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¿Qué partido afrontará vivienda, sanidad y salarios bajos en España?
España afronta vivienda cara, demoras sanitarias y salarios débiles. Analizamos los datos y qué medidas han funcionado en otros países europeos.

Resumen
- Vivienda, sanidad y salarios concentran parte del malestar cotidiano
- España necesita más oferta de vivienda y menos espera sanitaria
- Los salarios reales siguen por debajo de 2021 pese a las subidas
España puede pasar en pocas horas de discutir una crisis internacional a una polémica sobre la Fórmula 1, de ahí al último carril bici y, antes de cenar, a otro choque parlamentario. Todo eso forma parte de la política. La política exterior importa, la movilidad urbana importa y organizar grandes eventos cuesta dinero y produce efectos que conviene discutir. Pero debajo de ese ruido hay problemas bastante menos vistosos que acompañan al ciudadano cuando apaga la televisión: encontrar una vivienda que pueda pagar, recibir atención sanitaria sin esperar meses y conseguir que el sueldo alcance.
Los datos sostienen esa sensación. En el barómetro del CIS de abril de 2026, la vivienda era citada entre los principales problemas de España por el 41,3 % de los encuestados; los problemas económicos alcanzaban el 24,9 % y la calidad del empleo, el 19,2 %. Cuando se preguntaba por aquello que afectaba personalmente al entrevistado, aparecían los problemas económicos con un 38,8 %, la vivienda con un 25,6 % y la sanidad con un 19,5 %. No son, por supuesto, las únicas preocupaciones: inmigración, funcionamiento de la política o desempleo también ocupan espacio. Pero hay una veta muy clara de malestar material y cotidiano.
Eso no significa que el partido que prometa tres soluciones tenga automáticamente unas elecciones ganadas. No existe semejante fórmula y una encuesta sobre problemas sociales no equivale a intención de voto. Una elección mezcla ideología, liderazgo, territorio, gestión, coyuntura económica y muchas otras variables. Lo que sí muestran las cifras es algo bastante más sencillo: vivienda, servicios públicos y poder adquisitivo no son debates fabricados en un despacho. Están en la calle.
La distancia entre el debate político y la vida corriente
Hay asuntos políticos que producen titulares porque condensan un conflicto ideológico perfecto: dos posiciones, dos bandos, una frase incendiaria y veinte tertulias. Construir vivienda asequible durante quince años da bastante menos espectáculo. Reducir una lista de espera requiere quirófanos, personal, planificación y presupuestos; tampoco cabe demasiado bien en un vídeo de treinta segundos. Elevar salarios reales de forma sostenible obliga a hablar de productividad, formación, tamaño empresarial y tecnología. Peor todavía para el espectáculo: los resultados tardan.
España tampoco parte de cero ni puede decirse que las administraciones hayan ignorado estas cuestiones. Se han aprobado reformas laborales, políticas de vivienda, subidas del salario mínimo, programas de construcción, nuevas plazas sanitarias y distintas medidas autonómicas. Otra cosa es que la magnitud del problema y la velocidad de las respuestas coincidan.
Ahí está quizá el desencuentro. El ciudadano no mide una política pública por el número de decretos publicados. La mide cuando busca piso, pide cita o mira la nómina. La política puede presentar una estadística macroeconómica razonablemente buena mientras una persona de 30 años continúa en la habitación donde estudiaba Bachillerato. No hay contradicción matemática; hay dos fotografías tomadas con objetivos distintos.
Vivienda: España necesita casas, no solamente ayudas
La vivienda es probablemente el ejemplo más transparente. La OCDE recoge una estimación del Banco de España de un déficit acumulado cercano a 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. Entre 2022 y 2024 se concedieron unos 345.000 permisos de construcción frente a la creación neta de unos 604.000 hogares. Cuando durante años aparecen más hogares que casas disponibles en las zonas donde la gente necesita vivir, el resultado no requiere demasiada alquimia económica: comprar y alquilar se vuelve más difícil.
España tiene, además, un parque de alquiler social pequeño. La OCDE lo sitúa alrededor del 3 % del parque residencial, muy lejos de los niveles existentes en varios países europeos. Para aproximarse a la media de la Unión Europea, su estudio calcula que serían necesarias aproximadamente 1,5 millones de viviendas sociales de alquiler, es decir, más de 850.000 unidades adicionales respecto al volumen considerado.
El problema tiene otra cara, casi doméstica. Los españoles jóvenes abandonaron el hogar familiar a una edad media de 30,2 años en 2025, frente a 26,3 años en el conjunto de la Unión Europea. Sólo unos pocos países europeos registraron edades superiores. Naturalmente, emanciparse tarde tiene causas culturales y laborales además de residenciales, pero resulta difícil separar esa cifra de un mercado en el que el acceso a una casa se ha vuelto especialmente áspero para quien empieza su vida laboral.
