Israel y Palestina: por qué la Solución de dos Estados peligra

Análisis claro y actual sobre la solución de dos Estados en peligro: asentamientos, mapa fragmentado, bloqueo político y salidas viables hoy.

La solución de dos Estados peligra hoy por la suma de dinámicas que se retroalimentan y empujan en dirección contraria al mapa que imaginó Oslo: expansión de asentamientos, fragmentación del territorio palestino y un rechazo político explícito a la soberanía plena de un futuro Estado palestino. Esa combinación ha convertido la fórmula en un esquema difícil de materializar, por no decir inviable, porque el diseño territorial necesario —continuidad, fronteras controlables, capital político— choca con una realidad que, día a día, se consolida en sentido opuesto. El resultado: la promesa de dos Estados se repite en comunicados diplomáticos, mientras en el terreno se sedimentan hechos que la vacían.

El contraste entre gestos y hechos es evidente. Aumentan los reconocimientos internacionales de Palestina y se discuten sanciones selectivas para frenar la violencia de colonos, pero el territorio sobre el que debería asentarse un Estado palestino se ha hecho más discontinuo y dependiente de decisiones administrativas israelíes que normalizan la ocupación como régimen permanente. La guerra en Gaza ha encrude­cido el clima, desplazado a comunidades enteras y endurecido posiciones a ambos lados. En Israel, el liderazgo que gobierna repite que debe mantener el control de seguridad “del mar al Jordán”; en el campo palestino, la Autoridad atraviesa una crisis de legitimidad y eficacia, con un relevo de élites que aún no logra traducirse en autoridad real. El tablero se mueve, pero no en la dirección de dos Estados con soberanía efectiva.

Del shock a la estructura: lo que dejó la guerra de Gaza

La secuencia es conocida, pero su impacto político suele describirse a medias. Los atentados y la guerra posterior rompieron expectativas, agravaron traumas y volvieron a desplazar el foco a la seguridad como principio ordenador de la política israelí. No es un detalle: cuando la narrativa pública coloca la seguridad por encima de cualquier otra prioridad, ceder atributos soberanos a una entidad palestina se percibe como riesgo, no como inversión. Ese marco domestica el debate y estrecha las oportunidades de líderes dispuestos a arriesgar capital político por un acuerdo amplio. El lenguaje es más áspero, el miedo pesa más y las grietas en la confianza —ya finas— apenas sostienen un puente.

Para los palestinos la ecuación ha sido otra, más elemental: supervivencia. Desplazamientos masivos, destrucción urbana, servicios colapsados y un horizonte político opaco han erosionado aún más a la Autoridad Palestina, debilitada desde hace años por el bloqueo institucional, la falta de elecciones y la percepción —muy extendida— de inoperancia. Hamás, pese al golpe militar y a la pérdida de capacidad de gobierno en Gaza, conserva influencia como marca de resistencia en sectores de la población, aunque el desgaste social y humanitario ha moderado adhesiones. El terreno, literalmente, se ha movido; y sin un plan claro para “el día después”, la conversación sobre dos Estados queda suspendida en un aire que no sostiene nada.

La comunidad internacional ha reaccionado con un repertorio conocido: reconocimientos diplomáticos, llamamientos a alto el fuego, sanciones puntuales, ayuda humanitaria. Son señales de cambio de clima político, sí, pero no sustituyen a lo que haría falta para reabrir una negociación creíble: parón verificable de asentamientos, calendario político palestino con urnas y reformas sustantivas, y un acuerdo mínimamente compartido sobre quién administra y asegura Gaza cuando callen las armas. A falta de eso, el conflicto se ha convertido en estructura, no en episodio. Y cuando un conflicto se hace estructura, los eslóganes —también el de “dos Estados”— se vuelven fórmulas que no aterrizan.

El mapa ya no encaja: territorio, asentamientos y continuidad

Ningún Estado nace sin territorio coherente y continuo. Ése es el primer escollo. Cisjordania funciona como un archipiélago administrativo separado por carreteras segregadas, zonas militares, vallas y una malla de asentamientos y “outposts” que ha crecido en número, extensión e infraestructura. Sobre el papel sigue existiendo la división en áreas A, B y C; en la práctica, el gran bloque del área C, donde se concentra la reserva de suelo y el control israelí es total, ha ido engullendo la posibilidad de una continuidad territorial palestina. El resultado es un “queso gruyère” donde cualquier plan estatal exige viaductos legales, túneles políticos y parches administrativos de muy difícil gestión.

