Qué dijo el padre que niega el suicidio de las chicas de Jaén

El padre de una de las jóvenes halladas en Jaén niega el suicidio y reclama pruebas; claves, cronología y datos de la investigación oficial.

Dos días después del hallazgo de Sharit (16 años) y Rosmed (15 años) sin vida en el Parque de La Concordia de Jaén, el padre de una de las adolescentes ha marcado una posición rotunda: no cree que su hija se quitara la vida. Lo repitió frente a las cámaras, con serenidad y rabia contenida, insistiendo en que no hay señales previas que apunten a una conducta autolesiva y reclamando que se agoten todas las líneas de investigación antes de instalar de forma definitiva la etiqueta de “suicidio”. Mientras la Policía Nacional mantiene el doble suicidio como hipótesis principal a la espera de los informes forenses y de la explotación técnica de los teléfonos, él pone el acento en supuestas incoherencias y en mensajes que, según su versión, no encajan con el carácter ni los planes de su hija.

El relato familiar se ha repetido en entrevistas y concentraciones de duelo: “mi hija amaba la vida, tenía planes, no sufría depresión”. El padre —Alexander, así se ha identificado en medios— asegura que percibe una excesiva prisa por cerrar el caso con una conclusión que la familia no comparte y que se han difundido mensajes y audios cuyo contenido o autoría cuestiona. La madre abunda en la misma idea, niega que existiera bullying y pide que se revisen con lupa móviles, cámaras, entornos y testimonios. En paralelo, los amigos y compañeros de ambas chicas sostienen que sí hubo acoso escolar en distintos momentos y centros. Ahí se abre una grieta dolorosa: familia y entorno escolar cercano ofrecen miradas divergentes que solo una investigación judicial y pericial podrá ordenar.

Lo que ha dicho el padre y por qué lo sostiene

En sus intervenciones públicas, Alexander ha articulado su negativa en tres ejes. Primero, el perfil vital de su hija: la describe como una adolescente “feliz, con autoestima, con planes inmediatos”, sin antecedentes de intentos autolesivos ni verbalizaciones de desesperanza detectadas en casa. Segundo, una serie de mensajes y audios intercambiados en las últimas horas, y algunos mensajes a terceros cuya autoría la familia cuestiona; pide que se cotejen metadatos, ubicaciones y tiempos para saber si salieron realmente de su teléfono y en qué condiciones. Tercero, la celeridad con la que, a su juicio, se ha asentado la palabra “suicidio” en el debate público. Con un lenguaje muy gráfico, denunció que “quieren montar el suicidio perfecto” y que se está ignorando la posibilidad de manipulación o inducción por parte de terceras personas. No señala a nadie de forma específica, pero reclama más diligencias, más análisis técnico y, sobre todo, prudencia.

El padre también rechaza dos puntos que han circulado en la conversación pública: que su hija fuese víctima de acoso y que atravesara un cuadro depresivo. En su versión, no había señales en casa de un sufrimiento de esa magnitud; insiste en que la joven mantenía una relación cercana con su familia y que, de haber existido un problema grave, lo habrían percibido. Esta negación choca con parte de los testimonios de amigos, que apuntan a experiencias de hostigamiento en etapas anteriores. No es una contradicción inédita: los adolescentes no siempre verbalizan del mismo modo en casa y en el aula, y las señales pueden pasar inadvertidas en uno u otro ámbito. Lo relevante ahora no es quién “tiene razón” en abstracto, sino qué pruebas se consolidan.

Qué se sabe de la investigación en curso

A fecha de hoy, la investigación se mantiene abierta y bajo secreto de sumario. La Policía Nacional trabaja con el suicidio como hipótesis principal, a la espera de los resultados completos de las autopsias y del análisis técnico de los dispositivos electrónicos de las menores. La primera inspección no apreció signos evidentes de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas en el lugar del hallazgo, aunque ese dato preliminar no sustituye al estudio forense integral. Con las autopsias se fijarán el mecanismo de la muerte, la hora aproximada del fallecimiento, posibles sustancias y la existencia —o ausencia— de lesiones defensivas o previas. En paralelo, se explotan móviles, cuentas y copias de seguridad, y se revisan cámaras en el entorno de La Concordia y en otros puntos de Jaén para reconstruir movimientos y tiempos.