Una respuesta consistente necesitaría actuar sobre varias capas a la vez: suelo disponible allí donde existe demanda, licencias más rápidas, construcción industrializada, rehabilitación de edificios, alquiler social permanente y ayudas bien dirigidas a quien realmente no puede acceder al mercado. Las subvenciones generalizadas, aplicadas sin aumentar la oferta, tienen un riesgo evidente: parte del dinero público puede terminar absorbido por los precios.
Viena enseña algo incómodo: la vivienda barata tarda décadas
El ejemplo europeo más citado es Viena, aunque conviene despojarlo de leyenda. No existe un botón vienés que pueda pulsarse en Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.
La capital austríaca dispone de unas 220.000 viviendas municipales y alrededor de 200.000 viviendas cooperativas o subvencionadas. La propia ciudad señala que más del 60 % de la población vive en vivienda municipal o promovida con apoyo público. Es una infraestructura residencial levantada durante generaciones, con financiación estable, suelo, regulación y entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado.
Ese es precisamente el aprendizaje menos cómodo: una política seria de vivienda no se inaugura cuatro meses antes de unas elecciones. España podría aumentar de forma sostenida el parque público y asequible, mantener esas viviendas dentro del sistema en lugar de venderlas con el tiempo y acelerar la producción privada donde existe escasez. Más oferta asequible y más oferta total no son conceptos enemigos.
También existe un límite. Viena no ha abolido el coste de la vivienda, ni Austria carece de tensiones inmobiliarias. Trasplantar un sistema centenario a otro país como si fuera un mueble de Ikea sería absurdo. El principio transferible es otro: cuando una ciudad conserva durante décadas un gran parque no sometido enteramente al precio del mercado, dispone de un amortiguador residencial que España apenas tiene.
Sanidad: 121 días detrás de una cifra hay una persona esperando
España conserva un Sistema Nacional de Salud de enorme capacidad asistencial, pero las esperas siguen siendo uno de sus puntos más visibles de fricción. A 31 de diciembre de 2025 había 853.509 pacientes en lista de espera estructural para una intervención quirúrgica. La demora media era de 121 días y el 21,6 % llevaba esperando más de seis meses. El tiempo medio había bajado cinco días respecto a diciembre de 2024, aunque el número de pacientes había aumentado.
En consultas externas hospitalarias, la demora media nacional era de 102 días y el 61,5 % de los pacientes llevaba más de 60 días esperando o permanecía sin cita asignada después de superar ese plazo. Traumatología alcanzaba 132 días de media y Dermatología, 127. Son promedios nacionales, claro; las diferencias entre comunidades, hospitales y especialidades son considerables.
Aquí la discusión pública suele caer en otra simplificación: dinero o gestión. Como si una cosa pudiera existir sin la otra. Abrir más quirófanos sin anestesistas sirve de poco. Contratar profesionales sin reorganizar agendas tampoco elimina automáticamente los cuellos de botella. Y derivar pacientes indiscriminadamente al sector privado puede aumentar actividad a corto plazo, pero no sustituye una estrategia sobre plantillas y capacidad pública.
Dinamarca convirtió el tiempo de espera en un derecho del paciente
Dinamarca ofrece un mecanismo interesante. Cuando la espera para determinados tratamientos en un hospital público supera el plazo establecido, el paciente puede acceder a una elección ampliada de hospital, incluidos centros privados acogidos al sistema. La referencia ordinaria es de 30 días, aunque durante momentos de presión extraordinaria ese límite ha sufrido modificaciones temporales.
La lección no consiste simplemente en escribir un plazo máximo en una ley. Para que funcione hacen falta objetivos medibles, capacidad asistencial, seguimiento de datos e incentivos para que el paciente sea atendido antes. Una garantía de papel sin médicos, enfermeros, quirófanos ni agendas disponibles es eso: papel.
España ya dispone de garantías de tiempo máximo para determinados procesos y cada comunidad gestiona sus listas. Además, el Ministerio de Sanidad anunció en septiembre de 2026 un proyecto para reformar el sistema de información: pretende que la espera empiece a computarse desde la indicación médica, impedir registros paralelos, incorporar datos de Atención Primaria y publicar información con mayor frecuencia. Es todavía un proyecto normativo, no una reducción consumada de las demoras.
Una evolución más ambiciosa podría hacer mucho más transparente todo el recorrido del paciente: medición comparable entre territorios, plazos claros según prioridad clínica y capacidad para derivar automáticamente dentro de la red pública cuando un centro no pueda responder; sólo después, cuando corresponda y bajo condiciones públicas, utilizar capacidad concertada acreditada.
