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¿Por qué Péter Magyar denuncia el operativo de buzos del Danubio?
Péter Magyar denuncia el operativo de buzos que recuperó un móvil del Danubio mientras la Justicia reactiva la investigación penal sobre el caso.

Imagen: © European Union, European Parliament / Wikimedia Commons
Resumen
- Magyar denunciará el operativo de buzos que recuperó el móvil del Danubio
- El Parlamento húngaro suspendió su inmunidad por 139 votos a favor
- Los rescatistas niegan que la inmersión pusiera en peligro a los buzos
Péter Magyar ha anunciado que presentará una denuncia por el operativo que llevó a varios buzos al Danubio para recuperar el teléfono que había terminado en el río tras un altercado ocurrido en Budapest en 2024. El primer ministro húngaro sostiene que la búsqueda pudo poner en peligro a los especialistas y pretende que se investigue quién ordenó aquella intervención y en qué condiciones se produjo.
La denuncia aparece justo cuando aquel episodio vuelve a perseguir políticamente y judicialmente a Magyar. El Parlamento de Hungría suspendió este 28 de septiembre su inmunidad parlamentaria por 139 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, permitiendo que avance la investigación relacionada con la presunta sustracción del teléfono. El propio Magyar había pedido a los diputados de Tisza que apoyaran la suspensión de su inmunidad.
Por qué Magyar denuncia el operativo de buzos del Danubio
El nuevo frente no cuestiona únicamente qué ocurrió con el teléfono. Magyar pone el foco en lo que vino después: la decisión de enviar buzos al Danubio para localizar el aparato. Según su versión, el río estaba crecido, transportaba abundantes restos y troncos y la búsqueda se llevó a cabo en unas condiciones que considera peligrosas.
El primer ministro sostiene que tres o cuatro buzos fueron enviados al agua sin las medidas de seguridad adecuadas y atribuye la intervención a una supuesta orden política superior. Por ello ha anunciado una denuncia por presunta puesta en peligro durante el ejercicio profesional y abuso de autoridad. Esa posible orden política, conviene subrayarlo, es una afirmación de Magyar y no un hecho probado por una investigación judicial.
Magyar pretende que las autoridades aclaren quién tomó la decisión de movilizar a los buzos y si se vulneraron los protocolos profesionales. El viejo teléfono cambia así ligeramente de papel: durante dos años fue el objeto de la investigación; ahora también lo es el operativo desplegado para recuperarlo.
Los rescatistas ofrecen una versión muy diferente
El relato del primer ministro choca frontalmente con el del servicio que participó en la búsqueda. László Balázs, responsable del servicio de búsqueda y rescate del condado de Pest, afirmó que localizar teléfonos y otros objetos en el agua no constituye una operación excepcional para sus equipos y que han realizado intervenciones similares en numerosas ocasiones.
Balázs también niega algunos de los elementos más llamativos de la versión de Magyar. Según explicó, la operación no se efectuó en plena noche, los especialistas disponían del material de protección y aseguramiento necesario y la inmersión se realizó a pocos metros de la orilla. Asegura, además, que la vida de los buzos no estuvo en peligro.
Su versión describe una inmersión rutinaria, con los medios habituales y sin órdenes policiales que los rescatistas considerasen técnicamente irresponsables. Dos relatos, por tanto, difíciles de encajar: uno habla de una intervención innecesariamente arriesgada; el otro, de un trabajo ordinario ejecutado con normalidad.
El teléfono que inició el caso en una discoteca de Budapest
Todo comenzó durante la madrugada del 21 de junio de 2024, dos semanas después de las elecciones europeas. Magyar se encontraba en el club Ötkert de Budapest cuando se produjo un enfrentamiento con un hombre que lo estaba grabando con su teléfono móvil.
Según el expediente remitido posteriormente al Parlamento Europeo, Magyar habría quitado el teléfono de las manos del hombre para detener la grabación, se lo habría guardado y, después de una segunda disputa y de abandonar el establecimiento, el aparato acabó en el Danubio. El documento europeo recoge que buzos policiales localizaron posteriormente el teléfono, valorado entonces entre 130.000 y 150.000 florines, y lo devolvieron a su propietario todavía operativo.
Las autoridades húngaras impulsaron actuaciones penales y la Fiscalía solicitó en septiembre de 2024 que se levantara la inmunidad que Magyar disfrutaba como eurodiputado. La cuestión adquirió rápidamente una dimensión mucho mayor que la del valor económico de un teléfono: se convirtió en otro capítulo del enfrentamiento entre Magyar y las instituciones heredadas de la etapa política de Viktor Orbán.
