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¿Qué cambia con el nuevo decreto de vivienda que prepara el Gobierno?
El Gobierno intenta aprobar un decreto que amplía alquileres, regula contratos temporales y cambia impuestos, aunque aún necesita apoyos políticos.

Resumen
- El Gobierno trabaja para llevar el decreto de vivienda al Consejo del martes
- El borrador prevé prórrogas de alquiler y controles a contratos temporales
- El texto aún necesita apoyos suficientes para sobrevivir en el Congreso
El Gobierno trabaja para llevar al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre un nuevo real decreto ley de vivienda que lleva pendiente desde julio. El texto pretende dar más estabilidad a quienes viven de alquiler, limitar determinadas vías utilizadas para esquivar la regulación del arrendamiento residencial e introducir cambios fiscales sobre propietarios y viviendas turísticas. Pero hay una precisión decisiva: el decreto todavía no está aprobado y su redacción definitiva continúa negociándose.
Para los inquilinos, la medida con mayor impacto sería una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, manteniendo sus condiciones esenciales durante ese periodo. El paquete negociado también aborda los alquileres de temporada y por habitaciones, prevé incentivos fiscales para propietarios que reduzcan las rentas y contempla elevar al 21 % el IVA de los alojamientos turísticos. Todo ello está sujeto todavía al acuerdo político que consiga cerrar el Ejecutivo.
La prórroga de los alquileres es el corazón del decreto
La medida que más directamente puede afectar al bolsillo de los hogares es la extensión extraordinaria de los contratos. El borrador trabajado por PSOE y Sumar contemplaba que los alquileres que finalizaran antes del 30 de junio de 2028 pudieran prolongarse durante un máximo de dos años.
No significa que todos los alquileres españoles pasen automáticamente a durar dos años más ni que cualquier contrato quede congelado de manera indefinida. El alcance dependerá de las condiciones concretas que aparezcan en el texto definitivo y de las excepciones previstas legalmente. La intención de la medida es evitar que el vencimiento del contrato se convierta, en mercados especialmente tensos, en una subida brusca de la renta o en la salida del inquilino.
Sumar calcula que las prórrogas podrían alcanzar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de 1,5 millones de hogares, aunque esa cifra procede de las estimaciones de la propia formación y dependerá finalmente de cómo quede delimitada la norma.
Es precisamente aquí donde aparece una de las grandes batallas de la política de vivienda española. Una cosa es intervenir durante la vigencia de un contrato; otra, muy distinta, decidir qué ocurre cuando ese contrato termina. Ahí es donde muchos hogares se encuentran con el verdadero precipicio: un alquiler asumible durante años puede regresar al mercado con varios cientos de euros de diferencia. El decreto intenta colocar una barandilla en ese borde.
Alquileres de temporada y habitaciones, bajo mayor vigilancia
El segundo frente es menos vistoso, pero probablemente igual de importante. El Gobierno quiere endurecer la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones cuando estas fórmulas se utilicen para eludir las garantías propias del alquiler habitual.
La legislación distingue entre quien alquila temporalmente una vivienda porque estudia durante unos meses en otra ciudad y quien busca su residencia habitual. El problema surge cuando el contrato temporal se convierte simplemente en una etiqueta colocada sobre una situación que, en la práctica, es residencial.
El paquete anunciado por el Ejecutivo incluye la regulación de estos contratos, la obligación de que consten por escrito y mecanismos dirigidos a combatir usos fraudulentos. La redacción exacta será importante: en derecho inmobiliario, una palabra aparentemente inocente puede decidir si una vivienda queda dentro o fuera de una determinada protección.
También se ha estudiado una regulación específica del alquiler por habitaciones. El objetivo declarado es impedir que dividir una vivienda en varios contratos independientes se convierta en una vía para obtener una renta total muy superior a la que correspondería al inmueble completo. Algunas de las restricciones planteadas durante los últimos meses no aparecen confirmadas todavía en una versión definitiva del decreto, por lo que conviene no darlas por aprobadas.
Pisos turísticos y propietarios: el otro frente fiscal
La otra pata del paquete mira hacia el turismo. El Gobierno ha planteado aplicar un IVA general del 21 % a las viviendas de uso turístico, frente al tratamiento fiscal inferior existente en determinadas modalidades.
La lógica es modificar los incentivos económicos. Un impuesto no convierte automáticamente un apartamento turístico en vivienda habitual, pero sí cambia la cuenta que hace su propietario cuando compara cuánto obtiene en cada mercado. El efecto real de la medida dependerá mucho de la demanda turística de cada zona.
El borrador conocido en julio incorporaba igualmente un endurecimiento de las sanciones a las plataformas que publiciten alojamientos turísticos sin licencia o sin el correspondiente número de registro. Entre las medidas negociadas figuraban multas que podrían alcanzar hasta un millón de euros en los supuestos más graves.
España, en cualquier caso, no tiene un único mercado inmobiliario. Tiene muchos. Un apartamento junto a una playa saturada de visitantes no responde a los mismos incentivos que un piso situado en una localidad con escasa demanda turística. Esa geografía desigual de la vivienda condicionará cualquier resultado.