La aritmética de los asentamientos pesa más que cualquier discurso. Hablamos de centenares de miles de colonos entre Cisjordania y Jerusalén Este, una red de carreteras y servicios financiados con fondos públicos y un andamiaje legal que ya no se justifica con la lógica de la “temporalidad”. Se han legalizado puestos avanzados, se han transferido competencias civiles clave a carteras alineadas con el movimiento colonizador y se han emitido declaraciones de “tierra estatal” que abren la puerta a nuevas promociones. Ese triángulo —suelo, permisos, seguridad— blinda hechos consumados. Desmontar barrios enteros, realojar familias, deshacer infraestructuras y compensar a los afectados exigiría años, miles de millones y, sobre todo, voluntad política sostenida en Israel. Hoy no existe tal voluntad.

Hay zonas simbólicas que resumen el problema. El corredor E-1, entre Jerusalén y Ma’ale Adumim, reaparece y desaparece según coyunturas, pero su lógica —conectar bloques que despegan Jerusalén Este de su hinterland palestino— vuelve cada tanto como prioridad de quienes piensan el futuro sin Estado palestino soberano. A ello se suma una gramática urbana que integra partes de Cisjordania en la rutina administrativa de Israel: licencias, servicios, policía, carreteras que nacen para una colonia y terminan sirviendo a la siguiente. Todo eso, contado en seco, suena técnico. Vivido cada día, crea pertenencias y expectativas difíciles de deshacer por decreto.

El lenguaje de la seguridad y la letra pequeña de la administración

En Israel, la frase se repite desde el poder: control de seguridad entre el Mediterráneo y el Jordán. Tradúcese así: cualquier Estado palestino nacería sin control de fronteras, sin dominio de su espacio aéreo, sin libertad de maniobra para pactar su seguridad con terceros y con islas de autogobierno sujetas a supervisión permanente. ¿Es eso un Estado? Políticamente es complicado defender que sí, y jurídicamente generaría un contencioso sin fin. Pero, además, las decisiones administrativas de los últimos años han cargado el tablero: movimientos discretos que normalizan la gestión israelí en partes de Cisjordania, acercándola al régimen interno más que al de ocupación temporal. Es la inercia institucional la que hace de argamasa: reuniones regulares del órgano de planificación, aprobación de viviendas a gran ritmo, regulación de vías de acceso, inversión municipal. Lo que ayer era excepción hoy parece rutina.

No se trata solo de ladrillos y papeles. La violencia de colonos contra comunidades palestinas —especialmente en áreas rurales— ha crecido en número e intensidad, provocando desplazamientos silenciosos que rara vez suben a la conversación internacional. Esa presión altera la demografía de facto y empuja a una parte de la población palestina hacia enclaves urbanos, donde el autogobierno logra poco más que gestionar permisos, servicios precarios y nóminas retrasadas. La geografía del miedo también hace política.

Quién puede y quién quiere: bloqueo político en dos frentes

En el campo israelí, la coalición que ha marcado el ritmo durante la guerra mezcla derechas clásicas con ultranacionalistas y religiosos que rechazan abiertamente la idea de un Estado palestino. Ministros con carteras clave han promovido políticas que favorecen la expansión de asentamientos y la asimilación administrativa del área C. La oposición, aunque movilizada en otros frentes —desde la reforma judicial a la gestión de la guerra—, no ha logrado articular una alternativa sostenible que reabra un horizonte de negociación. La opinión pública, golpeada por el trauma y con la seguridad como prioridad emocional, es escéptica respecto a concesiones de calado; cualquier propuesta que huela a retirada profunda o desmantelamiento de asentamientos paga un coste político altísimo.

En el lado palestino, la Autoridad Palestina ha intentado una renovación tecnocrática: nuevos nombres, reformas en seguridad y finanzas, promesas de transparencia y un discurso que busca reconectar con donantes y vecinos árabes. Pero la legitimidad —esa palabra que se gana en las urnas y en la calle— sigue en mínimos: demasiados años sin elecciones nacionales, demasiadas humillaciones cotidianas, demasiadas promesas incumplidas. Hamás, actor militar y político, no desaparece; incluso debilitado, conserva capacidad de veto sobre cualquier diseño institucional para Gaza que implique su marginalización total. Y sin un acuerdo entre palestinos —o al menos una fórmula transitoria que no sea percibida como imposición—, cualquier plan que se anuncie para el “día después” nace con fecha de caducidad.

