El plan ruso para un Donbás sin tropas: qué busca Moscú

El plan ruso para el Donbás combina presión militar y una propuesta política: Moscú plantea que Ucrania retire sus tropas de la región y que la seguridad quede en manos de la Guardia Nacional rusa, la Rosgvardia. El Kremlin presenta la fórmula como un camino hacia un alto el fuego y un territorio sin fuerzas regulares de ambos ejércitos. Pero desmilitarizar no equivale a neutralizar el control: si una fuerza dependiente del Estado ruso mantiene la autoridad sobre el terreno, la retirada ucraniana no dejaría un espacio sin poder.

La propuesta, expuesta por Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, llega mientras Vladímir Putin reclama a sus mandos más presión en el norte de Donetsk. Moscú asegura avances en torno a Siversk y eleva la tensión en el eje de Pokrovsk y Myrnohrad; Kiev niega que algunas de esas localidades hayan caído por completo. La conexión entre ambos movimientos es central: una negociación iniciada con cambios en el mapa puede consolidar ventajas militares antes de que se acuerden las condiciones de paz.

La palabra neutral puede inducir a error. En este caso no describe necesariamente un estatus internacional imparcial o pactado, sino una región de la que se retirarían las unidades regulares ucranianas mientras otra fuerza se ocuparía de la seguridad. El punto decisivo, por tanto, no es solo quién lleva uniforme, sino quién manda, con qué autoridad y bajo qué vigilancia. Ahí se concentra la distancia entre la presentación rusa de la iniciativa y la lectura ucraniana de sus consecuencias.

Una disputa que viene de 2014

El Donbás comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, junto a la frontera rusa. La zona, conocida por sus minas de carbón y por su industria, cuenta con una población rusoparlante importante, aunque eso no significa que sus habitantes compartan una única posición política. Desde abril de 2014, milicias prorrusas y fuerzas ucranianas combatieron en la región. Antes de la invasión rusa a gran escala, el conflicto había causado más de 14.000 muertos, entre civiles y combatientes, según el balance citado por Naciones Unidas.

En mayo de 2014, en plena crisis política ucraniana, las autoridades separatistas de Donetsk y Lugansk organizaron consultas para reclamar la independencia. Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos rechazaron su legitimidad; Moscú aceptó sus resultados. Esas votaciones no resolvieron quién tenía soberanía sobre la zona ni contaron con el reconocimiento internacional general. Con el paso de los años, las dos entidades separatistas recibieron apoyo ruso, mientras el Gobierno ucraniano las consideraba territorios temporalmente ocupados. La disputa sobre quién puede decidir el futuro del Donbás estaba instalada mucho antes de la propuesta actual.

Los acuerdos de Minsk, promovidos por Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, buscaron reducir los combates y ofrecer una salida política. El alto el fuego y las cuestiones de autogobierno, descentralización y estatus especial se convirtieron en puntos difíciles de aplicar, con acusaciones cruzadas sobre quién impedía su cumplimiento. En 2022, Rusia reconoció como independientes a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, una decisión condenada por Kiev y por gobiernos occidentales. El trasfondo importa porque la idea de que la región debe decidir por sí misma no responde a una pregunta aceptada por todas las partes: quién representa a la población y en qué condiciones puede expresarse.

Qué significa un Donbás sin fuerzas regulares

La formulación rusa propone que Kiev retire sus unidades del Donbás y que la Rosgvardia asuma la seguridad. Moscú describe el esquema como una zona sin tropas regulares ucranianas ni unidades convencionales rusas, con una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden mientras se negocia el estatus final. El matiz cambia el sentido de la propuesta: no se plantea, según lo expuesto, una retirada rusa equivalente ni una administración internacional neutral. La presencia militar podría cambiar de nombre y de estructura sin que desaparezca el control coercitivo.

La Rosgvardia no es una policía local ordinaria. Creada en 2016 y subordinada directamente al presidente ruso, agrupa fuerzas de seguridad interna y unidades especializadas. Su cometido incluye tareas de orden público y operaciones contra insurgencias; además, dispone de medios armados y puede participar en actividades de seguridad en zonas ocupadas. Algunas estimaciones citadas sobre su tamaño se acercan a los 400.000 efectivos, aunque esa cifra reúne componentes distintos y no equivale a un contingente que pudiera desplegarse entero en el Donbás. Lo relevante para el plan es su vínculo institucional: responde al poder ejecutivo ruso, no a una autoridad independiente acordada por Kiev y Moscú.

En la práctica, una fuerza con ese mandato podría proteger cruces de carreteras, instalaciones, oficinas y otros puntos de control, además de intervenir en asuntos de orden interno. La propuesta no aclara por sí sola quién establecería sus límites, qué normas aplicaría, cómo se resolverían los incidentes ni quién verificaría que no actúa como fuerza militar de facto. Tampoco precisa qué mecanismo impediría que la seguridad cotidiana se convierta en una forma de gobierno. Sin reglas de supervisión y rendición de cuentas, la etiqueta de fuerza interna no garantiza neutralidad política.