El hallazgo se produjo la madrugada del sábado 29 de noviembre, en un parque céntrico y muy transitado. Desde ese momento se activó una cadena de actuaciones: precinto del área, recogida de indicios, aviso a los juzgados, levantamiento de los cuerpos y traslado al Instituto de Medicina Legal. El domingo se multiplicaron los mensajes institucionales de condolencia y las peticiones de prudencia para proteger la investigación y la intimidad de las familias. El lunes, ante el Ayuntamiento, la ciudad guardó minutos de silencio y se escucharon testimonios de allegados, entre ellos el del padre, que subrayó que no acepta el suicidio como explicación y que pedirá llegar “hasta la verdad”. El Ayuntamiento decretó luto oficial y, durante horas, las banderas ondearon a media asta en edificios públicos y en la Universidad de Jaén.

El mapa escolar: protocolos activados y qué significan

El entorno educativo aporta piezas relevantes. La Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que en dos institutos por los que pasó Sharit se activaron protocolos de autolesiones en el curso anterior. Uno de esos centros es el IES Santa Catalina, donde se registraron intervenciones en coordinación con la familia; el otro, según la información recopilada, es el IES San Juan Bosco, en el que en estas fechas solo una de las adolescentes —no ambas— estaba escolarizada, mientras la otra había causado baja tras matricularse. La existencia de un protocolo no prueba una conducta suicida, pero sí indica que alguien detectó señales de riesgo en algún momento y que la institución desplegó medidas de prevención y seguimiento: entrevistas, evaluación de riesgo, derivaciones y plan de apoyo. Ese rastro administrativo —fechas, comunicaciones, actuaciones— forma parte de la investigación y se cotejará con lo que se vivió en casa y en el círculo de amistades.

Otros testimonios apuntan a experiencias de acoso. Compañeros y amigos han sostenido que tanto Rosmed como Sharit habrían sufrido bullying en distintas etapas, incluso en centros previos como El Valle en el caso de una de ellas. La familia lo niega con firmeza y afirma que, si en algún momento hubo tensiones, no alcanzaron el nivel de un hostigamiento continuado y grave. De nuevo, serán mensajes, expedientes, entrevistas y, llegado el caso, informes periciales los que permitan determinar si existió acoso —y de qué tipo— y si tuvo relación con la muerte de las menores. Conviene recordar, por precisión jurídica, que relacionar causalmente un proceso de acoso con un fallecimiento exige pruebas sólidas; no basta con percepciones.

Mensajes, audios y dispositivos: las piezas técnicas que faltan

Más allá de los relatos, hay objetos que pueden hablar: teléfonos, cuentas y archivos. La familia alude a un último audio que una de las chicas habría enviado a su padre, a mensajes dirigidos a un novio y a conversaciones cuyo tono o sintaxis no les encaja. Estas dudas —legítimas— solo se despejan con un análisis forense completo: autoría (quién tecleó o grabó), hora exacta de emisión, ubicación del dispositivo, si hubo accesos de terceros, uso de clonaciones o aplicaciones espejo, y correspondencia entre el relato temporal de los chats y la geolocalización. También son relevantes las cámaras cercanas a La Concordia y los registros de transporte, que pueden ayudar a reconstruir los últimos recorridos. Nada de esto es inmediato; son diligencias que llevan días, a veces semanas.

Los nombres propios y el retrato social del caso

Las jóvenes se llamaban Sharit y Rosmed —en algunos medios aparecen grafías como Sharif o Roshmed—, tenían 16 y 15 años y pertenecen a familias de origen colombiano asentadas en Jaén. Sus entornos describen a dos amigas muy unidas, con vínculos en distintos institutos de la ciudad, y con un ocio que alternaba espacios físicos y redes sociales. Este punto —la vida digital— también será clave: no es menor si en las últimas semanas siguieron cuentas o recibieron mensajes que puedan ayudar a entender influencias, presiones o dinámicas grupales. Es un dato que la investigación mira con lupa en cualquier caso de muerte violenta o sospechosa en menores, lo sea o no finalmente.

