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¿Policías Antifascistas? El manifiesto que divide al uniforme
Policías Antifascistas lanza un manifiesto dentro de las FFCCSE en España: derechos humanos, antifascismo; choque por el relato del uniforme.

Policías Antifascistas lanza un manifiesto dentro de las FFCCSE en España: derechos humanos, antifascismo; choque por el relato del uniforme.
A última hora del debate público español, donde todo parece ir a golpe de eslogan y de vídeo recortado, ha irrumpido un nombre que no pasa por la puerta pequeña: Policías Antifascistas. No hablamos de una campaña de redes sin más, sino de un colectivo que dice nacer dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se presenta como iniciativa apartidista, con un manifiesto fundacional que pone negro sobre blanco una intención incómoda para muchos y atractiva para otros: disputar la asociación automática entre “policía” y “extrema derecha”, y reclamar una seguridad pública atada a derechos humanos, compromiso democrático y una ruptura clara con los discursos de odio dentro y fuera de los cuerpos policiales.
El texto, difundido como “manifiesto”, arranca con un diagnóstico sin rodeos: un clima sociopolítico tensionado, una normalización del odio que, dicen, incrementa la opresión “principalmente” sobre grupos vulnerabilizados, y la necesidad de que desde dentro de las FFCCSE se “signifiquen” para velar por una sociedad justa. La palabra es esa, “significarse”, que en España siempre suena a dar un paso al frente cuando lo prudente sería quedarse quieto… y ellos, precisamente, vienen a moverse. Y luego está lo que más ruido provoca: aseguran que existen intentos de apropiación del trabajo policial por parte del “aparato” de la extrema derecha, y que eso debe combatirse porque “no estamos a su servicio”. Esa frase, corta y casi cortante, concentra el núcleo del choque.
Un nombre que pesa, una intención que se entiende
Llamarse Policías Antifascistas en 2026 no es un detalle estético: es escoger un rótulo que provoca reacción inmediata, como si alguien hubiera encendido fluorescentes en un cuarto donde se vivía a media luz. “Antifascista” no es un adjetivo neutro en el debate español; arrastra historia, identidades, sospechas, una memoria política que enciende a unos y atrinchera a otros. Ellos lo usan como bandera de valores, no como marca partidista, y lo subrayan: dicen ser apartidistas. Esa declaración busca cerrar, desde el minuto uno, una crítica previsible: que esto sea una extensión de un espacio político concreto. Aun así, el propio nombre empuja a la interpretación y abre un melón delicado: ¿puede un colectivo profesional dentro de un cuerpo armado del Estado definirse con una etiqueta ideológica sin romper algo por dentro? La pregunta se formula sola en muchas cabezas, aunque el manifiesto intenta responderla por la vía del contenido: su antifascismo no sería una militancia electoral, sino una defensa de un marco democrático y de derechos.
Hay otro elemento que explica la atención: el texto no se limita a decir “somos buenos” o “somos distintos”, sino que señala una herida recurrente en la relación entre policía y parte de la ciudadanía. Reconocen —sin rodeos, otra vez— que existe una imagen de la policía como agente represor de la movilización social, y que esa percepción ha generado distancia con algunos sectores. En vez de negar la distancia, la dan por hecha y plantean revertirla. Es una admisión significativa, porque rompe con el reflejo habitual de “no pasa nada, son cuatro exagerados”. Aquí, el colectivo elige algo más arriesgado: aceptar que hay desconfianza, y que no se arregla solo con más presencia policial o más comunicados institucionales.
El manifiesto: qué dice y por qué suena a terremoto
El manifiesto es, en esencia, un intento de fijar un marco: la policía como servicio público, no como herramienta de una agenda reaccionaria; la seguridad como concepto ligado al bienestar común, no como excusa para recortar derechos; el uniforme como símbolo institucional, no como tótem identitario de una tribu política. Su lenguaje mezcla términos muy reconocibles del activismo de derechos —“vulnerabilizados”, “discursos de odio”, “justicia social”— con una apelación directa a la función policial: “servidoras y servidores públicos” que velan por seguridad y bienestar. Esa combinación explica parte del impacto: no es un manifiesto escrito desde fuera sobre la policía, sino, supuestamente, desde dentro, usando un vocabulario que habitualmente se escucha más en asambleas, universidades o movimientos sociales que en un briefing operativo.