Por eso la expresión desmilitarización necesita una definición concreta. Puede aludir a la salida de brigadas y armamento pesado, pero también tendría que aclarar si se permitirían fuerzas locales, qué equipamiento podría conservar cada parte y quién vigilaría las líneas de separación. Si la Rosgvardia tuviera el monopolio de la fuerza y Moscú decidiera su despliegue, el territorio no estaría desprovisto de una estructura armada. La cuestión no es semántica: el control de la seguridad determina quién puede circular, administrar instituciones y hacer cumplir las decisiones.

La presión en el norte de Donetsk

La oferta política aparece en un momento de combates intensos y afirmaciones incompatibles sobre la situación en el frente. El Kremlin ha destacado avances en torno a Siversk y ha aumentado la presión sobre Pokrovsk y Myrnohrad. Ucrania sostiene que Siversk no ha sido tomada y que Pokrovsk sigue en disputa, aunque reconoce la dureza de los combates. En un campo de batalla donde el control puede variar por barrios, cruces y posiciones concretas, una declaración de avance no equivale automáticamente a una conquista consolidada.

Siversk importa por su posición y por las rutas que conectan el norte de Donetsk con Sloviansk y Kramatorsk, dos centros relevantes para la administración y la logística ucranianas en el este. Su pérdida podría facilitar la presión sobre las defensas que protegen esas ciudades, pero no produciría por sí sola el derrumbe de todo el frente. Las fuerzas ucranianas pueden mantener posiciones más atrás, reorganizar suministros o contraatacar en sectores concretos. El valor de una localidad depende tanto de lo que permite controlar como de la capacidad de sostenerla después de tomarla.

Pokrovsk cumple otra función como nudo de carreteras y conexión ferroviaria. Aunque los daños de la guerra hayan reducido su utilidad, su valor logístico y simbólico sigue siendo elevado. La presión sobre Myrnohrad forma parte de ese mismo eje occidental. Para Rusia, un avance allí reforzaría la imagen de una ofensiva capaz de alterar las defensas ucranianas; para Kiev, conservar la zona ayuda a evitar que el repliegue se convierta en una retirada más amplia. Las ciudades del frente son, a la vez, posiciones militares y argumentos para negociar.

El modo de combatir también limita las certezas. Artillería, drones de observación, aparatos FPV, campos minados y guerra electrónica hacen que un movimiento visible pueda quedar expuesto en poco tiempo. Las tropas avanzan por sectores y pueden encontrarse con defensas escalonadas, no con una línea uniforme que se rompe de una sola vez. El desgaste de vehículos, munición y personal afecta a ambos bandos, aunque en distinta medida. Por eso, el lenguaje de batalla decisiva debe leerse con cautela: la presión local puede ser seria sin que exista un desenlace inmediato para toda la región.

Por qué Kiev rechaza la fórmula

La posición ucraniana parte de que las fronteras del país no deben modificarse por la fuerza. Kiev sostiene que Donetsk, Lugansk y Crimea forman parte de Ucrania dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Volodímir Zelenski ha presentado como prioridades el fin de la guerra, las garantías de seguridad, la soberanía y la restauración de la integridad territorial. Desde esa perspectiva, aceptar que las tropas ucranianas abandonen el Donbás sin una retirada rusa equivalente sería una concesión de control antes de resolver la soberanía.

La disputa no se limita a la línea fronteriza. También afecta a quién administraría las localidades, qué autoridad tendría sobre la población y si las personas desplazadas podrían regresar con garantías. Una consulta sobre el futuro de la región tampoco resolvería automáticamente esas cuestiones: su legitimidad dependería de quién participa, en qué territorio se vota, bajo qué condiciones y con qué supervisión. El referéndum celebrado por los separatistas en 2014 fue rechazado por Kiev y por la UE y Estados Unidos, mientras Moscú lo consideró válido. La palabra referéndum no elimina el conflicto sobre las condiciones necesarias para que una votación sea reconocida.

En las conversaciones, funcionarios ucranianos han reconocido que el estatus de los territorios ocupados es uno de los asuntos más difíciles y que todavía se buscan fórmulas para su gestión. Eso no implica que Kiev haya aceptado un modelo concreto. También ha insistido en un alto el fuego, la retirada de tropas y garantías de seguridad que puedan hacerse efectivas. Para Ucrania, una garantía escrita tendría poco valor si no se sabe quién interviene ante una nueva ofensiva, con qué rapidez y bajo qué compromiso. El desacuerdo está tanto en el mapa como en la credibilidad de cualquier mecanismo que pretenda protegerlo.