La Eurocámara rechazó retirarle la inmunidad en 2025
El Parlamento Europeo decidió el 7 de octubre de 2025 no levantar la inmunidad de Magyar en el procedimiento relacionado con el teléfono. La institución no decidió sobre su culpabilidad o inocencia; ese no era el objeto del procedimiento parlamentario.
El informe aprobado por la Eurocámara señaló inconsistencias en la investigación policial, dudas sobre la proporcionalidad de determinadas actuaciones y falta de claridad en la calificación jurídica comunicada por las autoridades húngaras. El Parlamento Europeo consideró que podían existir elementos de fumus persecutionis, expresión jurídica empleada cuando aparecen indicios de que un procedimiento puede perseguir también perjudicar la actividad política del parlamentario.
Aquella decisión tampoco cerró definitivamente el asunto. Después de que Magyar dejara su escaño europeo y pasara al Parlamento húngaro en mayo de 2026, la investigación fue reabierta y la Fiscalía solicitó esta vez a la Asamblea Nacional la suspensión de su nueva inmunidad parlamentaria.
Magyar pidió que suspendieran su propia inmunidad
La votación de este lunes dejó una imagen poco habitual. Magyar había solicitado públicamente a sus compañeros del partido Tisza que apoyaran la suspensión de su protección parlamentaria y el pleno terminó aprobándola por 139 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones.
El primer ministro mantiene que no cometió ningún delito y asegura que está dispuesto a comparecer ante las autoridades. Al mismo tiempo, ha utilizado el caso para formular duras acusaciones contra responsables de la Fiscalía vinculados a la etapa anterior. Son acusaciones políticas de Magyar; no constituyen conclusiones judiciales sobre la actuación de esos responsables.
Desde otros sectores políticos se ha defendido precisamente la lectura contraria: la retirada de la inmunidad permitiría que Magyar responda ante la Justicia como cualquier ciudadano. Una discusión política enorme alrededor de un objeto bastante pequeño. Un teléfono que cabía en un bolsillo ha terminado ocupando debates parlamentarios dos años después.
Qué cambia al quedar suspendida la inmunidad
La decisión del Parlamento húngaro no constituye una condena ni determina qué ocurrió aquella madrugada. Su efecto es procesal: desaparece la protección parlamentaria que impedía desarrollar determinadas actuaciones contra Magyar y la investigación puede avanzar ante la sospecha de hurto.
Corresponderá al procedimiento penal establecer los hechos, la intención con la que Magyar se hizo con el teléfono y la calificación jurídica que finalmente corresponda. La votación parlamentaria simplemente elimina un obstáculo previo; no decide la responsabilidad penal del primer ministro.
Al mismo tiempo puede abrirse otro camino con la denuncia anunciada por Magyar sobre los buzos. Ahí las preguntas son mucho más materiales: cómo estaba realmente el Danubio, cuándo se produjo la inmersión, qué equipamiento se utilizó, qué protocolos estaban vigentes y quién ordenó la operación. Las declaraciones del responsable del equipo de rescate contradicen de forma directa algunos de los argumentos utilizados por Magyar.
Un viejo móvil vuelve al centro de la política húngara
El episodio tenía todos los ingredientes para convertirse en una anécdota de vida corta: una madrugada, una discoteca de Budapest, una discusión y un teléfono en el fondo del río. No fue así. Más de dos años después, Péter Magyar es primer ministro, el Parlamento húngaro ha suspendido su inmunidad y el aparato continúa generando consecuencias judiciales y políticas.
El asunto discurre ahora por dos carriles diferentes. Magyar deberá afrontar la investigación relacionada con el teléfono mientras pretende que se examine la actuación de quienes organizaron su recuperación. En uno habrá que determinar su posible responsabilidad; en el otro, si el operativo de los buzos incumplió realmente normas de seguridad o fue, como sostienen los rescatistas, una intervención rutinaria.
El Danubio terminó devolviendo el móvil. Lo que todavía no ha dejado es una versión compartida de aquella noche: entre las acusaciones de Magyar, el relato de los especialistas que entraron en el agua y una investigación penal que vuelve a ponerse en marcha, aquel teléfono sigue flotando —políticamente hablando— bastante más de lo que nadie habría imaginado.