En el centro del texto aparece una idea que atraviesa casi todo: la necesidad de disputar la “hegemonía” de la extrema derecha en la imagen pública de las fuerzas de seguridad. No afirman que la extrema derecha controle las FFCCSE, pero sí hablan de apropiación e intentos de patrimonializar el trabajo policial. Traducido al castellano de la calle: no quieren que el uniforme se lea como un guiño automático a posiciones ultras, ni que el policía de turno sea usado como figurante simbólico en un relato político que lo coloca al lado del “orden” entendido como castigo o exclusión. En España, donde cada vídeo de carga o cada gesto en una manifestación se convierte en combustible para la guerra cultural, esa disputa por el símbolo es casi inevitable. Ellos entran ahí, con el cuerpo.
Hay también un elemento de defensa corporativa, aunque esté envuelto en discurso democrático: “no estamos a su servicio” significa, en parte, “no nos uséis”. Porque cuando una fuerza política intenta apropiarse del relato policial, convierte a los agentes en herramienta. Y ser herramienta ajena, en un trabajo ya de por sí expuesto, es un mal negocio. Dicho de otro modo: la reivindicación moral tiene también una dimensión profesional, de control de identidad, de “somos del Estado, no de una facción”.
Cinco ejes para una “policía democrática” sin adornos
El manifiesto se articula en cinco ejes. El texto los presenta de forma ordenada, pero aquí conviene entenderlos como un mapa que intenta responder a las críticas clásicas contra la policía, y a la vez levantar una propuesta interna.
El primer eje es la defensa incondicional de los derechos humanos. No lo tratan como eslogan: hablan de una policía que actúe en el marco del respeto, “sin abusos, discriminaciones ni prácticas intimidatorias”, y rematan con una frase que busca ser absoluta: ninguna intervención debe vulnerar derechos fundamentales. La palabra “jamás” aparece como clavo. En términos prácticos, esta afirmación toca un punto sensible: el margen entre el uso legítimo de la fuerza y el abuso, entre el control operativo y la humillación, entre una identificación conforme a ley y una identificación selectiva que huele a prejuicio. Es un eje que, inevitablemente, dialoga con episodios conocidos de los últimos años: denuncias por trato degradante, críticas a determinadas unidades, debates sobre material antidisturbios, polémicas por actuaciones en protestas. El manifiesto no entra a detallar casos, pero su énfasis se entiende por el contexto.
El segundo eje es el compromiso con la democracia. Aquí la frase clave es el rechazo a instrumentalizar las fuerzas de seguridad para fines antidemocráticos. Es decir, no solo “no somos de la extrema derecha”, sino “no vamos a aceptar que se use el aparato policial para recortar pluralismo, perseguir disidencia o imponer un orden político”. Es un eje que mira tanto hacia adentro —mandos, cultura organizativa— como hacia afuera —presiones políticas, discursos públicos que piden mano dura como si fuera la solución universal—. La palabra “plural” aparece como horizonte: una sociedad más libre, justa y plural. Se entiende: no quieren que la policía sea el brazo de una España monocroma.
El tercer eje es probablemente el más explosivo: convergencia social y apertura a la participación. Aquí el manifiesto reconoce algo que muchas instituciones evitan decir en voz alta: que hay colectivos y movimientos sociales que históricamente han visto a la policía como amenaza, no como protección. En vez de descalificar ese sentimiento, hablan de tender puentes. Y añaden una frase con intención política evidente, aunque se declaren apartidistas: las personas con valores progresistas, feministas y antifascistas “no solo pueden, sino que deben” ocupar espacios institucionales. Ahí hay una tesis: si los espacios institucionales se dejan vacíos, otros los ocupan. Traducido: si la gente con sensibilidad de derechos no entra en la policía, la cultura interna se inclina hacia quien sí entra. El manifiesto propone invertir esa lógica.
El cuarto eje es la promoción de la reflexión. Suena blando, casi académico, pero en un cuerpo jerárquico no lo es. Hablan de fomentar análisis reflexivo sobre la labor de seguridad, dialogar abiertamente sobre experiencias, revisar procedimientos y huir de la reproducción de prácticas que contradicen la vocación de servicio público. Esto, dicho en simple, es pedir una policía que se mire al espejo sin romperlo, que revise cómo actúa, por qué actúa así, y qué efectos produce. En un ámbito donde el “siempre se ha hecho así” pesa como una losa, pedir reflexión es pedir cambio cultural.
