Un año después de la DANA, la rabia se convirtió en protesta

Un año después de la riada que causó 229 muertes en la Comunitat Valenciana, el malestar contra Carlos Mazón y su gestión seguía expresándose en manifestaciones, reclamaciones judiciales y demandas de responsabilidades políticas. En la información disponible sobre aquellos actos no consta que la indignación derivara en una agresión física contra el presidente: la respuesta pública tomó la forma de protesta y exigencia de rendición de cuentas, no de venganza.

Eso no equivale a calma, perdón ni conformidad. En el aniversario, una nueva marcha recorrió València para reclamar la dimisión de Mazón y mantener viva la memoria de las víctimas. Las consignas fueron duras y el dolor, visible; pero pedir responsabilidades, incluso con rabia, no es lo mismo que atacar a una persona. La ausencia de violencia no borra la intensidad del rechazo ni resuelve las preguntas que siguen abiertas sobre la emergencia del 29 de octubre de 2024.

La ausencia de violencia no fue ausencia de rabia

La palabra venganza sugiere una represalia personal, al margen de las instituciones. Lo que describen los actos públicos del aniversario es otra cosa: familiares y manifestantes reclamaron verdad, justicia y cambios políticos, con pancartas, fotografías de sus seres queridos y consignas contra el presidente y el Consell. Hubo expresiones de enorme dureza, incluida la petición de que Mazón dimitiera y afrontara consecuencias penales si la investigación llegaba a establecer responsabilidades. La protesta fue frontal, pero se dirigió a la esfera política y judicial.

La diferencia importa porque una comunidad puede estar profundamente indignada sin convertir esa indignación en violencia. Las asociaciones de víctimas mantuvieron en el centro las demandas de memoria, esclarecimiento de los hechos y responsabilidad. En las marchas, las imágenes de familiares fallecidos y los mensajes en recuerdo de las víctimas convivieron con las críticas al Gobierno autonómico. No era una escena de reconciliación: era una disputa pública sobre lo ocurrido y sobre quién debe responder. El duelo y el enfado estuvieron presentes a la vez.

Tampoco cabe atribuir esa contención a una sola causa, como si existiera una explicación psicológica común para todas las personas afectadas. La información disponible permite describir conductas observables —movilización, organización vecinal y reclamaciones institucionales—, pero no demostrar qué sintió cada manifestante ni por qué descartó cualquier acto violento. Lo prudente es no confundir una interpretación con un hecho: no se registró en estas crónicas una agresión contra Mazón, mientras sí se documentó una contestación social sostenida.

Una jornada que dejó una cronología bajo examen

El 29 de octubre de 2024, una DANA descargó lluvias extraordinarias y provocó desbordamientos en ríos y barrancos, con especial impacto en zonas de l’Horta Sud y la Ribera del Xúquer. La reconstrucción de aquella jornada reúne dos secuencias que no deben mezclarse: la evolución del episodio meteorológico y las decisiones de las autoridades. La primera explica cómo creció el peligro; la segunda, cuándo se comunicó y qué medidas se adoptaron. La discusión pública se centra en cómo se respondió ante un riesgo que fue aumentando durante horas.

La Agencia Estatal de Meteorología había advertido en los días previos de la posibilidad de lluvias intensas. La mañana del martes 29, elevó los avisos hasta el nivel rojo en distintas zonas de la provincia de València, un nivel asociado a un peligro extraordinario. A primera hora también se difundieron avisos de precaución por acumulaciones importantes y riesgo de inundaciones. La Universidad de València había suspendido las clases para ese día, mientras Mazón había calificado esa decisión de excesiva en una reunión con representantes sociales y empresariales. El aviso meteorológico y la decisión de cómo proteger a la población eran asuntos distintos, aunque relacionados.

Durante la mañana llegaron avisos de inundaciones y de problemas en distintos municipios. A las 11:23, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ofreció a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias. La ayuda se aceptó más tarde, a las 14:06, para la zona de Utiel. A las 11:48, Mazón difundió una valoración pública según la cual el temporal se desplazaba hacia Cuenca y perdería intensidad por la tarde; después borró el mensaje. La previsión optimista y su retirada se convirtieron en parte del escrutinio sobre la comunicación institucional.

La tarde concentró las decisiones más discutidas. El Centro de Coordinación Operativo Integrado comenzó su reunión a las 17:00; durante el encuentro se planteó el envío de una alerta a los móviles de la población, pero el aviso no llegó hasta las 20:11. Para entonces, el barranco del Poyo ya se había desbordado y había municipios gravemente anegados. Mazón entró en el centro de coordinación a las 20:28. El retraso entre el inicio de la reunión y el envío de la alerta es uno de los puntos centrales de la investigación, junto con la cadena de decisiones y la información disponible en cada momento.

