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¿Por qué Palestina acusa a Israel de hundir la ANP y expulsar civiles?
Riyad Mansour acusa a Israel ante la ONU de querer hundir la ANP mientras Cisjordania afronta más asentamientos, desplazamientos y presión fiscal.

Resumen
- Palestina acusa a Israel de querer debilitar la Autoridad Palestina
- La ONU documenta más asentamientos, demoliciones y desplazamientos
- La crisis fiscal de la ANP amenaza salarios y servicios básicos
Palestina ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU una acusación de enorme calado: sostiene que Israel pretende debilitar hasta hacer inviable a la Autoridad Nacional Palestina para facilitar nuevos desplazamientos forzados y consolidar su control sobre el territorio. Riyad Mansour, representante palestino ante Naciones Unidas, aseguró este 28 de septiembre que Israel quiere “hundir” la ANP y acabar, según su interpretación, con las posibilidades de un futuro Estado palestino.
La acusación sobre las intenciones de Israel pertenece al terreno político y no puede darse por demostrada como un hecho. Lo que sí está documentado es el paisaje sobre el que Mansour construye su argumento: expansión de asentamientos, demoliciones, desplazamientos y una grave crisis financiera de la Autoridad Palestina. Naciones Unidas advierte de que esa combinación está erosionando las instituciones palestinas y las condiciones materiales para un Estado palestino viable.
Qué ha denunciado Palestina ante el Consejo de Seguridad
Mansour sostuvo ante el Consejo que Israel quiere “hundir” a la Autoridad Palestina porque la ANP supondría un obstáculo para lo que describió como las últimas fases de un proyecto de desplazamiento forzado, sustitución de población y anexión territorial. El diplomático fue aún más lejos al afirmar que el objetivo israelí sería impedir definitivamente la creación de un Estado palestino y, con ello, liquidar la solución de dos Estados. Se trata de la posición palestina, no de una intención israelí establecida de forma independiente.
La denuncia llega pocos días después de que Mahmud Abás utilizara su intervención ante la Asamblea General para sostener que las políticas israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este forman parte de una estrategia destinada a hacer cada vez más difícil la permanencia de los palestinos en su tierra. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también ha advertido de que las condiciones necesarias para un Estado palestino independiente, contiguo y viable están siendo “sistemáticamente borradas” sobre el terreno.
Ahí está el matiz decisivo. Una cosa son las consecuencias observables de determinadas políticas; otra, atribuirles una intención última común. El primer terreno está lleno de cifras, resoluciones y hechos materiales. El segundo sigue siendo objeto de una confrontación política feroz entre israelíes y palestinos.
Mansour también criticó que Estados Unidos negara el visado a Abás para acudir presencialmente a la Asamblea General mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sí pudo asistir. El dirigente palestino terminó interviniendo de manera telemática después de que la Asamblea aprobara permitir la participación virtual de la delegación palestina.
Asentamientos, demoliciones y una Cisjordania más fragmentada
Los números explican buena parte de la alarma palestina. Según el informe citado ante el Consejo de Seguridad, entre el 13 de junio y el 18 de septiembre las autoridades israelíes impulsaron o aprobaron casi 4.570 viviendas en la Zona C de Cisjordania y otras 3.515 en Jerusalén Este. Durante ese mismo periodo, la demolición o confiscación de 536 viviendas palestinas provocó el desplazamiento de 736 personas, entre ellas 347 menores.
Mirando un poco más atrás, la fotografía se amplía. Naciones Unidas había documentado para agosto alrededor de 3.800 palestinos desplazados durante 2026 por violencia de colonos, demoliciones y desalojos, casi la mitad niños. Desde enero de 2023, 127 comunidades palestinas habían sufrido desplazamientos totales o parciales y 47 habían quedado completamente desplazadas.