El quinto eje es la voluntad de replicabilidad. Aquí el manifiesto sale de España: instan a miembros de cuerpos de seguridad de distintos países a organizarse en defensa del antifascismo, porque lo consideran un desafío global. Incluso hablan de contacto y colaboración para impulsar proyectos similares en otros territorios. Este punto revela algo: no se ven como una anécdota local, sino como parte de una corriente internacional de policías que se reivindican democráticos y antifascistas. No es la primera vez que aparecen iniciativas de ese estilo en otros lugares, aunque cada contexto es distinto y las etiquetas viajan mal; aun así, el manifiesto quiere conectar.
Todo este paquete se cierra con un mensaje final que suena a declaración de existencia: “somos muchas” personas dentro de las FFCCSE que se oponen al fascismo y promueven una seguridad pública indivisible de la justicia social. Y anuncian una actividad genérica: difundir mensaje antifascista y hacerse eco de iniciativas con valores democráticos. No prometen reformas concretas, ni cambios normativos, ni planes operativos; de momento es identidad, discurso, presencia. Pero en España, a veces la presencia ya es un hecho político.
La batalla por el relato dentro de la policía
Lo interesante de este episodio no es solo el contenido del manifiesto, sino el campo donde cae: el interior de cuerpos que funcionan con disciplina, cadena de mando y cultura profesional muy marcada. Que surja un colectivo con un nombre tan cargado implica, como mínimo, que hay agentes dispuestos a exponerse —aunque no den nombres, aunque se protejan— para afirmar públicamente una posición ideológica en sentido amplio: antifascismo como defensa del marco democrático. Eso puede interpretarse como higiene democrática o como politización del uniforme, según quien mire. Y ahí está la grieta.
En el debate español existe una tensión crónica: se exige neutralidad a las instituciones, pero se discute todo el rato sobre su orientación real. La policía, por su función, es un imán para esa tensión. Cuando un partido acusa a la policía de estar “politizada”, suele querer decir “no me beneficia”. Cuando otro denuncia “impunidad” o “deriva autoritaria”, suele tener detrás una lista de casos, vivencias o una memoria histórica. En ese caldo, un colectivo como Policías Antifascistas coloca una piedra en mitad del carril: obliga a hablar de cultura policial, de quién ocupa el espacio simbólico, de cómo se interpreta el orden público.
El manifiesto apunta a algo muy concreto: la extrema derecha intenta apropiarse del trabajo policial y asociar policía con posiciones ultras. Esa apropiación puede operar de varias maneras, algunas más sutiles que el apoyo explícito: discursos que aplauden cualquier actuación dura sin matices, campañas que presentan a los agentes como víctimas permanentes del “enemigo interno”, relatos que convierten la protesta social en amenaza existencial, estéticas y lemas que coquetean con el autoritarismo. La idea de Policías Antifascistas es cortar ese circuito: “no nos representáis”. Y, al mismo tiempo, plantean un cambio de imagen: que no se les perciba como represores de movilización social. Esa frase no es menor, porque toca el corazón de los antidisturbios, de las identificaciones masivas, de la gestión de manifestaciones. Es un terreno donde cualquier simplificación es injusta —hay violencia real, hay riesgos reales—, pero donde también han existido prácticas discutidas. Ellos eligen el lado de la crítica interna.
En paralelo, el texto funciona como un aviso a navegantes dentro del cuerpo: si hay compañeros con simpatías fascistas o con prácticas discriminatorias, este colectivo viene a señalarlas como incompatibles con la vocación de servicio público. No lo dicen con nombres ni con expedientes, pero la intención está: “rechazo al fascismo en todas sus formas”. En un país donde la palabra “fascismo” se usa a veces como insulto rápido, el manifiesto intenta fijarla como categoría moral y política: la niegan como opción legítima dentro de la cultura institucional.
Derechos humanos, orden público y la zona gris
Uno de los puntos más complejos del manifiesto es el de los derechos humanos. La frase “ninguna intervención debe jamás vulnerar derechos fundamentales” suena impecable. Luego llega la vida real, que es menos nítida. Orden público, seguridad ciudadana, lucha contra delincuencia organizada, terrorismo, violencia machista, control de fronteras… cada una de esas áreas implica decisiones rápidas, uso de fuerza, margen de error, y también tentaciones: sesgos, prisas, presión mediática, presión política. La zona gris es el hábitat natural del trabajo policial. Por eso, cuando un colectivo interno pone los derechos humanos en el centro, está pidiendo —sin decirlo explícitamente— más formación, más supervisión, más mecanismos de rendición de cuentas y, sobre todo, una cultura donde el abuso no se tape con la palabra “compañerismo”.