El enigma de Gaza y la fatiga de los donantes

La pregunta sobre quién gobierna Gaza cuando callen las armas sigue sin respuesta redonda. En la mesa se han barajado opciones: administración palestina apoyada por tecnócratas, fuerza multinacional de interposición, retorno gradual de funcionarios con garantías de seguridad de Egipto y Jordania, o fórmulas híbridas. Todas dependen de un mínimo común denominador que hoy no existe: acuerdos de seguridad claros, financiación sostenida y un horizonte político que no se reduzca a “gestionar ruinas”. Los donantes están cansados de reconstruir sin garantías de que lo construido no será bombardeado otra vez; los países árabes condicionan su chequera a avances políticos tangibles; Israel rehúsa entregar a la AP un control sin límites que percibe como riesgo. El círculo no cierra.

Mientras tanto, la vida cotidiana en Gaza y en partes de Cisjordania se ha precarizado hasta niveles que hacen casi cínica cualquier conversación sobre “normalidad”. Sin seguridad humana —agua, luz, salud, educación, movilidad— no hay margen para construir instituciones que aguanten. Y sin instituciones mínimamente funcionales, la conversación sobre dos Estados suena a lujo de diplomáticos.

Reconocimientos, sanciones y límites: la escena internacional

Europa y otros actores han decidido reconocer a Palestina como Estado. El gesto importa: actualiza una foto política, marca un cambio de clima y envía un mensaje a Israel, a Estados Unidos y a la región. En paralelo, sanciones selectivas a individuos vinculados a la violencia de colonos señalan otra línea roja que hasta hace poco no se cruzaba. Se discuten, incluso, medidas comerciales que hace un lustro parecían ciencia ficción en la relación con Israel. La diplomacia árabe, por su parte, ha enfriado los pasos de normalización sin contrapartidas palestinas, con Arabia Saudí en posición pivotal.

Pero hay que decirlo claro: ninguno de esos movimientos sustituye a la política en el terreno. El reconocimiento no abre carreteras de continuidad ni desmantela un “outpost”. Las sanciones no revierten por sí mismas la transferencia de competencias en Cisjordania ni detienen un plan urbanístico ya encarrilado. Y los acuerdos regionales que apuestan por una “paz económica” sin resolver la cuestión palestina chocan con un límite obvio: sin horizonte político, la economía no hace milagros. Todo cuenta, sí, pero nada funciona si no desemboca en decisiones verificables sobre el terreno.

La judicialización internacional y sus efectos

Las causas abiertas en tribunales internacionales han incorporado una dimensión nueva: aumentan el coste reputacional de ciertas políticas y estrechan los márgenes de maniobra para algunos gobiernos aliados de Israel, al tiempo que alimentan la narrativa —entre palestinos y en una parte de la opinión pública global— de que el statu quo es insostenible. Aun así, su eficacia práctica es limitada sin políticas que transformen realidades físicas y administrativas. La diplomacia jurídica puede presionar; no puede, por sí sola, gobernar.

Si de verdad se quisiera rescatar la fórmula

No hace falta reinventar la rueda. Lo que haría falta está bastante claro y puede formularse sin grandilocuencias. Primero, congelar —de verdad, verificable y con coste en caso de incumplimiento— la expansión de asentamientos, incluyendo la legalización de “outposts” y los planes de desarrollo que cierran corredores palestinos. Segundo, revertir la transferencia de competencias civiles que normalizan la anexión de facto y devuelven el régimen a una lógica transitoria mientras se negocia. Tercero, un rediseño de seguridad que reconozca la prioridad israelí sin borrar la soberanía funcional de un Estado palestino: coordinación, límites, mecanismos de verificación independientes, y un papel regional que aporte garantías y, llegado el caso, fuerzas de apoyo con mandato acotado. Cuarto, una renovación política en Palestina con urnas, reglas, calendarios y reforma institucional real —justicia, finanzas, seguridad— que permita gobernar, recaudar, prestar servicios y imponer el orden en un territorio devastado.

Todo ello necesitaría un sistema de incentivos y condicionalidades bien atado: ayuda y acceso a mercados anclados a hitos verificables, auditorías transparentes, calendario público y mecanismos de corrección. No es romántico. Tampoco suena heroico. Pero la política que funciona suele ser así: procedimental, aburrida, exigente. En paralelo, habría que apostar por medidas de protección inmediatas para comunidades palestinas vulnerables en el área C —observar, disuadir, documentar y sancionar— y por garantías de movilidad dentro de Cisjordania que vayan reconstruyendo, desde abajo, la idea de continuidad territorial.