El crecimiento de los asentamientos tampoco se limita a viviendas aisladas. En julio, el Gobierno israelí aprobó unos 1.300 millones de séqueles, alrededor de 434 millones de dólares, para establecer 34 nuevos asentamientos en Cisjordania. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, contrario a la creación de un Estado palestino, presentó la decisión como una medida destinada a reforzar el control israelí sobre el territorio y frenar esa posibilidad política.
Por qué los asentamientos pesan tanto en el futuro palestino
No se trata únicamente del número de casas. Cada asentamiento trae carreteras, accesos, infraestructuras, áreas de seguridad y nuevas conexiones. Sobre un mapa pueden parecer manchas aisladas; sobre el terreno, esas manchas terminan funcionando como costuras que parten el territorio, separan comunidades y complican la continuidad geográfica que necesitaría un eventual Estado palestino.
La Corte Internacional de Justicia concluyó en su opinión consultiva de julio de 2024 que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se mantienen en violación del derecho internacional. La Corte también consideró que determinadas políticas israelíes contribuyen al desplazamiento de población palestina y obstaculizan el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Israel ha rechazado elementos centrales de esa interpretación y sostiene argumentos históricos, jurídicos y de seguridad sobre su presencia en Cisjordania.
El debate, por tanto, ya no gira solamente alrededor de dónde colocar una futura frontera. Cada carretera, cada nueva urbanización y cada confiscación alteran el terreno sobre el que algún día tendría que dibujarse esa frontera.
La crisis de la ANP también se libra en las cuentas públicas
Hay otro frente bastante menos visible que una excavadora o un nuevo bloque de viviendas, pero quizá igual de decisivo: el dinero. La Autoridad Palestina depende en gran medida de los llamados ingresos de compensación, impuestos y tasas recaudados por Israel sobre mercancías destinadas a los territorios palestinos y posteriormente transferidos a la ANP dentro del marco económico creado tras los Acuerdos de Oslo.
El mecanismo siempre fue complejo; tres décadas después, parece una tubería antigua llena de llaves de paso. Naciones Unidas señalaba en septiembre que Israel mantenía retenidos alrededor de 6.000 millones de dólares en ingresos de compensación, la principal fuente de financiación de la Autoridad Palestina. La ONU considera que la situación ha dejado de ser una simple crisis presupuestaria y se ha convertido también en una crisis de capacidad institucional y estabilidad.
Las consecuencias bajan rápidamente de la diplomacia a la vida cotidiana. La ANP ha recurrido a pagos parciales y retrasados de salarios, mientras aumentan las dificultades para financiar sanidad, educación, asistencia social y administración pública. El Banco Mundial ha descrito la situación fiscal de la Autoridad Palestina como grave y ha advertido de sus consecuencias sobre la prestación de servicios esenciales.
Israel ha vinculado durante años parte de sus deducciones a los pagos realizados por la Autoridad Palestina a presos palestinos y sus familias, un sistema que las autoridades israelíes consideran un incentivo al terrorismo. La ANP ha introducido reformas y rechaza esa caracterización. La disputa sigue abierta, pero la dimensión acumulada de los fondos retenidos ha colocado a la administración palestina bajo una presión financiera extraordinaria.
Israel rechaza el relato palestino y señala a Hamás
La respuesta israelí ante Naciones Unidas fue frontal. Noa Furman, representante permanente adjunta de Israel ante la ONU, rechazó presentar a la Autoridad Palestina únicamente como víctima y sostuvo que la ANP necesita reformas profundas. También la acusó de apoyar el terrorismo, afirmación que las autoridades palestinas niegan.
Furman defendió además que los colonos israelíes no son el principal obstáculo para la paz y situó el problema en la ausencia, según Israel, de un interlocutor palestino fiable. Volvió igualmente sobre Hamás, reclamó su desarme en Gaza y criticó que el Consejo de Seguridad no haya designado al grupo como organización terrorista. Para la representante israelí, cualquier análisis que se concentre exclusivamente en los asentamientos y la ocupación dejando fuera los ataques contra israelíes y el papel de Hamás ofrece una fotografía incompleta.