El Parque de La Concordia, escenario del hallazgo, es un espacio céntrico y de paso, con cámaras en calles adyacentes y zonas de tránsito que, aun sin cubrir todo el perímetro, ofrecen ángulos útiles. Aquí, otro punto técnico: la iluminación y el tráfico de personas a las horas críticas condicionan la calidad de las imágenes y la probabilidad de hallar testigos que complementen la reconstrucción. Fuentes municipales han recordado que la seguridad de la zona se basa en patrullas y que el parque no dispone de vigilancia fija interior, de modo que la investigación depende sobre todo de cámaras en accesos y vías aledañas.

Qué encaja y qué chirría ahora mismo

Con lo disponible, encajan algunas piezas: la ausencia inicial de signos de violencia externa, la hipótesis policial de suicidio a la espera de autopsias, la existencia de protocolos escolares en el pasado y los testimonios cruzados sobre acoso. ¿Qué chirría? Para la familia, mensajes que no parecen de su hija, la idea de que no hubiese señales en casa y la rapidez con la que el debate público abrazó una explicación. Para el entorno escolar y parte de los allegados, el recuerdo de episodios de hostigamiento y el impacto emocional detectado tiempo atrás en las jóvenes. Estas dos miradas no son necesariamente excluyentes; más bien subrayan la necesidad de que los datos forenses y digitales terminen de fijar el relato de hechos.

Hay otro elemento a considerar: el efecto contagio de los relatos públicos y el peligro de exponer audios, chats y fotos de menores en canales abiertos. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han pedido prudencia. La investigación la dirige un juzgado, no una tertulia. Es lógico que, con dos menores fallecidas, se dispare la necesidad de explicaciones; no lo es tanto que esas explicaciones se improvisen sin respaldo técnico.

La cronología afinada de un fin de semana que sacudió a Jaén

La madrugada del sábado 29 se confirma el fallecimiento de dos adolescentes en La Concordia. Durante el día, agentes de Policía Científica trabajan en el lugar, recogen indicios y precintan zonas. En paralelo, se contacta con las familias y se inicia el circuito de diligencias. El domingo asoman los primeros detalles: fuentes cercanas apuntan al suicidio como la hipótesis más probable; no se aprecian terceras personas implicadas. El lunes se programan tres minutos de silencio frente al Ayuntamiento; Alexander toma la palabra ante los medios, niega el suicidio y habla de “homicidio perfecto” para referirse a la narrativa que, según él, se quiere imponer. Durante todo el día, la Consejería confirma que hubo protocolos de autolesiones en al menos dos centros por los que pasó Sharit y suplica cautela con los rumores.

En esas 48 horas se dibuja la agenda de las próximas semanas: autopsias completas, análisis de toxicológicos, volcado y peritaje de móviles, recuperación de cámaras, análisis de itinerarios y toma de declaraciones a entornos escolar, familiar y social. Nada de esto garantiza una conclusión inmediata, pero sí un marco en el que la hipótesis de suicidio o la alternativa de inducción/participación de terceros queden probadas o descartadas con rigor.

El lugar de los colegios y la conversación pendiente

El caso ha reabierto, con crudeza, la conversación sobre la detección temprana del riesgo autolesivo en la adolescencia y el despliegue real de los protocolos en los institutos. En el IES Santa Catalina, el protocolo estuvo activo y se realizaron intervenciones coordinadas. En el IES San Juan Bosco se escolarizó únicamente a una de las jóvenes en estas fechas, mientras la otra había causado baja tras su matrícula. Falta por conocer el detalle de esas actuaciones: qué señales saltaron, qué derivaciones se plantearon, qué seguimiento se hizo y cómo se informó a la familia. Son preguntas estrictamente administrativas y clínicas cuya respuesta, más allá del impacto social del caso, puede traducirse en mejoras concretas: dotaciones de orientación, formación en detección, coordinación interinstitucional y tiempos de respuesta más ajustados.

El bullying —de existir— es otro frente de trabajo. No todas las disputas o conflictos entre iguales cumplen los criterios de un acoso sostenido, pero cuando lo hacen el daño puede ser demoledor. Los testimonios de compañeros que hablan de hostigamiento en etapas anteriores deberán contrastarse con pruebas: mensajes, sanciones, informes de convivencia, partes del equipo de orientación y entrevistas con alumnos y docentes. La familia niega que existiera acoso y afirma que Sharit y Rosmed tenían apoyo, proyectos y motivaciones. Es crucial no convertir esta discrepancia en un juicio social contra nadie. De nuevo: hechos.

