¿Por qué dimite Marta del Arco y quién será su sustituta en Asturias?

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha presentado su dimisión por motivos de salud después de casi tres meses apartada de la actividad pública. Del Arco permanecía de baja médica desde el 5 de junio y abandonará también su vida profesional para jubilarse. No se han comunicado más detalles sobre su estado de salud y, con los datos conocidos, no existe base para atribuir su salida a otra causa.

El relevo, además, está decidido. El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha escogido a Nerea Monroy, hasta ahora directora-gerente de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Monroy tomará posesión como nueva consejera el lunes 31 de agosto y participará ese mismo día en la reunión semanal del Gobierno autonómico. No habrá, por tanto, un largo interregno ni una quiniela de nombres: Derechos Sociales cambia de responsable, pero lo hace con alguien que ya trabajaba dentro de su propia estructura.

Por qué dimite Marta del Arco

La explicación oficial es concreta: problemas de salud. Del Arco llevaba sin ejercer presencialmente sus funciones desde comienzos de junio y Barbón ha vinculado expresamente su dimisión a esa situación médica. El presidente ha acompañado el anuncio con un reconocimiento a una trayectoria que prácticamente se confunde con la historia reciente de los servicios sociales asturianos.

La salida tiene inevitablemente una lectura política porque se produce en una consejería sometida durante los últimos meses a una considerable presión por los retrasos de la dependencia. PP, Vox y Foro habían reclamado anteriormente el cese de Del Arco y cuestionado la capacidad del Gobierno para rebajar los tiempos de espera. Pero una cosa es el ruido parlamentario —ingrediente bastante cotidiano en cualquier gobierno— y otra lo acreditado: el motivo comunicado para la dimisión es exclusivamente sanitario.

Del Arco deja además el cargo sin plantear un regreso posterior. El propio Barbón ha situado su recuperación en la nueva etapa de jubilación, con lo que la dimisión supone también el final de una carrera profesional de alrededor de cuatro décadas vinculada a la Administración y, especialmente, al ámbito social.

Quién es Marta del Arco

Marta del Arco Fernández nació en Salamanca en 1959, aunque su trayectoria profesional quedó muy pronto ligada a Asturias. Es diplomada en Magisterio por la Universidad de Oviedo y educadora social habilitada. Funcionaria de carrera del Principado desde 1986, desarrolló buena parte de su vida laboral dentro de las políticas de infancia, familias y protección de menores.

Antes de entrar en la primera línea del Gobierno había dirigido centros infantiles y juveniles como José Campoamor, en Pravia, y Cuatropisos, en Cancienes, además de ejercer como responsable de Centros de Menores. En 2021 pasó a dirigir las políticas autonómicas de infancia y familias y, posteriormente, ocupó la Dirección General de Infancia y Familias. Era, dicho sin adornos, una funcionaria convertida en responsable política, no una dirigente llegada desde fuera para aprender el organigrama sobre la marcha.

Adrián Barbón la nombró consejera de Derechos Sociales y Bienestar en febrero de 2024, cuando sustituyó a Melania Álvarez. El presidente defendió entonces su conocimiento directo del sistema público y su experiencia de gestión. Dos años y medio después, Del Arco abandona el Ejecutivo por la misma puerta institucional por la que había entrado: desde una consejería en la que había desarrollado prácticamente toda su carrera.

Nerea Monroy será la nueva consejera de Derechos Sociales

La sucesora tampoco necesita mapa para orientarse por los pasillos. Nerea Monroy Rosal, nacida en Gijón en 1983, dirige el ERA desde septiembre de 2023 y pertenece al propio equipo de Derechos Sociales. Barbón ha señalado precisamente ese conocimiento interno como uno de los motivos para confiarle la consejería.

Su trayectoria anterior tiene un marcado componente sindical. Monroy se incorporó en 2002 a la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT y fue asumiendo distintas responsabilidades en sectores como madera y construcción. Más tarde ocupó puestos relacionados con negociación colectiva, salud laboral, recursos, empleo y política institucional dentro de UGT Asturias. También participó en la negociación de acuerdos de concertación regional antes de abandonar sus responsabilidades sindicales y pasar a la gestión pública.

En 2023 fue nombrada directora-gerente del ERA, el organismo público que gestiona buena parte de la red residencial asturiana para personas mayores. Allí ha tenido competencias de dirección, coordinación de servicios, contratación, gastos y funcionamiento de los centros. Ese recorrido explica la elección: Monroy llega a Derechos Sociales con experiencia directa en uno de sus ámbitos más delicados, el cuidado de las personas mayores, y con conocimiento de la maquinaria administrativa que hereda.

