas para reiterar que no hubo información suficiente sobre el barranco del Poyo y para reprochar la llegada tardía de medios estatales. El PP, por su parte, no formuló preguntas directas al compareciente: su diputado César Sánchez utilizó el turno para criticar al Gobierno y defender que la responsabilidad no podía atribuirse solo a Mazón. La comisión se convirtió así en un escenario de disputa política, además de un espacio para reconstruir los hechos.

Por qué la comparecencia del Congreso fue distinta

La sesión tuvo un formato de interrogatorio más directo que la intervención anterior de Mazón en Les Corts. En el Congreso, los portavoces formularon preguntas por turnos y él respondió sobre la marcha, con interrupciones y repreguntas cuando los diputados consideraban que no había contestado de forma concreta. En la cámara valenciana había podido presentar un discurso inicial más preparado y, según el relato de la comparecencia posterior, no respondió a algunas preguntas de los representantes socialistas y de Compromís.

La diferencia de formato ayuda a explicar por qué el debate se concentró en frases breves y en los detalles de la cronología. Los diputados podían volver sobre una respuesta, plantear una contradicción o pedir una precisión inmediata. Mazón se quejó al salir de que le habría gustado hablar más y mejor, y atribuyó esa dificultad a las interrupciones. Sin embargo, la dinámica era precisamente la de una comisión de investigación: los grupos buscaban contrastar su versión y no escuchar una exposición unilateral. El formato hizo más visibles los desacuerdos, pero no convierte las conclusiones de la comisión en una sentencia.

Antes de comparecer, Mazón recibió el aviso formal sobre las consecuencias legales de faltar a la verdad ante una comisión de investigación. La referencia expuesta en la información de la sesión fue el artículo 502 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses para quien falte a la verdad en su testimonio ante un órgano de este tipo. La asistencia es obligatoria, aunque el compareciente no está forzado a responder a todas las preguntas. La comisión puede debatir políticamente lo ocurrido, pero la valoración penal corresponde a los tribunales, que analizan las pruebas y las responsabilidades con sus propias garantías.

Las preguntas que continúan abiertas en la investigación judicial

La jueza que instruye la causa de la DANA en Catarroja ha incorporado al procedimiento grabaciones realizadas en el Cecopi el 29 de octubre y ha citado como testigo a Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del President. La decisión se apoya, según la información disponible, en los registros de llamadas: figura una comunicación entre Mazón y Montes a las 19.42, un minuto antes de que Mazón llamara a Pradas. Ese dato añade una pieza a la secuencia que los diputados intentaron reconstruir en el Congreso.

La investigación también examina las comunicaciones entre los responsables autonómicos, la información disponible en el centro de coordinación y el momento en que se decidió enviar el aviso a los teléfonos móviles. Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso figuran como investigados en la causa, según la información aportada en el artículo original. La jueza no había citado a Mazón como investigado en el momento descrito por las referencias. Ese estado procesal no equivale a una declaración de inocencia ni a una atribución de culpabilidad: indica, sencillamente, que la instrucción sigue delimitando hechos y responsabilidades.

Compromís anunció que estudiaría posibles acciones legales por afirmaciones realizadas en la comisión, mientras que la sesión recordó que las declaraciones parlamentarias pueden tener consecuencias si se demuestra que se faltó a la verdad. Esa posibilidad no resuelve por sí misma si una frase concreta fue falsa ni quién tenía obligación de actuar en cada momento. Para determinarlo hacen falta pruebas, contexto y una valoración judicial. La comisión, por su parte, puede fijar responsabilidades políticas y recopilar información, pero no sustituye la investigación penal ni decide sobre delitos.

La presión de las víctimas y el futuro político de Mazón

Mientras Mazón respondía en el interior del Congreso, familiares y allegados de las víctimas se concentraron ante la Cámara para exigir explicaciones. En la protesta hubo pancartas y consignas contra la gestión de la emergencia. Entre los asistentes estaba Toñi García, que perdió a su marido y a su hija durante la DANA. Su presencia recordó que la discusión sobre el minuto a minuto no es abstracta: detrás de las discrepancias institucionales hay familias que reclaman saber por qué no llegó antes una advertencia capaz de proteger a la población.

La reacción política posterior fue dispar. Ministros y representantes de la oposición criticaron la comparecencia y reclamaron más responsabilidades, mientras el PP evitó valorarla inicialmente alegando que no la había seguido. El Gobierno central reiteró su preferencia por que se convocaran elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Mazón, que había anunciado su dimisión y seguía en funciones durante el periodo descrito, afirmó que asumió la máxima responsabilidad política al renunciar, aunque mantuvo su escaño autonómico. La dimisión cerró su etapa al frente del Consell, pero no zanjó el debate sobre su actuación ni sobre su continuidad en la vida política.

Las siguientes comparecencias anunciadas eran las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, previstas para el 24 de noviembre. Sus declaraciones podían aportar nuevos datos sobre la coordinación y las comunicaciones del día de la riada. La comisión debía continuar con otros responsables y documentos, mientras la instrucción judicial seguía su propio curso. La explicación definitiva no depende de una sola intervención: requiere reconstruir quién sabía qué, en qué momento y qué margen de actuación tenía cada autoridad.

Una cronología todavía disputada

La comparecencia dejó clara la posición de Mazón, pero no despejó las preguntas que la habían llevado al Congreso. El president en funciones mantuvo que no recibió información suficiente, que no tenía mando operativo y que nadie le pidió autorizar el ES-Alert. Los grupos que lo interrogaron sostuvieron que los avisos, las llamadas y la evolución de las inundaciones exigían una respuesta más temprana y una explicación más precisa de su itinerario. Entre ambas versiones persiste el nudo central del caso: cuánto sabía la Generalitat mientras se desarrollaba la emergencia y qué decisiones podían haberse tomado con esa información.

Los documentos incorporados a la investigación, las declaraciones de testigos y las próximas comparecencias podrán completar —o complicar— la cronología. La política ya ha expresado sus juicios, y las familias siguen reclamando respuestas; la justicia tendrá que determinar, con pruebas y sin anticipar responsabilidades, qué ocurrió en la cadena de mando. De momento, el testimonio de Mazón queda como una defensa explícita de su papel, pero no como una explicación concluyente de las horas más críticas de la DANA.