El marco legal si hubiera terceros

Si en los próximos días o semanas apareciesen indicios de inducción al suicidio, coacciones, amenazas o revelación de secretos, la causa entraría de lleno en el ámbito penal. Podrían investigarse delitos específicos, con penas que varían según la participación, la edad de los implicados y la gravedad de los actos. Si, por el contrario, los informes forenses y digitales consolidan la ausencia de violencia de terceros, la línea del suicidio se fortalecerá. En ambos supuestos, el objetivo es el mismo: verdad judicial establecida con pruebas.

Qué hay detrás del “no fue un suicidio”, según la familia

El “no fue un suicidio” del padre descansa en una convicción íntima y en indicios que, a su juicio, no cuadran. Habla de mensajes que no parecen suyos, de un audio que quiere ver peritado y de la imagen pública de su hija, que —asegura— no encaja con la de una adolescente camino de quitarse la vida. Reclama que no se descarte nada hasta que no estén los informes y que no se banalice el caso con explicaciones simplistas. Exige, en definitiva, pruebas. Y, de momento, las pruebas definitivas no están. Su negativa, aunque no es una prueba en sí misma, sí es noticia: condiciona la percepción social y empuja a la institución a explicar mejor cada paso, cada filtración, cada decisión.

También hay una dimensión emocional imposible de obviar: cuando una familia se enfrenta a la muerte violenta o sospechosa de una hija, negar de entrada el suicidio es frecuente. No por ceguera, sino porque el duelo y la culpa —a veces injusta, pero real— se mezclan con la necesidad de sentido. En ese contexto, Alexander y la madre piden respeto para su dolor y silencio para los rumores. Y en eso, más allá de la discusión sobre causas, parece haber un acuerdo general en la ciudad.

Lo que falta por aclarar y las respuestas que se esperan

Faltan, esencialmente, cuatro bloques de información. Primero, el informe forense completo: mecanismo, tiempos, sustancias, lesiones previas o defensivas. Segundo, el peritaje digital: autoría y metadatos de mensajes y audios, geolocalizaciones, accesos de terceros a dispositivos y cuentas. Tercero, la reconstrucción de itinerarios y movimientos a partir de cámaras y testigos. Cuarto, el mapa escolar de alertas y actuaciones: qué protocolos se activaron, por qué y con qué resultado. Con esos cuatro pilares, la hipótesis de suicidio o la alternativa de inducción/participación quedará acreditada. Hoy, lunes 1 de diciembre, ese paquete de información no está cerrado.

En medio, la ciudad se ha detenido. Hay velas en la plaza, carteles pidiendo justicia y un rumor de impotencia que recorre las calles. En redes, circulan audios y capturas que, por ley, no deberían difundirse. La prudencia es ahora, además de un consejo, una obligación legal: estamos ante menores y ante una causa judicial.

Recursos de emergencia y apoyo inmediato

Al margen del desenlace judicial, un apunte práctico que las autoridades repiten siempre: ante una situación de riesgo inminente, hay que llamar al 112. Para atención y orientación en crisis de conducta suicida, el Gobierno ha habilitado la Línea 024, disponible las 24 horas. En el ámbito escolar, los equipos de orientación y los servicios de salud mental de referencia deben ser la primera puerta cuando surgen señales de alarma. Es información útil, no un diagnóstico del caso de Jaén.

Hechos pendientes, duelo en marcha

El caso de Sharit y Rosmed ha dejado a Jaén en vilo. La Policía trabaja con el suicidio como principal hipótesis, pero la familia de una de las menores niega esa versión y reclama pruebas. En medio, un sistema educativo que admite protocolos activados en el pasado, amigos que hablan de acoso, y una ciudad que intenta sostener a los suyos sin perder el rigor. Faltan los informes forenses y los peritajes; falta el orden de los hechos. Cuando lleguen, habrá que escucharlos con la misma firmeza con la que hoy escuchamos al padre. Hasta entonces, menos ruido, más datos y todo el respeto que exige una tragedia que, por ahora, solo admite certezas mínimas: dos niñas han muerto; una investigación sigue abierta; una familia pide respuestas.

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Este artículo se ha elaborado con información contrastada y actual, procedente de fuentes oficiales y medios de referencia. Fuentes consultadas: RTVE, El País, Antena 3, ABC, El Español, Euronews.