Qué señales dirían que algo empieza a cambiar

Se puede medir. Indicador uno: congelación auditada del avance de planes de vivienda y de la legalización de puestos avanzados durante un periodo prolongado, y no solo una moratoria breve. Indicador dos: devolución de competencias administrativas que hoy están en manos de carteras proasentamiento, con instrucciones claras y publicadas. Indicador tres: calendario electoral palestino con garantías —observación internacional, reglas acordadas, arbitraje creíble— y plan de integración para fuerzas de seguridad bajo mando civil. Indicador cuatro: acuerdo específico para el gobierno civil en Gaza, con financiación a varios años, gobernanza colegiada y un mandato de seguridad que limite los vetos cruzados. Todo lo demás —reconocimientos, declaraciones solemnes, viajes— suma, pero no sustituye a estos ladrillos.

Y si no hay dos Estados, qué hay

La pregunta ya no se formula en voz baja. Si la solución de dos Estados se agota, lo que queda es un territorio entre el río y el mar con dos poblaciones sujetas a marcos jurídicos distintos y una administración que extiende gradualmente su soberanía de facto. Hay variantes: autonomías ampliadas, corredores humanitarios permanentes, gestión local con tutelas externas, control de seguridad israelí integral… El guion, defendido por una parte de la derecha israelí, promete estabilidad. Pero todo modelo que consagre desigualdades legales y políticas de manera indefinida reproduce tensiones y alimenta dinámicas de conflicto latente que tarde o temprano estallan. La comunidad internacional lo sabe; por eso los pasos de reconocimiento buscan mantener abierta una puerta que, en la práctica, se estrecha.

Quienes sostienen que la región puede normalizar relaciones al margen del expediente palestino han descubierto un límite. Arabia Saudí —pieza grande del puzzle— prefiere atar sus pasos a avances tangibles para los palestinos; y en Washington, Bruselas y otras capitales la idea de que la “paz económica” comprará legitimidad pierde tracción. ¿Significa eso que el péndulo vuelve a un proceso político clásico? No necesariamente. Significa que, sin política de verdad, se multiplican los parches: más ayuda, más control, más burocracia. No arregla el problema, lo gestiona. Y la historia reciente dice que gestionar no alcanza.

Realismo sin maquillaje

Conviene pisar tierra. Desmantelar asentamientos a gran escala es muy difícil, no imposible. Reconstruir Gaza es carísimo y solo tiene sentido si hay garantías de que no será demolida otra vez. Renovar la Autoridad Palestina exige riesgos internos que sus élites han evitado demasiado tiempo. Cambiar la inercia israelí necesita una coalición distinta y un consenso social que hoy no existe. Todo esto es cierto. También lo es que no hay alternativa estable que no pase por reconocer de forma concreta —mapas, leyes, seguridad— los derechos nacionales palestinos y las necesidades de seguridad israelíes al mismo tiempo. Esa ecuación no es una consigna; es un diseño detallado, árido, con compensaciones y garantías.

Hay política posible entre los extremos. Medidas de protección para aldeas vulnerables; alivio de movilidad en Cisjordania para empezar a coser la continuidad; mecanismos de verificación independientes en seguridad; condicionalidad seria en la ayuda y en las ventas militares; procesos de rendición de cuentas—también palestinos— que rompan inercias clientelares. Son piezas pequeñas que preparan terreno para acuerdos grandes cuando la ventana se abra. Y sí, ahora está entornada, no abierta. Pero los procesos políticos complejos casi nunca se salvan de un golpe; se encarrilan con pasos intermedios que cambian incentivos y crean hechos reversibles.

De la consigna a las decisiones

La solución de dos Estados está en peligro porque los incentivos, las leyes y los ladrillos empujan hoy en su contra. La guerra en Gaza endureció posiciones, los asentamientos crecieron en volumen y andamiaje legal, y el poder en Israel ha priorizado la seguridad sobre la soberanía palestina hasta borrar de facto el núcleo del modelo. En Palestina, la debilidad institucional y la falta de legitimidad en las urnas restan tracción a cualquier negociación. La escena internacional envía señales más nítidas —reconocimientos, sanciones, debates comerciales— pero llega tarde si no se traduce en hechos: congelar, revertir, reformar, verificar.

No es una fatalidad. Política es mover estructuras con decisiones verificables. Si se quiere rescatar la fórmula, hay hoja de ruta: parar el crecimiento y la legalización de colonias, desandar la normalización administrativa en el área C, dar contenido real a la seguridad compartida, renovar la legitimidad palestina y financiar con condicionalidad un “día después” en Gaza que no sea administrativismo sin horizonte. Si no se hace, habrá otras fórmulas, pero no serán dos Estados y, muy probablemente, no serán estables. Con demasiadas vidas en juego, conviene dejar de confundir consignas con decisiones. Aquí, la diferencia es la que separa un titular de un país posible.