Neutralidad ucraniana y estatus del Donbás no son lo mismo

Las negociaciones han mezclado dos cuestiones que conviene separar. Una es el estatus internacional de Ucrania y su posible no adhesión a la OTAN; otra, la autoridad sobre Donetsk y Lugansk. Durante contactos anteriores, el negociador ruso Vladímir Medinski sostuvo que Moscú y Kiev habían acercado posiciones sobre la neutralidad ucraniana, aunque señaló que seguían existiendo diferencias sobre las garantías de seguridad. En paralelo, aseguró que las partes estaban lejos de cerrar el capítulo de la desmilitarización. Un acuerdo sobre la posición de Ucrania frente a la OTAN no resolvería por sí mismo quién gobierna el Donbás.

Kiev ha planteado que cualquier neutralidad tendría que ir acompañada de compromisos de defensa suficientemente sólidos, incluso con la participación de varias potencias. Ahí surge una tensión evidente: una Ucrania que renunciara a una alianza militar podría exigir garantías externas capaces de disuadir otro ataque, mientras Moscú buscaría limitar los vínculos que considera una amenaza. El contenido de esas garantías —quién las ofrece, qué acciones activarían una respuesta y cómo se verificaría su cumplimiento— resulta decisivo. La neutralidad solo sería estable si no deja a Ucrania expuesta a una nueva agresión.

Por eso, el uso de una misma palabra para describir dos arreglos distintos puede oscurecer más de lo que aclara. La neutralidad de un Estado suele referirse a sus relaciones militares con otros países; la desmilitarización de una región trata de la presencia de fuerzas y armas en un territorio. Un Donbás sin unidades regulares, pero vigilado por la Rosgvardia, no sería neutral en el sentido de quedar fuera de la influencia rusa. El nombre del acuerdo importa menos que la distribución efectiva de autoridad y capacidad armada.

Un alto el fuego que puede congelar el conflicto

La propuesta rusa se presenta como una vía para detener los combates, pero las condiciones iniciales condicionan el resultado. Si las fuerzas ucranianas se retiran antes de acordar quién controla el territorio y cómo se supervisa la seguridad, la nueva línea podría consolidar una realidad creada durante la guerra. A la inversa, un alto el fuego sin mecanismos para verificar movimientos y resolver incidentes podría convertirse en una pausa frágil, no en una paz duradera. Detener los disparos y resolver el conflicto son objetivos relacionados, pero distintos.

El precedente de Minsk muestra por qué la secuencia importa. Los acuerdos contemplaban un alto el fuego y elementos políticos, pero las partes discreparon durante años sobre el orden y el alcance de su aplicación. Para Moscú, la autonomía de las zonas separatistas debía ocupar un lugar central; Kiev insistía en que la seguridad y el control de la frontera eran condiciones indispensables. Sin confianza mutua, cada paso podía interpretarse como una ventaja para el adversario. El nuevo planteamiento afronta el mismo problema, amplificado por la invasión a gran escala: sin una verificación aceptada por todos, cada parte puede considerar que la otra incumple primero.

También queda por resolver quién vigilaría a la fuerza encargada de vigilar el territorio. El Kremlin no ha precisado, en la propuesta descrita, un mandato internacional independiente ni una autoridad compartida que limite a la Rosgvardia. Si esa fuerza respondiera únicamente a Moscú, Kiev tendría pocos motivos para considerarla un garante imparcial. Una misión externa o un mecanismo conjunto exigiría acordar competencias, acceso y respuesta ante incumplimientos, aspectos que no se resuelven con el mero anuncio de una zona desmilitarizada. La ausencia de una respuesta sobre quién controla al garante es uno de los vacíos centrales del plan.

El curso inmediato dependerá de la evolución del frente y de si las conversaciones pasan de declaraciones públicas a compromisos detallados. Más avances rusos podrían elevar la presión para negociar desde una posición territorial más favorable a Moscú; una defensa ucraniana sostenida dificultaría presentar esas condiciones como inevitables. Pero incluso un cambio de líneas no resolvería la pregunta política que arrastra la región desde 2014. El futuro del Donbás no se decide solo por quién ocupa una ciudad, sino por quién puede ejercer autoridad legítima y con qué garantías para sus habitantes.

La fórmula rusa promete un territorio sin ejércitos regulares, pero deja abierta la cuestión que define su sentido: si la seguridad queda en manos de una fuerza subordinada a Moscú, la región no queda al margen del poder ruso. Para Kiev, aceptar esa estructura podría equivaler a ceder el control antes de alcanzar un acuerdo sobre fronteras y soberanía. Para que un alto el fuego no sea solo una pausa impuesta por el mapa, la retirada, la supervisión y el estatus político tendrían que negociarse como partes inseparables.