Ese argumento de seguridad ocupa un lugar central en el discurso israelí, especialmente desde los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023. En paralelo, Israel ha impuesto nuevas restricciones temporales de movimiento en Cisjordania con motivo de las festividades judías, alegando razones de seguridad. El último cierre general comenzó el 27 de septiembre y restringe, entre otras cosas, la entrada de trabajadores palestinos en los asentamientos durante Sucot, salvo determinadas excepciones.
Hay, así, dos narrativas que apenas se tocan. La palestina describe una estructura de ocupación, colonización y presión económica que reduce progresivamente el espacio físico y político disponible para un Estado propio. La israelí insiste en que la seguridad, Hamás y las reformas de la ANP no pueden desaparecer del diagnóstico.
Por qué debilitar la Autoridad Palestina tendría consecuencias inmediatas
La paradoja es considerable. La Autoridad Palestina nació de los Acuerdos de Oslo en los años noventa como una administración provisional destinada a gestionar determinados territorios mientras avanzaba una negociación política más amplia. Aquella provisionalidad lleva más de tres décadas instalada en el salón.
La ANP administra partes de Cisjordania, mantiene fuerzas de seguridad, paga funcionarios y presta servicios públicos, pero no dispone de soberanía plena sobre el territorio. Su debilitamiento extremo no supondría simplemente la caída de un gobierno: afectaría a hospitales, escuelas, policía, juzgados, administración y actividad bancaria, además de erosionar uno de los pilares institucionales previstos para cualquier futura solución de dos Estados.
Precisamente por eso Naciones Unidas habla de una crisis de estabilidad y no de una mera disputa contable. Su informe de septiembre advierte de que la retención de ingresos, las restricciones económicas, la expansión de asentamientos, la violencia y los desplazamientos coinciden en un momento especialmente frágil para las instituciones palestinas.
Hasta el sistema bancario muestra esa fragilidad. Los bancos israelíes que mantienen las relaciones de corresponsalía con entidades palestinas acordaron prolongarlas hasta finales de 2026. Por esos canales se procesan alrededor de 51.000 millones de séqueles al año, unos 17.000 millones de dólares, y aproximadamente el 90 % del comercio palestino depende del acceso al sistema financiero israelí. Cortar esa arteria sería algo parecido a cerrar la caja registradora mientras el negocio sigue abierto.
Un Estado palestino que también se juega sobre el terreno
La denuncia de Riyad Mansour no demuestra por sí sola que exista un plan israelí coordinado para destruir la Autoridad Palestina y expulsar a la población. Presentarlo de ese modo borraría una frontera esencial entre hechos comprobables y acusaciones políticas. Israel niega el relato palestino y sitúa buena parte de sus actuaciones dentro de una lógica de seguridad y lucha contra el terrorismo.
Pero tampoco puede entenderse lo sucedido ante la ONU como simple retórica diplomática. La expansión de asentamientos, las demoliciones, los desplazamientos documentados y el deterioro financiero de la ANP son hechos registrados por organismos internacionales. En 2026, Naciones Unidas ha contabilizado más de 1.430 incidentes relacionados con colonos israelíes que dejaron víctimas, daños materiales o ambos efectos en unas 260 comunidades palestinas.
Guterres sostiene que las condiciones para un Estado palestino viable están siendo erosionadas y reclama detener la expansión de asentamientos, evitar la anexión y garantizar la viabilidad financiera de las instituciones palestinas. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, determinó en 2024 que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este vulneran el derecho internacional.
Ahí está el núcleo del choque. Palestina sostiene que esa erosión es deliberada y persigue impedir su Estado. Israel rechaza esa lectura y pone el foco en la seguridad, Hamás y las carencias de la propia Autoridad Palestina. Entre ambas posiciones queda Cisjordania: más fragmentada, sometida a fuertes tensiones y con una ANP cuya supervivencia financiera se ha convertido, otra vez, en una pieza central del conflicto.