El manifiesto menciona “discriminaciones” y “prácticas intimidatorias”. Ahí se abre un capítulo enorme: identificaciones por perfil étnico, trato a migrantes, intervenciones en barrios pobres, relación con personas sin hogar, jóvenes racializados, colectivos LGTBI. La policía, como institución, entra donde está el conflicto y donde están las fracturas sociales. Y a veces reproduce esa fractura. Un enfoque “antifascista” dentro de la policía, si se toma en serio, debería traducirse en vigilancia interna contra el sesgo, contra la humillación gratuita, contra el “te paro porque me da la gana”. El manifiesto no entra en detalles operativos, pero suena a eso: a una exigencia de coherencia.
También es relevante la alusión a “prácticas intimidatorias”. En España, el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana —la llamada “ley mordaza” por sus críticos— y su aplicación ha sido un eje de controversia durante años. Aunque el manifiesto no nombra leyes, el contexto está ahí: sanciones administrativas por protestas, identificaciones, grabaciones, relación entre policía y libertad de expresión. Un colectivo que proclama derechos humanos suele situarse cerca de quienes piden más garantías y menos arbitrariedad. Eso puede chocar con sectores policiales que consideran que se les exige demasiado y se les protege poco. Otra grieta.
Una iniciativa apartidista… en un país que lo politiza todo
El manifiesto insiste en que el colectivo es apartidista. En España, esa palabra tiene vida propia: puede ser verdad, puede ser un escudo, puede ser una forma de decir “no somos de nadie, pero tenemos valores”. Lo que está claro es que el debate público lo va a leer con lentes partidistas, quiera o no quiera el colectivo. Porque el nombre es una provocación para la derecha dura y un alivio simbólico para parte de la izquierda social. Y porque en el clima actual, cualquier gesto dentro de instituciones se interpreta como movimiento de placas tectónicas.
Lo apartidista aquí no significa apolítico. El manifiesto es profundamente político en el sentido amplio: defiende democracia, igualdad, justicia social, antifascismo. Lo que intenta evitar es el alineamiento con siglas. Eso es importante para entender su estrategia: quieren ser un espacio donde agentes con sensibilidad progresista se reconozcan sin sentirse “militantes” en uniforme, y a la vez quieren blindarse ante acusaciones de ser “el brazo policial” de un partido. No es fácil. Un manifiesto puede declararlo; la percepción pública decide otra cosa.
Además, hay un factor interno: en cuerpos policiales, la exposición ideológica puede traer consecuencias informales, miradas, tensiones, aislamiento. El manifiesto no habla de eso, pero flota en el ambiente. Si el colectivo realmente está formado por agentes en activo, su reto no será solo convencer a la opinión pública, sino sobrevivir dentro de una cultura donde la cohesión de grupo se valora casi como virtud suprema. La cohesión, cuando se tuerce, se convierte en silencio.
“Que no se nos perciba como represores”: la frase que lo cambia todo
Pocas líneas del manifiesto son tan reveladoras como esta: “debemos seguir trabajando para que no se nos perciba como agentes represores de la movilización social”. Aquí el colectivo toca un nervio central del conflicto en España desde hace una década larga: protestas, huelgas, movilizaciones feministas, marchas de pensionistas, conflictos territoriales, y también episodios de violencia urbana. En cada uno de esos escenarios, la policía aparece como contención, y la contención a veces se vive como agresión. El manifiesto reconoce la percepción y quiere revertirla.
Esa frase sugiere dos ideas. Una, que hay que recuperar legitimidad social, confianza, cercanía. Otra, que la policía no puede ser vista como enemiga del derecho a protestar. Eso implica, en la práctica, una cultura de intervención distinta: proporcionalidad, comunicación, transparencia, identificación visible, protocolos claros, investigación cuando hay denuncias. También implica abandonar el lenguaje de “ellos contra nosotros” que a veces se instala en el imaginario de orden público. El manifiesto no entra a decir “haremos esto y esto”, pero la dirección es inequívoca.
Y aquí aparece una curiosidad amarga: la policía suele estar en medio de conflictos que no ha creado. Le piden gestionar pobreza, exclusión, violencia doméstica, salud mental en la calle, y lo hace con herramientas limitadas, a veces sin recursos, con jornadas duras. Eso alimenta una cultura defensiva. Pero reconocer la percepción de represión significa aceptar que esa defensa no puede convertirse en justificación de cualquier práctica. El colectivo se coloca del lado de la autocrítica, y eso, dentro de cuerpos armados, es casi un género literario raro.
