Economía
¿Qué propone Feijóo para las bajas médicas y el papel de las mutuas?
Feijóo quiere ampliar el papel de las mutuas en las bajas médicas mientras crece el choque sobre fraude, sanidad, productividad y derechos laborales.

Resumen
- Feijóo propone que las mutuas puedan dar el alta en algunas patologías
- El coste de las bajas no equivale automáticamente a fraude laboral
- El debate enfrenta productividad, sanidad pública y derechos laborales
Alberto Núñez Feijóo ha colocado las bajas médicas y el absentismo laboral en uno de los debates económicos más delicados del momento. Su propuesta pasa por ampliar las competencias de las mutuas para que, en determinadas patologías, puedan emitir directamente el alta de trabajadores que están de baja. Actualmente, cuando la incapacidad deriva de una enfermedad común o de un accidente no laboral, esas entidades pueden controlar el proceso y proponer el alta, pero la decisión médica corresponde al sistema público.
El cambio no es menor. Tras la palabra aparentemente técnica —“absentismo”— hay una discusión mucho más amplia sobre quién decide cuándo una persona está en condiciones de volver a trabajar, cuánto debe cobrar mientras está enferma y hasta dónde puede llegar la búsqueda de productividad sin alterar las garantías construidas alrededor de la incapacidad temporal. Feijóo sostiene que existe fraude y que España necesita controles más eficaces; médicos y sindicatos han cuestionado que las bajas justificadas se mezclen con los casos de abuso.
Feijóo quiere que las mutuas puedan conceder algunas altas
El presidente del PP concretó su posición el 29 de septiembre durante un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa. Allí defendió aumentar las plantillas de médicos evaluadores, facilitar que las mutuas realicen pruebas diagnósticas y permitirles conceder el alta en “determinadas patologías”, que todavía no ha especificado públicamente con detalle. La argumentación del PP es que una gestión más rápida reduciría bajas excesivamente largas y permitiría reincorporarse antes a quienes ya están recuperados.
Conviene precisar qué son esas mutuas, porque el nombre puede despistar. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, autorizadas y tuteladas por la Administración para gestionar determinadas prestaciones de la Seguridad Social. No son una aseguradora privada convencional, pero tampoco forman parte de la sanidad pública en el mismo sentido que un centro de salud.
En una baja por contingencias comunes ya tienen capacidad para revisar documentación, realizar seguimiento y formular una propuesta motivada de alta. Lo que plantea Feijóo supondría ir un paso más allá: que en ciertos casos la mutua no se limite a proponer, sino que pueda decidir la reincorporación.
Ahí está, precisamente, el nervio del conflicto.
El médico público dejaría de tener la última palabra en algunos casos
La legislación vigente establece que, si una mutua considera que el trabajador ya no está impedido para desarrollar su actividad, puede enviar una propuesta de alta a la inspección médica del servicio público de salud. El facultativo público puede aceptarla o mantener la baja de forma motivada. La reforma anunciada por Feijóo modificaría ese equilibrio para determinadas enfermedades.
Desde la óptica empresarial, significa acortar circuitos, pruebas y tiempos de espera. Desde la óptica sindical y de parte del ámbito sanitario, introduce una duda inevitable: qué ocurre cuando la entidad que controla la duración de la incapacidad pertenece a una estructura asociativa constituida por empresarios.
Eso no significa, por sí mismo, que una mutua vaya a conceder altas médicas incorrectas. Tampoco permite ignorar el posible conflicto de intereses. Es, sencillamente, el terreno sobre el que tendrá que construirse cualquier reforma seria.
El dato de los 30.000 millones no equivale a fraude
Feijóo ha repetido que el absentismo supone alrededor de 30.000 millones de euros al año y ha asegurado que existe fraude en las bajas. La magnitud económica se aproxima a cálculos difundidos por organizaciones empresariales: Foment del Treball cifra en 33.280 millones el coste conjunto de la incapacidad temporal por contingencias comunes para empresas y Seguridad Social durante 2025. Ese mismo informe contabiliza 9,1 millones de procesos iniciados.
Pero hay una diferencia enorme entre ambas afirmaciones: 30.000 millones de coste no significan 30.000 millones de fraude. El coste agregado incluye prestaciones, obligaciones empresariales y millones de bajas causadas por enfermedades reales. No existe en las cifras citadas por Feijóo una estimación equivalente que permita identificar todo ese gasto como abuso.
La estadística, de hecho, mete bajo una misma gran etiqueta realidades muy distintas: una neumonía, una operación de rodilla, una depresión incapacitante, una fractura, una espera quirúrgica que se alarga durante meses o, sí, también un eventual fraude.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha insistido en que la incapacidad temporal debe entenderse también como una herramienta terapéutica, no exclusivamente como un problema administrativo o laboral. Los médicos de familia reclaman al mismo tiempo reformas: menos burocracia, mejor acceso a pruebas y una gestión más ágil. Es decir, cuestionar determinadas fórmulas de control no equivale a defender que el sistema actual funcione de maravilla. Ni mucho menos.
El atasco sanitario también prolonga las bajas
Aquí aparece una parte del debate que suele quedar sepultada bajo la palabra productividad. Una persona puede estar preparada para reincorporarse en cuanto reciba una prueba, una intervención, rehabilitación o la valoración de un especialista, pero continuar de baja porque el sistema sanitario tarda.
Los propios médicos han señalado las listas de espera, la saturación de la Atención Primaria, el envejecimiento de la población trabajadora y el aumento de los problemas de salud mental entre los factores que ayudan a explicar el crecimiento de la incapacidad temporal.
