¿Por qué se sigue pidiendo el polígrafo si ningún tribunal español lo admite?

Hay una contradicción curiosa en el uso del polígrafo en España. Ningún tribunal penal admite el resultado como prueba, y sin embargo las consultas privadas no dejan de crecer.

Las dos cosas son ciertas a la vez. Entender por qué explica casi toda la confusión que rodea al aparato.

¿Qué mide realmente un polígrafo?

No mide mentiras. Registra señales fisiológicas: respiración torácica y abdominal, actividad electrodérmica y parámetros cardiovasculares, mientras la persona responde a un cuestionario acordado de antemano.

Después, el examinador compara las reacciones ante las preguntas relevantes con las que se producen ante preguntas de comparación, y puntúa la diferencia.

Lo que sale de ahí es una valoración estadística sobre patrones de activación. El salto desde ese dato hasta la palabra «mentira» lo da una persona, no la máquina, y ahí es donde se concentran los errores.

¿Cuál es su fiabilidad real?

La cifra con respaldo es la de la American Polygraph Association, que sitúa la precisión de las técnicas validadas entre el 87% y el 98%, según la técnica empleada y la formación del examinador.

El contrapeso habitual es el informe del National Research Council estadounidense de 2003: por encima del azar, lejos de la certeza, y con un rendimiento que cae de forma notable cuando se usa para cribar a grupos amplios en lugar de investigar un hecho concreto.

Hay además un tercer desenlace que la publicidad no menciona nunca: el resultado no concluyente. Es un resultado legítimo, no un fallo del equipo, y cualquier examinador serio lo advierte antes de cobrar.

¿Por qué la justicia española no lo acepta?

El motivo es constitucional antes que técnico.

El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Una prueba que puntúa la sinceridad de una declaración choca de frente con ese esquema.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha mantenido ese rechazo de forma reiterada, incluso en los casos en los que es el propio investigado quien pide someterse al polígrafo para demostrar su versión.

Dicho de otro modo: el problema no es que el aparato falle demasiado, sino que aceptarlo obligaría a repensar el derecho a no colaborar en la propia condena.

Entonces, ¿el informe no sirve para nada?

Sirve para menos de lo que promete el cine y para más de lo que concede el escepticismo.

Fuera del proceso penal, un dictamen poligráfico puede aportarse como pericial de parte en un asunto civil o laboral. Ahí funciona como elemento complementario, que el juez pondera junto al resto del material probatorio.

No acredita nada por sí solo. Acompaña a una versión que necesita otras piezas.

¿Quién paga entonces por una sesión?

Sobre todo, gente que no tiene ningún otro procedimiento a su alcance.

Conflictos de pareja, sospechas de sustracción en negocios pequeños, disputas entre socios y, cada vez más, personas señaladas por una acusación informal que se repite en un grupo de trabajo o en un entorno familiar sin que exista denuncia, expediente ni investigación alguna.

Ese vacío es el que mueve el mercado. En ciudades con mucho tejido empresarial y despachos especializados, como Madrid o Barcelona, la demanda llega casi siempre por esa vía, y quien contrata una prueba de veracidad con polígrafo Barcelona no espera llevar el informe a un juzgado penal: busca un documento técnico sobre un hecho concreto con el que responder.

Es un producto limitado. Para quien no tiene nada más, sigue siendo algo.

¿Puede una empresa obligarme a hacerlo?

No en ningún sentido útil.

Los registros fisiológicos son datos personales y entran en las categorías especiales del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, con las obligaciones de información, conservación y acceso que eso implica.

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores permite medidas de vigilancia y control, pero el mismo texto obliga a respetar la dignidad del trabajador. Y un consentimiento que se firma para no perder el puesto difícilmente puede considerarse libre.

Tampoco puede tratarse la negativa como indicio de culpabilidad ni convertirse en base de una sanción.

¿Cómo se distingue un examen serio de un espectáculo?

• Las preguntas se acuerdan antes. El examinado ve el listado completo antes de que le coloquen un sensor. Una pregunta sorpresa mide el susto, no la sinceridad.
• El examinador es verificable. En España no existe registro oficial, así que la formación documentada y la pertenencia a una asociación profesional son el único filtro disponible.
• Los límites se explican al principio. Quien promete validez judicial o un 100% de acierto está describiendo algo que no existe.
• Hay consentimiento informado y firmado. Sin ese documento, la sesión no debería celebrarse.

Conviene saber además que una sesión bien hecha dura más de lo que parece: entre 90 minutos y dos horas y media, de los cuales el registro con sensores es la parte más corta. El grueso está en la entrevista previa.

¿Qué acredita entonces el documento final?

Que un examinador formado, aplicando una técnica concreta sobre un cuestionario acordado, registró reacciones compatibles o incompatibles con una afirmación determinada, un día determinado.

Es una afirmación más estrecha de lo que sugiere la expresión «detector de mentiras», y más útil de lo que admiten sus críticos. El error, en cualquiera de las dos direcciones, consiste en tratar el aparato como una respuesta en lugar de como un dato más.

Artículo informativo. No constituye asesoramiento jurídico.