El presidente y los minutos que siguen sin aclararse

La presencia de Mazón durante las horas críticas se convirtió en otra fuente de preguntas. Ese día almorzó con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de València. El encuentro empezó alrededor de las 14:45 y, según la reconstrucción recogida en la información de referencia, se prolongó hasta las 18:45; después, el presidente la acompañó al aparcamiento. Durante ese tramo, las llamadas de la consellera Pradas para localizarlo y comunicarle la evolución de la emergencia forman parte de la cronología examinada. El debate no se limita a dónde estaba, sino a cuándo recibió información y qué capacidad de decisión ejerció.

La versión sobre lo ocurrido después de que Mazón dejara el restaurante ha sido objeto de controversia. Se ha afirmado que se dirigió al Palau de la Generalitat, mientras otras versiones sitúan su llegada allí más tarde. Los registros de llamadas y las declaraciones recabadas por la jueza instructora pueden ayudar a precisar esa secuencia, pero las incógnitas no deben darse por resueltas antes de que avance la investigación. La incertidumbre sobre esos minutos es un asunto pendiente, no una prueba en sí misma.

La consellera Pradas trató de contactar con el presidente durante la tarde y también habló con otros responsables. Mientras tanto, los avisos sobre el caudal de los ríos y la situación de los municipios se acumulaban, y las llamadas al servicio de emergencias crecían. En torno a las 19:00, la fuerza del agua había afectado a los sistemas de medición y varias localidades sufrían inundaciones graves. El escenario cambiaba con rapidez, pero la respuesta pública y el sistema de alerta no avanzaron al mismo ritmo.

La alerta enviada a las 20:11 pidió a la población de las zonas afectadas que evitara desplazamientos y permaneciera en casa. El mensaje llegó cuando muchas personas ya estaban atrapadas por el agua, incluso en viviendas, garajes y plantas bajas. No se puede afirmar, sin pruebas individualizadas, cuántas vidas habría podido salvar un aviso anterior; sí puede decirse que la hora de envío y la redacción del mensaje son elementos relevantes para determinar si la respuesta fue adecuada. La investigación debe establecer qué decisiones eran posibles con la información disponible en cada momento.

De la indignación a la organización colectiva

La respuesta social no quedó reducida al día de la tragedia ni a una manifestación puntual. En el aniversario, la marcha por el centro de València fue la duodécima convocada para reclamar la dimisión de Mazón, según la información publicada sobre la protesta. Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales participaron en la convocatoria junto con asociaciones de víctimas, comités locales de emergencia y reconstrucción y otras plataformas. La continuidad de las movilizaciones muestra que la demanda de responsabilidades no se apagó con el paso de los meses.

Las asociaciones de víctimas insistieron en que aún necesitaban conocer qué ocurrió y reclamaron justicia, memoria y responsabilidades políticas. Para las familias, la falta de respuestas no es una discusión abstracta: afecta a la posibilidad de reconstruir la secuencia de la pérdida y de entender por qué sus seres queridos quedaron expuestos al peligro. En la marcha hubo fotografías de fallecidos, mensajes de recuerdo y prendas que aludían a las 20:11, la hora en que se envió la alerta. La memoria pública funcionó también como una forma de presión para que el caso no desapareciera de la agenda.

La organización cívica permite sostener una exigencia en el tiempo, pero no elimina el desgaste. Las personas afectadas han tenido que afrontar el duelo y, al mismo tiempo, seguir de cerca trámites, declaraciones y reclamaciones. En paralelo, vecinos y voluntarios participaron en tareas de apoyo y recuperación. No es necesario idealizar esa respuesta ni presentar a una comunidad entera como un bloque homogéneo: basta con reconocer que la movilización ofreció vías colectivas para hacer visible el daño y pedir cambios. La acción cívica no sustituyó a la justicia, pero mantuvo la atención sobre sus preguntas.

Lo que puede y lo que no puede explicar la falta de violencia

La protesta canaliza el descontento hacia objetivos reconocibles: una dimisión, una investigación, la publicación de documentos o la reforma de los protocolos. En el caso de la DANA, las reclamaciones públicas se concentraron en la actuación del Gobierno autonómico, la tardanza de la alerta, la ausencia de Mazón en parte de la reunión de coordinación y la necesidad de aclarar su agenda durante la tarde. Convertir el enfado en una demanda concreta no significa que el conflicto esté resuelto; significa que se expresa en un terreno donde pueden discutirse hechos y responsabilidades.