Qué puede pasar a partir de aquí
El manifiesto cierra anunciando actividad: difundir el mensaje antifascista y promover iniciativas con valores democráticos. Eso puede traducirse en presencia en redes, comunicados, debates, encuentros, quizá participación en foros de derechos humanos o seguridad ciudadana. La parte más delicada será cómo se relacionan con estructuras ya existentes: sindicatos policiales, asociaciones profesionales, mandos, y también con instituciones políticas. Si el colectivo crece, se le pedirá concreción: qué propone sobre formación, protocolos, transparencia, relación con minorías, mecanismos de control, denuncia interna de abusos. Un manifiesto puede abrir la puerta; luego hay que cruzarla con propuestas.
También se abrirá el debate sobre el límite entre libertad de expresión de un agente y deber de neutralidad institucional. España no es ajena a polémicas por mensajes de policías en redes, por simbología, por afinidades. La aparición de un colectivo que se define antifascista puede empujar a que otros se definan por contraste. Y ahí hay riesgo de guerra de trincheras dentro del uniforme, que es justo lo que el Estado suele intentar evitar. Al mismo tiempo, la existencia de corrientes internas puede ser síntoma de pluralidad real: la policía no es un bloque homogéneo, aunque a veces se la trate como si lo fuera.
La replicabilidad internacional, el quinto eje, abre otra dimensión: el colectivo se ve como parte de una conversación global sobre seguridad democrática frente al avance de la extrema derecha. En Europa y en otras regiones se discute desde hace tiempo la penetración de ideologías ultras en fuerzas de seguridad y ejércitos, la influencia en foros online, el riesgo de radicalización. El manifiesto español se inserta en esa preocupación general, aunque su formulación sea local. Que lo hagan desde dentro, con un “somos muchas”, es una forma de decir: el problema existe, pero también existe resistencia interna.
Una seguridad pública que no quiera dar miedo
Hay un último punto que recorre el manifiesto como un latido: la idea de que la seguridad no debería vivirse como amenaza por parte de los mismos a quienes protege. “Tender puentes” con movimientos sociales que ven a la policía como amenaza implica reconocer que hay personas que se ponen tensas al ver un uniforme, incluso si no han hecho nada. Esa tensión no nace de la nada: nace de experiencias propias o heredadas, de historias de barrio, de noticias, de memoria. El colectivo quiere revertirlo. Eso es enorme, porque no se arregla con una campaña bonita. Se arregla con años de coherencia, con prácticas, con sanciones cuando toca, con un lenguaje distinto y con una presencia menos agresiva en determinados contextos.
El manifiesto, al hablar de justicia social, también apunta a algo que se suele esquivar: la seguridad no es solo policía. Es vivienda, servicios sociales, educación, empleo, salud mental. La policía llega cuando todo lo demás ya ha fallado o se ha quedado corto. Pedir una seguridad pública “indivisible” de la justicia social es, en el fondo, pedir que la policía no sea el parche permanente de un Estado que llega tarde. Pero, ojo, el colectivo no convierte eso en excusa para no actuar; lo usa para enmarcar su función: servidor público, no brazo de castigo.
Que este manifiesto haya visto la luz, con ese nombre y ese tono, dice algo del momento político español. El debate sobre extrema derecha, odio, discursos y apropiación institucional está vivo y va a más. Que haya policías que decidan plantarse en ese terreno, con una etiqueta tan cargada, significa que el conflicto por el relato ya no se juega solo en platós y parlamentos: también se juega, silenciosamente, en taquillas, pasillos, turnos de noche y patrullas.
Cuando el uniforme discute consigo mismo
Lo que deja sobre la mesa Policías Antifascistas no es una anécdota, ni un simple manifiesto para coleccionar titulares. Es la constatación de que dentro de la policía hay tensiones políticas y morales que hasta ahora se ventilaban en voz baja o no se ventilaban. El colectivo se presenta como un dique frente a la apropiación ultra del símbolo policial y como un altavoz para otra forma de entender la autoridad: autoridad sin humillación, orden público sin desprecio, seguridad sin odio. La reacción que provoque —aplausos, indignación, ironías, ataques— importa, claro, pero más importa el terreno que obliga a pisar: hablar de democracia dentro del aparato que, en última instancia, la protege con porras, con placas y con leyes. Y esa conversación, por incómoda que sea, ya está en marcha.