Eso obliga también a reforzar Atención Primaria, porque el hospital recibe las consecuencias de todo lo que no se resuelve antes. Y exige retener médicos, enfermeros y otros profesionales allí donde faltan. El algoritmo administrativo más elegante del mundo no opera una cadera.
Salarios: cobrar más depende también de producir mejor
El tercer problema tiene una paradoja. Los salarios están subiendo y, aun así, mucha gente siente que gana poco. Ambas cosas pueden ser ciertas.
El salario bruto anual medio por trabajador fue de 28.410,78 euros en 2025, un 3,1 % más que un año antes. En el segundo trimestre de 2026, el coste salarial por trabajador aumentó un 4 % interanual y se situó en 2.512,68 euros mensuales, según el INE.
Pero el dinero nominal no compra siempre lo mismo. La OCDE calcula que los salarios reales españoles crecieron un 2 % durante el último año analizado y, pese a ello, permanecían aproximadamente un 2 % por debajo del nivel del primer trimestre de 2021. La organización identifica también como problema de fondo el débil avance de la productividad laboral durante la última década.
Subir el salario mínimo puede proteger especialmente a los trabajadores peor pagados, pero no basta para elevar de manera duradera toda la estructura salarial. Para que una empresa pague mejores nóminas año tras año necesita generar más valor por hora trabajada o aceptar márgenes menores; y esa segunda opción tiene un recorrido limitado, sobre todo en pequeñas compañías.
España tiene aquí un problema de tamaño. Las pymes representan el 99 % de las empresas y concentran buena parte del empleo, mientras que las grandes compañías españolas son aproximadamente el doble de productivas que las microempresas, según la OCDE. Las pequeñas encuentran más dificultades para invertir, digitalizarse, innovar, formar trabajadores y captar perfiles especializados.
Por eso una política salarial que aspire a algo más que corregir el siguiente convenio tendría que entrar en terrenos menos fotogénicos: formación profesional conectada con empresas, capacitación de adultos, automatización de tareas, acceso a financiación para compañías que quieran crecer, menos duplicidades administrativas y mejores vínculos entre pymes, universidades y centros tecnológicos. La productividad importa, aunque rara vez levante una ovación en un mitin.
Dinamarca ofrece otra pista útil. Su negociación colectiva privada combina acuerdos sectoriales amplios con margen para negociar dentro de cada empresa. La OCDE señala que los salarios reales del sector privado danés recuperaron en 2024 el nivel de 2021 y que los convenios privados vigentes entre 2025 y 2028 contemplan un crecimiento salarial anual cercano al 3,5 %. No significa que España deba copiar su arquitectura laboral: la estructura empresarial, fiscal y sindical es distinta. Sí recuerda que salario, productividad y negociación colectiva funcionan mejor cuando se miran juntos, no como compartimentos estancos.
La política difícil empieza cuando se apagan los focos
Vivienda, sanidad y salarios tienen algo en común que explica quizá por qué desesperan tanto: ninguno admite una solución instantánea. Un parque público de alquiler no aparece por decreto. Un cirujano tarda años en formarse. La productividad de miles de pequeñas empresas no cambia porque un ministro presente un PowerPoint un martes por la mañana.
También comparten otra característica: obligan a coordinar administraciones y mantener políticas más allá de una legislatura. Vivienda depende del Estado, comunidades y ayuntamientos. La sanidad está descentralizada. La productividad nace de decisiones públicas, empresariales, educativas y laborales. Precisamente por eso es fácil atribuir responsabilidades al vecino institucional y bastante más difícil mantener una línea durante diez años.
Los ejemplos extranjeros no ofrecen milagros. Viena necesitó décadas para acumular vivienda asequible. Dinamarca acompañó sus garantías sanitarias con capacidad, información y elección del proveedor. Los países con salarios altos no llegaron allí simplemente decretando nóminas más grandes; suelen combinar productividad, capital, formación y negociación laboral. Las políticas eficaces suelen ser aburridamente concretas.
Nada permite afirmar que concentrarse en estos tres asuntos garantice una victoria electoral, ni que el resto de debates deba desaparecer. Las elecciones españolas nunca se han reducido a tres columnas de una hoja de cálculo. Pero los datos sí permiten una observación menos grandilocuente: existe una distancia entre parte de la conversación política y algunos problemas que pesan mucho en la vida diaria.
Tal vez ahí esté la discusión relevante. No en quién pronuncia la proclama más brillante, sino en qué propuestas vienen acompañadas de viviendas construidas, tiempos de espera medibles, profesionales disponibles, empresas más productivas y salarios que ganen terreno al coste de la vida. Lo demás también es política. Esto, simplemente, se nota al llegar a casa.