El proyecto tampoco se limita a imponer obligaciones. El Gobierno ha negociado bonificaciones en el IRPF para propietarios que reduzcan el precio del alquiler, una fórmula con la que se pretende utilizar la fiscalidad como incentivo.
Aquí aparece Junts, cuyos votos pueden resultar importantes para la convalidación del decreto. La formación catalana ha planteado ampliar las desgravaciones vinculadas a la vivienda, mientras Sumar se ha mostrado dispuesto a estudiar determinados incentivos especialmente dirigidos a pequeños propietarios. Son posiciones políticas en negociación, no medidas definitivamente aprobadas.
La discusión explica por qué una norma anunciada para julio sigue sobre la mesa a finales de septiembre. Aprobar un decreto en el Consejo de Ministros es solo la primera estación.
El Congreso sigue siendo el verdadero examen
Un real decreto ley puede entrar en vigor tras su aprobación y publicación, pero necesita después la convalidación del Congreso. Ahí está una de las principales dificultades políticas del Gobierno.
El Ejecutivo decidió aplazar el paquete en julio porque no tenía asegurados los apoyos necesarios. Podemos rechazaba parte del contenido; Junts reclamaba cambios fiscales y otros grupos habían planteado modificaciones. Dos meses después, las conversaciones se han reactivado y el Gobierno intenta construir un acuerdo parlamentario suficiente para que la norma no decaiga.
Por eso Vivienda evita presentar el martes como una certeza absoluta. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez reconoce que trabaja con esa fecha, mientras Sumar sostiene públicamente que la norma debería aprobarse sin otro aplazamiento. Son dos matices distintos: intención gubernamental frente a presión política dentro de la propia coalición.
El desahucio de Maricarmen ha elevado la presión
La negociación llevaba semanas enquistada, pero el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha devuelto el problema de la vivienda al centro de la discusión política.
La mujer llevaba alrededor de siete décadas residiendo en el inmueble con un contrato de renta antigua. El caso ha provocado movilizaciones de organizaciones de inquilinos y nuevas exigencias dentro de la coalición. Sumar ha pedido, además del decreto general, estudiar la expropiación de su vivienda, una iniciativa distinta de las medidas generales que se negocian para el mercado del alquiler.
Las asociaciones de inquilinos también han reclamado reformas adicionales. Entre ellas aparecen una mayor protección ante los desahucios, prórrogas más amplias, regulación de los alquileres temporales y un sistema que obligue al propietario a justificar determinadas negativas a renovar contratos. Estas propuestas forman parte de la presión social sobre el Ejecutivo, pero no todas están incorporadas al decreto que se negocia.
La Unión Progresista de Fiscales, por su parte, ha propuesto modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir la intervención del Ministerio Fiscal en procedimientos de desahucio que afecten a personas especialmente vulnerables. Su planteamiento no supondría paralizar automáticamente todos los lanzamientos, sino incorporar una protección jurídica específica en determinados casos.
Lo que puede cambiar para quien vive de alquiler
Si el texto conserva su arquitectura actual, el cambio más visible estará en el momento en que llegue la fecha de vencimiento de determinados contratos. Para muchos inquilinos, ganar hasta dos años de continuidad supone retrasar una renegociación que podría implicar una subida importante de la renta.
También será relevante para quienes estén buscando vivienda y se encuentren continuamente anuncios de once meses, alquileres de temporada o habitaciones independientes. Una regulación más estricta puede reducir la utilización artificial de estas modalidades, aunque su efecto dependerá de cómo se redacten las excepciones y, sobre todo, de la capacidad de hacerlas cumplir.
Para los propietarios, el escenario es más mixto. Algunas medidas restringen la posibilidad de modificar determinadas condiciones del alquiler; otras ofrecen ventajas fiscales a quienes rebajen precios. Y quienes exploten viviendas turísticas podrían encontrarse con una factura fiscal superior.
Nada de esto resuelve por sí solo la escasez de vivienda asequible. El propio paquete incluye medidas destinadas a aumentar la oferta y agilizar procedimientos, pero construir viviendas, urbanizar suelo y ampliar un parque público requiere años, no un martes de Consejo de Ministros.
El martes puede abrir una nueva etapa para la vivienda
El 29 de septiembre puede convertirse en una fecha relevante para la política de vivienda si el Gobierno consigue cerrar finalmente el acuerdo y aprobar el decreto. Lo que no será es el final del recorrido.
Después vendrá el texto publicado, donde estarán los detalles que de verdad importan: qué contratos podrán acogerse a la prórroga, cuáles serán las excepciones, cómo quedarán los alquileres temporales, qué bonificaciones fiscales se incorporan y qué medidas sobrevivirán a la negociación de última hora.
Y después llegará el Congreso. El mismo lugar donde anteriores iniciativas de vivienda han encontrado una mayoría mucho más difícil de construir que de anunciar. Hasta entonces, existe un borrador con medidas de enorme alcance potencial, una negociación abierta y una fecha marcada en rojo. El decreto aún no es ley. Esa, por el momento, es la información más importante.