También hay un límite importante: que no se hayan descrito agresiones en las crónicas consultadas no permite asegurar que la sociedad valenciana haya compartido una misma postura o que nadie llegara a pensar en una represalia. Una noticia sobre manifestaciones no ofrece acceso a las motivaciones íntimas de cada persona. Lo que sí permite afirmar es que, en los actos reseñados, el reclamo dominante fue público y político, no una acción violenta contra el presidente. La diferencia entre una consigna airada y una agresión es esencial para contar los hechos con precisión.

El marco institucional ofrece cauces para investigar lo ocurrido y debatir responsabilidades: los tribunales, Les Corts, la prensa y la movilización ciudadana. Que existan esos cauces no garantiza por sí solo un resultado satisfactorio para las víctimas ni rapidez en las respuestas. La vía judicial tiene que determinar si hubo conductas con relevancia penal; las consecuencias políticas corresponden a la responsabilidad pública y al juicio de la ciudadanía. No conviene adelantar una condena ni confundir la exigencia política con una decisión judicial.

La emergencia no termina cuando baja el agua

El episodio dejó al descubierto la importancia de que las alertas lleguen a tiempo y sean comprensibles, pero también de que la ciudadanía sepa quién coordina la respuesta. Una alerta a móviles puede advertir a muchas personas en pocos minutos; su utilidad depende, sin embargo, de que se envíe cuando todavía hay margen para actuar y de que las instrucciones sean claras. La experiencia del 29 de octubre situó en el centro del debate la posibilidad de reforzar los canales de comunicación y la coordinación entre administraciones. En una inundación súbita, la claridad del mensaje forma parte de la protección.

La planificación urbana y el mantenimiento de drenajes, colectores y cauces son otras cuestiones que la tragedia volvió a poner sobre la mesa. La lluvia puede desbordar infraestructuras y cauces, y el agua encuentra caminos que el mapa cotidiano de una calle no siempre revela. Revisar las zonas vulnerables, reducir la exposición en bajos y sótanos y contar con protocolos para centros educativos y lugares de trabajo son medidas debatidas en el marco de la prevención. No hay una obra única capaz de eliminar el riesgo, pero la planificación puede reducir la exposición y ganar tiempo.

También importa que los criterios de actuación sean claros para quienes deben tomar decisiones bajo presión: responsables autonómicos, ayuntamientos, servicios de emergencia y equipos técnicos. Umbrales comprensibles, simulacros y canales alternativos de aviso pueden ayudar a que la respuesta no dependa únicamente de improvisaciones o de que una comunicación llegue a una sola persona. Esas propuestas no borran las responsabilidades del pasado ni resuelven por sí mismas las causas judiciales. La prevención y la rendición de cuentas son tareas distintas, y ambas siguen pendientes de atención.

Una exigencia de justicia que sigue abierta

Al cumplirse un año, la jornada de recuerdo estuvo marcada por un funeral de Estado y por nuevas protestas. La asistencia de Mazón a los actos oficiales era objeto de rechazo por parte de familiares y manifestantes, que cuestionaban que continuara en el cargo. Esa tensión mostró que la conmemoración no podía separarse de la discusión política: recordar a las víctimas implicaba también debatir qué responsabilidad debía asumir quien presidía el Gobierno valenciano. El aniversario fue memoria, pero también una disputa sobre la legitimidad y la rendición de cuentas.

La investigación judicial, bajo la dirección de la jueza instructora, tiene que ordenar testimonios, registros y decisiones para reconstruir lo sucedido. Entre los asuntos que requieren aclaración están el tiempo que transcurrió antes del envío de la alerta, las comunicaciones entre responsables y la presencia de Mazón durante las horas más críticas. El debate público puede señalar preguntas y reclamar transparencia, pero no debe reemplazar el trabajo de determinar los hechos. La respuesta más sólida a la indignación depende de pruebas y explicaciones verificables.

No hubo una respuesta de venganza en los actos descritos, pero tampoco una vuelta a la normalidad que permita dar el caso por cerrado. Hubo familiares que exigieron verdad, manifestantes que pidieron la dimisión del presidente y entidades que reclamaron memoria y justicia. La rabia encontró una expresión colectiva y sostenida; su contención no reduce la gravedad de las pérdidas ni exime a las instituciones de explicar sus decisiones. La medida de lo ocurrido no está en que la protesta fuera pacífica, sino en si las preguntas reciben respuestas y las lecciones se convierten en cambios.

Mientras sigan sin aclararse los minutos decisivos y las responsabilidades que correspondan, el aniversario será algo más que una fecha de recuerdo. También será un examen de la capacidad de las instituciones para escuchar a las familias, informar con transparencia y mejorar la preparación ante futuras inundaciones. La memoria no devuelve a quienes murieron, pero puede mantener a la vista aquello que no debe repetirse. La exigencia que permanece es que ninguna comunidad vuelva a afrontar una emergencia con alertas tardías, decisiones confusas y preguntas sin contestar.