Un relevo interno, no un cambio de rumbo

La elección dibuja una transición continuista. Monroy formaba parte del equipo de confianza de Marta del Arco y ha trabajado durante estos años dentro del mismo departamento. No se anuncia una ruptura de políticas ni una reorganización ideológica del área, sino un cambio de mando mientras los principales programas siguen en marcha.

Eso tiene una ventaja obvia: evita las semanas de aterrizaje que suele necesitar quien llega desde otro departamento. También significa que la nueva consejera hereda los logros, pero igualmente los problemas. Y hay uno que sobresale sobre todos los demás: la dependencia.

La dependencia, el gran problema que hereda Nerea Monroy

El expediente políticamente más incómodo de Derechos Sociales tiene nombre de calendario: 180 días. Es el plazo legal al que el Gobierno asturiano pretende ajustar la resolución de las solicitudes de dependencia antes de terminar 2026. Barbón ha colocado expresamente ese objetivo entre las prioridades de la nueva consejera.

La distancia todavía era considerable antes de la baja de Del Arco. En mayo, el Principado situaba el plazo medio de tramitación en 415 días, después de haberlo reducido en 37 días desde enero. La consejera reconocía que el avance era todavía modesto y mantenía el compromiso de llegar a los 180 días. Meses antes, los retrasos habían superado los 400 días y habían provocado una áspera batalla parlamentaria.

Parte del atasco estuvo relacionada con la implantación de nuevas herramientas informáticas dentro de la Historia Social Única, que ralentizaron temporalmente la gestión. El Gobierno respondió con el Plan Agiliza, un programa extraordinario dotado inicialmente con 2,2 millones de euros y acompañado de cambios organizativos, simplificación de trámites y refuerzo de personal.

En junio se aprobó la incorporación de 41 profesionales al Servicio de Atención a la Dependencia, 29 destinados a valoraciones, once a gestión de expedientes y uno a apoyo administrativo. También se facilitó el acceso de los equipos de valoración, previa autorización de las personas solicitantes, a la información clínica necesaria para evitar papeleo y duplicidades.

El movimiento más reciente llegó el 30 de julio, ya durante la baja de Del Arco, con la apertura a audiencia pública de un decreto destinado a concentrar en una única norma la regulación asturiana de la dependencia. El texto pretende simplificar el procedimiento y permitir combinaciones de servicios y prestaciones económicas que tradicionalmente habían sido incompatibles con carácter general. Monroy recibe, por tanto, una reforma en marcha, no una mesa vacía esperando un proyecto nuevo.

Residencias, mayores e infancia: una consejería mucho más amplia

Reducir Derechos Sociales al atasco de la dependencia sería cómodo, aunque bastante injusto con el tamaño real del departamento. La consejería gestiona también políticas sobre personas mayores, discapacidad, infancia y familias, prestaciones sociales, inclusión, cooperación al desarrollo y una extensa relación con ayuntamientos y entidades del tercer sector.

Monroy llega especialmente rodada en el área de mayores por sus tres años al frente del ERA, pero deberá ampliar el foco. Entre los asuntos abiertos figuran también el despliegue del modelo de cuidados de larga duración, la coordinación sociosanitaria, las políticas de infancia y acogimiento, el apoyo a familias y la relación con una red social compleja que mezcla Administración autonómica, municipios y organizaciones privadas y sin ánimo de lucro.

La fotografía económica tampoco es menor. Asturias tiene previsto recibir en 2026 104,7 millones de euros del Estado para financiar el sistema de dependencia, casi 20 millones más que el año anterior, mientras el Principado situaba en junio la cobertura efectiva en el 96,15% de las personas con grado reconocido. El problema asturiano, por tanto, no se explica simplemente por cuántas prestaciones se conceden, sino también por cuánto tarda una persona en atravesar el laberinto hasta obtenerlas.

Un cambio de nombre con el calendario corriendo

La dimisión de Marta del Arco cierra una carrera pública construida desde los escalones técnicos de los servicios sociales hasta el Consejo de Gobierno. Sale por motivos de salud, después de permanecer de baja desde junio, y lo hace para iniciar su jubilación. Los enfrentamientos políticos de los últimos meses forman parte del contexto, pero no alteran el hecho central comunicado por el Ejecutivo.

Nerea Monroy entra sin periodo de cortesía. Conoce la casa, conoce el sistema residencial y conoce a buena parte de quienes deberán ejecutar las reformas. El lunes ocupará formalmente el despacho de la consejera; sobre la mesa encontrará exactamente los mismos expedientes que estaban allí el viernes.

Y uno pesa más que los demás: conseguir que una persona dependiente deje de esperar más de un año para obtener una respuesta administrativa y que los 180 días dejen de ser una promesa escrita en el calendario. Ahí se medirá, mucho más que en la ceremonia de toma de posesión, el alcance real del relevo en Derechos Sociales.