Esto cambia bastante el diagnóstico. Si una baja de 80 días podría haberse resuelto en 40 mediante una resonancia, una operación o rehabilitación más tempranas, el problema no está necesariamente en el trabajador ni en el médico que firma la incapacidad. Puede estar en una tubería sanitaria obstruida.
Precisamente por eso hay un punto de posible encuentro que atraviesa posiciones políticas, médicas y empresariales: utilizar más recursos disponibles para acelerar diagnósticos y tratamientos puede reducir la duración de algunas bajas sin necesidad de convertir cada ausencia en una sospecha.
Del “cobrar menos” a proteger el 100% en enfermedades graves
La propuesta actual de Feijóo tampoco nace de la nada. En julio abrió una fuerte polémica después de cuestionar que un trabajador de baja pudiera mantener mediante complementos el mismo nivel salarial que trabajando y de plantear medidas contra el absentismo incluso sin acuerdo sindical. También calificó el fenómeno como un “cáncer” económico.
Dos meses después, su discurso tiene un matiz importante: Feijóo sostiene que pretende garantizar que quienes padecen enfermedades graves cobren el 100% del salario durante toda la baja, mientras concentra el endurecimiento del control en el fraude y en determinados procesos de incapacidad.
Hay otro detalle que a menudo se pierde: la Seguridad Social no garantiza con carácter general cobrar el salario íntegro estando de baja. En una enfermedad común o accidente no laboral, la prestación ordinaria es del 60% de la base reguladora entre los días 4 y 20 y del 75% desde el día 21. Muchos trabajadores alcanzan el 100% porque sus convenios colectivos o sus empresas complementan esas cantidades.
Esos complementos son precisamente otro de los campos en discusión. Cuando se plantea revisarlos, la cuestión deja de ser únicamente médica y entra de lleno en la negociación colectiva y los derechos laborales.
La patronal también quiere cambiar profundamente las bajas
No hay pruebas públicas que permitan hablar de un supuesto acuerdo secreto entre el PP y las organizaciones empresariales. Hay algo más sencillo y visible: una notable coincidencia de agenda.
El mismo 29 de septiembre en que Feijóo defendía en Cecot más protagonismo para las mutuas, Foment del Treball presentaba su Libro Blanco sobre el Absentismo. La patronal catalana propone ampliar el papel sanitario de las mutuas, revisar los complementos económicos durante la incapacidad temporal, descargar a las empresas de determinados costes y recuperar una figura similar al antiguo despido objetivo por absentismo, aunque con un diseño diferente al derogado en 2020.
Son propuestas distintas y no puede afirmarse que una proceda de un pacto oculto con la otra. Pero la coincidencia política y empresarial en varios puntos es visible: mayor intervención de las mutuas, más controles y una revisión de los incentivos económicos asociados a las bajas.
El desacuerdo empieza cuando se intenta decidir dónde colocar la línea. Los empresarios ponen el acento en costes, productividad y procesos que se prolongan demasiado; sindicatos y organizaciones médicas recuerdan que una baja médica comienza con una enfermedad o lesión, no con una decisión espontánea del asalariado de quedarse en casa.
España tiene un problema real con el crecimiento del gasto y la duración de determinadas incapacidades temporales. Negarlo sería poco útil. El propio debate sanitario lleva tiempo reclamando reformas, y las propuestas de los médicos incluyen cambios profundos en el funcionamiento actual.
Otra cosa es reducir todo el fenómeno al fraude.
La semFYC ha señalado el estrés psicosocial y los cambios sociales y laborales entre los elementos que rodean el aumento de las bajas por salud mental. Entre 2017 y 2024, según los datos recopilados por la sociedad científica, las incapacidades temporales aumentaron un 60%, mientras que los procesos relacionados con salud mental crecieron más de un 80%.
Ahí la productividad adquiere otra textura. Una fábrica, una oficina o un hotel pueden perder jornadas porque la gestión de las bajas sea lenta; también pueden perderlas porque hay plantillas envejecidas, lesiones musculoesqueléticas, estrés, turnos duros o empleados esperando durante meses una prueba médica.
En otras palabras: controlar el fraude y mejorar la sanidad no son políticas incompatibles. El debate empieza a torcerse cuando una de esas dos piezas pretende explicar por sí sola todo el puzle.
La baja médica entra en una batalla mucho mayor
La propuesta de Feijóo abre una discusión que probablemente irá bastante más allá de quién estampa la firma en un parte de alta. Están en juego la función de las mutuas, el margen de actuación de los médicos públicos, los complementos salariales negociados en convenio, los costes que soportan las empresas y la capacidad del Estado para controlar abusos sin convertir la enfermedad en una presunción de fraude.
El PP defiende que reforzar controles y mutuas permitirá corregir un sistema demasiado caro y facilitar reincorporaciones. Las patronales reclaman reformas incluso más amplias. Los sindicatos cuestionan que el giro pueda trasladar al trabajador una parte mayor del coste de enfermar, mientras los médicos reclaman que cualquier cambio parta de criterios clínicos y de los problemas reales de la asistencia sanitaria.
Y esa es, al final, la frontera relevante. Una baja fraudulenta merece control; una baja innecesariamente larga merece una sanidad capaz de resolver antes el problema; una persona realmente enferma necesita protección. Meter las tres situaciones en el mismo saco produce un titular sencillo, pero una política pública bastante más complicada.












